FPE (4): El desastre de la Formación Profesional para el Empleo en datos

abril 20, 2017

Alguien podría pensar que la visión que traslado sobre la Formación Profesional para el Empleo (FPE), en España, es demasiado dura. Que seguro que, al ser sindicalista, estoy especulando y exagerando. Sin embargo, por mucho que mejoremos la valoración de las causas, no por ello las consecuencias mejoran. Muy al contrario. Embellecer la situación sólo puede alimentar las tendencias más negativas del modelo impuesto y crear nuevos problemas,

Lo cierto es que las tasas de participación de trabajadores y trabajadoras en la formación van cayendo. Quienes más necesitan formación por sufrir más los efectos de la crisis y sufrir mayor pérdida de empleo (mujeres, jóvenes, personas con bajos niveles de cualificación) no acceden suficientemente a la formación.

Es notorio que, cuanto más necesaria es la formación, menos esfuerzo realizamos en España, mientras la Unión Europea aumenta su inversión y esfuerzo en cualificación.  Antes de la crisis económica el 11% de nuestra población activa participaba en procesos de formación permanente, mientras que ahora bajamos del 10%.

En cuanto a los participantes en formación han pasado, entre 20010 y 2015, en el caso de la formación programada por el Estado y Comunidades Autónomas, ha pasado de cerca de 1,7 millones de participantes a poco más de 600.000 personas. Quienes más necesitan formación, las personas desempleadas, han pasado de algo más de 400.00 a 175.000.

Pero si esto ocurre en la formación de oferta programada  por las Administraciones, no va mejor la formación programada directamente por las empresas que, tras la reforma del Gobierno, ha hecho que el número de horas de formación programadas haya descendido un 20%, tan solo entre 2015 y 2016.

En cuanto a la tasa de formación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) ha pasado del 31,1% en 2012 al 22,7% en 2016. Eso significa que más de 100.000 PYMES de menos de 50 trabajadores y trabajadoras ha abandonado la formación profesional de su personal.

La FPE se comporta como un cazador que dispara a bulto, pero siempre termina hiriendo a los más débiles. No sólo en el caso de quienes trabajan en una pyme. También en el caso de las personas menos cualificadas. Las personas con baja cualificación en nuestro país suponen un 43%, pero sólo pesan el 23% de cuantas personas participan en procesos de formación. Incluso han perdido un punto de participación en los últimos años.

En cuanto a las mujeres, las mujeres asalariadas han pasado de suponer un 42% en 2007 a un 46% del total de personas trabajadoras en 2015. Sin embargo, el porcentaje de mujeres asalariadas que participan en formación han pasado de suponer un 46% en 2008 a un 44% en 2015 pasando por momentos externos, como 2011 en los que la participación de la mujer bajó al 42%.

Las personas menos cualificadas se benefician menos de la formación. Quienes trabajan en pymes, la inmensa mayoría, se forman menos y los jóvenes… Los jóvenes que suponían la mitad de las personas que participaba en formación en 2008, no llegan ahora  a un tercio, cuando el empleo juvenil ha sido una de las mayores víctimas de la crisis y todo ello pese a que el gobierno disponga de abundantes recursos para la cualificación de los jóvenes desempleados, con bajos niveles educativos.

El número de horas financiadas para formación en las empresas ha disminuido en un 20% en tan solo un año, aunque el número de personas formadas crece levemente, al pasar la media de horas de duración de cada curso, de 26 horas a 17. Con casi 10 horas menos de media por curso, con menos horas totales se termina se terminan formando más personas. La calidad se deteriora a favor de la cantidad.

Uno de los datos más alarmantes del destrozo producido en FPE es que la participación de empresas en la formación ha caído del 31.1% en 2012 al 22.7% en 2016. Más de 100.000 pequeñas y medianas empresas han dejado de participar en la formación en los últimos cuatro años. Las empresas con menos de 50 trabajadores y trabajadoras están desertando de la formación continua de sus trabajadores.

Los datos son muy preocupantes. La Formación profesional para el Empleo, sometida a las tensiones de una reforma impuesta, está produciendo una agudización de los problemas y un deterioro del sistema de FPE, cuyos efectos son demoledores para quienes más necesitan la formación y cualificación en el trabajo.

 

Francisco Javier López Martín


FPE (3) Los costes de romper el diálogo social

abril 4, 2017

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado una y otra vez sobre la utilización del dinero procedente de la cuota de Formación para el Empleo que pagan empresas y  trabajadores. Sostiene el Tribunal Constitucional que ese dinero no forma parte del sistema de Seguridad Social, aunque sea la Seguridad Social el instrumento para recaudar. Y sostiene, también, que la Seguridad Social es la entidad recaudadora, pero que esos fondos son finalistas y solo pueden dedicarse a formación de la población activa.

Lo mismo dice el Tribunal de Cuentas cuando afirma que los recursos procedentes de la cuota de formación profesional deben considerarse ingresos “afectados” cuya finalidad específica debe ser la financiación de iniciativas de formación. El Tribunal de Cuentas mandata al Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) para adoptar las medidas para el cumplimiento de este principio, evitando que los fondos de la cuota se destinen a otras finalidades.

