Amnistía. Que trata de Sapagna

junio 16, 2017

 

Ay, aquel que le pareciera

que es fácil mi batallar

siquiera por un momento

que se ponga en mi lugar.

(Blas de Otero)

 

Dicen que fue Alberti, quien recordando el poemario de Blas de Otero, Que trata de España, pensó en el mejor título para la exposición que iba a inaugurarse en Milán. Tenía que trasladar la imagen de una España convertida en inmensa prisión, que buscaba en la solidaridad internacional de los sindicatos italianos, el apoyo a una solución democrática para una situación cada vez más insostenible, en la que la falta de libertad condenaba a hombres y mujeres a largas penas de cárcel y hasta a la muerte, por ejercer derechos plenamente reconocidos en cualquier lugar de Europa. Así Rafael Alberti propuso que la muestra llevara el título: Amnistia. Que trata de Spagna.

Cuentan, también, que fueron los sindicatos italianos (la CGIL, UIL, CISL), en colaboración con la organización en el exterior de las CCOO y con la  agrupación de artistas plásticos del PCE, quienes organizaron en marzo de 1972 la Mostra, que incluyó numerosas actividades en Milán y también en Roma. Y cuentan que casi 300 artistas plásticos de España, Francia, Italia, aportaron sus obras. Y que casi 50 poetas y escritores enviaron textos y poemas. Y que muchos cantautores cantaron en Milán o en Roma, a favor de la amnistía para los presos y la libertad en España. Manuel Estaban Marquillas realizó un documental con intervenciones de algunos de ellos a lo largo de la Mostra.

Las obras salieron de España clandestinamente. Pasaron la frontera por Cataluña camufladas en coches o fueron porteadas a través de las montañas de Euskadi y Navarra. Un esfuerzo que merece la pena ser recordado, para entender el despliegue de  voluntad, el riesgo y la capacidad organizativa de la oposición al franquismo en aquellos momentos. Todos sabían que tras la Mostra podían llegar las represalias. Todos asumieron la responsabilidad.

El destino de la venta de las obras de Genovés, de Picasso, del Equipo Crónica, Juan Giralt, o Ricardo Zamorano, entre otros muchos, no era otro que sostener el sindicalismo de las CCOO, que actuaba como punta de lanza de la lucha por la libertad y los derechos. Las CCOO habían ganado las elecciones sindicales, pero no se plegaron a los deseos del Régimen de integrarlas en el sindicalismo vertical. Por lo tanto fueron ilegalizadas y, en aquellos años, casi 10.000 sindicalistas de las CCOO fueron encausados en los Tribunales de Orden Público del franquismo. El mayor número de procesamientos y condenas del franquismo recayó contra militantes de las CCOO. Es difícil entender que alguien sostenga que la democracia se fraguó en unos despachos de personajes notables. Franco murió en la cama, pero el franquismo murió en las calles.

Me comentan que un periodista de esos tan renombrados, prepara una serie documental que conmemora los 40 años de la democracia en España. En ella aparecerán, parece ser, notables políticos, empresarios notables, periodistas notorios y numerosos representantes de los nobles despachos en los que se sentaron quienes pergeñaron la transición española. Pero, al parecer, no habrá trabajadores, ni los de antes, ni los de ahora, ni el mismísimo Marcelino Camacho, al que todos reconocen y al que todos quieren olvidar cuanto antes.

Hace 45 años (hoy lo recordamos en el Museo de la Historia de Madrid, con una exposición, inaugurada por Manuela Carmena y por nuestro secretario general Ignacio Fernández Toxo,  que recupera textos, obras, cuadros, imágenes de la Mostra de Milán), los artistas, la cultura, los poetas, novelistas, periodistas, no eran tan pacatos en reconocer la lucha de las CCOO y su empuje hacia la democracia en este país. Eran otros tiempos. No mejores, desde luego, pero mucho menos mezquinos y miserables con la clase trabajadora de este país, sin la cual la democracia no hubiera nacido.

La exposición Amnistía. Que trata de Spagna se inauguró, por fin, en marzo de 1972. En aquellos días en los que la represión franquista acababa con la vida de dos trabajadores en una manifestación en El Ferrol. En aquellos días en los que Marcelino Camacho salía de una de sus numerosas estancias en la cárcel. Tres meses después, la cúpula de las CCOO sería detenida en el convento de los oblatos de Pozuelo de Alarcón. Permanecerían detenidos para ser luego juzgados en el proceso 1001, cuya celebración coincidió, a finales de diciembre de 1973, con el asesinato del almirante Carrero Blanco y la venganza del franquismo vino de la mano de las desproporcionadas condenas contra los 10 de Carabanchel.

