FPE (4): El desastre de la Formación Profesional para el Empleo en datos

abril 20, 2017

Alguien podría pensar que la visión que traslado sobre la Formación Profesional para el Empleo (FPE), en España, es demasiado dura. Que seguro que, al ser sindicalista, estoy especulando y exagerando. Sin embargo, por mucho que mejoremos la valoración de las causas, no por ello las consecuencias mejoran. Muy al contrario. Embellecer la situación sólo puede alimentar las tendencias más negativas del modelo impuesto y crear nuevos problemas,

Lo cierto es que las tasas de participación de trabajadores y trabajadoras en la formación van cayendo. Quienes más necesitan formación por sufrir más los efectos de la crisis y sufrir mayor pérdida de empleo (mujeres, jóvenes, personas con bajos niveles de cualificación) no acceden suficientemente a la formación.

Es notorio que, cuanto más necesaria es la formación, menos esfuerzo realizamos en España, mientras la Unión Europea aumenta su inversión y esfuerzo en cualificación.  Antes de la crisis económica el 11% de nuestra población activa participaba en procesos de formación permanente, mientras que ahora bajamos del 10%.

En cuanto a los participantes en formación han pasado, entre 20010 y 2015, en el caso de la formación programada por el Estado y Comunidades Autónomas, ha pasado de cerca de 1,7 millones de participantes a poco más de 600.000 personas. Quienes más necesitan formación, las personas desempleadas, han pasado de algo más de 400.00 a 175.000.

Pero si esto ocurre en la formación de oferta programada  por las Administraciones, no va mejor la formación programada directamente por las empresas que, tras la reforma del Gobierno, ha hecho que el número de horas de formación programadas haya descendido un 20%, tan solo entre 2015 y 2016.

En cuanto a la tasa de formación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) ha pasado del 31,1% en 2012 al 22,7% en 2016. Eso significa que más de 100.000 PYMES de menos de 50 trabajadores y trabajadoras ha abandonado la formación profesional de su personal.

La FPE se comporta como un cazador que dispara a bulto, pero siempre termina hiriendo a los más débiles. No sólo en el caso de quienes trabajan en una pyme. También en el caso de las personas menos cualificadas. Las personas con baja cualificación en nuestro país suponen un 43%, pero sólo pesan el 23% de cuantas personas participan en procesos de formación. Incluso han perdido un punto de participación en los últimos años.

En cuanto a las mujeres, las mujeres asalariadas han pasado de suponer un 42% en 2007 a un 46% del total de personas trabajadoras en 2015. Sin embargo, el porcentaje de mujeres asalariadas que participan en formación han pasado de suponer un 46% en 2008 a un 44% en 2015 pasando por momentos externos, como 2011 en los que la participación de la mujer bajó al 42%.

Las personas menos cualificadas se benefician menos de la formación. Quienes trabajan en pymes, la inmensa mayoría, se forman menos y los jóvenes… Los jóvenes que suponían la mitad de las personas que participaba en formación en 2008, no llegan ahora  a un tercio, cuando el empleo juvenil ha sido una de las mayores víctimas de la crisis y todo ello pese a que el gobierno disponga de abundantes recursos para la cualificación de los jóvenes desempleados, con bajos niveles educativos.

El número de horas financiadas para formación en las empresas ha disminuido en un 20% en tan solo un año, aunque el número de personas formadas crece levemente, al pasar la media de horas de duración de cada curso, de 26 horas a 17. Con casi 10 horas menos de media por curso, con menos horas totales se termina se terminan formando más personas. La calidad se deteriora a favor de la cantidad.

Uno de los datos más alarmantes del destrozo producido en FPE es que la participación de empresas en la formación ha caído del 31.1% en 2012 al 22.7% en 2016. Más de 100.000 pequeñas y medianas empresas han dejado de participar en la formación en los últimos cuatro años. Las empresas con menos de 50 trabajadores y trabajadoras están desertando de la formación continua de sus trabajadores.

Los datos son muy preocupantes. La Formación profesional para el Empleo, sometida a las tensiones de una reforma impuesta, está produciendo una agudización de los problemas y un deterioro del sistema de FPE, cuyos efectos son demoledores para quienes más necesitan la formación y cualificación en el trabajo.

 

Francisco Javier López Martín


FPE (I) Una historia de logros y fracasos

marzo 22, 2017

Tras la Huelga General del 14-D en 1988 se abre en España un escenario de Diálogo Social en torno a muy diferentes materias y entre ellas la Formación Profesional para el Empleo. Un diálogo que da lugar a sucesivos Acuerdos Nacionales de Formación para el Empleo suscritos entre gobiernos de todos los colores y organizaciones sindicales y empresariales.

