Recuperar la negociación colectiva

agosto 8, 2017

Resulta que las grandes entidades financieras anuncian a bombo y platillo que en el primer semestre del año han conseguido ganar cerca de 8.000 millones de euros y que los beneficios en comisiones que cobran a los clientes han crecido un 12 por ciento.

Va a resultar que Mariano Rajoy sabe más de contabilidad de lo que reconoce ante los tribunales de justicia. Puede que tenga razón y que la economía se esté recuperando y el crecimiento del Producto Interior Bruto y de los beneficios empresariales sean una realidad.

Tan seguros deben estar de ello en el Consejo de Ministros que hasta la Ministra de Empleo se permite aconsejar a los empresarios que suban los salarios sin complejos. Que a todos vendrá bien hacerlo.

Pero ni el inefable Mariano, ni su ministra sevillana, parecen tomar en consideración la idiosincrasia de una clase empresarial española recluida en los viejos vicios de recomponer beneficios a costa de exprimir los salarios y buscar nuevos pelotazos. Nada de inversiones, mejoras de productividad, innovación. Exprimir los costes salariales y buscar nuevos campos de operación fáciles y asegurados por los gobiernos de turno.

La operación Chamartín, o el rescate de las ruinosas autopistas radiales, son algunas muestras recientes de cómo aquí no paga nadie el coste de operaciones ruinosas, a excepción de las rentas salariales, se entiende. De hecho son las rentas salariales las que más peso han perdido, frente a las rentas del capital.

Por eso, tras muchos intentos frustrados, tiras y aflojas, pasos adelante y hacia atrás, encuentros discretos y encuentros públicos, bipartitos y tripartitos, los empresarios se descuelgan con que no sólo no quieren un Acuerdo de Negociación Colectiva de carácter general, sino que no quieren ni un siempre insuficiente acuerdo de salarios. Vaya, que del 2 por ciento de subida salarial no pasan, salvo que las cosas vayan de maravilla y que de cláusulas de salvaguarda, de garantía salarial, de revisión salarial, nada de nada, por mucho que mejoren la economía, los beneficios, o la productividad.

Aunque el volumen general de empleo se recupera, parece ser que trabajamos cada semana 108 millones de horas menos que antes de la crisis, lo cual viene a equivaler a más de 2´5 millones de puestos de trabajo a jornada completa.

Eso sólo puede significar que el empleo que se crea es tan precario, temporal, a tiempo parcial y mal pagado, que las grandes cifras disimulan el drama de millones de personas trabajadoras que van encontrando empleo, pero sin seguridad de futuro, ni estabilidad alguna.

Tras la Huelga General del 29 de marzo de 2012, la primera convocada por UGT y CCOO contra la reforma laboral decretada e impuesta por el PP, tan sólo un mes antes, afirmé públicamente que, O se canaliza el malestar, o habrá que negociar con contenedores incendiados. Inmediatamente salieron a la palestra los aguerridos tertulianos del aguirrismo, hoy en declive, para denunciar que se trataba de un llamamiento a la violencia.

Nada más lejos de mi intención y mis convicciones. Esperanza Aguirre acababa de afirmar, ante la convocatoria de Huelga, que “Los sindicatos caerán como el muro de Berlín”. Y mi respuesta fue que la Huelga General expresaba el malestar de millones de personas. “Ese malestar, o lo canalizamos, lo negociamos y llegamos a acuerdos y buscamos sacrificios equilibrados y compartidos, o habrá que negociar con contenedores de basura incendiados y eso es más peligroso”.

Dice Antonio Gutiérrez, en su reciente tesis doctoral titulada Reformas Laborales, competitividad y empleo (1977-2012), que cada una de las reformas laborales que se han producido, han sido justificadas en la necesidad de flexibilizar el mercado de trabajo, sin que nadie se haya molestado nunca en reflexionar sobre la rigidez y anquilosamiento del sector empresarial español y su necesaria modernización.

El conflicto entre capital y trabajo debe ser resuelto, en primera vuelta, en la negociación colectiva. La Reforma Laboral de 2012 supuso un destrozo de ese poderoso instrumento regulador del reparto de rentas y derechos. La negativa empresarial a avanzar por ese sendero de negociación y acuerdo sólo siembra de minas el camino de la recuperación económica, alienta el conflicto, e impide sentar las bases de una economía sana y un trabajo más decente que el que hoy generamos.

Francisco Javier López Martín


Casas de la palabra

agosto 7, 2017

En mi boca, sí, se vuelve mentira

lo que verdad parecía en la mente.

Hofmannsthal

Daba vueltas sobre el artículo que debía escribir esta semana en mi columna La Voz de los Nadie. Tenía decidido el tema. Una reflexión sobre la palabra, su poder y su ninguneo hasta convertirla en posverdad. En el camino me he topado con Luis García Montero, que esta semana escribe una columna titulada Un mundo apalabrado, en la que aborda la pérdida del valor de la palabra política como contrato y en la que concluye afirmando. Frente a tanta palabra hueca y cínica, conviene saber hasta dónde puede llegar el compromiso con las palabras.

Una primera tentación me sugería no reincidir en una variación sobre el mismo tema. Pero luego he pensado que nunca viene mal afrontar el mismo problema desde dos posiciones distintas. Además me ha resultado sugerente volver a la idea que he venido alimentando desde lejos, según la cual la amistad consiste en una extraña simpatía que establece una sincronización de dos personas más allá del tiempo y la distancia. Amigos con los que tras meses, tal vez años, de separación, podrías comenzar entonando el famoso, Como decíamos ayer.