Cuando la Ejecutiva salida del 10 Congreso de las CCOO me encargó asumir la responsabilidad de la Formación Sindical, me pareció que una de las tareas pendientes de nuestra organización era recuperar la memoria de nuestros orígenes, de nuestra actividad incansable por la libertad, la democracia y la dignidad de los trabajadores y trabajadoras de este país. Nicolás Sartorius suele decir que hemos sido los costaleros de la democracia. Los costaleros no salen en la foto de la procesión, como si la Virgen o el Cristo, se desplazaran solos, cuando sabemos que sin costaleros y costaleras no habría procesión.

Me pareció necesario poner en marcha un programa, en colaboración con la Fundación Abogados de Atocha, para que nuestras afiliadas y afiliados pudieran hablar, debatir, escuchar, preguntar, a quienes vivieron aquellos momentos. Hace cuatro años ya no teníamos a Marcelino, recientemente fallecido, ni al asturiano Juan Muñiz Zapico, fallecido en un accidente de coche allá por 1977, el cual da nombre a la Escuela Sindical de CCOO. También había fallecido el vallisoletano Luis Fernández Costilla. Pero seguían junto a nosotros muchos de los 10 de Carabanchel. Eduardo Saborido, Paco Acosta, Fernando Soto, Nicolás Sartorius, Pedro Santiesteban, Miguel Angel Zamora, Francisco García Salve ( el cura Paco).

De quienes sobrevivieron al asesinato de los Abogados de Atocha sólo quedaban entre nosotros Lola González Ruiz y Alejandro Ruiz-Huerta. A lo largo de estos años hemos perdido a Lola y a Fernando Soto. Pero somos una organización joven en la que los protagonistas de la historia, aunque no fueran los protagonistas directos de estos dos hechos, pueden seguir contando las luchas de los trabajadores y trabajadoras en cada Comisión Obrera que se constituía y el trabajo de los numerosos despachos de abogados laboralistas vinculados a las CCOO y al PCE.

Por estos encuentros han pasado, además de los ya mencionados, personas como Manuela Carmena, Cristina Almeida, Francisca Sauquillo, Juan Moreno, Antonio Montesinos, Raul Cordero, Paco Naranjo, Nati Camacho, Hector Maravall, o Pepe Alcázar, junto a compañeras y compañeros de toda España, dispuestos a contar su experiencia en la construcción de las CCOO.

Se han realizado más de medio centenar de encuentros en casi todas las Comunidades Autónomas, en los que cerca de 2000 personas de todas las edades, mayores y jóvenes, hemos podido escuchar las voces de nuestra memoria viva. No un recuerdo del pasado, literal, frío y sin complicaciones. No un pasado que nos esclaviza, sino una memoria que nos interpela y que, como nos recuerda Todorov, tiene un uso ejemplar que “permite utilizar el pasado con vistas al presente, aprovechando las lecciones de las injusticias sufridas para luchar contra las que se producen hoy día y separarse del yo para ir hacia el otro”.

Los actos conmemorativos de la legalización de las CCOO, del 40 aniversario de la Asamblea de Barcelona, de la legalización de los sindicatos, del asesinato de los Abogados de Atocha, de los sucesos de El Ferrol, del Proceso 1001 y ahora de la Exposición Amnistía. Que trata de Spagna, son hitos en ese esfuerzo para reivindicar nuestro protagonismo en el presente. No queremos ser presos de nuestro pasado, sino actores de nuestro futuro. Pero somos conscientes de la vigencia de las palabras de George Orwell: “Quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado”. En esa batalla, la alianza de las fuerzas del trabajo y de la cultura, hoy como ayer, seguirá siendo el elemento esencial de nuestra construcción del presente y nuestra proyección hacia el futuro.

 

Si me muero, que no me mueran antes

de abriros el balcón de par en par.

Un niño, acaso un niño está mirándome

el pecho de cristal.