Acuerdos que han tenido efectos positivos, como la extensión de la cultura de la formación permanente de los trabajadores y trabajadoras y que condujeron a que las tasas de participación de la población activa (ocupada y desempleada) en procesos de formación profesional para el empleo hayan alcanzado progresivamente niveles europeos. Han sido 25 años de logros, de adaptaciones a sucesivas a las nuevas realidades, de mejoras y corrección de errores en los que no han faltado fracasos.

Entre esos fracasos hay que constatar que el modelo español de Formación Profesional para el Empleo presenta una tremenda descoordinación entre  las actuaciones  del Ministerio de Educación, que se encarga de la Formación Profesional reglada, y el Ministerio de Empleo que controla la Formación para el Empleo. De otra parte la Administración Central, las Autonómicas y los Ayuntamientos actúan sin planificación estratégica compartida.

La conexión con el tejido productivo y las necesidades formativas de los trabajadores y trabajadoras es una de las peores consecuencias de esta dispersión. Si a ello añadimos que la evaluación del impacto de la formación es muy deficiente, podemos concluir que la necesidad de revisar el sistema era evidente. La crisis, las altas tasas de paro, especialmente juvenil, hacen absolutamente necesaria una reforma acordada, participada y negociada.

Tanto CCOO como UGT hemos aportado numerosas propuestas para abordar este proceso, desde la convicción de que la Formación para el Empleo es una herramienta imprescindible para superar la crisis y aportar un desarrollo económico y social, centrado en el crecimiento del empleo, el futuro de las empresas y el progreso personal y profesional de la clase trabajadora.

Ese proceso de desarrollo y mejora de la Formación Profesional para el Empleo exige, al menos, dos condiciones de partida: una estabilidad normativa fruto del acuerdo político y social y una estabilidad presupuestaria que se sustente en el hecho de que las cuotas de Formación Profesional, que provienen de las nóminas de los trabajadores y trabajadoras y de las empresas se dediquen a la formación, tal como exigen las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas.

No es nada de esto lo que ha llevado adelante el Gobierno, con una pretendida reforma de la formación, que ha contribuido a sembrar confusión en el sistema de formación para el empleo, poniendo piedras en el camino, en lugar de aportar mejoras y soluciones y huyendo del diálogo social necesario.

Francisco Javier López Martín


Desorientación laboral

marzo 15, 2017

 

La crisis ha sido larga, dura, brutal, intratable. La crisis se ha convertido en modelo de vida que justifica los cambios profundos que han llegado para quedarse en forma de precariedad e inseguridad. Golpeó el sistema financiero, destrozó empresas, mandó al paro a millones de personas y desestabilizó la sociedad, la política  y nuestras vidas.

Altas tasas de paro conviven con una población que envejece por momentos y con una escasez evidente de personas cualificadas, en determinados espacios laborales como la tecnología, ingenierías, ciencia, etc. Nuestros jóvenes han madurado en esta nueva situación, sin ninguna ayuda para entender qué está ocurriendo y como pueden afrontar esta nueva realidad, por confusa, e injusta que esta sea.

Una de las claves estribaría en adquirir las competencias necesarias para intentar labrarte una carrera profesional. Pero lo cierto es que los Servicios Públicos de Empleo, en España, cuentan con pocos recursos y posibilidades de buscar empleo para personas desempleadas, y aún mucho menos para asesorar y orientar a las personas paradas para encontrar  oportunidades de empleo y posibilidades de formación a su disposición.

El porcentaje de jóvenes españoles que no trabaja, ni estudia, es del 22,5%, cuando la media europea es del 15,9 % y en países como Holanda, tan solo del 7,1 %, Francia el 13,8 %, Reino Unido el  14,7%.

La crisis genera riesgo social y, para muchos jóvenes, un incremento de quienes ni estudian, ni trabajan, un aumento de los porcentajes de desempleo y abandono de los estudios y la formación, que alcanzan con mayor intensidad a quienes cuentan con  menores niveles de estudios, viven en los barrios trabajadores, y con menos rentas. Para ellos, la falta de servicios de orientación incrementa la desigualdad frente a quienes cuentan con mayores niveles formativos

La orientación y el asesoramiento, realizados a través de la cooperación y no la competencia entre servicios públicos de empleo, centros educativos, ayuntamientos, empresarios, sindicatos, familias, contribuirían a corregir el abandono escolar temprano, abriría opciones profesionales, ayudaría a la inserción laboral, facilitaría el acceso a programas formativos adaptados a las necesidades, no solo de las empresas, sino de las personas y al servicio del modelo de desarrollo territorial que queremos impulsar.

