Carta abierta a los habitantes de Lebu (Chile)

mayo 9, 2018

Queridos habitantes de Lebu,

Escribo esta carta para agradecer la concesión del Premio Literario Gonzalo Rojas Pizarro, que el jurado ha decidido concederme en ésta su XV edición. Hace poco más de mes y medio recibí un correo electrónico del Coordinador del Concurso, Jaime Magnan, informándome del fallo del jurado.

De acuerdo con el Acta suscrita por el jurado de este apartado, publicada en el transcurso de este día, me complace notificar que su trabajo “Sagrada Familia”, registrada con el Nº 333, firmado con el seudónimo Dios, se ha ungido Primer Lugar en nuestro certamen. A continuación, Jaime, tras felicitarme, me informaba que el acto de entrega de premios tendría lugar el 4 de mayo.

Pocas cosas me hubieran llenado de más orgullo que poder compartir con vosotras y vosotros ese momento. Algunas circunstancias personales me impedirán hacerlo. Por eso me comprometí con Jaime a enviar un vídeo, que pudiera ser proyectado en el acto.

Vayan primero las presentaciones. Soy el hijo de una criada nacida en un  pueblecito toledano, cercano a Talavera de la Reina llamado Mejorada y de un cantero de un pequeño pueblo de la Sierra de Guadarrama llamado Collado Mediano.

Los padres de la criada, de nombre Sara, tuvieron que huir de las tropas franquistas, que en el año 36 del siglo pasado, avanzaban imbatibles hacia Madrid. Tras combatir en aquella Guerra entre hermanos, tuvieron que pagar con cárcel haber dirigido las Juventudes Socialistas Unificadas del pueblo, que ocuparon la Casa del Cura y convirtieron la iglesia en un Salón de Baile, instalando en el mismo un aparato infernal llamado radio.

En cuanto al padre de Francisco, el cantero, al que todos conocían como Paco y al que apodaban Charivari, partió a la Sierra a defender la República de Trabajadores, amenazada por las tropas sublevadas. Mis hijas (tengo dos hijas y un hijo aún adolescente), han descubierto en un apunte del Archivo Histórico de Salamanca (el dedicado por la dictadura a fichar a masones y comunistas), que mi abuelo pertenecía a la Unión General de Trabajadores (UGT), al Partido Comunista de España (PCE) y se alistó en el Quinto Regimiento, aquel al que perteneció el poeta Miguel Hernández. Desapareció, mi abuelo, en el confuso final de la Guerra y nadie sabe dónde descansa su cuerpo. Si en un erial, una trinchera, o un campo de concentración francés.

Yo crecí rodeado de silencio y miedo. Los niños no teníamos que saber estas cosas. Cualquier comentario fuera de la casa podía traer malas consecuencias. Mejor no saber. Mejor callar. Mejor que la memoria no llegara a alcanzarnos y devorarnos. Aunque nadie nos lo dijo nunca, sabíamos que éramos hijos de perdedores.

Al final, mis padres acabaron en Madrid, en un barrio del Sur más profundo, llamado Villaverde. Allí me hice maestro antes de estudiar magisterio. Luego me licencié en historia, para intentar explicarme y explicar tanta oscuridad, desmemoria, pasado oculto, vidas escondidas y humilladas. Y me di cuenta de que la existencia de aquellas gentes que habitábamos en el Sur, estaba llena de enormes cantidades de polvo de misterio y no podía ser explicada sólo con investigaciones históricas. Por eso comencé a escribir artículos, pequeños ensayos, un libro sobre el Primero de Mayo en Madrid, poemas y relatos en La Tierra de los Nadie.