(Blas de Otero)

 

Francisco Javier López Martín

Secretario de Formación CCOO

 


FPE (5): Las grandes deficiencias del sistema

mayo 5, 2017

 

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Una reforma impuesta cuya única finalidad evidente es poner los recursos del sistema en manos de proveedores privados, sólo podía conducir a un empeoramiento de los datos y a una tensión ya insostenible sobre el conjunto del sistema de Formación Profesional para el Empleo.

Las deficiencias son ya insostenibles. Una de las primeras es la ausencia de una oferta de formación sectorial de calidad. Así, en 2015, especialidades formativas como Prevención de Riesgos Laborales, Inglés y Habilidades personales e interpersonales en el entorno laboral, aglutinaron el 25% del total del alumnado que participó en cursos de formación programados por las empresas.

Mientras tanto el 24% del alumnado de los cursos programados por el Gobierno se concentraban en Salud Laboral, inglés, organización empresarial, carretillas, marketing, cocina y comercio exterior.

Dicho de otra manera, se realizaba la formación más rentable para los centros privados, pero no la mejor formación para las personas, ni desde luego la que necesitan las empresas.

En la próxima convocatoria de formación, correspondiente a 2016 y aún no resuelta, todo apunta a que repetiremos deficiencias y que el 75% de los participantes se acumulará en 5 familias profesionales, como Administración y Gestión,  comercio, informática, servicios socioculturales y transportes, dejando a 21 familias profesionales con una oferta escasa o nula. De nuevo los ámbitos sectoriales más fáciles en ejecución de formación para las empresas privadas, acapararán la oferta formativa.

Las consultoras y centros de formación ofrecen un catálogo formativo a las empresas y éstas eligen lo más parecido a lo que creen que necesitan, sin reparar en necesidades reales, ni en la calidad de los cursos. Todo apunta a que cerca de 20 ámbitos profesionales sectoriales van a quedar desiertos y 25 más van a quedar sin suficiente oferta en la Convocatoria 2016.

Cuando se programan ofertas específicas sin contar con los trabajadores y trabajadoras, como ocurre con profesiones reguladas, como la del área Fitosanitaria, la oferta final no llega al 10% y los fondos reservados pueden terminar perdiéndose. Lo cierto es que cuando la formación se convierte en negocio y libre concurrencia, el beneficio fácil y la formación poco especializada consiguen muchas bazas.

Otra deficiencia evidente es la diferencia entre formación de oferta programada por el Gobierno y formación de demanda programada por las empresas. Los módulos de coste hora/alumno, en formación de oferta, son mucho más bajos que en el caso de la formación programada por las empresas.

Cuando se trata de bonificarse la formación por parte de una empresa, la bonificación de los costes de formación es automática, no existe valoración técnica de calidad, la duración es extremadamente flexible, con un mínimo de 2 horas. No existe obligación general de incluir criterios de igualdad, o de formación de las personas menos cualificadas, o más desfavorecidas.

Este perverso sistema que se ha promovido y potenciado, aún más con la reforma de la formación puesta en marcha por el Gobierno, termina produciendo, contradictoriamente con los principios de “libre concurrencia” predicados por el Gobierno, una alta concentración de ayudas en unas pocas entidades especializadas en la gestión y tramitación burocrática de planes de formación para el empleo. Así en 2014, 23 entidades concentraron casi la mitad de los recursos destinados a ayudas en toda España.

La reforma impuesta lleva camino de convertirse, tras dos años de aplicación, en un rotundo fracaso que arrastre en su caída lo construido durante dos décadas y media. Los datos son demoledores y las deficiencias evidentes. El bloqueo actual del sistema, no obstante, tiene solución, si se abordan las soluciones desde el diálogo social y el necesario papel que los protagonistas de la Formación Profesional para el Empleo (FPE), empresas y trabajadores, deben tener en el gobierno de la formación.

Francisco Javier López Martín

Secretario de Formación CCOO


Cultura de la Integridad, no hay excusas

mayo 3, 2017

No hay excusas, rezaba el lema sindical del 1º de Mayo de 2017. Es una verdad a gritos. No hay excusas para quienes nos trajeron la crisis por acción, avaricia, u omisión. Ni para los políticos que toleraron el enorme pelotazo del ladrillo y las finanzas, ni para quienes, cual cigarras depredadoras, hicieron todo el dinero del mundo, sin crear riqueza y alimentaron la burbuja de unos precios de las viviendas que nada tenían que ver con el valor real de las mismas.