La estabilidad de las carreras profesionales exige que los períodos de desempleo y los cambios constantes de actividad se minimicen. La Reforma Laboral juega a la contra. El deterioro de la negociación colectiva juega a la contra. Pero contar con buenos servicios de orientación profesional contribuye, en los países donde funcionan bien, a mejorar el enfoque personal, mejorar las competencias, facilitar la elección de trayectorias profesionales.

Hay quienes piensan que la orientación es un coste inadmisible. Hay quien quiere convertir la orientación en un negocio privado, en un servicio público externalizado, en tarea de ONG. En tarea caritativa.

Sin embargo, si algo ponen de relieve, en otros países, o en algunos lugares de España, las experiencias de orientación laboral desarrolladas por servicios públicos y con participación y cooperación de todos los actores sociales, es que quienes reciben estos apoyos, asesoramiento y orientación realizan mejores trayectorias profesionales y son menos propensos a  encasillarse en prestaciones sociales.

Tener información, conocer tu mercado laboral, conocer tus opciones y posibilidades, afrontar procesos de cualificación y formación útiles y adaptados a las necesidades, constituyen una buena respuesta a los problemas de las personas, las comunidades y las propias empresas.

Pero una vez más, aunque las experiencias han existido y existen en España. Aunque contamos con personas cualificadas y con experiencia para dirigir y desarrollar procesos de asesoramiento y orientación, la mediocridad y cortas miras amenazan con volver a perder la oportunidad de abordar un mejor futuro y en mejores condiciones.

No se pueden hacer oídos sordos a un problema y a una necesidad que desde CCOO venimos reclamando durante dos décadas, como quien clama en el desierto. Unas veces porque el pelotazo de turno lo tapa todo, otras porque la dureza de las crisis impide invertir en orientación. La pescadilla que se muerde la cola eternamente en España.

Francisco Javier López Martín


El indicador de la política de la miseria (IPREM)

febrero 27, 2017
foto; Fran Lorente

foto; Fran Lorente

En julio de 2004 el primer gobierno Zapatero creó el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) como un mecanismo para sustituir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) como referente para la concesión de ayudas, becas, subvenciones, subsidios.

Hasta ese momento el SMI era la renta que se tomaba en cuenta a la hora de fijar acceso a becas, tasas, justicia gratuita, viviendas de protección oficial, mínimos exentos en materia fiscal, etc.

Dicho de otra manera, el SMI era un salario miserable para evitar efectos presupuestarios, liberado de los cuales podría situarse en niveles más altos. Sin embargo, años después, el Salario Mínimo en España incumple los criterios de la Carta Social Europea suscrita por nuestro país. Es uno de los más bajos de la eurozona y se encuentra por debajo de la referencia del 60% del salario medio.

En cuanto al IPREM, creció anualmente siguiendo los objetivos de inflación del Banco Central Europeo y fue manteniendo su poder adquisitivo hasta 2009. A partir de ahí, con la justificación de la crisis económica, el IPREM ha acumulado pérdidas de hasta 6,4 puntos en 2016. Congelar el IPREM ha supuesto devaluar la protección social y especialmente la protección por desempleo.

De nuevo se vulnera el Real Decreto Ley 3/2004, que establece la previsión de inflación como el umbral mínimo para fijar el IPREM. De nuevo se deprecia la participación, la capacidad de propuesta, la negociación, con los interlocutores sociales, empresarios y sindicatos. Mera consulta, cuando no mera información.

Si otros años la disculpa era la crisis, este año la congelación del IPREM busca la nueva moda de que no hay presupuesto aprobado, argumento generalizado para justificar la inactividad y la desidia. El Salario Mínimo se sitúa en unos insuficientes 707,7 euros/mes. El IPREM permanece congelado desde 2010 en 532,51 euros/mes. El poder adquisitivo perdido está haciendo que la lucha contra la pobreza, o la protección social por desempleo, no se vean mejoradas en una nueva situación más favorable de salida de la crisis.