No he tenido con Luis grandes encuentros, ni desencuentros. No comparto todas sus ideas, ni he trabado con él una amistad del día a día y del codo con codo. Le apoyé en su campaña electoral y más tarde le pedí que escribiera el prólogo a mi libro de poemas, La tierra de los Nadie.  Poco más nos une. Sin embargo, eso no pare ser obstáculo para que sus preocupaciones sean las mías y para que, con toda probabilidad, estemos pensando en asuntos muy parecidos, casi al  mismo tiempo.

Creo que el valor de la palabra debe estar siendo una preocupación de mucha gente de bien ahora mismo. La historia nos demuestra de forma tozuda que cada vez que la palabra ha perdido valor, o ha sido incumplida, la brutalidad ha tomado el relevo y se ha abierto camino. Llevamos grabado a fuego, en nuestras memorias de la historia, que cada vez que la palabra ha perdido su fuerza, se ha adocenado, se ha sometido a los designios del poder, hemos permitido que se convierta en algo frágil, hemos abierto las puertas al escepticismo, primero y luego a la violencia que pretendía restablecer el orden perdido de las cosas, aún a costa de millones de muertos en los campos de batalla, o los gulag.

Parecía que, tras un siglo XX herido por la locura desatada en dos guerras mundiales y en   numerosos conflictos locales y genocidios programados, la humanidad podría comenzar el tercer milenio aprendiendo de los errores del pasado. Sin embargo, la manipulación de las palabras para justificar, alentar y sugestionar al personal en la necesidad de la violencia, junto a la utilización de la mentira mil veces repetida hasta que adquiere apariencia de verdad, al más puro estilo goebbeliano, han sido complementadas por la utilización de la palabra como llamada a los sentimientos, al miedo y las bajas pasiones.

La profecía de Aldoux Huxley está cerca de cumplirse. Esa dictadura perfecta que tendría apariencia de democracia. Esa cárcel sin muros de la que los prisioneros no soñarían en evadirse, porque gracias al sistema de consumo y entretenimiento los esclavos amarían su servidumbre. La coerción ha cedido su puesto a los creadores de tendencias, que nos sugieren, nos susurran, nos gritan, el significado de las palabras. Hay quien lo llama posverdad.

Tal vez va siendo hora de recuperar el valor de las palabras, no sólo de la palabra dada, que también, sino de la que da nombre a cuanto puebla nuestro mundo. Uno de mis amigos, de esos a los que no hay que ver cada día, me habló, tras uno de sus viajes,  de esas tribus africanas en las que el pueblo se reúne en la Casa de la Palabra, para hablar, contar, aprender, resolver problemas, tomar decisiones. Lugares de techo bajo, en los que se habla sentado, porque nadie puede, exaltado por un debate, ponerse de pie, en gesto amenazador. Donde la palabra nombra y relata y donde compromete a cuantos la pronuncian.

Tal vez es tiempo de construir Casas de la Palabra.

Francisco Javier López Martín

Formación Profesional para el Empleo y la orquesta del Titanic

junio 28, 2017

Llegué a la Secretaría de Formación de CCOO a principios de 2013, cuando el Titanic de nuestro Sistema de Formación para el Empleo, había chocado ya con el iceberg, pero justo antes de que alguien diera la voz de alarma de que el problema no era el boquete abierto en el casco, sino un error de diseño que convertía en sumergible lo que el hombre, en su orgullo pretencioso, consideraba insumergible.

El Gobierno del PP había intensificado su campaña de deterioro de la imagen de los sindicatos como gestores de la formación. Nos desayunábamos un día sí y otro también con los escándalos de los ERE y de los cursos de formación. Con juezas estrella, hoy estrelladas, que imputaban por doquier. Con informes del Tribunal de Cuentas que ponían en solfa el sistema de formación.

No importa a estas alturas que toda la basura vertida se pueda resumir en que unos cuantos corruptos espabilados y empresarios desaprensivos, vinculados en muchas ocasiones con gobiernos autonómicos como el de Madrid, o con el propio Gobierno Central,  hayan hecho negocio con los cursos de formación y estén siendo investigados por la justicia. No importa que no haya sindicalistas de CCOO implicados, ni imputados. Ya es demasiado tarde. El trabajo sucio ya ha sido hecho.

El Gobierno del PP ha expulsado a empresarios y sindicatos de la gestión de la formación para el empleo y entregado el negocio a la “libre concurrencia”, que bien entendida, consiste en repartir el dinero de la cuota de formación que pagan empresas y trabajadores, entre un mercado cautivo, bien relacionado con los despachos de gobierno.

Lejos de buscar soluciones modernizadoras para la formación de trabajadores y trabajadoras en este país, como hemos propuesto los sindicatos y la  propia CEOE, separando impartición de la formación de gobierno y gestión de la misma. Lejos de unificar las políticas dispersas y contradictorias de los ministerios de Empleo y Educación en formación profesional. Lejos de utilizar todos los recursos disponibles. Lejos de utilizar nuestras Universidades y Centros de Formación Profesional para formar trabajadores. Lejos de acabar con las subvenciones como sistema envenenado, que no consigue hacer algo que es responsabilidad de la Administración.

Lejos de todo ello, nos encontramos que Montoro se queda, año tras año, con una parte importante de los dineros de la formación no gastados. Que los centros públicos no hacen nada de nada en formación para el empleo, simplemente porque no pueden hacerlo. Que unos pocos proveedores de formación privados, bien informados y bien relacionados, acaparan las subvenciones. Que el sistema de subvenciones sique siendo un foco de corrupción, corruptelas, mala gestión y tráfico de influencias. Que el Ministerio de Empleo desarrolla políticas de formación que nada tienen que ver con el sistema educativo.