No hay excusas para cuantos crearon los consorcios político-empresariales que manejaban cada cotarro a base de comisiones, sobres y maletines, pasando de las musas al teatro, sin solución de continuidad. Hoy Consejero de Sanidad y mañana Consejero Delegado de una importante empresa sanitaria. Hoy Directivo de empresas de armamentos, o del transporte, o energética y mañana responsable político de esos mismos asuntos.

No hay excusas para esa década y media de aguirrismo, en la que la crisis económica y de paro y recortes para la mayoría, se convirtió en oportunidad de negocio para unos pocos cortesanos. Cuentan que la lideresa reprochaba, a quienes la venían con el cuento del enriquecimiento acelerado de algunos de sus acólitos, que tuvieran envidia de que sus compañeros de partido se enriquecieran.

No hay excusas para la soledad que algunas personas y organizaciones vivimos cuando le afeamos públicamente su asalto a la dignidad de los profesionales del Hospital Severo Ochoa. O cuando combatimos sus operaciones privatizadoras en los hospitales y centros de salud. Cuando nos vestimos de verde para parar sus políticas educativas y convocamos huelgas educativas contra las concesiones arbitrarias de suelos y recursos para construir centros concertados y contra los recortes en la educación pública. Cuando luchamos contra la privatización del Canal de Isabel II y contra el destrozo de Telemadrid, con cerca de mil profesionales despedidos.

Dijimos no a las radiales y seguimos pagando radiales, a Eurovegas y aún padecemos el furor de construir prostíbulos y casinos por doquier en cualquier solar cercano a un aeropuerto. Siempre con la mentira de que lloverá dinero y puestos de trabajo. Hasta le afeamos la mediocridad de un miniparque Nacional de Guadarrama, que terminó contando con un tercio de la superficie del inicialmente proyectado. Se empeñó en poner a sus lugartenientes al frente de Cajamadrid y le cortamos el paso.

Nuestra voz clamaba en el desierto del silencio decretado, a base de anuncios y publicidad bien regada sobre algunos medios de comunicación. Hoy muchos y muchas dicen, en las tertulias y en los artículos, que sabían. Habría que preguntar por qué callaban, mientras unos pocos dábamos la cara y recibíamos los palos. Basta repasar los artículos de mi blog en esos años, para comprobar que fuimos Juan el Bautista, predicando en el desierto, mientras Herodías y sus Herodes hacían y deshacían a su antojo, entre risas, gracias y no pocos aplausos.

Nuestras cabezas fueron puestas a precio. Nos convirtieron en salteadores de caminos que robaban bancos de dineros de la formación. Comedores de mariscadas. Bebedores de cañas tras las manifestaciones. Militantes de un ejército de liberados a sueldo de Moscú.

Hubo un tiempo en el que algún fotógrafo me perseguía. Un día me sacaba fotos cuando salía del sindicato. Me acerqué y le pregunté de dónde era. Me respondió, con gracejo, que de Puertollano. Cuando le pregunté para quien trabajaba, me espetó que no podía decírmelo, que le habían encargado este trabajo de hacerme fotos y él lo hacía. No era cosa de rechazar un trabajo. Lo mismo harían los funcionarios nazis. Lo mismo justificaron ante el tribunal de Nuremberg. Obediencia debida.

Madrid es muy pequeño. Pronto pude ver al fotógrafo haciendo otras fotos para el periódico de Marhuenda. Eran los tiempos en los que ese periódico aclaraba, en las fotos de las pancartas sindicales, donde colocaban en portada a los Secretarios Generales de los sindicatos, que el de la derecha es el “sindibanquero”, el siguiente es el de los “rolex”, el tercero el de los “cruceros” y por último Javier López que no se ha atrevido a convocar una Huelga General. De esta guisa eran las cosas en los tiempos no  tan lejanos. En tiempos tan presentes y de actualidad.

Hoy ya sabemos que (presuntamente, siempre, con presunción de inocencia) Aneri era el pepero cordobés que vino a Madrid a montar negocios de formación en los que recibía dinero para formar trabajadoras y trabajadores, sin que hubiera cursos, con la complicidad y la pasta de organizaciones empresariales, procedentes de subvenciones.

