FPE (3) Los costes de romper el diálogo social

abril 4, 2017

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado una y otra vez sobre la utilización del dinero procedente de la cuota de Formación para el Empleo que pagan empresas y  trabajadores. Sostiene el Tribunal Constitucional que ese dinero no forma parte del sistema de Seguridad Social, aunque sea la Seguridad Social el instrumento para recaudar. Y sostiene, también, que la Seguridad Social es la entidad recaudadora, pero que esos fondos son finalistas y solo pueden dedicarse a formación de la población activa.

Lo mismo dice el Tribunal de Cuentas cuando afirma que los recursos procedentes de la cuota de formación profesional deben considerarse ingresos “afectados” cuya finalidad específica debe ser la financiación de iniciativas de formación. El Tribunal de Cuentas mandata al Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) para adoptar las medidas para el cumplimiento de este principio, evitando que los fondos de la cuota se destinen a otras finalidades.

Ahora que tanto valor se da al necesario cumplimiento de las sentencias, especialmente las del Tribunal Constitucional, conviene conocer que, entre los años 2013 y 2016 los recursos de Presupuestos de Formación Profesional para el Empleo no gastados en formación han ascendido a más de 1000 millones de euros (hablamos sólo de los recursos que debería haber gastado la Administración Central), a los que había que añadir los no gastados en formación por parte de las Comunidades Autónomas.

La opacidad de los recursos destinados a la Formación Profesional para el Empleo (FPE) ha contribuido a la ruptura del diálogo social en esta materia, pero hay otras causas también vinculadas al incumplimiento de los compromisos que el propio Tribunal Constitucional reconoce.

Así, el Tribunal Constitucional deja claro en sus sentencias que el diálogo social y la negociación colectiva son los instrumentos esenciales para el funcionamiento del mercado de trabajo. Pese a ello el Gobierno ha reducido a la mínima expresión las reuniones del sistema de Formación para el Empleo. La información que se facilita es la mínima posible, o incluso se niega el acceso a la misma. Se retrasan, sin necesidad, la aprobación de procedimientos, como el que regula la actividad de las Comisiones Paritarias en la detección de necesidades formativas y otras tareas legales que deben acometer. Se abusa de mecanismos legislativos aprobados con carácter transitorio, temporal, urgente, evitando así la negociación real de soluciones a los problemas.

El propio Comité Europeo de Derechos Sociales en su informe sobre Mercado de Trabajo en España (2011-2014) denuncia el incumplimiento del deber de Información, en particular del Servicio Público de Empleo Estatal, que España ha contraído al firmar la Carta Social Europea.

Los Tribunales de Justicia de han visto obligados a anular la propia Convocatoria Estatal de Ayudas a la formación del año 2014, porque el Gobierno ha incumplido su obligación de someter dicha convocatoria a Informe del órgano de participación del Sistema Nacional de Empleo, quien delega esta función en una Comisión Estatal de Formación para el Empleo.

La Defensora del Pueblo se las ve y se las desea cuando intenta obtener información, a petición de las organizaciones sindicales y empresariales, sobre el destino que se da a los remanentes no gastados de la cuota de Formación Profesional.

Sindicatos y empresarios nos hemos visto obligados a recurrir ante los tribunales, nuestra exclusión del órgano colegiado que informa las propuestas de financiación de los planes de formación.

El desorden en el SEPE hace que se reinterpreten normas y requisitos de ejecución de planes de formación, años después de ejecutarse y sin que en las convocatorias correspondientes aparecieran esos requisitos, originando así solicitudes de reintegros de fondos destinados a cursos de formación, que fueron correctamente ejecutados e impartidos, de acuerdo a los requisitos establecidos en el momento de la impartición.

El SEPE ha instruido con estas actuaciones, “una causa general” contra el sistema de FPE, con el objetivo claro de deslegitimar el papel de empresarios y sindicatos en el mismo. Sin embargo, esta pretensión choca con los recientes informes de evaluación, elaborados por entidades externas independientes que destacan una valoración muy positiva de quienes participan en cursos, y que sitúan como responsabilidad de la administración la burocracia excesiva, la rigidez, la falta de transparencia y la arbitrariedad en la interpretación de las normas.

Pero el ataque constante y las continuas acusaciones contra sindicatos y organizaciones empresariales ha contribuido a tapar lo bueno y airear lo supuestamente malo, aunque al final la propia administración, o los tribunales de justicia terminen archivando y desestimando las acusaciones iniciales.

Es el caso de nuestro compañero Gonzalo Fuentes, histórico sindicalista malagueño que, durante más de tres años, ha permanecido imputado, a merced de la jueza Alaya, sometido a pena de banquillo, para que al final, una nueva jueza, haya terminado declarando que Gonzalo ha sido víctima de una macrocausa y en ningún caso delincuente.

Nadie parece haberse dado cuenta de que tan importante como combatir la corrupción existente es no sembrar dudas sobre aquellas personas e instituciones cuyo comportamiento es intachable. No todo es lo mismo. No todo vale y no todos son iguales. Haría mejor la Administración en combatir su ineficacia y su ineficiencia en la gestión de la formación, que en dedicar tanto esfuerzo en sembrar dudas sobre todo y sobre todos.