Eso sí, como siempre ocurre en este país, todos cantan incansable y repetitivamente, el mantra de la formación dual. Formación dual para arriba y para abajo, aunque esa formación profesional que utiliza las prácticas en empresas, sea una selva indecente de precariedad y abuso sobre toda una generación de jóvenes.

Modelo alemán, dicen. La Embajada Alemana se ha visto obligada a organizar viajes de estudio a  Alemania para dar a conocer la formación dual in situ y que los periodistas, empresarios, políticos, responsables del Gobierno, sindicalistas y hasta ONGs, no hablen tan alegremente de formación dual confundiéndolas con unas prácticas laborales que nada tienen que ver con la famosa formación dual.

Aprobaron de urgencia la Ley 30/2015 de Formación para el Empleo y dos años después, el resultado es que en 2015 no hubo convocatoria estatal de formación de trabajadores y trabajadoras y que la convocatoria 2016 sigue sin ser resuelta, casi un año después de ser publicada, entre otras cosas porque los resultados, aún no oficiales de la misma, ponen de relieve que los males siguen intactos: Alta concentración de concesiones en unas pocas entidades especializadas en cazar subvenciones de formación. Inexistencia de centros públicos que hayan podido competir para impartir esta formación. Sectores enteros que se quedarán sin formación y alta concentración en sectores que requieren poca inversión económica. O un 80 por ciento de los programas formativos impartidos con el sistema de teleformación que requieren menos costes de impartición.

El Sistema de Formación para el Empleo en España es un Titanic que va progresivamente inundando de agua marina unos compartimentos que permiten el paso del agua al resto de compartimentos, mientras el capitán se muestra impotente y la orquesta ataca con decisión el himno de la Formación Dual, considerado por algunos el ungüento amarillo, que para todo sirve y para nada aprovecha, mientras otros lo consideran el bálsamo de Fierabrás capaz de curar todas las dolencias habidas y por haber, sin que nadie sepa a ciencia cierta qué cosa sea ni el famoso ungüento, ni el mágico bálsamo, ni mucho menos la formación dual.

A lo largo de estos cuatro años hemos aportado y defendido propuestas para que el dinero de la formación procedente de la cuota de formación se dedique sólo a formación de trabajadores y trabajadoras. Para que los dineros no gastados se reincorporen cada año al sistema de formación. Para que los Centros Públicos de Formación Profesional, los Centros de Formación de Personas Adultas, las Universidades, participen prioritariamente en el sistema. Para que los trabajadores y las empresas sean quienes deciden en el gobierno de sus necesidades formativas.

Hemos denunciado casos de corrupción, como el de Aneri en Madrid, entre otros muchos en Andalucía, o Valencia. Los tribunales de justicia reconocen en sus sentencias que el Gobierno lo hace mal y nuestras denuncias se ajustan a derecho. Hasta la Defensora del Pueblo nos ha dado la razón. El Gobierno calla y sigue adelante, recurriendo a unas prácticas de permisividad e inactividad, a las que intenta acostumbrar al conjunto de la sociedad.

Somos incómodos, pero el hundimiento de la formación para el empleo en España es algo que sólo se niegan a ver los responsables de la misma. En lugar de facilitar la transición de un sistema que merecía ser revisado hacia un sistema que corrige problemas y asegura la participación, optan por asistir impasibles a un deterioro cada vez mayor que está arrastrando al sector de la formación y su empleo. Especialmente a aquellas entidades formativas que no se han especializado en cazar subvenciones y que han apostado por la calidad.

Porque esa es la clave de la batalla que se está librando en estos momentos en la Formación para el Empleo en España: Calidad, buen gobierno y transparencia, o recursos repartidos de forma clientelar, con criterios opacos y manipulables, en beneficio de los amigos del gobierno de turno. Claro que apostar por la calidad requeriría, para empezar, buenos gobiernos, capaces de convocar los esfuerzos de todos los implicados, para solucionar los problemas y sacar a flote una nave cuya proa se hunde cada vez más en el océano. Para ello hay que querer y saber, pero de ambas cosas no andan muy sobrados en el puente de mando.

Francisco Javier López Martín
Secretario de Formación de CCOO


Cultura de la Integridad, no hay excusas

mayo 3, 2017

No hay excusas, rezaba el lema sindical del 1º de Mayo de 2017. Es una verdad a gritos. No hay excusas para quienes nos trajeron la crisis por acción, avaricia, u omisión. Ni para los políticos que toleraron el enorme pelotazo del ladrillo y las finanzas, ni para quienes, cual cigarras depredadoras, hicieron todo el dinero del mundo, sin crear riqueza y alimentaron la burbuja de unos precios de las viviendas que nada tenían que ver con el valor real de las mismas.

No hay excusas para cuantos crearon los consorcios político-empresariales que manejaban cada cotarro a base de comisiones, sobres y maletines, pasando de las musas al teatro, sin solución de continuidad. Hoy Consejero de Sanidad y mañana Consejero Delegado de una importante empresa sanitaria. Hoy Directivo de empresas de armamentos, o del transporte, o energética y mañana responsable político de esos mismos asuntos.

No hay excusas para esa década y media de aguirrismo, en la que la crisis económica y de paro y recortes para la mayoría, se convirtió en oportunidad de negocio para unos pocos cortesanos. Cuentan que la lideresa reprochaba, a quienes la venían con el cuento del enriquecimiento acelerado de algunos de sus acólitos, que tuvieran envidia de que sus compañeros de partido se enriquecieran.