No soy un profesional de la escritura. Soy maestro de profesión y sindicalista de las Comisiones Obreras de España. Escribo a ratos perdidos. Algunas noches envío un relato, algunos poemas, a concursos literarios y así he ido recibiendo premios en lugares como las cuencas mineras asturianas, o el Voces del Chamamé en Oviedo; en el pueblecito de Sopó, ubicado en el Departamento de Cundinamarca, Colombia; en Lima, provincia de Buenos Aires; en Hervás, un pequeño pueblo del Valle del Ambroz, al Norte de Cáceres; o en Lekunberri, un pueblecito navarro a mitad de camino entre Pamplona y San Sebastián.

Premios que nunca tienen grandes dotaciones económicas. A veces conllevan la publicación de los poemas, o de los relatos. Para mí son grandes premios. Para mí es suficiente premio el que un jurado me haya leído y haya sentido que algo en mi escrito le  hacía vibrar.

Cuando recibí el correo de Jaime, debo confesarlo, lo primero que hice fue adentrarme en internet para ver dónde se encontraba Lebu. Pronto me di cuenta de que escribiendo sobre las gentes de mi Sur, había llegado, como a través de un agujero de gusano, a otro Sur, en la frontera araucana. Un Sur minero, pescador, centro comercial y turístico, azotado también por el paro y las necesidades sociales.

Luego, me dediqué a repasar la andadura de Gonzalo Rojas y leer algunos de sus poemas. Premio Reina Sofía de Poesía, Premio Nacional de Literatura, Premio Cervantes. Colaborador del gobierno de Salvador Allende. Exiliado. Pero, sobre todas las cosas, maestro, educador, alfabetizador de los trabajadores por los parajes de Atacama.

A mis 16 años, decidí ser maestro. Cuando yo tenía 16 años, aquel experimento de socialismo en democracia y libertad que venía de Chile, fue aplastado por las botas militares y, cuantos vivíamos bajo la bota militar de un dictador estepario, aprendimos a tocar la guitarra tarareando clandestinamente a Violeta Parra y a aquel Victor Jara, al que siempre nos representábamos en el Estadio Nacional de Santiago.

Creímos que se cumpliría la profecía de Allende y que nuestras grandes alamedas podrían abrirse de nuevo, para dejar pasar a hombres y mujeres libres, cuando otros militares, con claveles en la bocana de sus fusiles, se alzaron contra nuestra vecina dictadura salazarista, en Portugal, aquel 25 de Abril del año siguiente.

Todo fue, sin embargo, más complejo, más arduo, bastante más complicado. Las dictaduras siempre dejan un rastro de sangre y víctimas, muy difícil de limpiar. Una degradación de la condición humana, muy difícil de recomponer. Construir una sociedad mejor no es empeño fácil en esas condiciones. Ni en Chile, ni en Argentina, ni en Colombia, ni en España.

Y, pese a todo, ahí seguimos intentándolo. Muchas gentes decentes, humildes, sencillas, respetuosas, que tan sólo queremos una educación que nos haga iguales, una sanidad que cuide nuestras vidas, unos servicios públicos que atiendan nuestras necesidades esenciales, un trabajo y unas pensiones que nos permitan satisfacer las necesidades de nuestras familias. Sólo queremos pensar, hablar, escribir, festejar, crear, vivir, en libertad.

Gracias por el premio que me habéis concedido. Un premio que me alcanza como un compromiso, un contrato y que vincula mi vida con las vuestras. Para lo bueno y para lo malo. Y más allá de cualquier muerte que pretenda separarnos.

Un fuerte abrazo,

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Profesionales

mayo 9, 2018

Entro en los hospitales, las escuelas, los centros de servicios sociales. Me indigna el deterioro que compruebo a mi alrededor. No son sólo las manos necesarias de pintura que faltan en sus paredes. Es, sobre todo, la masificación que amenaza a cada instante con colapsar en funcionamiento de los servicios que allí se prestan. La imposibilidad de trabajar planificando la oferta y atendiendo las nuevas demandas. La sensación de que la urgencia marca el frenético ritmo de la actividad.