Y sabemos que Lamela o Güemes, primero fueron Consejeros de Sanidad y ahora siguen en el negocio sanitario, después de haber esquilmado la sanidad pública. Algunos como Güemes presume de que nuestra oposición le hizo famoso y deseado por los grandes consorcios sanitarios privados, como asesor de todo tipo de privatizaciones. Y que Granados, al que alguien debió de encargarle de ese negociado, cobraba (presuntamente, siempre presuntamente) a tanto alzado, por cada colegio concertado concedido al sector privado.

Y ahora sabemos que el Presidente convertía el agua en presuntos chorros de oro. Y su señora, y la familia, y los amigos Arturo, o Cerezo, o Javier López (ese otro que se pasea con mi nombre y que no soy yo, aunque algunos periodistas se empeñen en seguirle confundiendo con el sindicalista) formaban un consorcio en el que los negocios y la política, el dinero y el poder, son todo uno y hunden sus raíces en las esencias mismas de una “capital” que es ejemplo, en lo bueno y lo malo, en vicios y virtudes, para toda España.

Han salido los trabajadores y trabajadoras, el 1º de mayo, a las calles de toda España para exigir lo de siempre: Empleos estables, salarios justos, pensiones dignas, protección para las personas. Estuve en la manifestación de Madrid hasta el final. Toxo, que pronunció su último discurso del 1º de mayo, como Secretario General de CCOO, estuvo corto y comedido, pero no quiso irse de la tribuna sin dejar clavadas sus palabras en el centro de la Puerta del Sol, “Con las actuales tasas de paro, desigualdad, pobreza y corrupción, la nuestra es una sociedad gravemente enferma”.

De eso se trata, por encima de cualquier otro problema, en estos momentos. La corrupción contamina la vida económica, envenena la política, ensucia la verdad porque siembra la sombra de la duda y la sospecha, aumenta la fractura social, convierte a cada persona en sospechosa,  a unos vecinos en enemigos de otros. No importa la corrupción si los corruptos son votados hasta que los jueces los saquen de sus poltronas.

No importa la corrupción si la economía comienza a despegar y se atisban nuevos pelotazos en el horizonte y todos podremos vivir a la sombra de los saqueadores, pendientes de las migajas que caigan de sus mesas. Será verdad para siempre la España de Chirbes y el presentimiento de Manuel Vicent, Si salimos de ésta, repetiremos la fiesta. La España eterna que ya nos describía Quevedo y que aún podemos escuchar  encarnado en Juan Echanove, representando los Sueños.

No se me ocurre excusa alguna. No se me ocurre otra manera. No creo que haya nada más patriótico en nuestros días, que combatir la corrupción. A quienes corrompen y a quienes aceptan ser corrompidos. Alguien dijo que tenemos una justicia diseñada para robagallinas. Que persigue el pequeño fraude, el pequeño robo y deja impune al gran delincuente. Empecemos por ahí. Y reforcemos, a continuación, la necesidad de hablar y actuar para crear desde todos los lugares y responsabilidades  una cultura de la integridad. Parece poca cosa, pero empecemos por ahí, día tras día, año tras año y seguro que algo cambia en este país.

Francisco Javier López Martín

Secretario de Formación de CCOO


FPE (4): El desastre de la Formación Profesional para el Empleo en datos

abril 20, 2017

Alguien podría pensar que la visión que traslado sobre la Formación Profesional para el Empleo (FPE), en España, es demasiado dura. Que seguro que, al ser sindicalista, estoy especulando y exagerando. Sin embargo, por mucho que mejoremos la valoración de las causas, no por ello las consecuencias mejoran. Muy al contrario. Embellecer la situación sólo puede alimentar las tendencias más negativas del modelo impuesto y crear nuevos problemas,

Lo cierto es que las tasas de participación de trabajadores y trabajadoras en la formación van cayendo. Quienes más necesitan formación por sufrir más los efectos de la crisis y sufrir mayor pérdida de empleo (mujeres, jóvenes, personas con bajos niveles de cualificación) no acceden suficientemente a la formación.

Es notorio que, cuanto más necesaria es la formación, menos esfuerzo realizamos en España, mientras la Unión Europea aumenta su inversión y esfuerzo en cualificación.  Antes de la crisis económica el 11% de nuestra población activa participaba en procesos de formación permanente, mientras que ahora bajamos del 10%.