Recuperar los 6,4 puntos porcentuales perdidos, añadiendo al menos el 1,4% previsto de crecimiento de los precios en 2017 sería esencial y, junto a ello, no podemos seguir dejando en manos de los Gobiernos de turno las subidas anuales del SMI, o del IPREM, porque la experiencia nos da buenas muestras de la mediocridad y la miseria que estos gobiernos demuestran, aplicando decenas de miles de millones en rescate a la banca, mientras se muestran mezquinos en el rescate a quienes más lo necesitan, precisamente en los momentos más duros.

Es absolutamente necesario, por lo tanto, establecer un mecanismo de actualización del IPREM que permita, en todo caso, corregir las desviaciones entre IPC real y el incremento que se haya producido en el IPREM.

La calidad de una sociedad se mide por su capacidad de atender a quienes requieren de la protección frente a la pobreza, la injusticia, la miseria. El IPREM es uno de esos indicadores de calidad que en España sigue dejando mucho que desear. Somos una sociedad injusta y desigual, que cada día agudiza sus problemas.

Francisco Javier López Martín


Decidnos cómo es Atocha

enero 19, 2017

abogados de atocha

He cerrado los ojos para no ver nada.
He cerrado los ojos para llorar por no verte.

Paul Éluard 

El dictador había muerto, pero la dictadura no había sido derrotada. Lo viejo no había muerto. Y lo nuevo no había aún nacido. Un momento histórico apasionante se abría paso entre grandes ilusiones y no pocas penalidades. La clase obrera empujaba para conseguir libertad, derechos laborales y sociales equiparables a los que tenían los trabajadores y trabajadoras europeos. Los despachos laboralistas eran una cuña en el sistema judicial español para conseguir que el ejercicio de esos derechos fuera erosionando los estrechos márgenes de las leyes franquistas.

Había dos despachos de abogados laboralistas en la calle de Atocha. Uno de ellos, en las inmediaciones de la Plaza de Antón Martín, el de Atocha 55, lo dirigía Manuela Carmena. Ese fue el despacho elegido por las huestes del franquismo sin Franco para dar una lección que nunca olvidara una clase obrera que protagonizaba, en esos momentos, una huelga del transporte que se antojaba intolerable para el sindicalismo vertical de la dictadura. El 24 de enero de 1977, hace ya 40 años, se produjo la tragedia, el cruel atentado contra el despacho laboralista de Atocha 55.

No eligieron su suerte. Fueron ellos como podrían haber sido los abogados, abogadas o sindicalistas de cualquier otro despacho laboralista. O como lo fueron los estudiantes que participaban en manifestaciones pacíficas reclamando democracia y libertad. Esa misma semana, el 23 de enero, caía abatido por un disparo de un ultraderechista, el estudiante Arturo Ruiz y, al día siguiente, la joven universitaria María Luz Nájera, al ser golpeada por un bote de humo de la policía. Todo ello en un contexto de secuestro de los GRAPO, de Antonio María de Oriol, presidente del Consejo de Estado y del general Emilio Villaescusa.

No estaban solos. El despacho de Atocha 55 era uno de los que se habían ido abriendo, por parte de jóvenes abogados y abogadas recién salidos de la universidad, siguiendo la estela y multiplicando la experiencia de aquel primer despacho laboralista fundado por María Luisa Suárez, Antonio Montesinos, Pepe Jiménez de Parga, o José Esteban, en la calle de la Cruz. Despachos en los que se defendía a los trabajadores y trabajadoras, jurados de empresa, enlaces sindicales de las CCOO, que eran procesados por defender derechos, participar en huelgas y manifestaciones, tener en su poder octavillas, o publicaciones en las que se animaba a la movilización, o en las que se exigían derechos fundamentales como la huelga, la manifestación, la libertad, la democracia, la amnistía.

Despachos en los que se abordaban también procesos penales ante el Tribunal de Orden Público, creado por la dictadura franquista para perseguir a la oposición, especialmente del PCE y a los integrantes de las ilegalizadas Comisiones Obreras. Despachos donde se defendían problemas de barrio, como los desahucios, problemas de infravivienda y equipamientos para la ciudadanía.

Fue mucha la tarea desde que en los años 60 se constituyeron las CCOO y se extendieron, gracias al apoyo del PCE y otras organizaciones de la oposición a la Dictadura, por todos los sectores y por toda España. Y tuvieron que hacer frente a la brutal represión que sufrió el movimiento obrero con su “galena de huelgas” en los años 1975 y 1976 que hizo posible que aunque el dictador muriera en la cama, el régimen fuera derrotado en la calle.

