FPE (4): El desastre de la Formación Profesional para el Empleo en datos

abril 20, 2017

Alguien podría pensar que la visión que traslado sobre la Formación Profesional para el Empleo (FPE), en España, es demasiado dura. Que seguro que, al ser sindicalista, estoy especulando y exagerando. Sin embargo, por mucho que mejoremos la valoración de las causas, no por ello las consecuencias mejoran. Muy al contrario. Embellecer la situación sólo puede alimentar las tendencias más negativas del modelo impuesto y crear nuevos problemas,

Lo cierto es que las tasas de participación de trabajadores y trabajadoras en la formación van cayendo. Quienes más necesitan formación por sufrir más los efectos de la crisis y sufrir mayor pérdida de empleo (mujeres, jóvenes, personas con bajos niveles de cualificación) no acceden suficientemente a la formación.

Es notorio que, cuanto más necesaria es la formación, menos esfuerzo realizamos en España, mientras la Unión Europea aumenta su inversión y esfuerzo en cualificación.  Antes de la crisis económica el 11% de nuestra población activa participaba en procesos de formación permanente, mientras que ahora bajamos del 10%.

En cuanto a los participantes en formación han pasado, entre 20010 y 2015, en el caso de la formación programada por el Estado y Comunidades Autónomas, ha pasado de cerca de 1,7 millones de participantes a poco más de 600.000 personas. Quienes más necesitan formación, las personas desempleadas, han pasado de algo más de 400.00 a 175.000.

Pero si esto ocurre en la formación de oferta programada  por las Administraciones, no va mejor la formación programada directamente por las empresas que, tras la reforma del Gobierno, ha hecho que el número de horas de formación programadas haya descendido un 20%, tan solo entre 2015 y 2016.

En cuanto a la tasa de formación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) ha pasado del 31,1% en 2012 al 22,7% en 2016. Eso significa que más de 100.000 PYMES de menos de 50 trabajadores y trabajadoras ha abandonado la formación profesional de su personal.

La FPE se comporta como un cazador que dispara a bulto, pero siempre termina hiriendo a los más débiles. No sólo en el caso de quienes trabajan en una pyme. También en el caso de las personas menos cualificadas. Las personas con baja cualificación en nuestro país suponen un 43%, pero sólo pesan el 23% de cuantas personas participan en procesos de formación. Incluso han perdido un punto de participación en los últimos años.

En cuanto a las mujeres, las mujeres asalariadas han pasado de suponer un 42% en 2007 a un 46% del total de personas trabajadoras en 2015. Sin embargo, el porcentaje de mujeres asalariadas que participan en formación han pasado de suponer un 46% en 2008 a un 44% en 2015 pasando por momentos externos, como 2011 en los que la participación de la mujer bajó al 42%.

Las personas menos cualificadas se benefician menos de la formación. Quienes trabajan en pymes, la inmensa mayoría, se forman menos y los jóvenes… Los jóvenes que suponían la mitad de las personas que participaba en formación en 2008, no llegan ahora  a un tercio, cuando el empleo juvenil ha sido una de las mayores víctimas de la crisis y todo ello pese a que el gobierno disponga de abundantes recursos para la cualificación de los jóvenes desempleados, con bajos niveles educativos.

El número de horas financiadas para formación en las empresas ha disminuido en un 20% en tan solo un año, aunque el número de personas formadas crece levemente, al pasar la media de horas de duración de cada curso, de 26 horas a 17. Con casi 10 horas menos de media por curso, con menos horas totales se termina se terminan formando más personas. La calidad se deteriora a favor de la cantidad.

Uno de los datos más alarmantes del destrozo producido en FPE es que la participación de empresas en la formación ha caído del 31.1% en 2012 al 22.7% en 2016. Más de 100.000 pequeñas y medianas empresas han dejado de participar en la formación en los últimos cuatro años. Las empresas con menos de 50 trabajadores y trabajadoras están desertando de la formación continua de sus trabajadores.

Los datos son muy preocupantes. La Formación profesional para el Empleo, sometida a las tensiones de una reforma impuesta, está produciendo una agudización de los problemas y un deterioro del sistema de FPE, cuyos efectos son demoledores para quienes más necesitan la formación y cualificación en el trabajo.

