El problema universal de Cataluña

septiembre 26, 2017

Tras el ataque desencadenado contra Joan Coscubiela, por parte de algunos personajes del independentismo catalán, me he sentido obligado a sumarme a cuantos han defendido que Joan puede ser criticado, como cualquiera, pero siempre ha sido honesto y sereno en sus apreciaciones y opiniones, por encima de los gustos y pasiones del momento.

Así lo he podido comprobar cuando hemos coincidido como Secretarios Generales de la CONC (la histórica Comisión Obrera Nacional de Cataluña) y de CCOO de Madrid, respectivamente y, posteriormente, cuando he tenido que tratar con él para plantear las posiciones sindicales en torno a los problemas de la Formación Profesional para el Empleo, durante la primera legislatura con Rajoy en el gobierno, en la que Coscubiela fue diputado por ICV.

Joan Coscubiela es buen sindicalista y gran político. No merece los ataques de los que ha sido objeto por haber dicho con claridad, en el parlamento de Cataluña, algunas cosas incómodas que proceden del patrimonio acumulado por la izquierda y que forman parte del patrimonio general de este país.

En Twitter he escrito, Hay que ver lo difícil que es mantener sensatez en mitad del huracán. Es lo que hace grandes a personas como Joan Coscubiela. Y en otro tuit escribí, No tememos un referéndum, ni la independencia, pero nuestro enemigo es otro. Los sindicalistas como Joan Coscubiela no lo olvidamos nunca. Este tuit va acompañado de una foto de Salvador Seguí, histórico sindicalista catalán de la CNT, con la siguiente frase: El único enemigo que hay en Cataluña es el mismo que hay en Madrid, el capitalismo.

Ha habido de todo en las contestaciones a estos mensajes. Hay quien los ha difundido, quien los ha comentado y quien los ha criticado. Me contesta un tuitero, Vale, en consecuencia: dejaremos que sea la oligarquimonarquía española la que nos gobierne, nos gusta más explotados por el capitalismo español. Cuando le respondo que ni dios, ni patria, ni lengua van conmigo, me responde que tampoco con él, pero que la única patria y lengua que le han impuesto es la española y que lo de la religión ya es otro tema.

Estoy seguro de que el tuitero, en cuestión, es un tipo de izquierdas, respetuoso y, además, declara estar muy interesado por la historia de la educación y la política educativa. Un tipo interesante, sin duda, que no insulta, que es real y opina de cara. Procura decir algo de peso, para él, en estos momentos.

Va a tener razón Luis García Montero cuando afirma que esto del nacionalismo en el siglo XXI va a ser cuestión de sentimientos y que sólo es respetable porque los sentimientos son respetables. Despertar nacionalista, al cabo de los años, por el hecho de que te impusieron de chico una nación y una lengua, es respetable, como sentimiento personal. Pero en eso, creo haber dicho ya en alguna ocasión, que me declaro, como Arrabal, un convencido nacionalista radical y sin fronteras.

En cuanto a la decisión de declararse nacionalista para no ser gobernado por la oligarquimonarquía española, imagino que también forma parte de un sentimiento aprendido. Leer Crematorio, o En la Orilla, de Rafael Chirbes, sin ir más lejos, debería habernos dejado vacunados contra este tipo de sentimientos.

Salvador Seguí, el Noi del Sucre, Secretario General de la CNT de Cataluña, explicaba, en el Ateneo de Madrid, que la independencia de Cataluña no le daba miedo, porque los trabajadores no son un pueblo leproso y, al contrario que los reaccionarios catalanistas, lo tendrían todo por ganar, porque en Cataluña sólo hay un problema universal, el del movimiento obrero.

Las balas de los pistoleros del Sindicato Libre, al servicio de la patronal catalana, aglutinada en torno a la Liga Regionalista y bajo protección del gobernador de Barcelona, el general Martínez Anido, acabaron con la vida de Seguí el 10 de marzo de 1923. Quien quiera conocer esta triste etapa de la historia de Cataluña, puede hacerlo leyendo la impresionante novela de Eduardo Mendoza, La verdad sobre el caso Savolta.