Se deposita en los centros educativos la responsabilidad de formar a futuras generaciones. El cuidado de nuestra salud en los centros sanitarios. Nuestro bienestar personal en los centros de servicios sociales. Y, sin embargo, permitimos que los profesionales sobre los que descansan los bienes más preciados de nuestra existencia, se vean abandonados a su suerte. Consentimos que muchos de esos servicios esenciales para la calidad de nuestras vidas sean gestionados por empresas privadas, cuyo objetivo prioritario no es nuestro bienestar, sino su beneficio económico.

Los formamos durante años y financiamos sus especialidades universitarias en docencia, sanidad, trabajo social. Veo como se esfuerzan por demostrar su profesionalidad cada día. Cómo asisten a cursos de especialización. Cómo tensan sus nervios para no perder  la paciencia y mantener intacta su vocación. Claro que hay quienes han caído en la desidia y en una suerte de muda desesperación. Y claro que hay quienes están ahí porque tiene que haber de todo. Pero eso ocurre en todas las profesiones, sin que por ello nadie convierta la excepción en un estado general de las cosas.

He dedicado muchos años al sindicalismo y he tenido que escuchar, no pocas veces, ese tipo de opiniones que descarga en los sindicatos toda la responsabilidad de los males que sacuden la vida de los trabajadores, muy por encima de  las responsabilidades de los empresarios, o de los gobiernos que legislan sobre los derechos laborales. También he tenido que enfrentarme a esas interpretaciones que convierten al extranjero en el causante de nuestras altas tasas de paro. Las versiones simplonas, pero claras y  entendibles, siempre suelen terminar por imponerse sobre razonamientos coherentes, pero complejos.

Entiendo que, quienes vemos denegado el acceso a un derecho, tenemos enfrente a un empleado público al que le pedimos explicaciones indignadas sobre las causas por las que se nos excluye de unos servicios o prestaciones, a los que considerábamos deberíamos poder acceder. Y, sin embargo, ese empleado público, no es el responsable de lo que consideramos desmanes inadmisibles. No basta con dar cuatro voces en una “ventanilla”, para que nuestros problemas se solucionen.

Compruebo, en muchas ocasiones, cómo esos trabajadores y trabajadoras, conscientes de las lamentables situaciones a las que nos vemos abocados, en no pocas ocasiones, nos animan a presentar reclamaciones, denuncias, quejas. Y compruebo también, en otras muchas ocasiones,  que estas acciones nunca son emprendidas por quienes alzan la voz ante un funcionario pero no dejan constancia escrita, ante ninguna instancia responsable de la buena gestión de los servicios.

Creo que contamos con magníficos profesionales y que merece la pena convertirlos en nuestros aliados en la defensa de derechos tan nuestros y esenciales, como el de la educación,  la sanidad y los servicios sociales. Hemos invertido mucho para formarlos y su trabajo como servidores públicos, es la llave que nos permite vivir como  mujeres y hombres libres e iguales a lo largo de toda nuestra vida.

Su buen trabajo son nuestros derechos.


Derecho a la dependencia

mayo 9, 2018

Corría el año 2006 y el gobierno de Zapatero conseguía aprobar en el Congreso (pese a las reticencias vergonzantes del PP) la que conocemos como Ley de Dependencia que, en realidad, se llamaba de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. No era una ley de tantas. Venía a cubrir una de las grandes carencias de nuestro sistema de servicios sociales con respecto a los países avanzados de la Unión Europea.

El propio nombre de la ley es toda una declaración de intenciones. Nacemos completamente dependientes y, a lo largo de toda nuestra existencia, vamos consiguiendo ganarnos la vida por nosotros mismos y la capacidad de gobernar nuestras propias decisiones. Pero esto no ocurre así siempre, ni en todos los momentos de nuestras andadura personal. Desgraciadamente la suficiencia económica y la autonomía personal, son derechos nominales, que están lejos de ser aplicados con carácter universal.