 

Francisco Javier López Martín


FPE (I) Una historia de logros y fracasos

marzo 22, 2017

Tras la Huelga General del 14-D en 1988 se abre en España un escenario de Diálogo Social en torno a muy diferentes materias y entre ellas la Formación Profesional para el Empleo. Un diálogo que da lugar a sucesivos Acuerdos Nacionales de Formación para el Empleo suscritos entre gobiernos de todos los colores y organizaciones sindicales y empresariales.

Acuerdos que han tenido efectos positivos, como la extensión de la cultura de la formación permanente de los trabajadores y trabajadoras y que condujeron a que las tasas de participación de la población activa (ocupada y desempleada) en procesos de formación profesional para el empleo hayan alcanzado progresivamente niveles europeos. Han sido 25 años de logros, de adaptaciones a sucesivas a las nuevas realidades, de mejoras y corrección de errores en los que no han faltado fracasos.

Entre esos fracasos hay que constatar que el modelo español de Formación Profesional para el Empleo presenta una tremenda descoordinación entre  las actuaciones  del Ministerio de Educación, que se encarga de la Formación Profesional reglada, y el Ministerio de Empleo que controla la Formación para el Empleo. De otra parte la Administración Central, las Autonómicas y los Ayuntamientos actúan sin planificación estratégica compartida.

La conexión con el tejido productivo y las necesidades formativas de los trabajadores y trabajadoras es una de las peores consecuencias de esta dispersión. Si a ello añadimos que la evaluación del impacto de la formación es muy deficiente, podemos concluir que la necesidad de revisar el sistema era evidente. La crisis, las altas tasas de paro, especialmente juvenil, hacen absolutamente necesaria una reforma acordada, participada y negociada.

Tanto CCOO como UGT hemos aportado numerosas propuestas para abordar este proceso, desde la convicción de que la Formación para el Empleo es una herramienta imprescindible para superar la crisis y aportar un desarrollo económico y social, centrado en el crecimiento del empleo, el futuro de las empresas y el progreso personal y profesional de la clase trabajadora.

Ese proceso de desarrollo y mejora de la Formación Profesional para el Empleo exige, al menos, dos condiciones de partida: una estabilidad normativa fruto del acuerdo político y social y una estabilidad presupuestaria que se sustente en el hecho de que las cuotas de Formación Profesional, que provienen de las nóminas de los trabajadores y trabajadoras y de las empresas se dediquen a la formación, tal como exigen las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas.

No es nada de esto lo que ha llevado adelante el Gobierno, con una pretendida reforma de la formación, que ha contribuido a sembrar confusión en el sistema de formación para el empleo, poniendo piedras en el camino, en lugar de aportar mejoras y soluciones y huyendo del diálogo social necesario.

Francisco Javier López Martín


CRONICA DE LA SEGUNDA RESTAURACION BORBONICA

agosto 17, 2015

Dicen que Obama va a aprovechar sus vacaciones para leer seis libros pendientes, entre los que figuran bestsellers, libros sobre medio ambiente y racismo, otro sobre George Washington y algo sobre la Segunda Guerra Mundial. Ni más ni menos, con variaciones temáticas, que lo que hemos hecho, o pretendemos hacer, otros muchos humanos durante este verano. Leer el resto de esta entrada »


GAMONAL, DE QUÉ ME SUENA GAMONAL

enero 27, 2014

movimiento-gamonal

El conflicto vivido por el barrio de Gamonal en Burgos ha reabierto un debate interesado sobre la violencia que pretende, una vez más, desviar la atención sobre la preocupante situación social que ha generado la crisis económica en nuestro país, para poner el acento en la violencia con la que se enfrenta un poder ejecutivo legitimado por lar urnas para gobernar el país durante cuatro años.

Deberían causar estupor esas reflexiones de los tertulianos de turno que insisten, da igual de lo que estemos hablando, en reclamar la completa legitimidad del partido elegido para gobernar España, una Comunidad Autónoma, un Ayuntamiento, para hacer cuanto quiera, durante ese periodo de tiempo, sin obligación alguna de escuchar la opinión de los gobernados, culpando a la violencia cuando esos gobernantes se ven obligados a cambiar una decisión legal y legítima.

Sin embargo, llama profundamente la atención que una visión tan inconstitucional y antidemocrática, tenga su audiencia y adquiera apariencia de veracidad y credibilidad para una parte importante del electorado de la derecha española.