Un poquito de “seny” no vendría mal para romper esa danza perversa de  sentimientos y pasiones. Algo debería hacer la izquierda que, no hace tanto, contaba con mucha gente como Coscubiela, para escapar de la trampa del nacionalismo y reivindicar la resolución del verdadero problema de Cataluña. El problema universal de Cataluña.

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Es el momento de pasar a la ofensiva

enero 12, 2017

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El titular no es mío. Es una frase sacada de una intervención de Nicolás Sartorius, durante la reciente presentación del libro Toda España era una cárcel, escrito por Rodolfo Serrano. Reflexionaba Nicolás sobre la situación actual del país cuando afirmaba que “es el momento de pasar a la ofensiva”, aclarando que es tiempo de “apretar las clavijas a patronal y Gobierno”. Y explicaba que “si CCOO no impulsa los cambios no lo van a hacer otros”.

Me parece una reflexión muy apropiada para los momentos que corren. De forma generalizada, del Rey abajo casi todo el mundo, anuncia que la crisis ha terminado. Es cierto que esta visión, interesadamente optimista, del futuro que se avecina topa con planteamientos como el de Varufakis, el ex ministro de Finanzas griego, para el cual “la crisis no ha terminado, sólo ha cambiado sus síntomas”.

Una idea en la que abunda Owen Jones, que opina que los causantes de los desastres  actuales cuentan ya con una ultraderecha pertrechada para acometer y gobernar un escenario en el que “la última crisis económica no ha terminado del todo mientras que una nueva podría estar a punto de surgir”.

Acaba de comenzar el año y nos alcanza la noticia de la muerte de Zygmunt Bauman. Un hombre que nos ayudó a entender una parte de las características del nuevo mundo que se avecinaba. Un mundo instalado en la “modernidad líquida”, que exige la aceptación de la incapacidad de la política para gobernar la economía, los mercados, los poderes económicos.

Según Bauman, este divorcio entre el poder y la política genera un nuevo tipo de parálisis, socava la capacidad de acción política que se necesita para abordar la crisis y mina la confianza de la ciudadanía en el cumplimiento de las promesas de los gobiernos. De ahí que la crisis actual sea, al mismo tiempo, una crisis de la capacidad de acción, una crisis de la democracia representativa y una crisis de la soberanía del Estado.

Cuando asistimos asombrados a fenómenos como el ascenso del populismo en Europa, en Estados Unidos, en otros lugares del planeta. Cuando comprobamos cómo la corrupción institucional e institucionalizada termina por no tener grandes costes electorales, deberíamos tomar en cuenta este divorcio entre poder real y política y el desapego, la desconfianza de las personas en la posibilidad de que alguien tenga la capacidad de solucionar sus problemas, por mucho que ese alguien haya sido elegido democráticamente.

En un mundo líquido, el Estado Social, reconocido por Constituciones como la Alemana o la Española; el Estado del Bienestar, construido tras la II Guerra Mundial y el surgimiento de los bloques del Este y de Occidente, parece que ya no tienen sentido. Son sustituidos por el Estado de Crisis. Porque la crisis, con sus inseguridades, sus incertidumbres y sus miedos, se convierte en la forma de vida.

Es John Berger, otro de nuestros imprescindibles, fallecido poco antes que Bauman, estas mismas Navidades, quien refleja esta sensación generalizada de inseguridad, hartazgo, desapego, no exentos de cierta solidaridad mutua, de la siguiente manera: “En un día  cualquiera, cuando nada sucede, cuando la crisis que se anuncia hora tras hora ya es una vieja conocida, cuando los políticos se presentan a sí mismos como la única alternativa a la catástrofe, las personas intercambian miradas al cruzarse unas con otras para cotejar si los demás entienden lo mismo cuando murmuran: así es la vida”.