No hay excusas para la soledad que algunas personas y organizaciones vivimos cuando le afeamos públicamente su asalto a la dignidad de los profesionales del Hospital Severo Ochoa. O cuando combatimos sus operaciones privatizadoras en los hospitales y centros de salud. Cuando nos vestimos de verde para parar sus políticas educativas y convocamos huelgas educativas contra las concesiones arbitrarias de suelos y recursos para construir centros concertados y contra los recortes en la educación pública. Cuando luchamos contra la privatización del Canal de Isabel II y contra el destrozo de Telemadrid, con cerca de mil profesionales despedidos.

Dijimos no a las radiales y seguimos pagando radiales, a Eurovegas y aún padecemos el furor de construir prostíbulos y casinos por doquier en cualquier solar cercano a un aeropuerto. Siempre con la mentira de que lloverá dinero y puestos de trabajo. Hasta le afeamos la mediocridad de un miniparque Nacional de Guadarrama, que terminó contando con un tercio de la superficie del inicialmente proyectado. Se empeñó en poner a sus lugartenientes al frente de Cajamadrid y le cortamos el paso.

Nuestra voz clamaba en el desierto del silencio decretado, a base de anuncios y publicidad bien regada sobre algunos medios de comunicación. Hoy muchos y muchas dicen, en las tertulias y en los artículos, que sabían. Habría que preguntar por qué callaban, mientras unos pocos dábamos la cara y recibíamos los palos. Basta repasar los artículos de mi blog en esos años, para comprobar que fuimos Juan el Bautista, predicando en el desierto, mientras Herodías y sus Herodes hacían y deshacían a su antojo, entre risas, gracias y no pocos aplausos.

Nuestras cabezas fueron puestas a precio. Nos convirtieron en salteadores de caminos que robaban bancos de dineros de la formación. Comedores de mariscadas. Bebedores de cañas tras las manifestaciones. Militantes de un ejército de liberados a sueldo de Moscú.

Hubo un tiempo en el que algún fotógrafo me perseguía. Un día me sacaba fotos cuando salía del sindicato. Me acerqué y le pregunté de dónde era. Me respondió, con gracejo, que de Puertollano. Cuando le pregunté para quien trabajaba, me espetó que no podía decírmelo, que le habían encargado este trabajo de hacerme fotos y él lo hacía. No era cosa de rechazar un trabajo. Lo mismo harían los funcionarios nazis. Lo mismo justificaron ante el tribunal de Nuremberg. Obediencia debida.

Madrid es muy pequeño. Pronto pude ver al fotógrafo haciendo otras fotos para el periódico de Marhuenda. Eran los tiempos en los que ese periódico aclaraba, en las fotos de las pancartas sindicales, donde colocaban en portada a los Secretarios Generales de los sindicatos, que el de la derecha es el “sindibanquero”, el siguiente es el de los “rolex”, el tercero el de los “cruceros” y por último Javier López que no se ha atrevido a convocar una Huelga General. De esta guisa eran las cosas en los tiempos no  tan lejanos. En tiempos tan presentes y de actualidad.

Hoy ya sabemos que (presuntamente, siempre, con presunción de inocencia) Aneri era el pepero cordobés que vino a Madrid a montar negocios de formación en los que recibía dinero para formar trabajadoras y trabajadores, sin que hubiera cursos, con la complicidad y la pasta de organizaciones empresariales, procedentes de subvenciones.

Y sabemos que Lamela o Güemes, primero fueron Consejeros de Sanidad y ahora siguen en el negocio sanitario, después de haber esquilmado la sanidad pública. Algunos como Güemes presume de que nuestra oposición le hizo famoso y deseado por los grandes consorcios sanitarios privados, como asesor de todo tipo de privatizaciones. Y que Granados, al que alguien debió de encargarle de ese negociado, cobraba (presuntamente, siempre presuntamente) a tanto alzado, por cada colegio concertado concedido al sector privado.

Y ahora sabemos que el Presidente convertía el agua en presuntos chorros de oro. Y su señora, y la familia, y los amigos Arturo, o Cerezo, o Javier López (ese otro que se pasea con mi nombre y que no soy yo, aunque algunos periodistas se empeñen en seguirle confundiendo con el sindicalista) formaban un consorcio en el que los negocios y la política, el dinero y el poder, son todo uno y hunden sus raíces en las esencias mismas de una “capital” que es ejemplo, en lo bueno y lo malo, en vicios y virtudes, para toda España.

Han salido los trabajadores y trabajadoras, el 1º de mayo, a las calles de toda España para exigir lo de siempre: Empleos estables, salarios justos, pensiones dignas, protección para las personas. Estuve en la manifestación de Madrid hasta el final. Toxo, que pronunció su último discurso del 1º de mayo, como Secretario General de CCOO, estuvo corto y comedido, pero no quiso irse de la tribuna sin dejar clavadas sus palabras en el centro de la Puerta del Sol, “Con las actuales tasas de paro, desigualdad, pobreza y corrupción, la nuestra es una sociedad gravemente enferma”.

De eso se trata, por encima de cualquier otro problema, en estos momentos. La corrupción contamina la vida económica, envenena la política, ensucia la verdad porque siembra la sombra de la duda y la sospecha, aumenta la fractura social, convierte a cada persona en sospechosa,  a unos vecinos en enemigos de otros. No importa la corrupción si los corruptos son votados hasta que los jueces los saquen de sus poltronas.

No importa la corrupción si la economía comienza a despegar y se atisban nuevos pelotazos en el horizonte y todos podremos vivir a la sombra de los saqueadores, pendientes de las migajas que caigan de sus mesas. Será verdad para siempre la España de Chirbes y el presentimiento de Manuel Vicent, Si salimos de ésta, repetiremos la fiesta. La España eterna que ya nos describía Quevedo y que aún podemos escuchar  encarnado en Juan Echanove, representando los Sueños.