Para hacerse una idea de la ineficacia, el 25% de los fondos de las ayudas de formación concedidas en la convocatoria 2014, unos 80 millones de euros, siguen sin pagarse a las entidades que han realizado y justificado los cursos, provocando el cierre de numerosos centros de formación y academias.

El diálogo social ha sido sustituido por la imposición, la cooperación ha sido sustituida por el ataque sistemático de los agentes sociales. El esfuerzo compartido por mejorar el sistema de Formación Profesional para el Empleo, ha sido convertido en un modelo de ineficacia y asignación arbitraria de los recursos procedentes de la cuota.

No es difícil entender que los datos sean cada vez más insostenibles y que defender la FPE en España, en contraste con el  marco europeo en el que nos movemos, sea tarea poco menos que imposible. O actuamos rápidamente, o el nuevo sistema se autodestruye sin haber comenzado a andar, tirando por la borda 25 años de logros y fracasos, pero de avances indudables en Formación Profesional para el Empleo.

 

Francisco Javier López Martín


FPE (2) Las reformas impuestas no funcioanan

marzo 26, 2017

La llegada al poder del PP, con mayoría absoluta,  supuso, en el caso de la Formación Profesional para el Empleo, la puesta en marcha de un proceso de negociación para afrontar los problemas acumulados. En principio, la intención parecía positiva, pero vino precedida de una campaña mediática, que sembraba dudas sobre el papel de los sindicatos y las organizaciones empresariales en la formación.

Ahora, cuando los tribunales van deshaciendo entuertos, va quedando claro que las verdaderas responsabilidades sobre la corrupción en la formación, se encuentran en la permisividad, cuando no connivencia, de algunas administraciones con determinadas empresas de formación, surgidas al calor de las ayudas públicas para obtener beneficios injustificables, en un régimen de subvenciones. Empresas frecuentemente denunciadas por CCOO, como ha ocurrido con el caso Aneri en Madrid, o el caso Ojeda, en Andalucía.

Pero basta repetir la mentira mil veces y a través de todos los medios posibles, para que adquiera apariencia de verdad. Así, esta campaña de deterioro de la imagen de sindicatos y empresarios sirvió como disculpa para excluir a los agentes sociales, no sólo de la gestión de los recursos de la formación, sino del propio gobierno del sistema de Formación Profesional para el Empleo (FPE). Se ignora, de esta manera, que la formación de los trabajadores y trabajadoras funciona mejor en aquellos países en los que el diálogo social goza de buena salud y donde la formación forma parte de la agenda de trabajo compartida de las organizaciones sociales y los gobiernos.

El gobierno del PP ha recorrido un camino inverso al de nuestros socios europeos más avanzados. Del diálogo social ha transitado hacia la imposición de políticas de reforma y recorte, como ha ocurrido con la Reforma Laboral y, posteriormente, la de la formación para el empleo, reduciendo de paso los fondos dedicados a la mejora de la cualificación de trabajadores y trabajadoras, ya sean ocupados o desempleados.

Hasta algún aspecto positivo de dichas reformas, como el reconocimiento del permiso de formación retribuido de 20 horas anuales para cada trabajador o trabajadora, permanece en el más absoluto de los ostracismos y desconocimiento. Lo mismo ha ocurrido con la cuenta de formación que debía de servir para inscribir y registrar, de forma personalizada, los cursos y los procesos de formación de cualquier persona, independientemente de las empresas por las que vaya pasando.

Incluso cuando el gobierno se ha comprometido, con su firma, a promover el diálogo social y la negociación colectiva para desarrollar el Sistema de Formación Profesional para el Empleo y contar con financiación suficiente, estable y equitativa, el resultado es que han terminado imponiendo medidas como la famosa “concurrencia competitiva”, que funciona, paradójicamente, en un mercadillo cerrado de proveedores de formación y que ignora la necesaria participación de empresarios y sindicatos en la detección de las necesidades reales en las empresas y en los sectores, en la programación de acciones formativas ajustadas a dichas necesidades y en el control, seguimiento y evaluación de la formación.

El negocio ha vuelto a situarse por encima de las necesidades reales, una vez más. Son los más astutos y bien informados los que saben cómo conseguir más puntos, mientras los centros públicos y las universidades son excluidos de hecho, porque la calidad no tiene al final nada que ver con los trucos para conseguir una subvención. Son los pícaros los que saben cómo obtener subvención, aunque luego no ejecuten, renuncien a parte de la formación menos rentable. Todo un mundillo cerrado de picaresca a la carta.

Ha presumido el gobierno de un amplio apoyo parlamentario a su reforma de la Formación para el Empleo ( la Ley 30/2015). Pero ese apoyo vino condicionado por la inclusión de enmiendas parlamentarias del resto de los grupos políticos, que recogían, en buena medida, las propuestas planteadas por los sindicatos. Enmiendas como la que recoge la participación de los centros públicos en un sistema de formación monopolizado por los centros privados y que cierra las puertas a la incorporación del potencial formativo de universidades, centros de FP, o centros de educación de personas adultas, lo cual constituye una excepción inaceptable en nuestro entorno europeo. La Formación para el Empleo no puede seguir siendo un mercado cautivo y exclusivo.

