FPE (y 6) Las soluciones son aún posibles

mayo 9, 2017

Mirar para otro lado, una de las prácticas habituales de nuestro Presidente del Gobierno,  sólo contribuye a mantener una situación insostenible. El modelo de Formación Profesional para el Empleo (FPE) se encuentra al borde del colapso. Hemos explicado  su desarrollo. Hemos analizado sus logros y sus deficiencias. Hemos reflexionado sobre la inutilidad de abordar reformas impuestas a espaldas de las necesidades de las empresas y de los propios trabajadores y trabajadoras.

Va llegando el momento de enunciar las propuestas que pueden desbloquear la situación y avanzar hacia un modelo de FPE que combine el derecho de las personas a formarse a lo largo de toda la vida y la necesidad de las empresas a contar con trabajadores y trabajadoras cualificados en un mundo cambiante.

  1. Desarrollar el derecho de formación y aumentar la cohesión social.

Para ello contamos con algunos instrumentos muy poco promocionados. Cada trabajador o trabajadora cuenta con 20 horas anuales para formación que deberían constituir un derecho individual efectivo, pero que no se ejerce.

De otra parte, los actuales Permisos Individuales de Formación (PIF) deberían garantizar la igualdad, de forma que las personas menos cualificadas pudieran beneficiarse de ellos.

Vivimos en un país en el que, junto a un alto nivel de titulados superiores, de en torno al 35 por ciento, convive un porcentaje aún mayor, de entorno al 45% de la población activa con niveles básicos, o incluso inferiores, de formación. En el centro un pequeño porcentaje con estudios profesionales. Habría por lo tanto que poner en marcha programas específicos para formar a las personas menos cualificadas y abrir convocatorias permanentes de reconocimiento de cualificaciones.

  1. Calidad y oportunidad de la formación.

Contamos con una excelente red de centros público de Formación Profesional, Universidades y Centros de Educación de Personas Adultas, que viven al margen del Sistema de Formación para el Empleo. Por un lado, el Ministerio de Educación y su formación reglada, por otro el Ministerio de Empleo, al frente de un subsistema de formación en el empleo. La descoordinación entre ambas administraciones es absoluta.

Los centros públicos de Formación profesional deben jugar un papel esencial para asegurar una oferta más amplia y menos discriminatoria. Es necesario contar cuanto antes con una red de centros (públicos y privados) acreditados, con mecanismos de financiación suficientes y controles de calidad y requisitos comunes.

Además, el sistema de subvenciones no es el más adecuado para la provisión de un servicio como el que necesita la Formación para el Empleo. Los controles administrativos y económicos son tremendos, pero ello no impide la aparición de empresas especializadas en burlarlos, mientras que la agilidad se resiente y la evaluación de la calidad es una asignatura siempre pendiente.

Contamos ya con Centros de Referencia Nacional, Centros Integrados, Observatorios, que deben funcionar de forma coordinada para mejorar la calidad del sistema. Las actuales Comisiones Paritarias, compuestas por empresas y representantes sindicales en los diferentes sectores, deberían ser reducidas en número y reforzadas en sus funciones, convirtiéndose en instrumentos esenciales para reconducir el sistema actual, burocratizado e inoperante, hacia la realidad de las necesidades de las empresas y los trabajadores.

Vivimos en un país en el que se inaugura mucho, hasta varias veces los mismos proyectos y sus fases de ejecución, pero que evalúa muy poco la calidad de cada proyecto y de las políticas que los sustentan.

  1. Recursos suficientes, estables y transparentes.

Un reciente encuentro sobre la experiencia francesa en Formación Profesional para el Empleo revelaba un gasto anual de más de 30.000 millones de euros en formación para el empleo, en nuestro país vecino. En España, por el contrario, dedicamos a Formación para el Empleo casi exclusivamente los recursos procedentes de la cuota de formación (en torno a 2000 millones de euros), y aún así, en los últimos seis años hemos dejado de gastar 450 millones de euros, cuyo destino es desconocido.

Es urgente asegurar, tal como sentencia el Tribunal Constitucional, que todos los recursos procedentes de la cuota de formación se reanualizan y se dedican a formación y no a otros fines. Es necesario reforzar esos fondos, no sólo con aportaciones de Fondos Europeos, sino con otras aportaciones para formación de colectivos no cotizantes y personas desempleadas. Es preciso que los fondos sean gestionados, en todos los ámbitos, empezando por la propia Administración, de forma transparente para el conjunto de la ciudadanía y para las personas trabajadoras.