En cuanto a los participantes en formación han pasado, entre 20010 y 2015, en el caso de la formación programada por el Estado y Comunidades Autónomas, ha pasado de cerca de 1,7 millones de participantes a poco más de 600.000 personas. Quienes más necesitan formación, las personas desempleadas, han pasado de algo más de 400.00 a 175.000.

Pero si esto ocurre en la formación de oferta programada  por las Administraciones, no va mejor la formación programada directamente por las empresas que, tras la reforma del Gobierno, ha hecho que el número de horas de formación programadas haya descendido un 20%, tan solo entre 2015 y 2016.

En cuanto a la tasa de formación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) ha pasado del 31,1% en 2012 al 22,7% en 2016. Eso significa que más de 100.000 PYMES de menos de 50 trabajadores y trabajadoras ha abandonado la formación profesional de su personal.

La FPE se comporta como un cazador que dispara a bulto, pero siempre termina hiriendo a los más débiles. No sólo en el caso de quienes trabajan en una pyme. También en el caso de las personas menos cualificadas. Las personas con baja cualificación en nuestro país suponen un 43%, pero sólo pesan el 23% de cuantas personas participan en procesos de formación. Incluso han perdido un punto de participación en los últimos años.

En cuanto a las mujeres, las mujeres asalariadas han pasado de suponer un 42% en 2007 a un 46% del total de personas trabajadoras en 2015. Sin embargo, el porcentaje de mujeres asalariadas que participan en formación han pasado de suponer un 46% en 2008 a un 44% en 2015 pasando por momentos externos, como 2011 en los que la participación de la mujer bajó al 42%.

Las personas menos cualificadas se benefician menos de la formación. Quienes trabajan en pymes, la inmensa mayoría, se forman menos y los jóvenes… Los jóvenes que suponían la mitad de las personas que participaba en formación en 2008, no llegan ahora  a un tercio, cuando el empleo juvenil ha sido una de las mayores víctimas de la crisis y todo ello pese a que el gobierno disponga de abundantes recursos para la cualificación de los jóvenes desempleados, con bajos niveles educativos.

El número de horas financiadas para formación en las empresas ha disminuido en un 20% en tan solo un año, aunque el número de personas formadas crece levemente, al pasar la media de horas de duración de cada curso, de 26 horas a 17. Con casi 10 horas menos de media por curso, con menos horas totales se termina se terminan formando más personas. La calidad se deteriora a favor de la cantidad.

Uno de los datos más alarmantes del destrozo producido en FPE es que la participación de empresas en la formación ha caído del 31.1% en 2012 al 22.7% en 2016. Más de 100.000 pequeñas y medianas empresas han dejado de participar en la formación en los últimos cuatro años. Las empresas con menos de 50 trabajadores y trabajadoras están desertando de la formación continua de sus trabajadores.

Los datos son muy preocupantes. La Formación profesional para el Empleo, sometida a las tensiones de una reforma impuesta, está produciendo una agudización de los problemas y un deterioro del sistema de FPE, cuyos efectos son demoledores para quienes más necesitan la formación y cualificación en el trabajo.

 

Francisco Javier López Martín


FPE (I) Una historia de logros y fracasos

marzo 22, 2017

Tras la Huelga General del 14-D en 1988 se abre en España un escenario de Diálogo Social en torno a muy diferentes materias y entre ellas la Formación Profesional para el Empleo. Un diálogo que da lugar a sucesivos Acuerdos Nacionales de Formación para el Empleo suscritos entre gobiernos de todos los colores y organizaciones sindicales y empresariales.

Acuerdos que han tenido efectos positivos, como la extensión de la cultura de la formación permanente de los trabajadores y trabajadoras y que condujeron a que las tasas de participación de la población activa (ocupada y desempleada) en procesos de formación profesional para el empleo hayan alcanzado progresivamente niveles europeos. Han sido 25 años de logros, de adaptaciones a sucesivas a las nuevas realidades, de mejoras y corrección de errores en los que no han faltado fracasos.

Entre esos fracasos hay que constatar que el modelo español de Formación Profesional para el Empleo presenta una tremenda descoordinación entre  las actuaciones  del Ministerio de Educación, que se encarga de la Formación Profesional reglada, y el Ministerio de Empleo que controla la Formación para el Empleo. De otra parte la Administración Central, las Autonómicas y los Ayuntamientos actúan sin planificación estratégica compartida.