Ahora que tanto valor se da al necesario cumplimiento de las sentencias, especialmente las del Tribunal Constitucional, conviene conocer que, entre los años 2013 y 2016 los recursos de Presupuestos de Formación Profesional para el Empleo no gastados en formación han ascendido a más de 1000 millones de euros (hablamos sólo de los recursos que debería haber gastado la Administración Central), a los que había que añadir los no gastados en formación por parte de las Comunidades Autónomas.

La opacidad de los recursos destinados a la Formación Profesional para el Empleo (FPE) ha contribuido a la ruptura del diálogo social en esta materia, pero hay otras causas también vinculadas al incumplimiento de los compromisos que el propio Tribunal Constitucional reconoce.

Así, el Tribunal Constitucional deja claro en sus sentencias que el diálogo social y la negociación colectiva son los instrumentos esenciales para el funcionamiento del mercado de trabajo. Pese a ello el Gobierno ha reducido a la mínima expresión las reuniones del sistema de Formación para el Empleo. La información que se facilita es la mínima posible, o incluso se niega el acceso a la misma. Se retrasan, sin necesidad, la aprobación de procedimientos, como el que regula la actividad de las Comisiones Paritarias en la detección de necesidades formativas y otras tareas legales que deben acometer. Se abusa de mecanismos legislativos aprobados con carácter transitorio, temporal, urgente, evitando así la negociación real de soluciones a los problemas.

El propio Comité Europeo de Derechos Sociales en su informe sobre Mercado de Trabajo en España (2011-2014) denuncia el incumplimiento del deber de Información, en particular del Servicio Público de Empleo Estatal, que España ha contraído al firmar la Carta Social Europea.

Los Tribunales de Justicia de han visto obligados a anular la propia Convocatoria Estatal de Ayudas a la formación del año 2014, porque el Gobierno ha incumplido su obligación de someter dicha convocatoria a Informe del órgano de participación del Sistema Nacional de Empleo, quien delega esta función en una Comisión Estatal de Formación para el Empleo.

La Defensora del Pueblo se las ve y se las desea cuando intenta obtener información, a petición de las organizaciones sindicales y empresariales, sobre el destino que se da a los remanentes no gastados de la cuota de Formación Profesional.

Sindicatos y empresarios nos hemos visto obligados a recurrir ante los tribunales, nuestra exclusión del órgano colegiado que informa las propuestas de financiación de los planes de formación.

El desorden en el SEPE hace que se reinterpreten normas y requisitos de ejecución de planes de formación, años después de ejecutarse y sin que en las convocatorias correspondientes aparecieran esos requisitos, originando así solicitudes de reintegros de fondos destinados a cursos de formación, que fueron correctamente ejecutados e impartidos, de acuerdo a los requisitos establecidos en el momento de la impartición.

El SEPE ha instruido con estas actuaciones, “una causa general” contra el sistema de FPE, con el objetivo claro de deslegitimar el papel de empresarios y sindicatos en el mismo. Sin embargo, esta pretensión choca con los recientes informes de evaluación, elaborados por entidades externas independientes que destacan una valoración muy positiva de quienes participan en cursos, y que sitúan como responsabilidad de la administración la burocracia excesiva, la rigidez, la falta de transparencia y la arbitrariedad en la interpretación de las normas.

Pero el ataque constante y las continuas acusaciones contra sindicatos y organizaciones empresariales ha contribuido a tapar lo bueno y airear lo supuestamente malo, aunque al final la propia administración, o los tribunales de justicia terminen archivando y desestimando las acusaciones iniciales.

Es el caso de nuestro compañero Gonzalo Fuentes, histórico sindicalista malagueño que, durante más de tres años, ha permanecido imputado, a merced de la jueza Alaya, sometido a pena de banquillo, para que al final, una nueva jueza, haya terminado declarando que Gonzalo ha sido víctima de una macrocausa y en ningún caso delincuente.

Nadie parece haberse dado cuenta de que tan importante como combatir la corrupción existente es no sembrar dudas sobre aquellas personas e instituciones cuyo comportamiento es intachable. No todo es lo mismo. No todo vale y no todos son iguales. Haría mejor la Administración en combatir su ineficacia y su ineficiencia en la gestión de la formación, que en dedicar tanto esfuerzo en sembrar dudas sobre todo y sobre todos.

Para hacerse una idea de la ineficacia, el 25% de los fondos de las ayudas de formación concedidas en la convocatoria 2014, unos 80 millones de euros, siguen sin pagarse a las entidades que han realizado y justificado los cursos, provocando el cierre de numerosos centros de formación y academias.

El diálogo social ha sido sustituido por la imposición, la cooperación ha sido sustituida por el ataque sistemático de los agentes sociales. El esfuerzo compartido por mejorar el sistema de Formación Profesional para el Empleo, ha sido convertido en un modelo de ineficacia y asignación arbitraria de los recursos procedentes de la cuota.