  1. Diálogo y negociación. Bases para mejorar la formación.

En las empresas, la formación debe ser fruto de la negociación y el acuerdo entre empresarios y Representación Legal de los Trabajadores, con posibilidad de contar con aportaciones públicas y de las empresas,  para conseguir la mejor formación y la más necesaria en cada momento.
La movilidad laboral dentro de cada sector y la atención de las necesidades formativas de las pequeñas y medianas empresa, tienen que ser fruto de la negociación empresarial y sindical en el marco de las actuales Comisiones Paritarias, que la nueva ley define como Estructuras Paritarias.
La formación en los ámbitos territoriales, cuyo objetivo es la formación y la recualificación de personas ocupadas, o desempleadas, debe ser objeto de negociación entre Administraciones, empresarios y sindicatos, tomando en cuenta los recursos que pueden aportar los Centros de Formación Profesional, la realidad económica y del tejido productivo, las necesidades de empleo y orientación y la articulación de prácticas en las empresas.
Siguiendo las orientaciones europeas sería bueno acordar un Estatuto del Aprendiz que regule las prácticas y su conexión con el aprendizaje en los centros. Se habla mucho de formación dual, pero se hace muy poco para que la formación con prácticas no sea explotación laboral de nuestros jóvenes, a través de la docena de fórmulas dispersas que existen en estos momentos para abusar del trabajo de aprendices y becarios.

  1. Gobierno democrático de la Formación.

El objetivo del Gobierno, en la reforma de la Formación Profesional para el Empleo, parece haber pivotado en torno a la expulsión de organizaciones sindicales y empresariales, no sólo de la ejecución, sino del gobierno del sistema. Para afrontar el problema generado hay que entender que no se puede hacer formación de los trabajadores y trabajadoras sin los trabajadores y trabajadoras y sin las empresas en las que trabajan. Los países con mejores experiencias en formación de trabajadores y trabajadoras son aquellos que cuentan con modelos negociados y acordados en los que participan administraciones y agentes sociales.

Por eso es esencial asegurar la participación de las organizaciones empresariales y sindicales en los instrumentos de gobierno y de gestión del sistema. Contamos con instrumentos como el Consejo de la Formación Profesional, o la Fundación Estatal de Formación para el Empleo, que deben ser redefinidas, orientándolas hacia la articulación de mecanismos de detección de necesidades, coordinación de la oferta formativa, simplificación de la organización, gestión, seguimiento y evaluación del sistema.

A modo de resumen, podemos decir que la reforma impuesta debe dejar paso  a la negociación del desarrollo de un sistema de formación profesional para el empleo, que haga posible el derecho de las personas a formarse y recualificarse a lo largo de toda la vida y cubra la necesidad de las empresas de contar con trabajadores y trabajadoras cualificados.

La cualificación y formación de las personas es la mejor garantía de un futuro económico estable y de la cohesión social que sustenta la convivencia democrática en cualquier país.

Las soluciones negociadas son inaplazables. No podemos mirar hacia otro lado.

Francisco Javier López Martín

Secretario Formación CCOO

 


FPE (4): El desastre de la Formación Profesional para el Empleo en datos

abril 20, 2017

Alguien podría pensar que la visión que traslado sobre la Formación Profesional para el Empleo (FPE), en España, es demasiado dura. Que seguro que, al ser sindicalista, estoy especulando y exagerando. Sin embargo, por mucho que mejoremos la valoración de las causas, no por ello las consecuencias mejoran. Muy al contrario. Embellecer la situación sólo puede alimentar las tendencias más negativas del modelo impuesto y crear nuevos problemas,

Lo cierto es que las tasas de participación de trabajadores y trabajadoras en la formación van cayendo. Quienes más necesitan formación por sufrir más los efectos de la crisis y sufrir mayor pérdida de empleo (mujeres, jóvenes, personas con bajos niveles de cualificación) no acceden suficientemente a la formación.

Es notorio que, cuanto más necesaria es la formación, menos esfuerzo realizamos en España, mientras la Unión Europea aumenta su inversión y esfuerzo en cualificación.  Antes de la crisis económica el 11% de nuestra población activa participaba en procesos de formación permanente, mientras que ahora bajamos del 10%.

En cuanto a los participantes en formación han pasado, entre 20010 y 2015, en el caso de la formación programada por el Estado y Comunidades Autónomas, ha pasado de cerca de 1,7 millones de participantes a poco más de 600.000 personas. Quienes más necesitan formación, las personas desempleadas, han pasado de algo más de 400.00 a 175.000.