La conexión con el tejido productivo y las necesidades formativas de los trabajadores y trabajadoras es una de las peores consecuencias de esta dispersión. Si a ello añadimos que la evaluación del impacto de la formación es muy deficiente, podemos concluir que la necesidad de revisar el sistema era evidente. La crisis, las altas tasas de paro, especialmente juvenil, hacen absolutamente necesaria una reforma acordada, participada y negociada.

Tanto CCOO como UGT hemos aportado numerosas propuestas para abordar este proceso, desde la convicción de que la Formación para el Empleo es una herramienta imprescindible para superar la crisis y aportar un desarrollo económico y social, centrado en el crecimiento del empleo, el futuro de las empresas y el progreso personal y profesional de la clase trabajadora.

Ese proceso de desarrollo y mejora de la Formación Profesional para el Empleo exige, al menos, dos condiciones de partida: una estabilidad normativa fruto del acuerdo político y social y una estabilidad presupuestaria que se sustente en el hecho de que las cuotas de Formación Profesional, que provienen de las nóminas de los trabajadores y trabajadoras y de las empresas se dediquen a la formación, tal como exigen las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas.

No es nada de esto lo que ha llevado adelante el Gobierno, con una pretendida reforma de la formación, que ha contribuido a sembrar confusión en el sistema de formación para el empleo, poniendo piedras en el camino, en lugar de aportar mejoras y soluciones y huyendo del diálogo social necesario.

Francisco Javier López Martín


Desorientación laboral

marzo 15, 2017

 

La crisis ha sido larga, dura, brutal, intratable. La crisis se ha convertido en modelo de vida que justifica los cambios profundos que han llegado para quedarse en forma de precariedad e inseguridad. Golpeó el sistema financiero, destrozó empresas, mandó al paro a millones de personas y desestabilizó la sociedad, la política  y nuestras vidas.

Altas tasas de paro conviven con una población que envejece por momentos y con una escasez evidente de personas cualificadas, en determinados espacios laborales como la tecnología, ingenierías, ciencia, etc. Nuestros jóvenes han madurado en esta nueva situación, sin ninguna ayuda para entender qué está ocurriendo y como pueden afrontar esta nueva realidad, por confusa, e injusta que esta sea.

Una de las claves estribaría en adquirir las competencias necesarias para intentar labrarte una carrera profesional. Pero lo cierto es que los Servicios Públicos de Empleo, en España, cuentan con pocos recursos y posibilidades de buscar empleo para personas desempleadas, y aún mucho menos para asesorar y orientar a las personas paradas para encontrar  oportunidades de empleo y posibilidades de formación a su disposición.

El porcentaje de jóvenes españoles que no trabaja, ni estudia, es del 22,5%, cuando la media europea es del 15,9 % y en países como Holanda, tan solo del 7,1 %, Francia el 13,8 %, Reino Unido el  14,7%.

La crisis genera riesgo social y, para muchos jóvenes, un incremento de quienes ni estudian, ni trabajan, un aumento de los porcentajes de desempleo y abandono de los estudios y la formación, que alcanzan con mayor intensidad a quienes cuentan con  menores niveles de estudios, viven en los barrios trabajadores, y con menos rentas. Para ellos, la falta de servicios de orientación incrementa la desigualdad frente a quienes cuentan con mayores niveles formativos

La orientación y el asesoramiento, realizados a través de la cooperación y no la competencia entre servicios públicos de empleo, centros educativos, ayuntamientos, empresarios, sindicatos, familias, contribuirían a corregir el abandono escolar temprano, abriría opciones profesionales, ayudaría a la inserción laboral, facilitaría el acceso a programas formativos adaptados a las necesidades, no solo de las empresas, sino de las personas y al servicio del modelo de desarrollo territorial que queremos impulsar.

La estabilidad de las carreras profesionales exige que los períodos de desempleo y los cambios constantes de actividad se minimicen. La Reforma Laboral juega a la contra. El deterioro de la negociación colectiva juega a la contra. Pero contar con buenos servicios de orientación profesional contribuye, en los países donde funcionan bien, a mejorar el enfoque personal, mejorar las competencias, facilitar la elección de trayectorias profesionales.

Hay quienes piensan que la orientación es un coste inadmisible. Hay quien quiere convertir la orientación en un negocio privado, en un servicio público externalizado, en tarea de ONG. En tarea caritativa.