No se me ocurre excusa alguna. No se me ocurre otra manera. No creo que haya nada más patriótico en nuestros días, que combatir la corrupción. A quienes corrompen y a quienes aceptan ser corrompidos. Alguien dijo que tenemos una justicia diseñada para robagallinas. Que persigue el pequeño fraude, el pequeño robo y deja impune al gran delincuente. Empecemos por ahí. Y reforcemos, a continuación, la necesidad de hablar y actuar para crear desde todos los lugares y responsabilidades  una cultura de la integridad. Parece poca cosa, pero empecemos por ahí, día tras día, año tras año y seguro que algo cambia en este país.

Francisco Javier López Martín

Secretario de Formación de CCOO


FPE (3) Los costes de romper el diálogo social

abril 4, 2017

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado una y otra vez sobre la utilización del dinero procedente de la cuota de Formación para el Empleo que pagan empresas y  trabajadores. Sostiene el Tribunal Constitucional que ese dinero no forma parte del sistema de Seguridad Social, aunque sea la Seguridad Social el instrumento para recaudar. Y sostiene, también, que la Seguridad Social es la entidad recaudadora, pero que esos fondos son finalistas y solo pueden dedicarse a formación de la población activa.

Lo mismo dice el Tribunal de Cuentas cuando afirma que los recursos procedentes de la cuota de formación profesional deben considerarse ingresos “afectados” cuya finalidad específica debe ser la financiación de iniciativas de formación. El Tribunal de Cuentas mandata al Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) para adoptar las medidas para el cumplimiento de este principio, evitando que los fondos de la cuota se destinen a otras finalidades.

Ahora que tanto valor se da al necesario cumplimiento de las sentencias, especialmente las del Tribunal Constitucional, conviene conocer que, entre los años 2013 y 2016 los recursos de Presupuestos de Formación Profesional para el Empleo no gastados en formación han ascendido a más de 1000 millones de euros (hablamos sólo de los recursos que debería haber gastado la Administración Central), a los que había que añadir los no gastados en formación por parte de las Comunidades Autónomas.

La opacidad de los recursos destinados a la Formación Profesional para el Empleo (FPE) ha contribuido a la ruptura del diálogo social en esta materia, pero hay otras causas también vinculadas al incumplimiento de los compromisos que el propio Tribunal Constitucional reconoce.

Así, el Tribunal Constitucional deja claro en sus sentencias que el diálogo social y la negociación colectiva son los instrumentos esenciales para el funcionamiento del mercado de trabajo. Pese a ello el Gobierno ha reducido a la mínima expresión las reuniones del sistema de Formación para el Empleo. La información que se facilita es la mínima posible, o incluso se niega el acceso a la misma. Se retrasan, sin necesidad, la aprobación de procedimientos, como el que regula la actividad de las Comisiones Paritarias en la detección de necesidades formativas y otras tareas legales que deben acometer. Se abusa de mecanismos legislativos aprobados con carácter transitorio, temporal, urgente, evitando así la negociación real de soluciones a los problemas.

El propio Comité Europeo de Derechos Sociales en su informe sobre Mercado de Trabajo en España (2011-2014) denuncia el incumplimiento del deber de Información, en particular del Servicio Público de Empleo Estatal, que España ha contraído al firmar la Carta Social Europea.

Los Tribunales de Justicia de han visto obligados a anular la propia Convocatoria Estatal de Ayudas a la formación del año 2014, porque el Gobierno ha incumplido su obligación de someter dicha convocatoria a Informe del órgano de participación del Sistema Nacional de Empleo, quien delega esta función en una Comisión Estatal de Formación para el Empleo.

La Defensora del Pueblo se las ve y se las desea cuando intenta obtener información, a petición de las organizaciones sindicales y empresariales, sobre el destino que se da a los remanentes no gastados de la cuota de Formación Profesional.

Sindicatos y empresarios nos hemos visto obligados a recurrir ante los tribunales, nuestra exclusión del órgano colegiado que informa las propuestas de financiación de los planes de formación.

El desorden en el SEPE hace que se reinterpreten normas y requisitos de ejecución de planes de formación, años después de ejecutarse y sin que en las convocatorias correspondientes aparecieran esos requisitos, originando así solicitudes de reintegros de fondos destinados a cursos de formación, que fueron correctamente ejecutados e impartidos, de acuerdo a los requisitos establecidos en el momento de la impartición.

El SEPE ha instruido con estas actuaciones, “una causa general” contra el sistema de FPE, con el objetivo claro de deslegitimar el papel de empresarios y sindicatos en el mismo. Sin embargo, esta pretensión choca con los recientes informes de evaluación, elaborados por entidades externas independientes que destacan una valoración muy positiva de quienes participan en cursos, y que sitúan como responsabilidad de la administración la burocracia excesiva, la rigidez, la falta de transparencia y la arbitrariedad en la interpretación de las normas.

Pero el ataque constante y las continuas acusaciones contra sindicatos y organizaciones empresariales ha contribuido a tapar lo bueno y airear lo supuestamente malo, aunque al final la propia administración, o los tribunales de justicia terminen archivando y desestimando las acusaciones iniciales.

Es el caso de nuestro compañero Gonzalo Fuentes, histórico sindicalista malagueño que, durante más de tres años, ha permanecido imputado, a merced de la jueza Alaya, sometido a pena de banquillo, para que al final, una nueva jueza, haya terminado declarando que Gonzalo ha sido víctima de una macrocausa y en ningún caso delincuente.