Enmiendas como las que recogen las sentencias del Tribunal constitucional y del Tribunal de cuentas que aseguran el carácter finalista de la cuota de formación. Es decir, que esa cuota que pagamos empresas y trabajadores, sólo puede gastarse en formación y que deben reanualizarse los fondos no ejecutados, o recuperados. Otras enmiendas que reconocen el papel de las Estructuras Paritarias Sectoriales, nacidas de la Negociación Colectiva, en la formación de trabajadores y trabajadoras en los sectores y empresas, o el reconocimiento del papel de las organizaciones sindicales y empresariales en el gobierno del sistema.

Han pasado dos años y nada de esto se ha desarrollado. El gobierno tenía mucha urgencia en la reforma, pero luego se ha olvidado de ella por completo, hasta el punto de que no se ha aprobado, a lo largo de todo este tiempo, ni una sola de las normas de regulación y desarrollo del nuevo sistema de formación, que aparecen en la ley. El año 2015 no hubo convocatoria de Formación y la convocatoria 2016 viene marcada por una situación general de inseguridad jurídica, transitoriedad y desorden.

No hay Real Decreto de desarrollo de la Ley. No hay órdenes que establezcan las bases reguladoras de aspectos tan importantes como la financiación, la concesión de ayudas, la formación de los empleados públicos, la formación impartida por centros públicos, los módulos económicos aplicables, el papel y funcionamiento de las Estructuras Paritarias… No hay nada. Inseguridad y desorden. Ahora, deprisa y corriendo, querrán aprobar una nueva chapuza que ponga algún parche en el boquete creado, en el destrozo que ellos mismos han provocado.

Una situación legal de bloqueo de la formación profesional para el Empleo, que tiene su correspondencia con una situación presupuestaria fuera de control, absolutamente irrespetuosa con las sentencias de Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas. Situación económica y presupuestaria que analizaremos a continuación.

Francisco Javier López Martín


El ejército de los escuderos privatizadores

septiembre 10, 2016

trabajador pobre

Hace unos días comenté una noticia en esa red social que permite sólo 140 caracteres, introduciendo una reflexión sobre la utilización de los recursos públicos como fuente de negocio privado, por parte de algunos avispados “emprendedores”. En concreto en el campo de los servicios sociales y, más específicamente, en la atención a nuestros mayores.

La respuesta de uno de los escuderos mayores en el castillo de la mediocracia no se hizo esperar, acusándome poco menos que de estalinismo y blandiendo los beneficios de la gestión privada. No faltaron escuderos menores y aspirantes a escuderos, en el intenso debate que se suscitó a continuación. Y cuando hablo de escuderos, aplico la definición que Owen Jones realiza de estos curiosos personajes en su libro El Establishment: La casta al desnudo.

Tampoco faltaron, en el trasiego, quienes, en defensa de lo público, argumentaron que, lejos de atacar la libertad y acercarnos a la extinta Unión Soviética, defender lo público nos acerca a un modelo europeo, que ha asegurado, durante décadas, la calidad de vida y los derechos sociales de quienes más necesitan de la protección y la solidaridad de la sociedad y el Estado. Desde luego, quienes no aparecieron por ninguna parte son los auténticos protagonistas políticos y empresariales del desaguisado.

Es obvio que un debate a base de 140 caracteres se deja mucho por el camino y produce pocas conclusiones y un imposible consenso. Pero creo que este debate merece algunas reflexiones a vuelapluma, al menos. La primera de ellas, sin ánimo de exhaustividad, es comprobar la cantidad de personas, no pocos de ellos jóvenes que dirigirán en breve nuestra sociedad, que han caído en las garras de quienes confunden interesadamente libertad con ultraliberalismo. Dicho de otra manera, para ellos la libertad consiste en poder montar empresas y negocios, mientras que privar de libertad a nuestros mayores no es más que una circunstancia de los tiempos modernos. Algo así como un mal colateral sobrevenido e inevitable.

La segunda reflexión que me viene a la cabeza es hasta qué punto los señores que manejan el cotarro y sus fieles escuderos, han conseguido, introducir la falsa idea de que lo privado gestiona mucho mejor que lo público cualquier cosa que se le ponga por delante. Han sido largos años, ya décadas, de atacar la gestión pública de la sanidad, la educación, los servicios sociales, que han terminado calando. Como bien dice mi amigo Manuel, han creado tendencia y, a partir de ahí, todo es fácil, porque ya es el río el que nos lleva.

Han sido años atacando cada uno de los baluartes que podían actuar como defensa de las familias trabajadoras. Entre ellos los sindicatos y los partidos de la izquierda. La clase trabajadora ha sido, efectivamente, demonizada y sus organizaciones acosadas hasta conseguir su claudicación, situarlas a la defensiva. La aspiración máxima del consorcio político-empresarial consistiría en reconducirlas hacia el colaboracionismo, hacia la aceptación, sin rechistar, de un sistema y un modelo que deja a demasiada gente en las cunetas del camino.

Hoy, una persona trabajadora es poco más que un factor necesario, pero molesto, a tomar en cuenta como coste minimizable a la hora de establecer los beneficios empresariales. La clase trabajadora no necesita estabilidad, salario decente, ni formación, o protección contra la siniestralidad laboral. No hay por qué asegurar a estas gentes trabajadoras un horizonte de empleo y vida digna. Hoy hay que ser “emprendedor”, lo cual consiste en aceptar la extra y autoexplotación por parte de los grandes, sin salario seguro, sin condiciones dignas de trabajo, sin futuro en las pensiones, sin protección por desempleo, sin derechos laborales, ni sociales.

