A estas alturas de la legislatura todo parece indicar que es difícil, incluso improbable, abordar una ley de vivienda que quedó atascada hace años por las discrepancias entre los socios de la coalición de gobierno.
El derecho a la vivienda se ha concebido tradicionalmente en España como subsidiario del derecho al pelotazo. Ha sido siempre uno de esos derechos constitucionales de carácter social convertidos en nominales y que se ejercen con carácter graciable.
Dependerá de los presupuestos disponibles, de la voluntad de los gobiernos, de las grandes constructoras, de los promotores inmobiliarios y de hasta qué punto se decida poner la política al servicio de las personas, o de los negocios particulares de cada cual. Por eso, en nuestro país, el derecho a la vivienda es limitado y siempre sometido a intereses especulativos.
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