Nadie parece haberse dado cuenta de que tan importante como combatir la corrupción existente es no sembrar dudas sobre aquellas personas e instituciones cuyo comportamiento es intachable. No todo es lo mismo. No todo vale y no todos son iguales. Haría mejor la Administración en combatir su ineficacia y su ineficiencia en la gestión de la formación, que en dedicar tanto esfuerzo en sembrar dudas sobre todo y sobre todos.

Para hacerse una idea de la ineficacia, el 25% de los fondos de las ayudas de formación concedidas en la convocatoria 2014, unos 80 millones de euros, siguen sin pagarse a las entidades que han realizado y justificado los cursos, provocando el cierre de numerosos centros de formación y academias.

El diálogo social ha sido sustituido por la imposición, la cooperación ha sido sustituida por el ataque sistemático de los agentes sociales. El esfuerzo compartido por mejorar el sistema de Formación Profesional para el Empleo, ha sido convertido en un modelo de ineficacia y asignación arbitraria de los recursos procedentes de la cuota.

No es difícil entender que los datos sean cada vez más insostenibles y que defender la FPE en España, en contraste con el  marco europeo en el que nos movemos, sea tarea poco menos que imposible. O actuamos rápidamente, o el nuevo sistema se autodestruye sin haber comenzado a andar, tirando por la borda 25 años de logros y fracasos, pero de avances indudables en Formación Profesional para el Empleo.

 

Francisco Javier López Martín


FPE (2) Las reformas impuestas no funcioanan

marzo 26, 2017

La llegada al poder del PP, con mayoría absoluta,  supuso, en el caso de la Formación Profesional para el Empleo, la puesta en marcha de un proceso de negociación para afrontar los problemas acumulados. En principio, la intención parecía positiva, pero vino precedida de una campaña mediática, que sembraba dudas sobre el papel de los sindicatos y las organizaciones empresariales en la formación.

Ahora, cuando los tribunales van deshaciendo entuertos, va quedando claro que las verdaderas responsabilidades sobre la corrupción en la formación, se encuentran en la permisividad, cuando no connivencia, de algunas administraciones con determinadas empresas de formación, surgidas al calor de las ayudas públicas para obtener beneficios injustificables, en un régimen de subvenciones. Empresas frecuentemente denunciadas por CCOO, como ha ocurrido con el caso Aneri en Madrid, o el caso Ojeda, en Andalucía.

Pero basta repetir la mentira mil veces y a través de todos los medios posibles, para que adquiera apariencia de verdad. Así, esta campaña de deterioro de la imagen de sindicatos y empresarios sirvió como disculpa para excluir a los agentes sociales, no sólo de la gestión de los recursos de la formación, sino del propio gobierno del sistema de Formación Profesional para el Empleo (FPE). Se ignora, de esta manera, que la formación de los trabajadores y trabajadoras funciona mejor en aquellos países en los que el diálogo social goza de buena salud y donde la formación forma parte de la agenda de trabajo compartida de las organizaciones sociales y los gobiernos.

El gobierno del PP ha recorrido un camino inverso al de nuestros socios europeos más avanzados. Del diálogo social ha transitado hacia la imposición de políticas de reforma y recorte, como ha ocurrido con la Reforma Laboral y, posteriormente, la de la formación para el empleo, reduciendo de paso los fondos dedicados a la mejora de la cualificación de trabajadores y trabajadoras, ya sean ocupados o desempleados.

Hasta algún aspecto positivo de dichas reformas, como el reconocimiento del permiso de formación retribuido de 20 horas anuales para cada trabajador o trabajadora, permanece en el más absoluto de los ostracismos y desconocimiento. Lo mismo ha ocurrido con la cuenta de formación que debía de servir para inscribir y registrar, de forma personalizada, los cursos y los procesos de formación de cualquier persona, independientemente de las empresas por las que vaya pasando.

Incluso cuando el gobierno se ha comprometido, con su firma, a promover el diálogo social y la negociación colectiva para desarrollar el Sistema de Formación Profesional para el Empleo y contar con financiación suficiente, estable y equitativa, el resultado es que han terminado imponiendo medidas como la famosa “concurrencia competitiva”, que funciona, paradójicamente, en un mercadillo cerrado de proveedores de formación y que ignora la necesaria participación de empresarios y sindicatos en la detección de las necesidades reales en las empresas y en los sectores, en la programación de acciones formativas ajustadas a dichas necesidades y en el control, seguimiento y evaluación de la formación.

El negocio ha vuelto a situarse por encima de las necesidades reales, una vez más. Son los más astutos y bien informados los que saben cómo conseguir más puntos, mientras los centros públicos y las universidades son excluidos de hecho, porque la calidad no tiene al final nada que ver con los trucos para conseguir una subvención. Son los pícaros los que saben cómo obtener subvención, aunque luego no ejecuten, renuncien a parte de la formación menos rentable. Todo un mundillo cerrado de picaresca a la carta.

Ha presumido el gobierno de un amplio apoyo parlamentario a su reforma de la Formación para el Empleo ( la Ley 30/2015). Pero ese apoyo vino condicionado por la inclusión de enmiendas parlamentarias del resto de los grupos políticos, que recogían, en buena medida, las propuestas planteadas por los sindicatos. Enmiendas como la que recoge la participación de los centros públicos en un sistema de formación monopolizado por los centros privados y que cierra las puertas a la incorporación del potencial formativo de universidades, centros de FP, o centros de educación de personas adultas, lo cual constituye una excepción inaceptable en nuestro entorno europeo. La Formación para el Empleo no puede seguir siendo un mercado cautivo y exclusivo.