Un antes y un después de Atocha

Tras el asesinato de los Abogados de Atocha y el velatorio organizado por el Colegio de Abogados en su sede, su despedida se convirtió en una inmensa manifestación organizada por el PCE y las CCOO, silenciosa y pacífica, que terminó con los nuevos intentos de imponer una democracia mutilada. Un interminable despliegue de coronas de duelo, claveles rojos y puños en alto, que firmó en las calles la muerte definitiva del franquismo. Tras la masacre de Atocha nadie pudo negarse a la evidencia. En la Semana Santa de aquel mismo año, el Gobierno emanado de la legalidad franquista, presidido por Adolfo Suárez, legalizó el Partido Comunista y a finales de abril fueron legalizados los sindicatos. España emprendía el camino hacia una nueva legalidad democrática.

Se preguntaba el Jefe del Estado, en el reciente encuentro mantenido con el Patronato de la Fundación Abogados de Atocha, promovida por CCOO de Madrid, cómo era posible que hasta el año 2005 no se hubiera creado una institución para preservar la memoria y defender los valores de los Abogados de Atocha. Unos jóvenes que con  las únicas armas del derecho pusieron en juego su vida para defender la dignidad y la decencia de todas nuestras vidas y pagaron con su sangre nuestra libertad.

Durante décadas, cada 24 de enero, hemos acompañado la soledad de los cementerios y junto a los cuatro sobrevivientes, Luis Ramos, Lola González Ruiz, Alejandro Ruíz- Huerta, hemos escuchado a Miguel Sarabia recitar lentamente los nombres de los jóvenes asesinados, ante la placa conmemorativa instalada junto al portal de Atocha 55: Luis Javier Benavides Orgaz, Serafín Holgado, Ángel Rodríguez Leal, Francisco Javier Sauquillo, Enrique Valdelvira. Así pronunciados, despaciosamente, decía Sarabia, siembran armonía en el  mundo.

Le gusta a Alejandro recordar a Paul Éluard, quien haciendo memoria de los campos de concentración nazis, nos recuerda que “si el eco de su voz se debilita, pereceremos”. Por eso, tal vez, las CCOO de Madrid, en nuestro Congreso de 2004, conmocionados aún por la inmensidad del golpe de los Atentados del 11 de Marzo de ese mismo año, decidimos crear la Fundación Abogados de Atocha, para preservar la memoria y el espíritu de los de Atocha. Para impulsar los valores y los anhelos de libertad, igualdad, justicia, solidaridad, diálogo y paz que alentaba la lucha de aquellos jóvenes y que sigue anidando en los corazones de la ciudadanía. Para premiar y reconocer a cuantas personas siguen luchando aquí y más allá de nuestras fronteras por la libertad y los derechos laborales y sociales.

Volviendo a Éluard, el poeta, el militante de la resistencia francesa, el comunista ortodoxo y heterodoxo, nos parece necesario recordar, en este 40 aniversario del atentado contra los Abogados de Atocha, que “hay otros mundos, pero están en éste”. Un mundo, un espacio de convivencia, en el que saquemos de nosotras y nosotros lo mejor de aquella juventud de Atocha. Pero para ello tendremos que seguir defendiendo su memoria y, parafraseando a Marcos Ana, uno de los merecedores de los premios anuales de la Fundación, formular y contestar (y contestarnos) cada día la pregunta: “Decidnos como es Atocha.”

Jaime Cedrún López
Secretario General de CCOO de Madrid

Francisco Javier López Martín
Secretario de Formación de CCOO

 


EL ESPIRITU DE LOS DE ATOCHA

enero 19, 2017

40-abogados-atochaNo es frecuente, en estos tiempos de alto consumo y fuerte materialismo, escuchar a alguien pronunciar la palabra espíritu. Como si ese nombre ya sólo pudiera ser utilizado con propiedad en ámbitos religiosos, o transustanciado en espiritualidad en determinados fenómenos esotéricos. Y, sin embargo, lo escucho con bastante frecuencia, casi como una  reivindicación que no hubiera de ser olvidada, en boca de Alejandro Ruiz-Huerta.

Pero Alejandro no es de estos tiempos. Como no lo eran Luis Ramos, ni Miguel Sarabia y aún menos Lola González Ruiz, los otros tres compañeros de Alejandro, que sobrevivieron al asesinato terrorista y brutal que ejecutó una banda de ultraderechistas en el despacho laboralista de la calle de Atocha, número 55.