No es difícil entender que los datos sean cada vez más insostenibles y que defender la FPE en España, en contraste con el  marco europeo en el que nos movemos, sea tarea poco menos que imposible. O actuamos rápidamente, o el nuevo sistema se autodestruye sin haber comenzado a andar, tirando por la borda 25 años de logros y fracasos, pero de avances indudables en Formación Profesional para el Empleo.

 

Francisco Javier López Martín


FPE (2) Las reformas impuestas no funcioanan

marzo 26, 2017

La llegada al poder del PP, con mayoría absoluta,  supuso, en el caso de la Formación Profesional para el Empleo, la puesta en marcha de un proceso de negociación para afrontar los problemas acumulados. En principio, la intención parecía positiva, pero vino precedida de una campaña mediática, que sembraba dudas sobre el papel de los sindicatos y las organizaciones empresariales en la formación.

Ahora, cuando los tribunales van deshaciendo entuertos, va quedando claro que las verdaderas responsabilidades sobre la corrupción en la formación, se encuentran en la permisividad, cuando no connivencia, de algunas administraciones con determinadas empresas de formación, surgidas al calor de las ayudas públicas para obtener beneficios injustificables, en un régimen de subvenciones. Empresas frecuentemente denunciadas por CCOO, como ha ocurrido con el caso Aneri en Madrid, o el caso Ojeda, en Andalucía.

Pero basta repetir la mentira mil veces y a través de todos los medios posibles, para que adquiera apariencia de verdad. Así, esta campaña de deterioro de la imagen de sindicatos y empresarios sirvió como disculpa para excluir a los agentes sociales, no sólo de la gestión de los recursos de la formación, sino del propio gobierno del sistema de Formación Profesional para el Empleo (FPE). Se ignora, de esta manera, que la formación de los trabajadores y trabajadoras funciona mejor en aquellos países en los que el diálogo social goza de buena salud y donde la formación forma parte de la agenda de trabajo compartida de las organizaciones sociales y los gobiernos.

El gobierno del PP ha recorrido un camino inverso al de nuestros socios europeos más avanzados. Del diálogo social ha transitado hacia la imposición de políticas de reforma y recorte, como ha ocurrido con la Reforma Laboral y, posteriormente, la de la formación para el empleo, reduciendo de paso los fondos dedicados a la mejora de la cualificación de trabajadores y trabajadoras, ya sean ocupados o desempleados.

Hasta algún aspecto positivo de dichas reformas, como el reconocimiento del permiso de formación retribuido de 20 horas anuales para cada trabajador o trabajadora, permanece en el más absoluto de los ostracismos y desconocimiento. Lo mismo ha ocurrido con la cuenta de formación que debía de servir para inscribir y registrar, de forma personalizada, los cursos y los procesos de formación de cualquier persona, independientemente de las empresas por las que vaya pasando.

Incluso cuando el gobierno se ha comprometido, con su firma, a promover el diálogo social y la negociación colectiva para desarrollar el Sistema de Formación Profesional para el Empleo y contar con financiación suficiente, estable y equitativa, el resultado es que han terminado imponiendo medidas como la famosa “concurrencia competitiva”, que funciona, paradójicamente, en un mercadillo cerrado de proveedores de formación y que ignora la necesaria participación de empresarios y sindicatos en la detección de las necesidades reales en las empresas y en los sectores, en la programación de acciones formativas ajustadas a dichas necesidades y en el control, seguimiento y evaluación de la formación.

El negocio ha vuelto a situarse por encima de las necesidades reales, una vez más. Son los más astutos y bien informados los que saben cómo conseguir más puntos, mientras los centros públicos y las universidades son excluidos de hecho, porque la calidad no tiene al final nada que ver con los trucos para conseguir una subvención. Son los pícaros los que saben cómo obtener subvención, aunque luego no ejecuten, renuncien a parte de la formación menos rentable. Todo un mundillo cerrado de picaresca a la carta.

Ha presumido el gobierno de un amplio apoyo parlamentario a su reforma de la Formación para el Empleo ( la Ley 30/2015). Pero ese apoyo vino condicionado por la inclusión de enmiendas parlamentarias del resto de los grupos políticos, que recogían, en buena medida, las propuestas planteadas por los sindicatos. Enmiendas como la que recoge la participación de los centros públicos en un sistema de formación monopolizado por los centros privados y que cierra las puertas a la incorporación del potencial formativo de universidades, centros de FP, o centros de educación de personas adultas, lo cual constituye una excepción inaceptable en nuestro entorno europeo. La Formación para el Empleo no puede seguir siendo un mercado cautivo y exclusivo.

Enmiendas como las que recogen las sentencias del Tribunal constitucional y del Tribunal de cuentas que aseguran el carácter finalista de la cuota de formación. Es decir, que esa cuota que pagamos empresas y trabajadores, sólo puede gastarse en formación y que deben reanualizarse los fondos no ejecutados, o recuperados. Otras enmiendas que reconocen el papel de las Estructuras Paritarias Sectoriales, nacidas de la Negociación Colectiva, en la formación de trabajadores y trabajadoras en los sectores y empresas, o el reconocimiento del papel de las organizaciones sindicales y empresariales en el gobierno del sistema.