Pero si esto ocurre en la formación de oferta programada  por las Administraciones, no va mejor la formación programada directamente por las empresas que, tras la reforma del Gobierno, ha hecho que el número de horas de formación programadas haya descendido un 20%, tan solo entre 2015 y 2016.

En cuanto a la tasa de formación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) ha pasado del 31,1% en 2012 al 22,7% en 2016. Eso significa que más de 100.000 PYMES de menos de 50 trabajadores y trabajadoras ha abandonado la formación profesional de su personal.

La FPE se comporta como un cazador que dispara a bulto, pero siempre termina hiriendo a los más débiles. No sólo en el caso de quienes trabajan en una pyme. También en el caso de las personas menos cualificadas. Las personas con baja cualificación en nuestro país suponen un 43%, pero sólo pesan el 23% de cuantas personas participan en procesos de formación. Incluso han perdido un punto de participación en los últimos años.

En cuanto a las mujeres, las mujeres asalariadas han pasado de suponer un 42% en 2007 a un 46% del total de personas trabajadoras en 2015. Sin embargo, el porcentaje de mujeres asalariadas que participan en formación han pasado de suponer un 46% en 2008 a un 44% en 2015 pasando por momentos externos, como 2011 en los que la participación de la mujer bajó al 42%.

Las personas menos cualificadas se benefician menos de la formación. Quienes trabajan en pymes, la inmensa mayoría, se forman menos y los jóvenes… Los jóvenes que suponían la mitad de las personas que participaba en formación en 2008, no llegan ahora  a un tercio, cuando el empleo juvenil ha sido una de las mayores víctimas de la crisis y todo ello pese a que el gobierno disponga de abundantes recursos para la cualificación de los jóvenes desempleados, con bajos niveles educativos.

El número de horas financiadas para formación en las empresas ha disminuido en un 20% en tan solo un año, aunque el número de personas formadas crece levemente, al pasar la media de horas de duración de cada curso, de 26 horas a 17. Con casi 10 horas menos de media por curso, con menos horas totales se termina se terminan formando más personas. La calidad se deteriora a favor de la cantidad.

Uno de los datos más alarmantes del destrozo producido en FPE es que la participación de empresas en la formación ha caído del 31.1% en 2012 al 22.7% en 2016. Más de 100.000 pequeñas y medianas empresas han dejado de participar en la formación en los últimos cuatro años. Las empresas con menos de 50 trabajadores y trabajadoras están desertando de la formación continua de sus trabajadores.

Los datos son muy preocupantes. La Formación profesional para el Empleo, sometida a las tensiones de una reforma impuesta, está produciendo una agudización de los problemas y un deterioro del sistema de FPE, cuyos efectos son demoledores para quienes más necesitan la formación y cualificación en el trabajo.

 

Francisco Javier López Martín


FPE (3) Los costes de romper el diálogo social

abril 4, 2017

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado una y otra vez sobre la utilización del dinero procedente de la cuota de Formación para el Empleo que pagan empresas y  trabajadores. Sostiene el Tribunal Constitucional que ese dinero no forma parte del sistema de Seguridad Social, aunque sea la Seguridad Social el instrumento para recaudar. Y sostiene, también, que la Seguridad Social es la entidad recaudadora, pero que esos fondos son finalistas y solo pueden dedicarse a formación de la población activa.

Lo mismo dice el Tribunal de Cuentas cuando afirma que los recursos procedentes de la cuota de formación profesional deben considerarse ingresos “afectados” cuya finalidad específica debe ser la financiación de iniciativas de formación. El Tribunal de Cuentas mandata al Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) para adoptar las medidas para el cumplimiento de este principio, evitando que los fondos de la cuota se destinen a otras finalidades.

Ahora que tanto valor se da al necesario cumplimiento de las sentencias, especialmente las del Tribunal Constitucional, conviene conocer que, entre los años 2013 y 2016 los recursos de Presupuestos de Formación Profesional para el Empleo no gastados en formación han ascendido a más de 1000 millones de euros (hablamos sólo de los recursos que debería haber gastado la Administración Central), a los que había que añadir los no gastados en formación por parte de las Comunidades Autónomas.

La opacidad de los recursos destinados a la Formación Profesional para el Empleo (FPE) ha contribuido a la ruptura del diálogo social en esta materia, pero hay otras causas también vinculadas al incumplimiento de los compromisos que el propio Tribunal Constitucional reconoce.