La crisis no ha terminado. La crisis se ha instalado entre nosotras y nosotros. Pero, lejos del fatalismo al que quieren conducirnos, a la aceptación sin resistencia del Estado de Crisis, seremos nosotras y nosotros quienes decidamos rendirnos ante sus evidencias, o imponer nuestras propias realidades en el centro de la política, la economía, la cultura y la convivencia social. Es nuestra decisión. Y me parece que está tomada, porque nadie se resigna, para sí y para los suyos, a vivir en el miedo, en la incertidumbre constante, en un mundo entendido como cárcel, en un empleo concebido como esclavitud.

Es cierto que los datos económicos ponen de relieve que la recesión, las pérdidas económicas, han pasado. Seguimos en crisis, continúa la amenaza, pero el movimiento de la economía, por insano que sea, produce una cierta sensación de recuperación económica, al menos. Cuando el dinero se mueve, los de bajo respiramos y los de arriba estudian los nuevos pelotazos que pueden acometer.

Han sido muchos años de crisis, desde 2008 y estamos en 2017. Años de cierres empresariales, de ajustes de plantillas, de pérdidas salariales, de recortes de derechos laborales y de deterioro de los derechos sociales. De pérdidas de recursos en educación, sanidad, o servicios sociales, de retrocesos en pensiones y atención a la dependencia, de aumento de la pobreza y abandono de quienes han perdido todas las fuentes de ingresos.

Parece evidente que frente a la inactividad privada, debiera haber sido la inversión pública la que moviera la economía, aunque fuera transitoriamente. Y sin embargo, la Unión Europea, al dictado de Merkel, hizo todo lo contrario. Los ajustes, los rescates, los recortes han endurecido la crisis y la han prolongado.

Admitamos, no obstante, que existe un respiro, cuando menos transitorio, en la economía. Eso debe traducirse y tener efectos sobre las personas. Especialmente sobre quienes han padecido de forma brutal los efectos de la crisis en forma de paro y pérdidas de protección social. Por eso el 15 de diciembre, el sindicalismo de clase, nos movilizamos en toda España y el 18 de diciembre en una gran Manifestación en Madrid bajo un lema: Por las personas y sus derechos. Por las personas reales, por los derechos garantizados.

Avisamos que era sólo el principio. El primer paso. Vamos a la ofensiva por el empleo estable, por el salario digno, por la salud y seguridad en el trabajo, por la formación de los trabajadores y trabajadoras en las empresas, por la igualdad sin discriminaciones inaceptables. Vamos a la derogación de las reformas laborales impuestas y del artículo 315.3 del Código Penal, que castiga a un huelguista con más años de cárcel que a un violador, o a un ladrón de los dineros públicos.

Vamos a las batallas por la sanidad pública, gratuita, universal. A la defensa de la enseñanza pública de calidad. A asegurar las pensiones y la atención a la dependencia de nuestros mayores. La protección a las personas desempleadas. Una Renta Mínima Garantizada para cuantos carecen de rentas.

Vamos a disputar el reparto de las rentas, también en la fiscalidad. Porque no puede seguir ocurriendo que la fuente fundamental de los ingresos del Estado sean las rentas del trabajo, mientras que las rentas del capital cuentan con todos los mecanismos para terminar eludiendo sus responsabilidades en la aportación de los recursos necesarios para el sostenimiento de la actuación protectora del Estado. Vamos a defender la decencia del empleo, la libertad, la dignidad de nuestras vidas.

Y, para no ocultar nada, conviene dejar claro que vamos a esta ofensiva, desde la unidad sindical y desde la alianza con las fuerzas políticas y sociales dispuestas a dar el paso de la indignación a la propuesta y la movilización organizada y abierta. Su Estado de Crisis no es una patria para nosotras y nosotros. Merecemos algo más y vamos a conquistarlo. Es momento de pasar a la ofensiva.