La protección por desempleo debería cumplir la misión de asegurar recursos a cuantas personas han perdido su puesto de trabajo. Un sistema de rentas mínimas, debería permitir que quienes carecen de recursos, pudieran obtener unos ingresos mínimos garantizados. Un sistema de pensiones públicas debería asegurar la suficiencia económica para quienes han culminado una vida laboral y abren las puertas a una nueva etapa de su vida, eso que se conoce hoy como la tercera edad y, antes, llamábamos la vejez.

Sin embargo, las carencias y recortes en las prestaciones por desempleo, con la justificación de la crisis económica, ha hecho que muchas personas desempleadas se hayan visto privadas de recursos para atender a sus necesidades y las de sus familias. Las rentas mínimas viven en la dispersión, con leyes autonómicas variadas y variopintas, pero sin el paraguas de una reglamentación estatal que armonice y establezca unos mínimos para toda la ciudadanía española.

Las pensiones públicas, aún con su carácter estatal, sufren el acoso de quienes pretenden deteriorarlas de tal manera que se justifique la entrada de la iniciativa privada en el reparto de los cuantiosos recursos que las empresas y los trabajadores depositan en la caja única de la Seguridad Social. Tan sólo las movilizaciones de pensionistas a lo largo y ancho de la geografía española, parece que pueden contribuir a cambiar algo en la lógica aplicada por el PP hasta este momento.

En cuanto a la Atención a las situaciones de dependencia, los análisis y valoraciones realizados con motivo del cumplimiento de sus diez primeros años de su aplicación, dejan bastante claro que fue una ley que nació sin financiación garantizada, lo cual ha permitido que los gobiernos del  PP hayan reducido sustancialmente los recursos anuales para las personas dependientes.

De otra parte se ha obligado al sistema de servicios sociales a centrar el grueso de su esfuerzo en la gestión administrativa de la dependencia, impidiendo un desarrollo integral de sus funciones y obstaculizando la superación del papel asistencial, que les venía asignado desde los negros tiempos del franquismo.

Otra de las carencias esenciales, me parece que tiene que ver con la inexistencia de una real articulación de lo social con lo sanitario. Pongamos un ejemplo, si una persona dependiente tiene que ser ingresada en un hospital, no existen cauces establecidos para intercomunicar la atención hospitalaria y poshospitalarial, con la teleasistencia, la ayuda a domicilio, o los propios servicios sociales. La coordinación de la atención sanitaria con la social, brilla por su ausencia.

La participación social y la evaluación son otras dos carencias a las que los análisis de la  ley hacen referencia. Son dos carencias generalizadas en la políticas públicas españolas, que también aparecen en este caso. El despotismo de los gobiernos de turno, que se sienten legitimados por la exclusiva fuerza de los votos que obtiene cada cuatro años, para hacer y deshacer a su antojo y las prácticas de inaugurar, reinaugurar y volver a colocar ceremiosamente cada piedra, sin pararse a medir nunca la eficacia, la eficiencia, o el grado de satisfacción de las personas, forman parte del panorama de la política española, sin que nadie se pare nunca a evaluar.

Los tiempos están cambiando. La crisis parece que ha cedido el paso a una lenta, desigual e inestable recuperación. Los recortes deben ceder su protagonismo a la inversión. Las personas reclaman su protagonismo y políticas que atiendan sus necesidades. Los males de la dependencia, deben encontrar remedio cuanto antes. Porque si grave es la racanería del gobierno con las pensiones, aún más grave es el abandono mezquino al que se somete a las personas dependientes, que han conseguido un nuevo derecho por ley, pero se ven obligadas a demostrar continuamente que son merecedoras de ese derecho.

Los derechos se reivindican  y un día se conquistan, no son regalos, ni se suplen con beneficencia. La dependencia es un derecho y no una concesión graciable que hay que mendigar. Es la dignidad de las personas lo que está en juego.