Alejandro aún vive. Los otros tres han fallecido en estos últimos años. Pero digo que no son de estos tiempos, porque algo de ellos quedó impregnado para siempre entre las paredes de Atocha, entre los restos de sangre y los casquillos de bala desperdigados por la estancia, incrustados en las paredes. Algo de ellos quedó entre los cuerpos inertes, o aún agonizantes, de sus compañeros de despacho. Desde aquel día fueron cumpliendo años, pero de otra manera, como en órbitas espirales alrededor de un agujero negro, cuyo influjo y poder sólo ellos podían sentir en todas sus dimensiones y con todas las consecuencias.

Lo cuenta Alejandro en su libro La memoria incómoda. Es profesor de derecho constitucional y trabaja en Córdoba. Ha escrito diversos libros, artículos, publicaciones. En alguno de ellos ha  analizado los Ángulos Ciegos de la transición española. Un texto esencial para que podamos hacernos una idea de lo que quedó escrito y por escribir en ese momento histórico tan complejo. Pero es en La Memoria Incómoda dónde el análisis deja paso a la memoria que se ancla en un momento. El recuerdo cada día, durante años, de la misma escena.

El dolor, los sentidos golpeados, el cuerpo que resiente cada herida y presiente las heridas de los que han fallecido, la vida que se desmorona, la necesidad de olvidar lo que no se puede dejar de revivir. El silencio reparador, el sueño alterado por cada nuevo disparo, noche tras noche. La incapacidad de escribir y el dolor de escribir, pese a los años transcurridos. Cuarenta años ya. Cuarenta años y como ayer.

Siguieron viviendo. Tuvieron parejas. Algunos tuvieron hijos, o hijas. Ejercieron su profesión. Miguel, creó una academia. Alejandro, pasó a la docencia. Pero siempre fueron, son, serán los de Atocha. No por decisión suya, ni por voluntad nuestra. Lo eran, lo son, lo serán. No lo eligieron. Eran jóvenes y realizaron unos estudios, iniciaron una profesión. Decidieron ejercerla siguiendo la estela de María Luisa Suárez, Pepe Jiménez de Parga, Antonio Montesinos, fundadores del primer despacho laboralista madrileño de la calle de la Cruz.

Ellos eran los más jóvenes. La nueva hornada de abogados y abogadas, recién salidos de la facultad y deseosos de comenzar a defender a la clase trabajadora y a la ciudadanía, desde los nuevos despachos de Atocha, o Españoleto. Muchos de ellos venían de buenas familias, pero se sentían de izquierdas, del PCE y de las CCOO. Eran todo lo libres que podían ser en una dictadura y querían vivir en democracia. Por eso defendían en los tribunales de lo social, en los Tribunales de Orden Público, a quienes luchaban por los derechos laborales en las empresas y los derechos sociales en los barrios.

De aquel atentado no salieron vivos Enrique Valdelvira, Angel Rodríguez Leal, Francisco Javier Sauquillo, Serafín Holgado, Luis Javier Benavides. Cada año visitamos los cementerios de Madrid, junto a Alejandro. Lola pocas veces quería acompañarnos en este recorrido previo a concentrarnos en Antón Martín, ante el portal del despacho, hasta que en 2003 inauguramos el monumento realizado y cedido por Juan Genovés, que reproduce su famoso cuadro del Abrazo. Un símbolo de la lucha por la reconciliación, la amnistía, la libertad.

Pero es que Lola había sobrevivido al atentado, perdiendo a su esposo Francisco Javier Sauquillo en el mismo. Igual que había perdido pocos años antes, en 1969, a su novio Enrique Ruano, que murió mientras se encontraba detenido en dependencias de la Brigada Político Social, la policía secreta del régimen franquista. Había años en los que Lola no aparecía el 24 de enero. Pocos sabían, en esas ocasiones, dónde estaba Lola. En su refugio de Cantabria, en Roma, encerrada en su casa. Pocos lo sabían, todos lo comprendíamos.

Se cumplen 40 años del atentado que cambió la historia de España. El franquismo firmó con sangre su salida de nuestras vidas. La legalización inmediata del Partido Comunista y de las CCOO, fueron el preludio de un proceso histórico hacia la democracia, al que llamamos transición. Pero la lucha por esa democracia fue una historia sembrada de sangre hasta el final de la dictadura.