Han pasado dos años y nada de esto se ha desarrollado. El gobierno tenía mucha urgencia en la reforma, pero luego se ha olvidado de ella por completo, hasta el punto de que no se ha aprobado, a lo largo de todo este tiempo, ni una sola de las normas de regulación y desarrollo del nuevo sistema de formación, que aparecen en la ley. El año 2015 no hubo convocatoria de Formación y la convocatoria 2016 viene marcada por una situación general de inseguridad jurídica, transitoriedad y desorden.

No hay Real Decreto de desarrollo de la Ley. No hay órdenes que establezcan las bases reguladoras de aspectos tan importantes como la financiación, la concesión de ayudas, la formación de los empleados públicos, la formación impartida por centros públicos, los módulos económicos aplicables, el papel y funcionamiento de las Estructuras Paritarias… No hay nada. Inseguridad y desorden. Ahora, deprisa y corriendo, querrán aprobar una nueva chapuza que ponga algún parche en el boquete creado, en el destrozo que ellos mismos han provocado.

Una situación legal de bloqueo de la formación profesional para el Empleo, que tiene su correspondencia con una situación presupuestaria fuera de control, absolutamente irrespetuosa con las sentencias de Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas. Situación económica y presupuestaria que analizaremos a continuación.

Francisco Javier López Martín


FPE (I) Una historia de logros y fracasos

marzo 22, 2017

Tras la Huelga General del 14-D en 1988 se abre en España un escenario de Diálogo Social en torno a muy diferentes materias y entre ellas la Formación Profesional para el Empleo. Un diálogo que da lugar a sucesivos Acuerdos Nacionales de Formación para el Empleo suscritos entre gobiernos de todos los colores y organizaciones sindicales y empresariales.

Acuerdos que han tenido efectos positivos, como la extensión de la cultura de la formación permanente de los trabajadores y trabajadoras y que condujeron a que las tasas de participación de la población activa (ocupada y desempleada) en procesos de formación profesional para el empleo hayan alcanzado progresivamente niveles europeos. Han sido 25 años de logros, de adaptaciones a sucesivas a las nuevas realidades, de mejoras y corrección de errores en los que no han faltado fracasos.

Entre esos fracasos hay que constatar que el modelo español de Formación Profesional para el Empleo presenta una tremenda descoordinación entre  las actuaciones  del Ministerio de Educación, que se encarga de la Formación Profesional reglada, y el Ministerio de Empleo que controla la Formación para el Empleo. De otra parte la Administración Central, las Autonómicas y los Ayuntamientos actúan sin planificación estratégica compartida.

La conexión con el tejido productivo y las necesidades formativas de los trabajadores y trabajadoras es una de las peores consecuencias de esta dispersión. Si a ello añadimos que la evaluación del impacto de la formación es muy deficiente, podemos concluir que la necesidad de revisar el sistema era evidente. La crisis, las altas tasas de paro, especialmente juvenil, hacen absolutamente necesaria una reforma acordada, participada y negociada.

Tanto CCOO como UGT hemos aportado numerosas propuestas para abordar este proceso, desde la convicción de que la Formación para el Empleo es una herramienta imprescindible para superar la crisis y aportar un desarrollo económico y social, centrado en el crecimiento del empleo, el futuro de las empresas y el progreso personal y profesional de la clase trabajadora.

Ese proceso de desarrollo y mejora de la Formación Profesional para el Empleo exige, al menos, dos condiciones de partida: una estabilidad normativa fruto del acuerdo político y social y una estabilidad presupuestaria que se sustente en el hecho de que las cuotas de Formación Profesional, que provienen de las nóminas de los trabajadores y trabajadoras y de las empresas se dediquen a la formación, tal como exigen las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas.

No es nada de esto lo que ha llevado adelante el Gobierno, con una pretendida reforma de la formación, que ha contribuido a sembrar confusión en el sistema de formación para el empleo, poniendo piedras en el camino, en lugar de aportar mejoras y soluciones y huyendo del diálogo social necesario.

Francisco Javier López Martín


Desorientación laboral

marzo 15, 2017

 

La crisis ha sido larga, dura, brutal, intratable. La crisis se ha convertido en modelo de vida que justifica los cambios profundos que han llegado para quedarse en forma de precariedad e inseguridad. Golpeó el sistema financiero, destrozó empresas, mandó al paro a millones de personas y desestabilizó la sociedad, la política  y nuestras vidas.

Altas tasas de paro conviven con una población que envejece por momentos y con una escasez evidente de personas cualificadas, en determinados espacios laborales como la tecnología, ingenierías, ciencia, etc. Nuestros jóvenes han madurado en esta nueva situación, sin ninguna ayuda para entender qué está ocurriendo y como pueden afrontar esta nueva realidad, por confusa, e injusta que esta sea.