Mucho bono eléctrico, poca chicha social

abril 2, 2018

Hace justo tres meses publiqué un artículo que se llamaba Un bono social que no funciona. Hablaba del bono social que aplica el canal de Isabel II y que resulta infrautilizado por quienes deberían poder beneficiarse del mismo.

Ahora me encuentro con que, sin duda alguna, preocupados por el problema de la pobreza energética, nuestros gobernantes han decidido hacer algo al respecto y rebajar el coste del consumo eléctrico para personas mayores y con bajos ingresos.

Mi madre es una de esas personas que percibe una escueta y mínima pensión de viudedad y se beneficia de un descuento por bono social que calculo equivale a un 20 por ciento del total de la factura. Un descuento que, en el caso de mi madre, viene a suponer unos 3´5 euros.

Acaba de recibir, la buena mujer, una carta, junto a la factura de electricidad, en la que la empresa “comercializadora de referencia”, le comunica que han entrado en vigor las nuevas condiciones de aplicación al bono social que supone un descuento en la factura sobre el precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC).

Ya tiene delito este eufemismo de “Precio Voluntario”, como si ese “Pequeño Consumidor” tuviera algo que decir respecto al precio de la electricidad, o sobre su factura. Lo que ya es de juzgado de guardia, o al menos asunto de Derechos Humanos, o Defensor del Pueblo, es lo que viene a continuación.

A sus 94 años, mi madre (imagino que como las madres de cada uno de ustedes) ha recibido, en la carta, una batería de direcciones de correos electrónicos, páginas web, teléfonos, correos postales y “puntos de Atención” (estos ya sin dirección concreta a la que dirigirse), para solicitar la aplicación del bono social en su factura.

También deja bien claro, la carta, que esta solicitud deberá ser cursada antes del 10 de abril de 2018. Al parecer, le mandarán el formulario a casa y deberá entregarlo, una vez relleno, a través de los medios indicados anteriormente y acompañado de la acreditación de su condición de pensionista, fotocopia del DNI, última factura, Certificado de Empadronamiento, Libro de Familia. Creo que es todo.

Y yo me pregunto. Si mi madre tenía descuento por bono social eléctrico y demostró reunir las condiciones. Si se trata, de verdad, de mejorar su situación. Si la compañía eléctrica ya tiene su factura. Si una administración no tiene que pedir nunca al administrado aquello que ya obra en su poder. Si una compañía eléctrica no tiene por qué tener y procesar datos personales que no son de su incumbencia. Entonces ¿por qué mi madre, perceptora de una pensión muy por debajo del umbral de la pobreza, tiene, una vez más, que demostrar la evidencia?.

Mi madre, la tuya, está claro, no lo hará. Tendremos que demostrar nosotros que tu madre, mi madre, son pobres. O, a lo mejor, perdemos más tiempo y dinero, en resolver tanto papeleo y requerimiento. De nuevo, un caso práctico, de cómo una necesidad genera una política que se anuncia a bombo y platillo, para que luego todo quede en nada, o en menos que nada, en virtud de los reglamentos de aplicación, los requisitos extemporáneos, las cautelas desmedidas, la inoperancia programada. Me cabe una pregunta. ¿Es cosa del Gobierno? ¿Es cosa de las eléctricas? ¿Actúan a pachas? Mi madre dice que nos engañan, todos nos engañan, siempre nos engañan.


LA EDAD SILENCIADA

septiembre 29, 2014

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Se acerca el 1 de Octubre, Día Internacional de las Personas Mayores. Un buen momento para reflexionar sobre uno de los errores más brutales que estamos cometiendo como país. El abandono a su suerte de las personas mayores. El silencio al que estamos sometiendo a las generaciones que construyeron lo que hoy somos.

Ya sé que uno de los problemas más graves de este país es la amenaza cierta de condenar a toda una generación de personas jóvenes a afrontar un futuro de precariedad laboral, desempleo, bajos salarios y falta de estabilidad para sus vidas, entre otros daños colaterales. Lee el resto de esta entrada »