Francisco Javier López Martín


CUANDO DICEN REFORMA QUIEREN DECIR NEGOCIO?

abril 24, 2015

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El rodillo parlamentario del PP, fruto de la mayoría absoluta que los españoles depositaron en este Gobierno, se ha impuesto de nuevo en el Parlamento, con la convalidación de un Real Decreto Ley, que justifica su urgencia en la necesidad de reformar la Formación para el empleo en nuestro país. Que nadie entienda que creemos que no es necesario reformar la formación para el empleo, como ocurre con la mayoría de las políticas públicas. Pero cualquier reforma con ambición de futuro debería asentarse, en primer lugar, en una evaluación de cada política y, en segundo lugar, en la búsqueda del consenso social y político necesarios. Y nada de eso se produce en esta iniciativa del Gobierno.

La formación para el empleo es una política pública que se ha desarrollado a lo largo de más de veinte años en nuestro país y que tiene muchas virtudes, algunos inconvenientes y bastantes problemas. Cada año formamos a más de cuatro millones de trabajadores y trabajadoras ocupados y desempleados, con los más de 1.800 millones de euros que trabajadores y empresas depositamos en la caja de la Seguridad Social, en forma de cuota de formación. Los niveles de satisfacción con los cursos son muy elevados y superan el 85 por ciento de los participantes. Sin embargo la formación no crea empleo, aunque hace más fácil encontrarlo, porque el empleo lo crea la actividad económica.

Es cierto que hay casos de corrupción en la formación, como los hay en la banca, en la construcción, el urbanismo, en la política, en el deporte y en casi cualquier actividad económica o social en nuestro país. Sin embargo, durante años, se ha intentado desacreditar los logros de la formación vinculándola con la corrupción, hasta el punto de que vender esta nueva reforma de la formación como un combate contra la corrupción, puede ser entendido como algo completamente justificado y justificable. Ni la formación es corrupción, ni la mayoría de cuantos forman parte del sistema de formación son corruptos, aunque también en la formación haya corruptos y casos de corrupción.

Sobre la base de esta percepción intencionada, programada y premeditada de la formación como corrupción, el Real Decreto Ley de Reforma de la Formación para el Empleo, pone mucho acento en las medidas sancionadoras y de persecución del fraude. Por ejemplo, se crea una Unidad, dentro de la Inspección de Trabajo, para combatir irregularidades y fraude. El problema es que, mientras que en Europa hay un inspector de trabajo por cada 7.000 trabajadores, en España hay uno por cada más de 25.000. Así pues, queda bonito sobre el papel que todo lo aguanta, pero es imposible que la Inspección de Trabajo supervise los contratos laborales, las irregularidades con la Seguridad Social, la Salud Laboral en las empresas y ahora los cursos de formación, a no ser que Montoro ponga recursos materiales y medios humanos suficientes para reforzar notablemente el cuerpo de inspectores de trabajo.

Además estamos ante una reforma del sistema de formación para el empleo que, por primer vez y esperemos que última, se aprueba sin acuerdo con las organizaciones empresariales y sindicales, porque el Gobierno de mayoría absoluta partía de ideas preconcebidas, que poco tienen que ver con la corrección de los problemas y que tienen más que ver con la conversión de la formación para el empleo en un negocio en manos de operadores privados.

Se incumple así, nuevamente, un Acuerdo como el suscrito en julio de 2014, en el que el Gobierno se comprometía a transformar el sistema de formación para el empleo sobre la base del diálogo social, manteniendo su vinculación a la negociación colectiva y preservando al papel de los empresarios y sindicatos en el diseño, planificación, gestión, control, seguimiento y evaluación de los procesos de formación.