Así, el Tribunal Constitucional deja claro en sus sentencias que el diálogo social y la negociación colectiva son los instrumentos esenciales para el funcionamiento del mercado de trabajo. Pese a ello el Gobierno ha reducido a la mínima expresión las reuniones del sistema de Formación para el Empleo. La información que se facilita es la mínima posible, o incluso se niega el acceso a la misma. Se retrasan, sin necesidad, la aprobación de procedimientos, como el que regula la actividad de las Comisiones Paritarias en la detección de necesidades formativas y otras tareas legales que deben acometer. Se abusa de mecanismos legislativos aprobados con carácter transitorio, temporal, urgente, evitando así la negociación real de soluciones a los problemas.

El propio Comité Europeo de Derechos Sociales en su informe sobre Mercado de Trabajo en España (2011-2014) denuncia el incumplimiento del deber de Información, en particular del Servicio Público de Empleo Estatal, que España ha contraído al firmar la Carta Social Europea.

Los Tribunales de Justicia de han visto obligados a anular la propia Convocatoria Estatal de Ayudas a la formación del año 2014, porque el Gobierno ha incumplido su obligación de someter dicha convocatoria a Informe del órgano de participación del Sistema Nacional de Empleo, quien delega esta función en una Comisión Estatal de Formación para el Empleo.

La Defensora del Pueblo se las ve y se las desea cuando intenta obtener información, a petición de las organizaciones sindicales y empresariales, sobre el destino que se da a los remanentes no gastados de la cuota de Formación Profesional.

Sindicatos y empresarios nos hemos visto obligados a recurrir ante los tribunales, nuestra exclusión del órgano colegiado que informa las propuestas de financiación de los planes de formación.

El desorden en el SEPE hace que se reinterpreten normas y requisitos de ejecución de planes de formación, años después de ejecutarse y sin que en las convocatorias correspondientes aparecieran esos requisitos, originando así solicitudes de reintegros de fondos destinados a cursos de formación, que fueron correctamente ejecutados e impartidos, de acuerdo a los requisitos establecidos en el momento de la impartición.

El SEPE ha instruido con estas actuaciones, “una causa general” contra el sistema de FPE, con el objetivo claro de deslegitimar el papel de empresarios y sindicatos en el mismo. Sin embargo, esta pretensión choca con los recientes informes de evaluación, elaborados por entidades externas independientes que destacan una valoración muy positiva de quienes participan en cursos, y que sitúan como responsabilidad de la administración la burocracia excesiva, la rigidez, la falta de transparencia y la arbitrariedad en la interpretación de las normas.

Pero el ataque constante y las continuas acusaciones contra sindicatos y organizaciones empresariales ha contribuido a tapar lo bueno y airear lo supuestamente malo, aunque al final la propia administración, o los tribunales de justicia terminen archivando y desestimando las acusaciones iniciales.

Es el caso de nuestro compañero Gonzalo Fuentes, histórico sindicalista malagueño que, durante más de tres años, ha permanecido imputado, a merced de la jueza Alaya, sometido a pena de banquillo, para que al final, una nueva jueza, haya terminado declarando que Gonzalo ha sido víctima de una macrocausa y en ningún caso delincuente.

Nadie parece haberse dado cuenta de que tan importante como combatir la corrupción existente es no sembrar dudas sobre aquellas personas e instituciones cuyo comportamiento es intachable. No todo es lo mismo. No todo vale y no todos son iguales. Haría mejor la Administración en combatir su ineficacia y su ineficiencia en la gestión de la formación, que en dedicar tanto esfuerzo en sembrar dudas sobre todo y sobre todos.

Para hacerse una idea de la ineficacia, el 25% de los fondos de las ayudas de formación concedidas en la convocatoria 2014, unos 80 millones de euros, siguen sin pagarse a las entidades que han realizado y justificado los cursos, provocando el cierre de numerosos centros de formación y academias.

El diálogo social ha sido sustituido por la imposición, la cooperación ha sido sustituida por el ataque sistemático de los agentes sociales. El esfuerzo compartido por mejorar el sistema de Formación Profesional para el Empleo, ha sido convertido en un modelo de ineficacia y asignación arbitraria de los recursos procedentes de la cuota.

No es difícil entender que los datos sean cada vez más insostenibles y que defender la FPE en España, en contraste con el  marco europeo en el que nos movemos, sea tarea poco menos que imposible. O actuamos rápidamente, o el nuevo sistema se autodestruye sin haber comenzado a andar, tirando por la borda 25 años de logros y fracasos, pero de avances indudables en Formación Profesional para el Empleo.