Para abordar este debate convendría tomar en cuenta unas consideraciones. La primera de ellas tiene que ver con aquellos actos que consideramos violencia. Tirar una piedra contra la luna de un banco es un acto violento, ciertamente, que produce un daño material y que explicita una amenaza contra quienes se supone que detentan el poder económico en este país, causa y origen de una burbuja inmobiliaria y financiera que ha devorado España en los últimos cinco años.

Utilizar una entidad financiera como las cajas de ahorro para el lucro y enriquecimiento personal, detentando abusivamente un poder absoluto sobre los ahorros de las gentes, despreciando los fines sociales que dieron origen a esas entidades, permitiendo desahucios, alentando inversiones de alto riesgo, negando el crédito a quien lo necesita, aunque tenga la solvencia económica necesaria para devolverlo, mientras se conceden créditos de alto riesgo a personajes como Gerardo Díaz Ferrán, entregando lo que era de toda la ciudadanía a intereses privados, como ha ocurrido en el caso de Miguel Blesa al frente de Cajamadrid, es también un acto de violencia que comporta daños materiales ingentes, acompañados por daños humanos y sociales incalculables, que destruyen la credibilidad social en las instituciones.

Sin embargo, por pitos o por flautas, Blesa acabará eludiendo los peores efectos de la justicia, mientras el castigo para el que apedrea una sucursal bancaria puede consistir en una sentencia de años de cárcel. Incluso el juez que se atrevió a investigar sus actos acabará sentado en un banquillo antes que él. El mismo caso de la Infanta enamorada y la viejecita desahuciada. La justicia lenta y manipulable ante los casos más sangrantes deja de ser justicia. Lo más grave es que esta situación es lo normal y habitual en este país de todos los demonios, donde la pobreza y el mal gobierno son mucho más que pobreza y mal gobierno, hasta convertirse en un estado  místico del alma patria.

No justifico en nada la violencia de nadie. Quien empuña un arma, por arcaica y de la Edad de Piedra que sea, para combatir a otros, aunque estos otros tengan apariencia de monstruos, termina por convertirse en un monstruo como ellos. No quiero que apedreando bancos alguien acabe impregnado del espíritu de Blesa. Es lo peor que podría pasarle a nuestro país y a nuestros jóvenes.

Nelson Mandela constituye un buen ejemplo de ese intento titánico de algunos seres humanos para alcanzar fines y objetivos justos, utilizando medios democráticos y no violentos. Algo mucho más meritorio si pensamos que, Mandela, no renunció a la utilización de la violencia y la elección de otros medios fue, en cada ocasión, fruto de una decisión personal, meditada, sopesada y en no pocas ocasiones, a contracorriente.

La otra consideración que no deberíamos obviar procede de la propia Constitución. Nuestra Constitución define España como un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Esta definición precede a la unidad de España , a la Monarquía parlamentaria y, desde luego, a la bandera.

Ese Estado social y democrático de derecho, en el artículo 6 del texto constitucional, nos dice que los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. En ningún caso puede desprenderse que los partidos, por muy mayoritarios que resulten en unas elecciones, ostentan el monopolio de la política.

Muy al contrario, el artículo 9 de la Constitución, establece claramente que esos poderes públicos, emanados de las elecciones libres, tienen la obligación de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos  que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Dicho de otra manera, no elegimos dictadores a plazo fijo de cuatro años, para luego cambiarlos por otros. Los elegimos para gobernar en diálogo permanente con la sociedad.

Lo ocurrido en Gamonal puede llevar a algunos a una reflexión sobre la violencia, sobre la legitimidad de los gobernantes para hacer esto o aquello, a su libre albedrío, sobre los destrozos de la crisis en el tejido social español, sobre el derecho a manifestarse libremente. Reflexiones que volverán a repetir ante el suceso que la semana que viene sustituya en las tertulias al barrio de Gamonal.

Sin embargo, las cosas no harán más que empeorar mientras la política siga acumulando motivos para el descontento de la ciudadanía. Mientras existan personajes elegidos para ocupar cargos públicos sin entender su papel de servidores públicos, que gobiernan escuchando a las personas y a las organizaciones en las que esas personas se integran. Mientras esos personajes indignos de estar en política, sigan empeñados en conseguir poder y riqueza, en lugar de preocuparse por defender el mandato constitucional de defender la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Frente a cuantos consideran que la política es sucia y los políticos todos iguales, creo que es tarea de toda la sociedad reivindicar más política y mejores políticos. Mas participación en todo aquello que nos afecta.

Francisco Javier López Martín

Secretario de Formación de CCOO