Una ley de vivienda improbable

A estas alturas de la legislatura todo parece indicar que es difícil, incluso improbable, abordar una ley de vivienda que quedó atascada hace años por las discrepancias entre los socios de la coalición de gobierno.

El derecho a la vivienda se ha concebido tradicionalmente en España como subsidiario del derecho al pelotazo. Ha sido siempre uno de esos derechos constitucionales de carácter social convertidos en nominales y que se ejercen con carácter graciable.

Dependerá de los presupuestos disponibles, de la voluntad de los gobiernos, de las grandes constructoras, de los promotores inmobiliarios y de hasta qué punto se decida poner la política al servicio de las personas, o de los negocios particulares de cada cual. Por eso, en nuestro país, el derecho a la vivienda es limitado y siempre sometido a intereses especulativos.

La vivienda, el negocio del suelo y el ladrillo

El derecho a disfrutar de una vivienda digna se encuentra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en nuestra Constitución de 1978 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y, sin embargo, pese a tanto reconocimiento, nadie asegura su cumplimiento. El mercado manda, los poderes públicos dejan hacer, sin regular, ni asegurar el efectivo ejercicio del derecho.

No es la primera vez que un gobierno pretende solucionar el problema de la vivienda y no es la primera vez que terminan solucionándose unos cuantos asuntos menores, entre mucha publicidad, propaganda y alharacas, mientras los especuladores salvan su negocio.

En un país que ha basado una parte importante de su crecimiento en factores como el suelo y el ladrillo lo normal es que sea complicado hacer entrar en razón a esos sectores privilegiados, salvo que una crisis destroce el modelo, en cuyo caso ya se encargarán ellos de que les paguemos el desastre, como ya ha ocurrido con la crisis financiera y bancaria desencadenada con la quiebra de Lehman Brothers a partir de 2008.

Maquetas, realidades virtuales y otras mentiras

Tras años de parálisis, crisis económicas, demandas en los juzgados, los especuladores que gobiernan Madrid en la sombra, desde la segunda fila, han decidido dar el empujón final a la Operación Chamartín, rebautizada como Madrid Nuevo Norte.

Aprovechando que la pandemia ocupaba cada minuto de nuestras vidas, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en manos del PP, decidió dar el visto bueno al proyecto que ya venía avalado previamente por el Ayuntamiento de Madrid, sin que el anterior gobierno municipal de la izquierda hubiera hecho otra cosa que intentar moderar un poco las ansias de riqueza de banqueros y constructores.

La fiesta del dinero a espuertas espera su momento y mientras llega o no llega,  van inaugurando maquetas digitales, realidad virtual, para que veamos cuánto verde y cuánto ladrillo, crecerá sobre los millones de toneladas de cemento que cubrirán las vías que parten de la Estación de Chamartín.

Madrid negocio de futuro

Leo noticias que cuentan que se acaba de constituir una asociación de grandes, potentes y poderosas empresas, que incorporan en su nombre dos banderines de enganche: De una parte Madrid, capital de las zonas catastróficas de España y, de otra, la devaluada palabra Futuro.

Dos palabras para un nombre, un anagrama a base de dibujar emes y estrellas, una página web, mucho diseño y toda una declaración de intenciones, consistente en inventarse decenas de proyectos y captar miles de millones de euros venidos de Europa en eso que llaman Fondos Next Generation.

Que no falte aquello que antes se llamaba pompa y boato y ahora se denomina márketing, o imagen corporativa, también conocida como publicidad y propaganda. Que no falten, en el acto de presentación, el alcalde, la vicealcaldesa y numerosas autoridades, avalando las dimensiones de la operación.