Enmiendas como las que recogen las sentencias del Tribunal constitucional y del Tribunal de cuentas que aseguran el carácter finalista de la cuota de formación. Es decir, que esa cuota que pagamos empresas y trabajadores, sólo puede gastarse en formación y que deben reanualizarse los fondos no ejecutados, o recuperados. Otras enmiendas que reconocen el papel de las Estructuras Paritarias Sectoriales, nacidas de la Negociación Colectiva, en la formación de trabajadores y trabajadoras en los sectores y empresas, o el reconocimiento del papel de las organizaciones sindicales y empresariales en el gobierno del sistema.

Han pasado dos años y nada de esto se ha desarrollado. El gobierno tenía mucha urgencia en la reforma, pero luego se ha olvidado de ella por completo, hasta el punto de que no se ha aprobado, a lo largo de todo este tiempo, ni una sola de las normas de regulación y desarrollo del nuevo sistema de formación, que aparecen en la ley. El año 2015 no hubo convocatoria de Formación y la convocatoria 2016 viene marcada por una situación general de inseguridad jurídica, transitoriedad y desorden.

No hay Real Decreto de desarrollo de la Ley. No hay órdenes que establezcan las bases reguladoras de aspectos tan importantes como la financiación, la concesión de ayudas, la formación de los empleados públicos, la formación impartida por centros públicos, los módulos económicos aplicables, el papel y funcionamiento de las Estructuras Paritarias… No hay nada. Inseguridad y desorden. Ahora, deprisa y corriendo, querrán aprobar una nueva chapuza que ponga algún parche en el boquete creado, en el destrozo que ellos mismos han provocado.

Una situación legal de bloqueo de la formación profesional para el Empleo, que tiene su correspondencia con una situación presupuestaria fuera de control, absolutamente irrespetuosa con las sentencias de Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas. Situación económica y presupuestaria que analizaremos a continuación.

Francisco Javier López Martín


El ejército de los escuderos privatizadores

septiembre 10, 2016

trabajador pobre

Hace unos días comenté una noticia en esa red social que permite sólo 140 caracteres, introduciendo una reflexión sobre la utilización de los recursos públicos como fuente de negocio privado, por parte de algunos avispados “emprendedores”. En concreto en el campo de los servicios sociales y, más específicamente, en la atención a nuestros mayores.

La respuesta de uno de los escuderos mayores en el castillo de la mediocracia no se hizo esperar, acusándome poco menos que de estalinismo y blandiendo los beneficios de la gestión privada. No faltaron escuderos menores y aspirantes a escuderos, en el intenso debate que se suscitó a continuación. Y cuando hablo de escuderos, aplico la definición que Owen Jones realiza de estos curiosos personajes en su libro El Establishment: La casta al desnudo.

Tampoco faltaron, en el trasiego, quienes, en defensa de lo público, argumentaron que, lejos de atacar la libertad y acercarnos a la extinta Unión Soviética, defender lo público nos acerca a un modelo europeo, que ha asegurado, durante décadas, la calidad de vida y los derechos sociales de quienes más necesitan de la protección y la solidaridad de la sociedad y el Estado. Desde luego, quienes no aparecieron por ninguna parte son los auténticos protagonistas políticos y empresariales del desaguisado.

Es obvio que un debate a base de 140 caracteres se deja mucho por el camino y produce pocas conclusiones y un imposible consenso. Pero creo que este debate merece algunas reflexiones a vuelapluma, al menos. La primera de ellas, sin ánimo de exhaustividad, es comprobar la cantidad de personas, no pocos de ellos jóvenes que dirigirán en breve nuestra sociedad, que han caído en las garras de quienes confunden interesadamente libertad con ultraliberalismo. Dicho de otra manera, para ellos la libertad consiste en poder montar empresas y negocios, mientras que privar de libertad a nuestros mayores no es más que una circunstancia de los tiempos modernos. Algo así como un mal colateral sobrevenido e inevitable.

La segunda reflexión que me viene a la cabeza es hasta qué punto los señores que manejan el cotarro y sus fieles escuderos, han conseguido, introducir la falsa idea de que lo privado gestiona mucho mejor que lo público cualquier cosa que se le ponga por delante. Han sido largos años, ya décadas, de atacar la gestión pública de la sanidad, la educación, los servicios sociales, que han terminado calando. Como bien dice mi amigo Manuel, han creado tendencia y, a partir de ahí, todo es fácil, porque ya es el río el que nos lleva.

Han sido años atacando cada uno de los baluartes que podían actuar como defensa de las familias trabajadoras. Entre ellos los sindicatos y los partidos de la izquierda. La clase trabajadora ha sido, efectivamente, demonizada y sus organizaciones acosadas hasta conseguir su claudicación, situarlas a la defensiva. La aspiración máxima del consorcio político-empresarial consistiría en reconducirlas hacia el colaboracionismo, hacia la aceptación, sin rechistar, de un sistema y un modelo que deja a demasiada gente en las cunetas del camino.

Hoy, una persona trabajadora es poco más que un factor necesario, pero molesto, a tomar en cuenta como coste minimizable a la hora de establecer los beneficios empresariales. La clase trabajadora no necesita estabilidad, salario decente, ni formación, o protección contra la siniestralidad laboral. No hay por qué asegurar a estas gentes trabajadoras un horizonte de empleo y vida digna. Hoy hay que ser “emprendedor”, lo cual consiste en aceptar la extra y autoexplotación por parte de los grandes, sin salario seguro, sin condiciones dignas de trabajo, sin futuro en las pensiones, sin protección por desempleo, sin derechos laborales, ni sociales.