Se cumplen ahora 40 años y el Rey ha recibido al patronato de la Fundación Abogados de Atocha, que las CCOO de Madrid constituimos en 2005. Serán muchos los actos que recordarán a los de Atocha. Juan Genovés recibirá el premio anual Abogados de Atocha, concedido por la Fundación. Se acaba de reeditar La memoria incómoda de Alejandro. Presentaremos un libro sobre tres mujeres abogadas en aquellos despachos: Paquita Sauquillo, Cristina Almeida, Manuela Carmena.

Ojalá lo que no se ha estudiado, ni aún se estudia, en las aulas españolas, pase a ser uno de los patrimonios más limpios de los que toda la ciudadanía pueda sentirse orgullosa, en la que todas las gentes de bien puedan reconocerse. Porque pocas cosas hay tan limpias en nuestra historia, por triste y turbia que nuestra historia haya sido, como la vida de esos jóvenes abogados de Atocha que amaban la vida y la libertad. La de aquellos que perdieron la vida sin ver amanecer la libertad. Los que abrieron las puertas de un futuro mejor, de par en par, para que entrásemos en un país democrático, a costa de su sangre, al precio de su vida.

A estas cosas creo que hace referencia Alejandro cuando habla del espíritu de Atocha. El que impregnaba a los de Atocha. El que ha marcado de por vida a los sobrevivientes. El que no debemos olvidar nunca quienes hemos escuchado su historia y sabemos que no contarla es tanto como dejar que las pistolas vuelvan a romper su silencio una fría noche de invierno. Porque ese espíritu, el de los de Atocha, es uno de los valores más  firmes que nos permite mirar con ojos jóvenes y limpios el horizonte, por incierto que ese horizonte sea.

Francisco Javier López Martín


Es el momento de pasar a la ofensiva

enero 12, 2017

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El titular no es mío. Es una frase sacada de una intervención de Nicolás Sartorius, durante la reciente presentación del libro Toda España era una cárcel, escrito por Rodolfo Serrano. Reflexionaba Nicolás sobre la situación actual del país cuando afirmaba que “es el momento de pasar a la ofensiva”, aclarando que es tiempo de “apretar las clavijas a patronal y Gobierno”. Y explicaba que “si CCOO no impulsa los cambios no lo van a hacer otros”.

Me parece una reflexión muy apropiada para los momentos que corren. De forma generalizada, del Rey abajo casi todo el mundo, anuncia que la crisis ha terminado. Es cierto que esta visión, interesadamente optimista, del futuro que se avecina topa con planteamientos como el de Varufakis, el ex ministro de Finanzas griego, para el cual “la crisis no ha terminado, sólo ha cambiado sus síntomas”.

Una idea en la que abunda Owen Jones, que opina que los causantes de los desastres  actuales cuentan ya con una ultraderecha pertrechada para acometer y gobernar un escenario en el que “la última crisis económica no ha terminado del todo mientras que una nueva podría estar a punto de surgir”.

Acaba de comenzar el año y nos alcanza la noticia de la muerte de Zygmunt Bauman. Un hombre que nos ayudó a entender una parte de las características del nuevo mundo que se avecinaba. Un mundo instalado en la “modernidad líquida”, que exige la aceptación de la incapacidad de la política para gobernar la economía, los mercados, los poderes económicos.

Según Bauman, este divorcio entre el poder y la política genera un nuevo tipo de parálisis, socava la capacidad de acción política que se necesita para abordar la crisis y mina la confianza de la ciudadanía en el cumplimiento de las promesas de los gobiernos. De ahí que la crisis actual sea, al mismo tiempo, una crisis de la capacidad de acción, una crisis de la democracia representativa y una crisis de la soberanía del Estado.

Cuando asistimos asombrados a fenómenos como el ascenso del populismo en Europa, en Estados Unidos, en otros lugares del planeta. Cuando comprobamos cómo la corrupción institucional e institucionalizada termina por no tener grandes costes electorales, deberíamos tomar en cuenta este divorcio entre poder real y política y el desapego, la desconfianza de las personas en la posibilidad de que alguien tenga la capacidad de solucionar sus problemas, por mucho que ese alguien haya sido elegido democráticamente.

En un mundo líquido, el Estado Social, reconocido por Constituciones como la Alemana o la Española; el Estado del Bienestar, construido tras la II Guerra Mundial y el surgimiento de los bloques del Este y de Occidente, parece que ya no tienen sentido. Son sustituidos por el Estado de Crisis. Porque la crisis, con sus inseguridades, sus incertidumbres y sus miedos, se convierte en la forma de vida.