Una de las claves estribaría en adquirir las competencias necesarias para intentar labrarte una carrera profesional. Pero lo cierto es que los Servicios Públicos de Empleo, en España, cuentan con pocos recursos y posibilidades de buscar empleo para personas desempleadas, y aún mucho menos para asesorar y orientar a las personas paradas para encontrar  oportunidades de empleo y posibilidades de formación a su disposición.

El porcentaje de jóvenes españoles que no trabaja, ni estudia, es del 22,5%, cuando la media europea es del 15,9 % y en países como Holanda, tan solo del 7,1 %, Francia el 13,8 %, Reino Unido el  14,7%.

La crisis genera riesgo social y, para muchos jóvenes, un incremento de quienes ni estudian, ni trabajan, un aumento de los porcentajes de desempleo y abandono de los estudios y la formación, que alcanzan con mayor intensidad a quienes cuentan con  menores niveles de estudios, viven en los barrios trabajadores, y con menos rentas. Para ellos, la falta de servicios de orientación incrementa la desigualdad frente a quienes cuentan con mayores niveles formativos

La orientación y el asesoramiento, realizados a través de la cooperación y no la competencia entre servicios públicos de empleo, centros educativos, ayuntamientos, empresarios, sindicatos, familias, contribuirían a corregir el abandono escolar temprano, abriría opciones profesionales, ayudaría a la inserción laboral, facilitaría el acceso a programas formativos adaptados a las necesidades, no solo de las empresas, sino de las personas y al servicio del modelo de desarrollo territorial que queremos impulsar.

La estabilidad de las carreras profesionales exige que los períodos de desempleo y los cambios constantes de actividad se minimicen. La Reforma Laboral juega a la contra. El deterioro de la negociación colectiva juega a la contra. Pero contar con buenos servicios de orientación profesional contribuye, en los países donde funcionan bien, a mejorar el enfoque personal, mejorar las competencias, facilitar la elección de trayectorias profesionales.

Hay quienes piensan que la orientación es un coste inadmisible. Hay quien quiere convertir la orientación en un negocio privado, en un servicio público externalizado, en tarea de ONG. En tarea caritativa.

Sin embargo, si algo ponen de relieve, en otros países, o en algunos lugares de España, las experiencias de orientación laboral desarrolladas por servicios públicos y con participación y cooperación de todos los actores sociales, es que quienes reciben estos apoyos, asesoramiento y orientación realizan mejores trayectorias profesionales y son menos propensos a  encasillarse en prestaciones sociales.

Tener información, conocer tu mercado laboral, conocer tus opciones y posibilidades, afrontar procesos de cualificación y formación útiles y adaptados a las necesidades, constituyen una buena respuesta a los problemas de las personas, las comunidades y las propias empresas.

Pero una vez más, aunque las experiencias han existido y existen en España. Aunque contamos con personas cualificadas y con experiencia para dirigir y desarrollar procesos de asesoramiento y orientación, la mediocridad y cortas miras amenazan con volver a perder la oportunidad de abordar un mejor futuro y en mejores condiciones.

No se pueden hacer oídos sordos a un problema y a una necesidad que desde CCOO venimos reclamando durante dos décadas, como quien clama en el desierto. Unas veces porque el pelotazo de turno lo tapa todo, otras porque la dureza de las crisis impide invertir en orientación. La pescadilla que se muerde la cola eternamente en España.

Francisco Javier López Martín


DARIO FO: MUERTE NATURAL DE UN TRABAJADOR DE LA LIBERTAD

octubre 14, 2016

fo

Eran aquellos tiempos en los que el franquismo no había muerto y la democracia no acababa de nacer. Eran tiempos en los que los jóvenes nos reuníamos en asociaciones de vecinos, que aún eran llamadas de cabezas de familia; en los sótanos y salones parroquiales de las iglesias; en locales dependientes de algún colegio, o de alguna universidad; en algunas salas alternativas de cineclub, o de teatro.

En uno de aquellos lugares se representaba la obra teatral de un desconocido para la gran mayoría, un tal Darío Fo y allí acudíamos decenas de chavales de todos los barrios de Madrid, convocados por la red social del boca en boca, que funcionaba magníficamente, si formabas parte de algún grupo juvenil legal, ilegal, clandestino, o simplemente parroquial. La información circulaba y convocaba con bastante más éxito que dos o tres redes sociales actuales juntas.

La verdad es que el título se las traía y era todo un anuncio publicitario condenado al éxito, en aquellos momentos: Muerte accidental de un anarquista. Se contaba que la obra se inspiraba en la caída de un anarquista, desde una ventana en una comisaría de Roma, tras ser interrogado y acusado de poner una bomba en Plaza Fontana. Estábamos acostumbrados a esos episodios en las comisarías españolas y debimos pensar, como los espectadores italianos, que la referencia al inicio de la función a una comisaría de Nueva York, era un mero subterfugio para encubrir las verdaderas intenciones y localización de la obra.