 

Francisco Javier López Martín


FPE (2) Las reformas impuestas no funcioanan

marzo 26, 2017

La llegada al poder del PP, con mayoría absoluta,  supuso, en el caso de la Formación Profesional para el Empleo, la puesta en marcha de un proceso de negociación para afrontar los problemas acumulados. En principio, la intención parecía positiva, pero vino precedida de una campaña mediática, que sembraba dudas sobre el papel de los sindicatos y las organizaciones empresariales en la formación.

Ahora, cuando los tribunales van deshaciendo entuertos, va quedando claro que las verdaderas responsabilidades sobre la corrupción en la formación, se encuentran en la permisividad, cuando no connivencia, de algunas administraciones con determinadas empresas de formación, surgidas al calor de las ayudas públicas para obtener beneficios injustificables, en un régimen de subvenciones. Empresas frecuentemente denunciadas por CCOO, como ha ocurrido con el caso Aneri en Madrid, o el caso Ojeda, en Andalucía.

Pero basta repetir la mentira mil veces y a través de todos los medios posibles, para que adquiera apariencia de verdad. Así, esta campaña de deterioro de la imagen de sindicatos y empresarios sirvió como disculpa para excluir a los agentes sociales, no sólo de la gestión de los recursos de la formación, sino del propio gobierno del sistema de Formación Profesional para el Empleo (FPE). Se ignora, de esta manera, que la formación de los trabajadores y trabajadoras funciona mejor en aquellos países en los que el diálogo social goza de buena salud y donde la formación forma parte de la agenda de trabajo compartida de las organizaciones sociales y los gobiernos.

El gobierno del PP ha recorrido un camino inverso al de nuestros socios europeos más avanzados. Del diálogo social ha transitado hacia la imposición de políticas de reforma y recorte, como ha ocurrido con la Reforma Laboral y, posteriormente, la de la formación para el empleo, reduciendo de paso los fondos dedicados a la mejora de la cualificación de trabajadores y trabajadoras, ya sean ocupados o desempleados.

Hasta algún aspecto positivo de dichas reformas, como el reconocimiento del permiso de formación retribuido de 20 horas anuales para cada trabajador o trabajadora, permanece en el más absoluto de los ostracismos y desconocimiento. Lo mismo ha ocurrido con la cuenta de formación que debía de servir para inscribir y registrar, de forma personalizada, los cursos y los procesos de formación de cualquier persona, independientemente de las empresas por las que vaya pasando.

Incluso cuando el gobierno se ha comprometido, con su firma, a promover el diálogo social y la negociación colectiva para desarrollar el Sistema de Formación Profesional para el Empleo y contar con financiación suficiente, estable y equitativa, el resultado es que han terminado imponiendo medidas como la famosa “concurrencia competitiva”, que funciona, paradójicamente, en un mercadillo cerrado de proveedores de formación y que ignora la necesaria participación de empresarios y sindicatos en la detección de las necesidades reales en las empresas y en los sectores, en la programación de acciones formativas ajustadas a dichas necesidades y en el control, seguimiento y evaluación de la formación.

El negocio ha vuelto a situarse por encima de las necesidades reales, una vez más. Son los más astutos y bien informados los que saben cómo conseguir más puntos, mientras los centros públicos y las universidades son excluidos de hecho, porque la calidad no tiene al final nada que ver con los trucos para conseguir una subvención. Son los pícaros los que saben cómo obtener subvención, aunque luego no ejecuten, renuncien a parte de la formación menos rentable. Todo un mundillo cerrado de picaresca a la carta.

Ha presumido el gobierno de un amplio apoyo parlamentario a su reforma de la Formación para el Empleo ( la Ley 30/2015). Pero ese apoyo vino condicionado por la inclusión de enmiendas parlamentarias del resto de los grupos políticos, que recogían, en buena medida, las propuestas planteadas por los sindicatos. Enmiendas como la que recoge la participación de los centros públicos en un sistema de formación monopolizado por los centros privados y que cierra las puertas a la incorporación del potencial formativo de universidades, centros de FP, o centros de educación de personas adultas, lo cual constituye una excepción inaceptable en nuestro entorno europeo. La Formación para el Empleo no puede seguir siendo un mercado cautivo y exclusivo.

Enmiendas como las que recogen las sentencias del Tribunal constitucional y del Tribunal de cuentas que aseguran el carácter finalista de la cuota de formación. Es decir, que esa cuota que pagamos empresas y trabajadores, sólo puede gastarse en formación y que deben reanualizarse los fondos no ejecutados, o recuperados. Otras enmiendas que reconocen el papel de las Estructuras Paritarias Sectoriales, nacidas de la Negociación Colectiva, en la formación de trabajadores y trabajadoras en los sectores y empresas, o el reconocimiento del papel de las organizaciones sindicales y empresariales en el gobierno del sistema.