Los escuderos y sus señores han conseguido hincar el diente mucho más allá de la gestión de la iniciativa privada. Han conseguido adentrarse profundamente en la gestión de los recursos públicos, lo que es de todos, los dineros que la ciudadanía deposita en manos del Estado (ya sea Estado Central, Autonómico, o Local), a través de los impuestos y cotizaciones sociales, fundamentalmente.

Atacaron la Sanidad Pública, cuando ya controlaban el importante gasto farmacéutico y abrieron las puertas a las más diversas fórmulas de participación privada en la gestión sanitaria hospitalaria (Fundaciones, empresas mixtas, conciertos, contratos, convenios…). Grupos financieros, sanitarios y empresariales corrieron a aprovecharse en comandita del botín.

No pocos políticos acabaron utilizando las puertas giratorias para encontrar asiento bien remunerado en dichos proyectos, en justo y presunto agradecimiento por los favores prestados. En premio por su incansable labor en el fomento de la “colaboración público-privada”. Algunos exconsejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid son claro ejemplo de este tipo de patrióticos personajes y gozan de buena salud y grandes ingresos.

Atacaron la enseñanza pública y abrieron las puertas a la concesión de conciertos educativos, entregando terrenos y facilitando fórmulas de financiación. Los casos Gürtel, o Púnica, ponen bien de relieve las comisiones pagadas por algunas de estas concesiones y los maletines y dineros que han viajado al extranjero. Algunos de los responsables políticos de estos tejemanejes están en la cárcel, pero quienes los financiaron permanecen impunes en la mayoría de los casos. Parece difícil combatir a los corruptos cuando no se persigue con la misma saña a los que financian la corrupción.

El caso de los Servicios Sociales y la Atención a la Dependencia es no menos llamativo. Con el agravante de que la base pública, de entrada, era muy escasa. Desde la beneficencia, generalmente en manos de la Iglesia, tuvimos que pasar a los derechos reconocidos de las personas mayores, las personas con alguna discapacidad, o quienes carecen de recursos. Pasar del Auxilio Social de la dictadura a una red pública de servicios sociales en democracia, hubiera exigido una apuesta, política y económica, que en pocos casos se produjo.

Tras la construcción de algunas residencias públicas, se pasó a construirlas con presupuesto público y entregarlas a gestión privada y poco después a concertar directamente con la iniciativa privada, tras facilitar la cesión de suelos, el acceso a financiación. Negocio redondo.

En cuanto a nuevos derechos como la ayuda a domicilio, o la teleasistencia, prácticamente se desarrollaron desde su nacimiento bajo fórmulas de gestión privada. No pocos de los gestores de esas empresas provienen, de nuevo, de la utilización de las puertas giratorias que permiten, sin solución de continuidad, pasar del despacho donde se conceden las ayudas a la gestión privada de esas ayudas.

No seré yo quien diga que toda iniciativa privada es puro negocio. Hay iniciativa social que merece ser apoyada con recursos públicos. De otra parte, prescindir del sector privado en la prestación de todos los servicios públicos tampoco parece una opción viable sin crear un bloqueo en muchos de esos servicios.

Ahora bien, reconocer esto no significa que debamos aceptar como animal de compañía el consorcio de intereses empresariales, políticos y personales que se ha instaurado en la gestión de los servicios públicos esenciales. Esta situación, unida a los recortes injustificables en la prestación directa de servicios públicos, ha producido una caída de la calidad de los servicios y un deterioro de las condiciones de trabajo, aún más evidente en el caso de los servicios públicos entregados a gestión privada (contratos precarios, salarios bajos, condiciones de trabajo de pura y dura explotación laboral).

Por eso hay que establecer criterios claros. El titular de un servicio público, es siempre la Administración responsable de asegurar el ejercicio del derecho. Significa que el sector privado debe actuar siempre como colaborador subsidiario. En segundo lugar, las Administraciones deben promover la gestión directa de servicios esenciales y, entre ellos, especialmente, la Sanidad, la Educación, los Servicios Sociales.

Deben crearse instrumentos de evaluación de la calidad de los servicios públicos y hay que establecer fórmulas de participación social en el control, seguimiento y evaluación de dicha calidad de los servicios públicos. Una de las características de la operación de deterioro y privatización ha consistido, precisamente en devaluar o suprimir los instrumentos de participación social para terminar concediendo las ayudas sin testigos.

Hay que acabar con las irregularidades, las corruptelas, el pasilleo, la información privilegiada, los pagos de comisiones, la prevaricación, el trato de favor, el tráfico de influencias y las puertas giratorias. Y eso sólo se consigue con control social de los pliegos de condiciones, con participación social en la gestión y evaluación de la calidad de los servicios.

Sólo se consigue si el empleo y las condiciones de trabajo en el sector privado son equiparables con las del sector público. Y, sobre todo, se consigue, si desde la sociedad organizada y vertebrada, desde la izquierda, desde los sectores sensatos de la política, desde las organizaciones democráticas, desde los sindicatos, nos aplicamos, sin prisa, pero sin pausa, en esa labor educativa y ética imprescindible de desmontar la confluencia de intereses políticos y empresariales que han convertido la gestión de los público en fuente de negocio, jugando con las necesidades y los derechos esenciales de la ciudadanía.