Sea como fuere, en aquel ambiente de calor, ilusión y humo, tuve mi primera cita con Darío Fo. Volví, años más tarde, a ver Muerte Accidental de un Anarquista y, por el camino, creo recordar que, incluso en formato televisivo, pude reír con (que no de) aquellas mujeres de Aquí no paga Nadie, que robaban en los supermercados, escondiendo los productos en sus barrigas de “embarazadas”, para hacer frente a las subidas de los precios y los efectos de la crisis económica permanente, el paro, la precariedad de los empleos que azotan sin clemencia y sin descanso a la gente trabajadora,  .

Más tarde, el lujo de asistir a la entrega del Premio Scaena, concedido por el Festival de Mérida, en 2004,  a Darío y a su esposa Franca Rame. Durante dos horas el escenario romano se convirtió en el extraño lugar donde un hombre que hablaba en italiano provocaba la risa y era entendido en nuestra propia lengua. Habló allí de los misterios de cuantos han contado y cuentan historias por el mundo y nos regaló unas cuantas, que, hasta una vez olvidadas, alimentan las futuras historias que nosotros deberemos contar en su nombre. Como si nuevos miembros de la Comedia del Arte fuéramos.

Y, últimamente, he aprendido a descubrir al Darío Fo que cuenta su infancia, en El país de los cuentacuentos, donde vuelve a recorrer los paisajes de Sangiano, allí donde el hijo del ferroviario se empapó de las historias de la gente trabajadora y sencilla. Allí donde aprendió a contarlas, mientras los viajes, los juegos, el Lago Maggiore, llenaban sus sentidos.

Lo último que he leído de él es ese cuento irreverente, Hay un rey loco en Dinamarca, en el que da cuenta de la historia de locura, amor y desamor, del rey Cristián VII, su desgraciada esposa, Carolina Matilde y su hijo y heredero Federico. Un hermoso cuento construido con ingenio y muchas voces diversas que nos van alumbrando el camino entre la genialidad y la locura, en un momento pre-revolucionario en toda Europa.

Una parte de mis primeros pasos anarquistas tiene que ver con Darío Fo, aunque también con con Salvador Seguí, mucho más que con Durruti. Mucho de mi forma de formar parte de organizaciones como el PCE, Izquierda Unida y las propias CCOO (la única en la que sigo militando), hunde sus raíces en la libertad por encima de la disciplina impuesta, la convicción de que es mejor equivocarse junto a tu gente y tal vez perder, que tener la razón junto a los poderosos. Porque, a la larga, la razón del poder nunca es una razón justa, que traiga de la mano la igualdad.

Gran parte de mi forma de entender la vida proviene de esa convicción de Darío Fo que le lleva a enseñarnos que la sátira es el arma más eficaz contra el poder: el poder no soporta el humor, ni siquiera cuando el poder es democrático, porque la risa libera al hombre de sus miedos. He incluido muchas veces en mis intervenciones esta idea: Que no te borren la risa, porque tu risa es lo que más les duele, lo que menos soportan, lo que más libre te hace.

Ha muerto un Premio Nobel, es cierto, pero ese título es sólo una circunstancia que fue, como pudo no ser. Ha muerto el hijo de un ferroviario. Ha muerto un trabajador que nunca olvidó sus orígenes y que siempre luchó por nuestra libertad, por la igualdad  y por nuestro derecho a la risa. Ha muerto de muerte natural, tras una larga vida de dedicación a la gente aplastada por el poder, por el dinero, por la mafia, que aquí se llama corrupción. Ha muerto uno de los nuestros. Uno de los imprescindibles. Uno de cuantos seguirán viviendo en nuestras historias. Las que seguiremos contando cualquier noche, sobre todo las del duro invierno.

Francisco Javier López Martín

 

 


HÁBLALES DE NUESTRA GENTE

marzo 16, 2016

pedro patiño

Vivimos un tiempo intenso y apasionante. Semanas en las que hemos podido ver los efectos inesperados e imprevisibles de una votación de investidura fallida, en el Congreso de los Diputados, en la que un candidato de la izquierda ha sido apoyado por una fuerza política de la derecha, mientras que ha obtenido el voto en contra de otras fuerzas políticas de la derecha nacional, de la derecha nacionalista y del resto de la izquierda.

Visto desde otro país, la situación bien pudiera parecer incomprensible y entre los habitantes de la “contorna”, los que vivimos en este lugar llamado España, tampoco se termina de entender bien qué está pasando, para que no haya manera de montar el puzzle del voto de la ciudadanía española, para conseguir la constitución de un gobierno.

Hemos conmemorado, un año más el 8 de marzo, comprobando de nuevo, de forma machacona y contundente, que la desigualdad, la discriminación, la violencia, siguen instaladas en nuestra sociedad, como en un empeño suicida de demostrar que España continúa siendo diferente y perfectamente capaz de seguir aburriendo a la Historia.

