El derecho a disfrutar de una vivienda digna se encuentra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en nuestra Constitución de 1978 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y, sin embargo, pese a tanto reconocimiento, nadie asegura su cumplimiento. El mercado manda, los poderes públicos dejan hacer, sin regular, ni asegurar el efectivo ejercicio del derecho.
No es la primera vez que un gobierno pretende solucionar el problema de la vivienda y no es la primera vez que terminan solucionándose unos cuantos asuntos menores, entre mucha publicidad, propaganda y alharacas, mientras los especuladores salvan su negocio.
En un país que ha basado una parte importante de su crecimiento en factores como el suelo y el ladrillo lo normal es que sea complicado hacer entrar en razón a esos sectores privilegiados, salvo que una crisis destroce el modelo, en cuyo caso ya se encargarán ellos de que les paguemos el desastre, como ya ha ocurrido con la crisis financiera y bancaria desencadenada con la quiebra de Lehman Brothers a partir de 2008.
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