Esa es la nueva tendencia que tenemos la obligación de construir, si queremos que la libertad, la igualdad, la justicia y los derechos laborales y sociales, sigan siendo valores y principios rectores de nuestra convivencia. O eso, o el triunfo de la jungla de los Señores del Dinero y sus escuderos mediáticos y políticos.

Francisco Javier López Martín


HÁBLALES DE NUESTRA GENTE

marzo 16, 2016

pedro patiño

Vivimos un tiempo intenso y apasionante. Semanas en las que hemos podido ver los efectos inesperados e imprevisibles de una votación de investidura fallida, en el Congreso de los Diputados, en la que un candidato de la izquierda ha sido apoyado por una fuerza política de la derecha, mientras que ha obtenido el voto en contra de otras fuerzas políticas de la derecha nacional, de la derecha nacionalista y del resto de la izquierda.

Visto desde otro país, la situación bien pudiera parecer incomprensible y entre los habitantes de la “contorna”, los que vivimos en este lugar llamado España, tampoco se termina de entender bien qué está pasando, para que no haya manera de montar el puzzle del voto de la ciudadanía española, para conseguir la constitución de un gobierno.

Hemos conmemorado, un año más el 8 de marzo, comprobando de nuevo, de forma machacona y contundente, que la desigualdad, la discriminación, la violencia, siguen instaladas en nuestra sociedad, como en un empeño suicida de demostrar que España continúa siendo diferente y perfectamente capaz de seguir aburriendo a la Historia.

Venimos de una semana en la que hemos conmemorado el 12 aniversario de los atentados del 11-M, el más terrible golpe vivido por Europa, con 193 personas muertas y más de 1000 heridas.  Durante años, esos brutales atentados han sido utilizados por la pertinaz derecha cavernaria para dividir España y a las víctimas del terror. Es muy buena noticia que todas las víctimas y las instituciones hayan decidido acudir unidos al recuerdo, al homenaje y a la voluntad de fortalecer la libertad, la democracia y el combate contra el horror. Y, sin haber acabado el domingo, una nueva noticia, de un atentado con coche bomba en el centro de Ankara, con al menos 34 muertes y cientos de personas heridas.

Las imágenes de miles de personas, esperando ser acogidas como refugiadas en Europa, mientras duermen en barrizales y mueren en las aguas del Mediterráneo, no dejan de aparecer en las pantallas, seguidas de otras en las que los mandatarios europeos buscan no importa qué tipo de soluciones, con tal de evitar el estricto cumplimiento de la Declaración de Derechos Humanos, aún a costa de pagos y concesiones a terceros países para que hagan el “trabajo sucio”. Tampoco importa el cómo.

En días como éstos, que se repiten semana tras semana, siento la tentación de justificar a aquellos que quieren a sus hijos e hijas lejos de tanta brutalidad y miseria humana. Aquellos que intentan rodearlos de un ambiente de seguridad, lo más lejos posible del contacto con ésta realidad, que ni nosotros mismos somos capaces de entender.

Es sólo una tentación pasajera, porque muy pronto me doy cuenta de que esa opción no existe y, aún cuando fuera viable por un tiempo, sus consecuencias pueden ser aún  peores que aceptar una realidad, por dura que esta sea. Se puede intentar jugar con un niño al trágico juego de La vida es bella, pero es difícil pensar en una versión, tan siquiera de dimensión europea, de la famosa película.

Además, la infancia es pasajera y elegir el momento en el que corremos la cortina, la edad en la que perdemos la inocencia, no sería tarea fácil. Puede que sea incluso empeño imposible. Puede que sea una imposibilidad buscada y premeditada. La infancia de por vida. Toda una vida en la infancia. Morir en el País de Nunca Jamás. Aceptar el mundo como nos lo anuncian, consumir el mundo como nos lo venden. Renunciar a ir creciendo, a adquirir paulatinamente el principio de la realidad. Ser siempre un niño pendiente de sus chuches. El consumidor ideal y perfecto.

No creo que sea un trauma, sino todo lo contrario, que nuestros hijos e hijas oigan a sus padres hablar libremente de su vida y de su historia. Creo que es bueno dejarles participar y opinar sobre aquellas cosas que nos preocupan, que son importantes para nosotros y por las que creemos que merece la pena interesarse, que deben ser defendidas, por las que hay que luchar y comprometerse.

Fui a los toros, en el pueblo, con mis padres. Mi padre me subía al entarimado donde se situaba la banda de música, en una plaza formada por carros. También asistí a algún partido de futbol con mis tíos, muy del Atleti ellos. No he desarrollado, con el paso de los años, una gran afición por los toros, ni por el futbol. Me he hartado de jugar a indios y vaqueros, siguiendo las abundantes películas del oeste y tampoco hoy comparto ideas que supongan la desaparición de las poblaciones indígenas.