Venimos de una semana en la que hemos conmemorado el 12 aniversario de los atentados del 11-M, el más terrible golpe vivido por Europa, con 193 personas muertas y más de 1000 heridas.  Durante años, esos brutales atentados han sido utilizados por la pertinaz derecha cavernaria para dividir España y a las víctimas del terror. Es muy buena noticia que todas las víctimas y las instituciones hayan decidido acudir unidos al recuerdo, al homenaje y a la voluntad de fortalecer la libertad, la democracia y el combate contra el horror. Y, sin haber acabado el domingo, una nueva noticia, de un atentado con coche bomba en el centro de Ankara, con al menos 34 muertes y cientos de personas heridas.

Las imágenes de miles de personas, esperando ser acogidas como refugiadas en Europa, mientras duermen en barrizales y mueren en las aguas del Mediterráneo, no dejan de aparecer en las pantallas, seguidas de otras en las que los mandatarios europeos buscan no importa qué tipo de soluciones, con tal de evitar el estricto cumplimiento de la Declaración de Derechos Humanos, aún a costa de pagos y concesiones a terceros países para que hagan el “trabajo sucio”. Tampoco importa el cómo.

En días como éstos, que se repiten semana tras semana, siento la tentación de justificar a aquellos que quieren a sus hijos e hijas lejos de tanta brutalidad y miseria humana. Aquellos que intentan rodearlos de un ambiente de seguridad, lo más lejos posible del contacto con ésta realidad, que ni nosotros mismos somos capaces de entender.

Es sólo una tentación pasajera, porque muy pronto me doy cuenta de que esa opción no existe y, aún cuando fuera viable por un tiempo, sus consecuencias pueden ser aún  peores que aceptar una realidad, por dura que esta sea. Se puede intentar jugar con un niño al trágico juego de La vida es bella, pero es difícil pensar en una versión, tan siquiera de dimensión europea, de la famosa película.

Además, la infancia es pasajera y elegir el momento en el que corremos la cortina, la edad en la que perdemos la inocencia, no sería tarea fácil. Puede que sea incluso empeño imposible. Puede que sea una imposibilidad buscada y premeditada. La infancia de por vida. Toda una vida en la infancia. Morir en el País de Nunca Jamás. Aceptar el mundo como nos lo anuncian, consumir el mundo como nos lo venden. Renunciar a ir creciendo, a adquirir paulatinamente el principio de la realidad. Ser siempre un niño pendiente de sus chuches. El consumidor ideal y perfecto.

No creo que sea un trauma, sino todo lo contrario, que nuestros hijos e hijas oigan a sus padres hablar libremente de su vida y de su historia. Creo que es bueno dejarles participar y opinar sobre aquellas cosas que nos preocupan, que son importantes para nosotros y por las que creemos que merece la pena interesarse, que deben ser defendidas, por las que hay que luchar y comprometerse.

Fui a los toros, en el pueblo, con mis padres. Mi padre me subía al entarimado donde se situaba la banda de música, en una plaza formada por carros. También asistí a algún partido de futbol con mis tíos, muy del Atleti ellos. No he desarrollado, con el paso de los años, una gran afición por los toros, ni por el futbol. Me he hartado de jugar a indios y vaqueros, siguiendo las abundantes películas del oeste y tampoco hoy comparto ideas que supongan la desaparición de las poblaciones indígenas.

Veo a muchos de nuestros hijos e hijas conectados por internet con otros niños y niñas que se hartan de matar zombis, o participar en batallas tremendamente cruentas. También construyen y diseñan complejos poblados, muchas veces con fines y objetivos defensivos, o de conquista de territorios. No creo que en el futuro sean necesariamente arquitectos, asesinos a sueldo, o mercenarios. Al menos si son capaces de leer, interpretar, construir la realidad.

En todo caso, me parece mucho más peligroso que les dejemos, sin control alguno, tomar contacto con esa realidad virtual desvirtualizada, sin hablarles de cosas como que, hace casi 80 años, en aquel invierno de 1939, la región francesa de los Pirineos Orientales, con una población de unos 230.000 habitantes, acogió a más de 350.000 españoles, soldados, ancianos, mujeres, niños, que huían de una cruenta guerra civil, que se había prolongado durante casi tres insufribles años.

Muchos de aquellos refugiados acabaron en campos de concentración, como el de Argelès-sur-Mer. No me parece peligroso contarle a mis hijas, a mi hijo, que uno de aquellos refugiados era, probablemente, su bisabuelo, que partió con 42 años a defender la República de los ataques golpistas del fascismo y que nunca volvió. Su pista se perdió, precisamente, en alguno de aquellos campos, o en la misma frontera cerrada durante mucho tiempo a cal y canto.

Tal vez muriera en los primeros bombardeos de la Guerra Mundial, o deportado en algún campo de concentración nazi, vendido por el gobierno de Vichy, o como consecuencia de las heridas sufridas. Tal vez puedan entender mejor lo que está ocurriendo hoy en las fronteras de Europa.

No me parece especialmente traumático hablarles de los hombres y mujeres, de aquellos trabajadores y trabajadoras que intentaban vivir en libertad y con derechos sociales y laborales, en la negra dictadura que asoló España durante cuarenta años. Se organizaban como buenamente podían en las CCOO y caían una y otra vez en manos de la policía. Los juzgaban en tribunales especiales llamados de Orden Público, los condenaban a décadas de prisión, a cadenas perpetuas, a penas de muerte.