Han pasado dos años y nada de esto se ha desarrollado. El gobierno tenía mucha urgencia en la reforma, pero luego se ha olvidado de ella por completo, hasta el punto de que no se ha aprobado, a lo largo de todo este tiempo, ni una sola de las normas de regulación y desarrollo del nuevo sistema de formación, que aparecen en la ley. El año 2015 no hubo convocatoria de Formación y la convocatoria 2016 viene marcada por una situación general de inseguridad jurídica, transitoriedad y desorden.

No hay Real Decreto de desarrollo de la Ley. No hay órdenes que establezcan las bases reguladoras de aspectos tan importantes como la financiación, la concesión de ayudas, la formación de los empleados públicos, la formación impartida por centros públicos, los módulos económicos aplicables, el papel y funcionamiento de las Estructuras Paritarias… No hay nada. Inseguridad y desorden. Ahora, deprisa y corriendo, querrán aprobar una nueva chapuza que ponga algún parche en el boquete creado, en el destrozo que ellos mismos han provocado.

Una situación legal de bloqueo de la formación profesional para el Empleo, que tiene su correspondencia con una situación presupuestaria fuera de control, absolutamente irrespetuosa con las sentencias de Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas. Situación económica y presupuestaria que analizaremos a continuación.

Francisco Javier López Martín


FPE (I) Una historia de logros y fracasos

marzo 22, 2017

Tras la Huelga General del 14-D en 1988 se abre en España un escenario de Diálogo Social en torno a muy diferentes materias y entre ellas la Formación Profesional para el Empleo. Un diálogo que da lugar a sucesivos Acuerdos Nacionales de Formación para el Empleo suscritos entre gobiernos de todos los colores y organizaciones sindicales y empresariales.

Acuerdos que han tenido efectos positivos, como la extensión de la cultura de la formación permanente de los trabajadores y trabajadoras y que condujeron a que las tasas de participación de la población activa (ocupada y desempleada) en procesos de formación profesional para el empleo hayan alcanzado progresivamente niveles europeos. Han sido 25 años de logros, de adaptaciones a sucesivas a las nuevas realidades, de mejoras y corrección de errores en los que no han faltado fracasos.

Entre esos fracasos hay que constatar que el modelo español de Formación Profesional para el Empleo presenta una tremenda descoordinación entre  las actuaciones  del Ministerio de Educación, que se encarga de la Formación Profesional reglada, y el Ministerio de Empleo que controla la Formación para el Empleo. De otra parte la Administración Central, las Autonómicas y los Ayuntamientos actúan sin planificación estratégica compartida.

La conexión con el tejido productivo y las necesidades formativas de los trabajadores y trabajadoras es una de las peores consecuencias de esta dispersión. Si a ello añadimos que la evaluación del impacto de la formación es muy deficiente, podemos concluir que la necesidad de revisar el sistema era evidente. La crisis, las altas tasas de paro, especialmente juvenil, hacen absolutamente necesaria una reforma acordada, participada y negociada.

Tanto CCOO como UGT hemos aportado numerosas propuestas para abordar este proceso, desde la convicción de que la Formación para el Empleo es una herramienta imprescindible para superar la crisis y aportar un desarrollo económico y social, centrado en el crecimiento del empleo, el futuro de las empresas y el progreso personal y profesional de la clase trabajadora.

Ese proceso de desarrollo y mejora de la Formación Profesional para el Empleo exige, al menos, dos condiciones de partida: una estabilidad normativa fruto del acuerdo político y social y una estabilidad presupuestaria que se sustente en el hecho de que las cuotas de Formación Profesional, que provienen de las nóminas de los trabajadores y trabajadoras y de las empresas se dediquen a la formación, tal como exigen las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas.

No es nada de esto lo que ha llevado adelante el Gobierno, con una pretendida reforma de la formación, que ha contribuido a sembrar confusión en el sistema de formación para el empleo, poniendo piedras en el camino, en lugar de aportar mejoras y soluciones y huyendo del diálogo social necesario.

Francisco Javier López Martín


Desorientación laboral

marzo 15, 2017

 

La crisis ha sido larga, dura, brutal, intratable. La crisis se ha convertido en modelo de vida que justifica los cambios profundos que han llegado para quedarse en forma de precariedad e inseguridad. Golpeó el sistema financiero, destrozó empresas, mandó al paro a millones de personas y desestabilizó la sociedad, la política  y nuestras vidas.