Veo a muchos de nuestros hijos e hijas conectados por internet con otros niños y niñas que se hartan de matar zombis, o participar en batallas tremendamente cruentas. También construyen y diseñan complejos poblados, muchas veces con fines y objetivos defensivos, o de conquista de territorios. No creo que en el futuro sean necesariamente arquitectos, asesinos a sueldo, o mercenarios. Al menos si son capaces de leer, interpretar, construir la realidad.

En todo caso, me parece mucho más peligroso que les dejemos, sin control alguno, tomar contacto con esa realidad virtual desvirtualizada, sin hablarles de cosas como que, hace casi 80 años, en aquel invierno de 1939, la región francesa de los Pirineos Orientales, con una población de unos 230.000 habitantes, acogió a más de 350.000 españoles, soldados, ancianos, mujeres, niños, que huían de una cruenta guerra civil, que se había prolongado durante casi tres insufribles años.

Muchos de aquellos refugiados acabaron en campos de concentración, como el de Argelès-sur-Mer. No me parece peligroso contarle a mis hijas, a mi hijo, que uno de aquellos refugiados era, probablemente, su bisabuelo, que partió con 42 años a defender la República de los ataques golpistas del fascismo y que nunca volvió. Su pista se perdió, precisamente, en alguno de aquellos campos, o en la misma frontera cerrada durante mucho tiempo a cal y canto.

Tal vez muriera en los primeros bombardeos de la Guerra Mundial, o deportado en algún campo de concentración nazi, vendido por el gobierno de Vichy, o como consecuencia de las heridas sufridas. Tal vez puedan entender mejor lo que está ocurriendo hoy en las fronteras de Europa.

No me parece especialmente traumático hablarles de los hombres y mujeres, de aquellos trabajadores y trabajadoras que intentaban vivir en libertad y con derechos sociales y laborales, en la negra dictadura que asoló España durante cuarenta años. Se organizaban como buenamente podían en las CCOO y caían una y otra vez en manos de la policía. Los juzgaban en tribunales especiales llamados de Orden Público, los condenaban a décadas de prisión, a cadenas perpetuas, a penas de muerte.

Hablarles de algunos de ellos, como aquellos 10 de Carabanchel, la cúpula de las ilegales CCOO, que fueron detenidos el 24 de junio de 1972, mientras estaban reunidos en un convento y que fueron juzgados en el denominado Proceso 1001. Tuvieron la mala suerte de que el juicio comenzó el 20 de diciembre de 1973, precisamente el día en el que los terroristas de ETA habían decidido asesinar al Presidente del Gobierno de la dictadura franquista, el Almirante Carrero Blanco. Por eso, el mayor de ellos, llamado Marcelino y sus otros nueve compañeros, fueron condenados a largas penas de prisión. Algunos de ellos viven aún y pueden contar su historia.

Y hablarles de cómo, cuando ya el dictador había muerto y la dictadura estaba a punto de seguirle a la tumba. En ese momento difícil, en el que todavía no había nacido la democracia, un grupo de terroristas franquistas dieron muerte a unos jóvenes abogados, que trabajaban cada día en la defensa de la clase trabajadora y las asociaciones vecinales de Madrid. Aún muchos y muchas de esa raza de abogados siguen defendiendo a la gente. Una de esas abogadas, llamada Manuela, ha llegado a ser elegida alcaldesa de Madrid.

Tal vez puedan entender, a lo peor no hoy mismo, pero cualquier otro día de su futuro, que la democracia y la libertad no son un regalo, que hay que defenderlas cada día. Que no se pueden permitir retrocesos en los derechos de los más débiles, mientras los poderosos aumentan su riqueza y las desigualdades crecen de forma imparable.

Tal vez entiendan que no basta indignarse. Que hay que estudiar, formarse, tener una profesión en la que sean buenos, organizarse y trabajar cada día. Que el trabajo bien hecho es un valor que no abunda en España, pero que es muy necesario. Que hay que ejercer el derecho a protestar, a manifestarse, a hacer huelga. Que en la vida hay conflictos y que hay que resolverlos con movilización democrática y negociación.

Creo que hay que hablarles y permitirles que conozcan a los 8 de Airbus, un puñado de los muchos trabajadores y trabajadoras que aún esperan una sentencia en España por haber participado en una huelga. Y a los dirigentes sindicales de Coca-Cola, que sufren el poder absoluto de una multinacional acostumbrada a doblegar gobiernos y tribunales. Una todopoderosa corporación que en España despide trabajadores. En la India roba las aguas escasas. En América Latina es una fuerza de terror organizado contra indígenas y sindicalistas que van cayendo asesinados.

Y que hay mineros como los de Aguablanca, en las fronteras de Badajoz, Huelva y Sevilla, que siguen luchando por su empleo y vienen a Madrid a ver a un Ministro para defenderlo, aunque les den con la puerta en las narices. Y que no todo son derrotas, si hay unidad y movilización. Que la unidad y la movilización, sobre todo la de las conciencias, son ya un gran triunfo. Y que para unir a la gente, para conseguir que se sientan parte importante y actores de su futuro, hay que hablar, negociar y volver a hablar y negociar y, cuando ya estés harto, cansado y creas que todo se derrumba… volver a hablar y sentarse a negociar.