Desde nuestro punto de vista, uno de los males del sistema de formación para el empleo se encuentra en que el Ministerio de Educación y el de Empleo trabajan de espaldas. El Ministerio de Educación se encarga de la formación profesional reglada y tiene sus centros de formación (Universidades, Centros de FP, Centros de adultos…) y el Ministerio de Empleo gestiona la formación para el empleo, obviando y excluyendo sistemáticamente a los centros del Ministerio de Educación, actuando con otra red completamente distinta. Esta situación no sólo pervive y se consolida con el nuevo modelo, sino que las menciones al sistema educativo y, por añadidura, al Ministerio de Educación, desaparecen del escenario de la formación para el empleo, lo cual supone un evidente derroche de recursos que no deberíamos permitirnos como país.

La reforma planteada va aún más allá, desdibujando el papel del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo como órgano de consulta y ordenación de la formación y dejando en manos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) la dirección y el gobierno efectivo de los recursos.

Para atender los deseos de los grandes del mundo empresarial, el Real Decreto Ley liberaliza completamente la formación en la grandes empresas, hasta el punto de que una actuación de una hora de duración puede tener validez y ser aceptada como curso de formación. La participación de los trabajadores en su propia formación sigue reducida a la mínima expresión, a un carácter meramente consultivo.

Al tiempo, facilita que en la formación de las pequeñas empresas sigan operando cerca de 7.000 consultoras, centros de formación, asesorías, gestorías, empresas, captando alumnos y organizando cursos muy difícilmente controlables. La formación bonificada de las empresas, que gestiona anualmente más de 650 millones de euros, se convierte así en una selva en manos de operadores privados, sometidos a la ley de la jungla, difícilmente controlables por organismo alguno. Un campo abonado para la irregularidad, el fraude y la corrupción, que el Gobierno no parece tener interés alguno en corregir.

Sólo potenciando el papel de los representantes de los trabajadores en la negociación de los planes de formación en las grandes y medianas empresas y de las estructuras bipartitas de empresarios y sindicatos en la ordenación de la formación en las pequeñas empresas, se podría poner coto a esta situación, pero eso no parece entrar en los planes del Gobierno.

En cuanto a la formación de oferta, la que programa el Estado para los trabajadores de los diferentes sectores productivos y para las personas desempleadas en las Comunidades Autónomas, la única respuesta es la denominada “libre concurrencia competitiva”. Suena bonito, porque parece dar a entender que serán los mejores los que terminen impartiendo la formación. Incluso se introducen ideas importadas de otros servicios públicos, como la implantación del cheque-formación. Y también suena bonito, porque parece que cada uno, con su cheque, irá allí donde mejor formación le den.

Y, sin embargo, cuando comprobamos cómo opera la libre concurrencia en la mayoría de los sectores de la actividad pública y en la propia formación allí donde se ha puesto en marcha, nos damos cuenta de que unos cuantos grandes proveedores terminan acaparando el mercado, a base de abaratar costes y bajar la calidad, a base de información privilegiada sobre los pliegos de condiciones que les permiten la obtención sistemática de puntos extra y, en el peor de los casos, a base de corruptelas, puertas giratorias y tráfico de influencias.

Al final, la “libre concurrencia competitiva” en sanidad, servicios públicos esenciales, obra pública, educación y ahora en formación para el empleo, se traduce en el oligopolio de unos cuantos grandes proveedores que se reparten el mercado, obteniendo cuantiosos beneficios a costa del deterioro de la calidad. Además, ningún centro de FP, ninguna universidad, por muy campeones que sean en la calidad de la formación que imparten, pueden competir con tiburones empresariales entrenados y preparados para la caza en el mar abierto de los concursos públicos, aunque la calidad de su formación deje mucho que desear.

En cuanto a ideas-propaganda, como el cheque-formación, que ahora viene a copiar algún partido emergente de la órbita del poder económico, no podemos ignorar experiencias de otros países europeos. En Gran Bretaña tuvieron que abandonarlo porque en su primer año de implantación produjo un fraude de 94 millones de libras, a base de compras de cheques a cambio de no realizar los cursos, por parte de numerosos centros de formación. En otros lugares, porque producen desigualdad y, al final, son los trabajadores más preparados los que utilizan bien el cheque, mientras que los menos preparados, o no lo usan, o lo usan para realizar cursos que de poco o nada les sirven. Y hablamos de países nórdicos en los que el problema de un alto porcentaje de trabajadores y trabajadoras con baja cualificación es muy reducido.