Altas tasas de paro conviven con una población que envejece por momentos y con una escasez evidente de personas cualificadas, en determinados espacios laborales como la tecnología, ingenierías, ciencia, etc. Nuestros jóvenes han madurado en esta nueva situación, sin ninguna ayuda para entender qué está ocurriendo y como pueden afrontar esta nueva realidad, por confusa, e injusta que esta sea.

Una de las claves estribaría en adquirir las competencias necesarias para intentar labrarte una carrera profesional. Pero lo cierto es que los Servicios Públicos de Empleo, en España, cuentan con pocos recursos y posibilidades de buscar empleo para personas desempleadas, y aún mucho menos para asesorar y orientar a las personas paradas para encontrar  oportunidades de empleo y posibilidades de formación a su disposición.

El porcentaje de jóvenes españoles que no trabaja, ni estudia, es del 22,5%, cuando la media europea es del 15,9 % y en países como Holanda, tan solo del 7,1 %, Francia el 13,8 %, Reino Unido el  14,7%.

La crisis genera riesgo social y, para muchos jóvenes, un incremento de quienes ni estudian, ni trabajan, un aumento de los porcentajes de desempleo y abandono de los estudios y la formación, que alcanzan con mayor intensidad a quienes cuentan con  menores niveles de estudios, viven en los barrios trabajadores, y con menos rentas. Para ellos, la falta de servicios de orientación incrementa la desigualdad frente a quienes cuentan con mayores niveles formativos

La orientación y el asesoramiento, realizados a través de la cooperación y no la competencia entre servicios públicos de empleo, centros educativos, ayuntamientos, empresarios, sindicatos, familias, contribuirían a corregir el abandono escolar temprano, abriría opciones profesionales, ayudaría a la inserción laboral, facilitaría el acceso a programas formativos adaptados a las necesidades, no solo de las empresas, sino de las personas y al servicio del modelo de desarrollo territorial que queremos impulsar.

La estabilidad de las carreras profesionales exige que los períodos de desempleo y los cambios constantes de actividad se minimicen. La Reforma Laboral juega a la contra. El deterioro de la negociación colectiva juega a la contra. Pero contar con buenos servicios de orientación profesional contribuye, en los países donde funcionan bien, a mejorar el enfoque personal, mejorar las competencias, facilitar la elección de trayectorias profesionales.

Hay quienes piensan que la orientación es un coste inadmisible. Hay quien quiere convertir la orientación en un negocio privado, en un servicio público externalizado, en tarea de ONG. En tarea caritativa.

Sin embargo, si algo ponen de relieve, en otros países, o en algunos lugares de España, las experiencias de orientación laboral desarrolladas por servicios públicos y con participación y cooperación de todos los actores sociales, es que quienes reciben estos apoyos, asesoramiento y orientación realizan mejores trayectorias profesionales y son menos propensos a  encasillarse en prestaciones sociales.

Tener información, conocer tu mercado laboral, conocer tus opciones y posibilidades, afrontar procesos de cualificación y formación útiles y adaptados a las necesidades, constituyen una buena respuesta a los problemas de las personas, las comunidades y las propias empresas.

Pero una vez más, aunque las experiencias han existido y existen en España. Aunque contamos con personas cualificadas y con experiencia para dirigir y desarrollar procesos de asesoramiento y orientación, la mediocridad y cortas miras amenazan con volver a perder la oportunidad de abordar un mejor futuro y en mejores condiciones.

No se pueden hacer oídos sordos a un problema y a una necesidad que desde CCOO venimos reclamando durante dos décadas, como quien clama en el desierto. Unas veces porque el pelotazo de turno lo tapa todo, otras porque la dureza de las crisis impide invertir en orientación. La pescadilla que se muerde la cola eternamente en España.

Francisco Javier López Martín


DARIO FO: MUERTE NATURAL DE UN TRABAJADOR DE LA LIBERTAD

octubre 14, 2016

fo

Eran aquellos tiempos en los que el franquismo no había muerto y la democracia no acababa de nacer. Eran tiempos en los que los jóvenes nos reuníamos en asociaciones de vecinos, que aún eran llamadas de cabezas de familia; en los sótanos y salones parroquiales de las iglesias; en locales dependientes de algún colegio, o de alguna universidad; en algunas salas alternativas de cineclub, o de teatro.

En uno de aquellos lugares se representaba la obra teatral de un desconocido para la gran mayoría, un tal Darío Fo y allí acudíamos decenas de chavales de todos los barrios de Madrid, convocados por la red social del boca en boca, que funcionaba magníficamente, si formabas parte de algún grupo juvenil legal, ilegal, clandestino, o simplemente parroquial. La información circulaba y convocaba con bastante más éxito que dos o tres redes sociales actuales juntas.