No tengas miedo de que te acompañen a alguna concentración en defensa de los refugiados y los derechos humanos. No tengas miedo de que oigan hablar a la gente que sufre, a los parias de la tierra, a quienes se ganan duramente el salario de cada día. Que aprendan a reír con ellos y a compartir sus lágrimas. No tengas miedo, porque esas risas y esas lágrimas les harán sencillos, libres, fuertes. Dueños de su destino, capitanes de su alma.

Háblales de nuestra gente, de las personas de ayer y de hoy que trabajaron por la justicia social,  por los derechos que nos hacen libres e iguales, compasivos, solidarios. Háblales de que esas personas nos hicieron mejores, más decentes, más dignos. Que no los olviden. Que sientan orgullo de pertenecer a esa gente por la que ellos lucharon.

Son niños y niñas, pero no son tontos. Entienden estas cosas perfectamente. Tal vez mejor que nosotras y nosotros, porque no se encuentran mediatizados por tantas experiencias negativas, decepciones, mezquindades, como las que hemos tenido que padecer.

Son niños y niñas, pero es su derecho ir adquiriendo el principio de realidad. Su realidad no será la nuestra. Ellos formarán su propio criterio. Huirán de la Historia Oficial escrita por los cronistas oficiales y construirán su propia historia hecha de muchas pequeñas historias. Nuestra voz será una más entre otras muchas voces. Llegará un momento en que nos critiquen, porque no somos perfectos. Luego, más tarde, intentarán entendernos. Serán ellos, no serán una copia 3D de nosotros mismos. Pero en ellos podremos reconocernos y, cuando ya no estemos, ellos podrán reconocernos en nuestra gente. Háblales de nuestra gente. Háblales de nuestra gente.

Francisco Javier López Martín

 


CRONICA DE LA SEGUNDA RESTAURACION BORBONICA

agosto 17, 2015

Dicen que Obama va a aprovechar sus vacaciones para leer seis libros pendientes, entre los que figuran bestsellers, libros sobre medio ambiente y racismo, otro sobre George Washington y algo sobre la Segunda Guerra Mundial. Ni más ni menos, con variaciones temáticas, que lo que hemos hecho, o pretendemos hacer, otros muchos humanos durante este verano. Leer el resto de esta entrada »


FORMACIÓN EN TU EMPRESA

enero 15, 2015

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La formación es un derecho de cada persona, trabajadora o no. En el caso de los trabajadores y trabajadora, es la propia Constitución la que reconoce este derecho. Tenemos derecho a trabajar, a elegir profesión y oficio, a la promoción profesional y a una remuneración suficiente para satisfacer nuestras necesidades y las de nuestra familia (artículo 35). Tenemos también derecho a que los poderes públicos garanticen nuestra formación y readaptación profesional (artículo 40).
El problema, como en otros muchos casos, es que son muchos los artículos de la Constitución que no se cumplen. Una parte importante de la desconfianza de la ciudadanía en la política estaba, precisamente, en la incapacidad de los políticos y los partidos, para hacer realidad el ejercicio de los derechos constitucionales. En el caso de la formación de los trabajadores y trabajadoras esta situación ha llevado a un desconocimiento abrumador de los derechos más elementales en esta materia.
Son muchas personas trabajadoras las que nos preguntan si es verdad que tienen derecho a 20 horas anuales de formación en jornada laboral. Son demasiadas las ocasiones en las que hay que explicar que los fondos y recursos de la formación los pagamos las empresas y los trabajadores. ¿Cuántas trabajadoras y trabajadores saben que pueden pedir un permiso retribuido de 200 horas para asistir a cursos de formación? ¿O que si te cambian de puesto de trabajo en la empresa, ésta tiene la obligación de formarte para ese nuevo puesto en horas de trabajo? ¿O que todos los trabajadores y trabajadoras pagamos a las empresas la seguridad social de las personas contratadas con contratos de formación y aprendizaje?
Preguntas y dudas que nos plantean los trabajadores y trabajadoras, pero que también nos formulan muchos delegados y delegadas, responsables de secciones sindicales y miembros del comité de empresa.
Por eso hemos puesto en marcha este nuevo servicio de libre acceso para cuantas y cuantos lo necesiten. Una Asesoría de Formación en tu empresa.
No tienes más que entrar en la página web http://www.forem.es, o directamente en la de http://www.ccoo.es y buscar la Asesoría de Formación en tu Empresa. Allí, rellenando un breve formulario, podrías consultar tus dudas y problemas que serán resueltas por personas con experiencia y que pertenecen al mismo sector que tú.
Dudas sobre los derechos de la Representación Legal de los Trabajadores, sobre permisos individuales de formación, sobre el análisis y detección de necesidades formativas y el plan de formación de tu empresa, sobre la gestión de las bonificaciones para la formación. Sobre la formación dual, o las prácticas no laborales.
La asesoría de formación en tu empresa de CCOO, es un servicio online, pero con personas que cuentan con mucho trabajo sindical a sus espaldas. Es un servicio online, pero que se transforma en una atención personal, cara a cara, en un local de CCOO, o en la propia empresa, cuando tú lo necesites.
Ponemos en marcha la Asesoría de Formación en tu Empresa porque somos sindicato, es decir, trabajadores y trabajadoras organizados. Porque estamos en las empresas y formamos parte de tu futuro y del futuro de tu empleo.
Creamos este servicio porque la formación es un derecho y una necesidad. La formación te acompañará toda la vida, aunque cambies de empleo y de empresa. La formación es tu derecho y no puedes perderlo.
Queremos que utilices este servicio y nos ayudes a mejorarlo, para ti, ya seas trabajador o trabajadora; representante sindical de tus compañeras o compañeros; miembro de un comité de empresa.
Queremos que seas protagonista de tu formación, que puedas participar y negociar los planes de formación en tu empresa, desde el análisis de necesidades, hasta la evaluación de la utilidad de cursos, pasando por el control y seguimiento de los procesos de formación.
Porque tu formación es la mejor garantía de tu empleo y del futuro de tu empresa. La mejor garantía de que los jóvenes que se incorporan con contratos de formación, o prácticas no retribuidas, lo hagan, desde el primer momento, con todos sus derechos.
En el paro, o con un empleo, no estás sola, no estás solo. CCOO está contigo porque CCOO somos tu misma, tu mismo, cuando te organizas. CCOO te ofrece, con esta Asesoría para la Formación en tu Empresa, un punto de encuentro, para ayudarte en tu formación y en la de tus compañeras y compañeros en la empresa.