Los escuderos y sus señores han conseguido hincar el diente mucho más allá de la gestión de la iniciativa privada. Han conseguido adentrarse profundamente en la gestión de los recursos públicos, lo que es de todos, los dineros que la ciudadanía deposita en manos del Estado (ya sea Estado Central, Autonómico, o Local), a través de los impuestos y cotizaciones sociales, fundamentalmente.

Atacaron la Sanidad Pública, cuando ya controlaban el importante gasto farmacéutico y abrieron las puertas a las más diversas fórmulas de participación privada en la gestión sanitaria hospitalaria (Fundaciones, empresas mixtas, conciertos, contratos, convenios…). Grupos financieros, sanitarios y empresariales corrieron a aprovecharse en comandita del botín.

No pocos políticos acabaron utilizando las puertas giratorias para encontrar asiento bien remunerado en dichos proyectos, en justo y presunto agradecimiento por los favores prestados. En premio por su incansable labor en el fomento de la “colaboración público-privada”. Algunos exconsejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid son claro ejemplo de este tipo de patrióticos personajes y gozan de buena salud y grandes ingresos.

Atacaron la enseñanza pública y abrieron las puertas a la concesión de conciertos educativos, entregando terrenos y facilitando fórmulas de financiación. Los casos Gürtel, o Púnica, ponen bien de relieve las comisiones pagadas por algunas de estas concesiones y los maletines y dineros que han viajado al extranjero. Algunos de los responsables políticos de estos tejemanejes están en la cárcel, pero quienes los financiaron permanecen impunes en la mayoría de los casos. Parece difícil combatir a los corruptos cuando no se persigue con la misma saña a los que financian la corrupción.

El caso de los Servicios Sociales y la Atención a la Dependencia es no menos llamativo. Con el agravante de que la base pública, de entrada, era muy escasa. Desde la beneficencia, generalmente en manos de la Iglesia, tuvimos que pasar a los derechos reconocidos de las personas mayores, las personas con alguna discapacidad, o quienes carecen de recursos. Pasar del Auxilio Social de la dictadura a una red pública de servicios sociales en democracia, hubiera exigido una apuesta, política y económica, que en pocos casos se produjo.

Tras la construcción de algunas residencias públicas, se pasó a construirlas con presupuesto público y entregarlas a gestión privada y poco después a concertar directamente con la iniciativa privada, tras facilitar la cesión de suelos, el acceso a financiación. Negocio redondo.

En cuanto a nuevos derechos como la ayuda a domicilio, o la teleasistencia, prácticamente se desarrollaron desde su nacimiento bajo fórmulas de gestión privada. No pocos de los gestores de esas empresas provienen, de nuevo, de la utilización de las puertas giratorias que permiten, sin solución de continuidad, pasar del despacho donde se conceden las ayudas a la gestión privada de esas ayudas.

No seré yo quien diga que toda iniciativa privada es puro negocio. Hay iniciativa social que merece ser apoyada con recursos públicos. De otra parte, prescindir del sector privado en la prestación de todos los servicios públicos tampoco parece una opción viable sin crear un bloqueo en muchos de esos servicios.

Ahora bien, reconocer esto no significa que debamos aceptar como animal de compañía el consorcio de intereses empresariales, políticos y personales que se ha instaurado en la gestión de los servicios públicos esenciales. Esta situación, unida a los recortes injustificables en la prestación directa de servicios públicos, ha producido una caída de la calidad de los servicios y un deterioro de las condiciones de trabajo, aún más evidente en el caso de los servicios públicos entregados a gestión privada (contratos precarios, salarios bajos, condiciones de trabajo de pura y dura explotación laboral).

Por eso hay que establecer criterios claros. El titular de un servicio público, es siempre la Administración responsable de asegurar el ejercicio del derecho. Significa que el sector privado debe actuar siempre como colaborador subsidiario. En segundo lugar, las Administraciones deben promover la gestión directa de servicios esenciales y, entre ellos, especialmente, la Sanidad, la Educación, los Servicios Sociales.

Deben crearse instrumentos de evaluación de la calidad de los servicios públicos y hay que establecer fórmulas de participación social en el control, seguimiento y evaluación de dicha calidad de los servicios públicos. Una de las características de la operación de deterioro y privatización ha consistido, precisamente en devaluar o suprimir los instrumentos de participación social para terminar concediendo las ayudas sin testigos.

Hay que acabar con las irregularidades, las corruptelas, el pasilleo, la información privilegiada, los pagos de comisiones, la prevaricación, el trato de favor, el tráfico de influencias y las puertas giratorias. Y eso sólo se consigue con control social de los pliegos de condiciones, con participación social en la gestión y evaluación de la calidad de los servicios.

Sólo se consigue si el empleo y las condiciones de trabajo en el sector privado son equiparables con las del sector público. Y, sobre todo, se consigue, si desde la sociedad organizada y vertebrada, desde la izquierda, desde los sectores sensatos de la política, desde las organizaciones democráticas, desde los sindicatos, nos aplicamos, sin prisa, pero sin pausa, en esa labor educativa y ética imprescindible de desmontar la confluencia de intereses políticos y empresariales que han convertido la gestión de los público en fuente de negocio, jugando con las necesidades y los derechos esenciales de la ciudadanía.

Esa es la nueva tendencia que tenemos la obligación de construir, si queremos que la libertad, la igualdad, la justicia y los derechos laborales y sociales, sigan siendo valores y principios rectores de nuestra convivencia. O eso, o el triunfo de la jungla de los Señores del Dinero y sus escuderos mediáticos y políticos.

Francisco Javier López Martín