La verdad es que el título se las traía y era todo un anuncio publicitario condenado al éxito, en aquellos momentos: Muerte accidental de un anarquista. Se contaba que la obra se inspiraba en la caída de un anarquista, desde una ventana en una comisaría de Roma, tras ser interrogado y acusado de poner una bomba en Plaza Fontana. Estábamos acostumbrados a esos episodios en las comisarías españolas y debimos pensar, como los espectadores italianos, que la referencia al inicio de la función a una comisaría de Nueva York, era un mero subterfugio para encubrir las verdaderas intenciones y localización de la obra.

Sea como fuere, en aquel ambiente de calor, ilusión y humo, tuve mi primera cita con Darío Fo. Volví, años más tarde, a ver Muerte Accidental de un Anarquista y, por el camino, creo recordar que, incluso en formato televisivo, pude reír con (que no de) aquellas mujeres de Aquí no paga Nadie, que robaban en los supermercados, escondiendo los productos en sus barrigas de “embarazadas”, para hacer frente a las subidas de los precios y los efectos de la crisis económica permanente, el paro, la precariedad de los empleos que azotan sin clemencia y sin descanso a la gente trabajadora,  .

Más tarde, el lujo de asistir a la entrega del Premio Scaena, concedido por el Festival de Mérida, en 2004,  a Darío y a su esposa Franca Rame. Durante dos horas el escenario romano se convirtió en el extraño lugar donde un hombre que hablaba en italiano provocaba la risa y era entendido en nuestra propia lengua. Habló allí de los misterios de cuantos han contado y cuentan historias por el mundo y nos regaló unas cuantas, que, hasta una vez olvidadas, alimentan las futuras historias que nosotros deberemos contar en su nombre. Como si nuevos miembros de la Comedia del Arte fuéramos.

Y, últimamente, he aprendido a descubrir al Darío Fo que cuenta su infancia, en El país de los cuentacuentos, donde vuelve a recorrer los paisajes de Sangiano, allí donde el hijo del ferroviario se empapó de las historias de la gente trabajadora y sencilla. Allí donde aprendió a contarlas, mientras los viajes, los juegos, el Lago Maggiore, llenaban sus sentidos.

Lo último que he leído de él es ese cuento irreverente, Hay un rey loco en Dinamarca, en el que da cuenta de la historia de locura, amor y desamor, del rey Cristián VII, su desgraciada esposa, Carolina Matilde y su hijo y heredero Federico. Un hermoso cuento construido con ingenio y muchas voces diversas que nos van alumbrando el camino entre la genialidad y la locura, en un momento pre-revolucionario en toda Europa.

Una parte de mis primeros pasos anarquistas tiene que ver con Darío Fo, aunque también con con Salvador Seguí, mucho más que con Durruti. Mucho de mi forma de formar parte de organizaciones como el PCE, Izquierda Unida y las propias CCOO (la única en la que sigo militando), hunde sus raíces en la libertad por encima de la disciplina impuesta, la convicción de que es mejor equivocarse junto a tu gente y tal vez perder, que tener la razón junto a los poderosos. Porque, a la larga, la razón del poder nunca es una razón justa, que traiga de la mano la igualdad.

Gran parte de mi forma de entender la vida proviene de esa convicción de Darío Fo que le lleva a enseñarnos que la sátira es el arma más eficaz contra el poder: el poder no soporta el humor, ni siquiera cuando el poder es democrático, porque la risa libera al hombre de sus miedos. He incluido muchas veces en mis intervenciones esta idea: Que no te borren la risa, porque tu risa es lo que más les duele, lo que menos soportan, lo que más libre te hace.

Ha muerto un Premio Nobel, es cierto, pero ese título es sólo una circunstancia que fue, como pudo no ser. Ha muerto el hijo de un ferroviario. Ha muerto un trabajador que nunca olvidó sus orígenes y que siempre luchó por nuestra libertad, por la igualdad  y por nuestro derecho a la risa. Ha muerto de muerte natural, tras una larga vida de dedicación a la gente aplastada por el poder, por el dinero, por la mafia, que aquí se llama corrupción. Ha muerto uno de los nuestros. Uno de los imprescindibles. Uno de cuantos seguirán viviendo en nuestras historias. Las que seguiremos contando cualquier noche, sobre todo las del duro invierno.

Francisco Javier López Martín