Francisco Javier López Martín


UNAS CCOO CON FUTURO

julio 19, 2013

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El sindicalismo de CCOO ha sido una fórmula de éxito para conseguir defender a los trabajadores y trabajadoras en las empresas y conseguir derechos sociales. Así comienza Jaime Cedrún su intervención en la última jornada del Curso sobre “Pasado, presente y futuro de la democracia en España”, que la Fundación Abogados de Atocha y el Ateneo 1 de Mayo, han organizado en la sede de la Universidad Complutense en El Escorial.
El sindicalismo siempre ha tenido que contener intentos de limitar derechos como el de huelga, manifestación, o los derechos colectivos de los trabajadores y trabajadoras.
Se culpabiliza a los sindicatos, son la bestia negra, sufren el linchamiento y la descalificación, precisamente por ser elementos esenciales en la defensa de los derechos laborales y sociales.
Es verdad que, para ello, han utilizado argumentos como la financiación de los sindicatos. Pero es la propia Constitución la que establece el papel vertebrador de los sindicatos en la sociedad. Un papel que, al contrario que en caso de los partidos políticos, no tiene una financiación por parte del Estado.
No una subvención, sino una financiación del papel constitucional asignado a los sindicatos. Cuando firmamos el convenio colectivo para todos los trabajadores y trabajadoras, independientemente de que estén afiliados o no. Cuando defendemos y negociamos derechos como las pensiones, la atención a la dependencia, el derecho a unas rentas, cuando carecemos de trabajo. Cuando defendemos la educación, o la sanidad, para toda la ciudadanía.
Esta situación es posible porque las ideas ultraliberales se han abierto paso, mientras la izquierda se ha retraído, incapaz de ofrecer propuestas ilusionantes de un futuro de empleo y cohesión social. El ultraliberalismo nos quiere convencer de que modelos como el chino son importables y tienen futuro. Quieren convencernos de lo contrario a lo que vemos. Que el desprecio de lo público, el deterioro del empleo, es lo real, aunque lo que percibamos es un enorme destrozo político, económico, laboral y social.
La situación europea, tras cinco años de crisis, es consecuencia directa de la aplicación de políticas ultraliberales, que agudizan los problemas económicos, destruyen empleo y fracturan la sociedad.
Los sindicatos europeos tenemos que aprender a actuar cada día más, unidos, en el conjunto de la Unión. Exigiendo más política, más diálogo social, más negociación colectiva en las empresas, más protección a las personas golpeadas por la crisis y que se ven condenadas a falta de rentas, a la pérdida del empleo, al desahucio de su vivienda. Exigiendo más inversión para reactivar la economía y crear empleo. Exigiendo un reparto equitativo de la riqueza y del esfuerzo para salir de la crisis.
En el caso de España, los problemas se agudizan. El desempleo masivo de los jóvenes y de los sectores de baja cualificación sin ingresos. Los altos niveles de economía sumergida y fraude fiscal. Las tremendas posibilidades de obtener deducciones fiscales para las rentas altas. Debilidad de los sistemas de protección social, cada vez más sometidos a recortes y procesos de privatización. Y una crisis de una política minada por la corrupción.
La tremenda crisis política que vivimos en este momento exige una revisión en profundidad de nuestra política, de nuestro modelo económico y social. Exige otro modelo de empleo y otra concepción de las relaciones laborales en las empresas.
No ha defraudado las expectativas este colofón de las ponencias presentadas en el curso. Hemos hablado del pasado que nos vio nacer como organización sindical. Hemos afrontado el presente en sus aspectos más dramáticos de corrupción, paro, pobreza y exclusión. Hemos terminado ofreciendo propuestas de futuro y planteando los retos del sindicalismo para unos años venideros que van a seguir marcados por la crisis y por la confrontación entre dos formas de afrontar, combatir, superar y salir de un periodo negro, en el que aún no vemos luz alguna en el horizonte.
Ahí seguiremos las CCOO, con esfuerzo renovado y el compromiso de toda una vida de lucha, utilizando los instrumentos de la movilización y la negociación. Como siempre. Con más necesidad que nunca.

Francisco Javier López Martín