Sin embargo, si algo ponen de relieve, en otros países, o en algunos lugares de España, las experiencias de orientación laboral desarrolladas por servicios públicos y con participación y cooperación de todos los actores sociales, es que quienes reciben estos apoyos, asesoramiento y orientación realizan mejores trayectorias profesionales y son menos propensos a  encasillarse en prestaciones sociales.

Tener información, conocer tu mercado laboral, conocer tus opciones y posibilidades, afrontar procesos de cualificación y formación útiles y adaptados a las necesidades, constituyen una buena respuesta a los problemas de las personas, las comunidades y las propias empresas.

Pero una vez más, aunque las experiencias han existido y existen en España. Aunque contamos con personas cualificadas y con experiencia para dirigir y desarrollar procesos de asesoramiento y orientación, la mediocridad y cortas miras amenazan con volver a perder la oportunidad de abordar un mejor futuro y en mejores condiciones.

No se pueden hacer oídos sordos a un problema y a una necesidad que desde CCOO venimos reclamando durante dos décadas, como quien clama en el desierto. Unas veces porque el pelotazo de turno lo tapa todo, otras porque la dureza de las crisis impide invertir en orientación. La pescadilla que se muerde la cola eternamente en España.

Francisco Javier López Martín


El indicador de la política de la miseria (IPREM)

febrero 27, 2017
foto; Fran Lorente

foto; Fran Lorente

En julio de 2004 el primer gobierno Zapatero creó el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) como un mecanismo para sustituir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) como referente para la concesión de ayudas, becas, subvenciones, subsidios.

Hasta ese momento el SMI era la renta que se tomaba en cuenta a la hora de fijar acceso a becas, tasas, justicia gratuita, viviendas de protección oficial, mínimos exentos en materia fiscal, etc.

Dicho de otra manera, el SMI era un salario miserable para evitar efectos presupuestarios, liberado de los cuales podría situarse en niveles más altos. Sin embargo, años después, el Salario Mínimo en España incumple los criterios de la Carta Social Europea suscrita por nuestro país. Es uno de los más bajos de la eurozona y se encuentra por debajo de la referencia del 60% del salario medio.

En cuanto al IPREM, creció anualmente siguiendo los objetivos de inflación del Banco Central Europeo y fue manteniendo su poder adquisitivo hasta 2009. A partir de ahí, con la justificación de la crisis económica, el IPREM ha acumulado pérdidas de hasta 6,4 puntos en 2016. Congelar el IPREM ha supuesto devaluar la protección social y especialmente la protección por desempleo.

De nuevo se vulnera el Real Decreto Ley 3/2004, que establece la previsión de inflación como el umbral mínimo para fijar el IPREM. De nuevo se deprecia la participación, la capacidad de propuesta, la negociación, con los interlocutores sociales, empresarios y sindicatos. Mera consulta, cuando no mera información.

Si otros años la disculpa era la crisis, este año la congelación del IPREM busca la nueva moda de que no hay presupuesto aprobado, argumento generalizado para justificar la inactividad y la desidia. El Salario Mínimo se sitúa en unos insuficientes 707,7 euros/mes. El IPREM permanece congelado desde 2010 en 532,51 euros/mes. El poder adquisitivo perdido está haciendo que la lucha contra la pobreza, o la protección social por desempleo, no se vean mejoradas en una nueva situación más favorable de salida de la crisis.

Recuperar los 6,4 puntos porcentuales perdidos, añadiendo al menos el 1,4% previsto de crecimiento de los precios en 2017 sería esencial y, junto a ello, no podemos seguir dejando en manos de los Gobiernos de turno las subidas anuales del SMI, o del IPREM, porque la experiencia nos da buenas muestras de la mediocridad y la miseria que estos gobiernos demuestran, aplicando decenas de miles de millones en rescate a la banca, mientras se muestran mezquinos en el rescate a quienes más lo necesitan, precisamente en los momentos más duros.

Es absolutamente necesario, por lo tanto, establecer un mecanismo de actualización del IPREM que permita, en todo caso, corregir las desviaciones entre IPC real y el incremento que se haya producido en el IPREM.

La calidad de una sociedad se mide por su capacidad de atender a quienes requieren de la protección frente a la pobreza, la injusticia, la miseria. El IPREM es uno de esos indicadores de calidad que en España sigue dejando mucho que desear. Somos una sociedad injusta y desigual, que cada día agudiza sus problemas.

Francisco Javier López Martín