Volvemos pues al punto de partida. Una formación programada por el Gobierno de turno y ejecutada por centros privados clientelares del poder de turno, no soluciona los problemas. Una formación de espaldas a los empresarios y los trabajadores, al margen de la negociación colectiva, genera endogamia y no responde a las necesidades cambiantes del tejido productivo, ni mucho menos aún al derecho constitucional de cada trabajador y trabajadora a la formación.

Para terminar de emponzoñar el problema, el Gobierno, que da libertad absoluta a la gran empresa para bonificarse la cuota, estableciendo mínimas limitaciones para programar y realizar sus planes de formación, niega esa posibilidad cuando se trata de formar a sus empleados públicos. Unos empleados públicos que cotizan anualmente unos 400 millones de euros en cuota de formación y que reciben poco más de la sexta parte de esa cantidad para su formación.

Unos empleados públicos que se ven sometidos a que sus planes formativos sean sacados a concurso y ejecutados por empresas privadas, cuando los centros públicos reúnen magníficas condiciones para asegurar la calidad de la formación de quienes sostienen los servicios públicos con su trabajo. Si lo hacen con la gran empresa privada, por qué no permiten que los acuerdos entre las Administraciones Públicas y sus trabajadores determinen los planes y condiciones de ejecución de su formación.

En definitiva, atenazado por los principios privatizadores, que convierten en líneas rojas de cualquier proceso negociador, el Gobierno del Partido Popular vuelve a errar el tiro. Lejos de solucionar los problemas existentes en la formación para el empleo, siembran un campo de minas para nuevos modelos de corrupción. Echando a los sindicatos y empresarios de la participación real en la formación, en el gobierno de la misma, dan por solucionado un problema, cuando se mantienen todas las condiciones para que la corrupción siga campando a sus anchas en ámbitos como la formación bonificada.

Desde CCOO dejamos sentado desde el principio de las largas, confusas y erráticas negociaciones, que la ejecución de la formación debe estar en manos de los mejores centros públicos y privados, pero que el gobierno del sistema debe ser compartido entre el Gobierno Central, las Comunidades Autónomas y los empresarios y trabajadores que aportamos la inmensa mayoría de los recursos a través de la cuota de formación.

El Gobierno ha optado por tomar el poder absoluto sobre la formación y entregar sus recursos al “mercado” y a los mercaderes. Convalidando el Real Decreto Ley en el Parlamento de su mayoría absoluta vencerán, pero no convencerán. La tramitación parlamentaria como ley, brinda una nueva oportunidad para que actúen pensando en el interés general. Una oportunidad para aceptar enmiendas que vayan a la corrección de los problemas y vicios del sistema y no a sentar las bases para nuevos problemas y nuevas corruptelas. Una oportunidad que la mayoría de la oposición ha querido aceptar mediante la abstención en la votación durante el trámite de convalidación.

Una nueva oportunidad para hacer efectivo el derecho a la formación de los trabajadores y trabajadoras y responder a las necesidades cambiantes de las empresas. Y eso no se puede hacer desde la soberbia del poder absoluto, ni desde el desprecio a la participación. No se debe hacer de espaldas a la negociación colectiva y el diálogo social. Negociar es difícil, aunar voluntades lo es mucho más, pero siempre rinde más y mejores frutos que la imposición de las políticas.

En los duros tiempos que corren, nadie puede permitirse desperdiciar esta nueva oportunidad. Nosotros no lo vamos a hacer. No vamos a escatimar el tiempo necesario para la negociación y la propuesta. Deseamos comprobar esa misma voluntad en el Gobierno.

Francisco Javier López Martín