Es John Berger, otro de nuestros imprescindibles, fallecido poco antes que Bauman, estas mismas Navidades, quien refleja esta sensación generalizada de inseguridad, hartazgo, desapego, no exentos de cierta solidaridad mutua, de la siguiente manera: “En un día  cualquiera, cuando nada sucede, cuando la crisis que se anuncia hora tras hora ya es una vieja conocida, cuando los políticos se presentan a sí mismos como la única alternativa a la catástrofe, las personas intercambian miradas al cruzarse unas con otras para cotejar si los demás entienden lo mismo cuando murmuran: así es la vida”.

La crisis no ha terminado. La crisis se ha instalado entre nosotras y nosotros. Pero, lejos del fatalismo al que quieren conducirnos, a la aceptación sin resistencia del Estado de Crisis, seremos nosotras y nosotros quienes decidamos rendirnos ante sus evidencias, o imponer nuestras propias realidades en el centro de la política, la economía, la cultura y la convivencia social. Es nuestra decisión. Y me parece que está tomada, porque nadie se resigna, para sí y para los suyos, a vivir en el miedo, en la incertidumbre constante, en un mundo entendido como cárcel, en un empleo concebido como esclavitud.

Es cierto que los datos económicos ponen de relieve que la recesión, las pérdidas económicas, han pasado. Seguimos en crisis, continúa la amenaza, pero el movimiento de la economía, por insano que sea, produce una cierta sensación de recuperación económica, al menos. Cuando el dinero se mueve, los de bajo respiramos y los de arriba estudian los nuevos pelotazos que pueden acometer.

Han sido muchos años de crisis, desde 2008 y estamos en 2017. Años de cierres empresariales, de ajustes de plantillas, de pérdidas salariales, de recortes de derechos laborales y de deterioro de los derechos sociales. De pérdidas de recursos en educación, sanidad, o servicios sociales, de retrocesos en pensiones y atención a la dependencia, de aumento de la pobreza y abandono de quienes han perdido todas las fuentes de ingresos.

Parece evidente que frente a la inactividad privada, debiera haber sido la inversión pública la que moviera la economía, aunque fuera transitoriamente. Y sin embargo, la Unión Europea, al dictado de Merkel, hizo todo lo contrario. Los ajustes, los rescates, los recortes han endurecido la crisis y la han prolongado.

Admitamos, no obstante, que existe un respiro, cuando menos transitorio, en la economía. Eso debe traducirse y tener efectos sobre las personas. Especialmente sobre quienes han padecido de forma brutal los efectos de la crisis en forma de paro y pérdidas de protección social. Por eso el 15 de diciembre, el sindicalismo de clase, nos movilizamos en toda España y el 18 de diciembre en una gran Manifestación en Madrid bajo un lema: Por las personas y sus derechos. Por las personas reales, por los derechos garantizados.

Avisamos que era sólo el principio. El primer paso. Vamos a la ofensiva por el empleo estable, por el salario digno, por la salud y seguridad en el trabajo, por la formación de los trabajadores y trabajadoras en las empresas, por la igualdad sin discriminaciones inaceptables. Vamos a la derogación de las reformas laborales impuestas y del artículo 315.3 del Código Penal, que castiga a un huelguista con más años de cárcel que a un violador, o a un ladrón de los dineros públicos.

Vamos a las batallas por la sanidad pública, gratuita, universal. A la defensa de la enseñanza pública de calidad. A asegurar las pensiones y la atención a la dependencia de nuestros mayores. La protección a las personas desempleadas. Una Renta Mínima Garantizada para cuantos carecen de rentas.

Vamos a disputar el reparto de las rentas, también en la fiscalidad. Porque no puede seguir ocurriendo que la fuente fundamental de los ingresos del Estado sean las rentas del trabajo, mientras que las rentas del capital cuentan con todos los mecanismos para terminar eludiendo sus responsabilidades en la aportación de los recursos necesarios para el sostenimiento de la actuación protectora del Estado. Vamos a defender la decencia del empleo, la libertad, la dignidad de nuestras vidas.

Y, para no ocultar nada, conviene dejar claro que vamos a esta ofensiva, desde la unidad sindical y desde la alianza con las fuerzas políticas y sociales dispuestas a dar el paso de la indignación a la propuesta y la movilización organizada y abierta. Su Estado de Crisis no es una patria para nosotras y nosotros. Merecemos algo más y vamos a conquistarlo. Es momento de pasar a la ofensiva.

Francisco Javier López Martín