Hablarles de algunos de ellos, como aquellos 10 de Carabanchel, la cúpula de las ilegales CCOO, que fueron detenidos el 24 de junio de 1972, mientras estaban reunidos en un convento y que fueron juzgados en el denominado Proceso 1001. Tuvieron la mala suerte de que el juicio comenzó el 20 de diciembre de 1973, precisamente el día en el que los terroristas de ETA habían decidido asesinar al Presidente del Gobierno de la dictadura franquista, el Almirante Carrero Blanco. Por eso, el mayor de ellos, llamado Marcelino y sus otros nueve compañeros, fueron condenados a largas penas de prisión. Algunos de ellos viven aún y pueden contar su historia.

Y hablarles de cómo, cuando ya el dictador había muerto y la dictadura estaba a punto de seguirle a la tumba. En ese momento difícil, en el que todavía no había nacido la democracia, un grupo de terroristas franquistas dieron muerte a unos jóvenes abogados, que trabajaban cada día en la defensa de la clase trabajadora y las asociaciones vecinales de Madrid. Aún muchos y muchas de esa raza de abogados siguen defendiendo a la gente. Una de esas abogadas, llamada Manuela, ha llegado a ser elegida alcaldesa de Madrid.

Tal vez puedan entender, a lo peor no hoy mismo, pero cualquier otro día de su futuro, que la democracia y la libertad no son un regalo, que hay que defenderlas cada día. Que no se pueden permitir retrocesos en los derechos de los más débiles, mientras los poderosos aumentan su riqueza y las desigualdades crecen de forma imparable.

Tal vez entiendan que no basta indignarse. Que hay que estudiar, formarse, tener una profesión en la que sean buenos, organizarse y trabajar cada día. Que el trabajo bien hecho es un valor que no abunda en España, pero que es muy necesario. Que hay que ejercer el derecho a protestar, a manifestarse, a hacer huelga. Que en la vida hay conflictos y que hay que resolverlos con movilización democrática y negociación.

Creo que hay que hablarles y permitirles que conozcan a los 8 de Airbus, un puñado de los muchos trabajadores y trabajadoras que aún esperan una sentencia en España por haber participado en una huelga. Y a los dirigentes sindicales de Coca-Cola, que sufren el poder absoluto de una multinacional acostumbrada a doblegar gobiernos y tribunales. Una todopoderosa corporación que en España despide trabajadores. En la India roba las aguas escasas. En América Latina es una fuerza de terror organizado contra indígenas y sindicalistas que van cayendo asesinados.

Y que hay mineros como los de Aguablanca, en las fronteras de Badajoz, Huelva y Sevilla, que siguen luchando por su empleo y vienen a Madrid a ver a un Ministro para defenderlo, aunque les den con la puerta en las narices. Y que no todo son derrotas, si hay unidad y movilización. Que la unidad y la movilización, sobre todo la de las conciencias, son ya un gran triunfo. Y que para unir a la gente, para conseguir que se sientan parte importante y actores de su futuro, hay que hablar, negociar y volver a hablar y negociar y, cuando ya estés harto, cansado y creas que todo se derrumba… volver a hablar y sentarse a negociar.

No tengas miedo de que te acompañen a alguna concentración en defensa de los refugiados y los derechos humanos. No tengas miedo de que oigan hablar a la gente que sufre, a los parias de la tierra, a quienes se ganan duramente el salario de cada día. Que aprendan a reír con ellos y a compartir sus lágrimas. No tengas miedo, porque esas risas y esas lágrimas les harán sencillos, libres, fuertes. Dueños de su destino, capitanes de su alma.

Háblales de nuestra gente, de las personas de ayer y de hoy que trabajaron por la justicia social,  por los derechos que nos hacen libres e iguales, compasivos, solidarios. Háblales de que esas personas nos hicieron mejores, más decentes, más dignos. Que no los olviden. Que sientan orgullo de pertenecer a esa gente por la que ellos lucharon.

Son niños y niñas, pero no son tontos. Entienden estas cosas perfectamente. Tal vez mejor que nosotras y nosotros, porque no se encuentran mediatizados por tantas experiencias negativas, decepciones, mezquindades, como las que hemos tenido que padecer.

Son niños y niñas, pero es su derecho ir adquiriendo el principio de realidad. Su realidad no será la nuestra. Ellos formarán su propio criterio. Huirán de la Historia Oficial escrita por los cronistas oficiales y construirán su propia historia hecha de muchas pequeñas historias. Nuestra voz será una más entre otras muchas voces. Llegará un momento en que nos critiquen, porque no somos perfectos. Luego, más tarde, intentarán entendernos. Serán ellos, no serán una copia 3D de nosotros mismos. Pero en ellos podremos reconocernos y, cuando ya no estemos, ellos podrán reconocernos en nuestra gente. Háblales de nuestra gente. Háblales de nuestra gente.

Francisco Javier López Martín