Patriotismo de la cohesión

noviembre 18, 2018

El pasado mes de octubre hemos celebrado el Día del Trabajo Decente (7 de octubre) y el dedicado a la Erradicación de la Pobreza en el Mundo (el 17-O). La virtud de estos días mundiales, o internacionales, es que durante un día del año, las noticias, los eventos, los informes, ayudan a centrar la atención de mucha gente sobre un problema.

El inconveniente es que podemos perder la cuenta de los días y pasar de uno a otro sin solución de continuidad. Por ejemplo, el 16 de octubre se conmemora el Día de la Alimentación, el mismo 17 también el Día del Dolor y el 18 el Día de la Menopausia. No cabe duda de que cada día tiene su afán y que todos requieren atención. Nos acostumbramos a ello y nos habituamos a pensar o hacer algo que tenga que ver con cada día en cuestión. Mañana será otro día.

Por eso, para romper la monotonía de un día tras otro, para no aclimatarnos en exceso, me atrevo a volver al Día de la Pobreza, porque para muchas personas y familias, es todos y cada uno de los días. Pongamos un ejemplo, Madrid pasa por ser la región más rica de España. Nuestro Producto Interior Bruto per cápita se encuentra un 35% por encima del nacional. Por detrás de nosotros, comunidades como País Vasco, Navarra y Cataluña.

Y, sin embargo, en este capitalino, orondo y boyante, Madrid musulmán y comunero, de los Austrias y los Borbones, Republicano y obrero, franquista y democrático, una da cada cinco personas vive por debajo del umbral de la Pobreza, según un Informe recientemente presentado por CCOO de Madrid, titulado Marcadores de Pobreza, riesgo social y desigualdad en la población madrileña.

Muy desencaminado no debe andar el Informe cuando, inmediatamente, el Presidente del Gobierno Regional, en vivo y en directo, ha salido a contestar y matizar los datos. Pero los datos son tozudos. Ser pobre en Madrid significa vivir con menos de 8.522 euros al año en hogares de una persona y 17.896 euros para familias de 2 adultos y 2 niños. Así lo considera la Unión Europea, cuando fija el umbral de la pobreza por debajo del 60% de la mediana de ingresos por unidad de consumo.

La crisis ha golpeado duramente a la Región. Desde que comenzó, allá por 2008, cuando el responsable empresarial madrileño del momento decía que nuestra economía iba como un tiro, la pobreza en Madrid ha pasado del 16% al 20´6%, alcanzando picos del 21´7% en 2016.

Por muy ricos que nos creamos, casi 1´4 millones de personas viven en Madrid en situación de pobreza. 350.000 personas viven en situación de pobreza severa y 300.000 niños y niñas son pobres. Por muy ricos que quieran vendernos que somos, la pobreza y la desigualdad se enquistan y amenazan con convertirse en parte de la estructura social y económica de nuestro Madrid.

La crisis se ha cebado en las familias. Hogares con todos sus miembros en paro, o con muy baja intensidad de trabajo. Un tercio de las familias no pueden acometer gastos imprevistos y casi la mitad llega con muchas dificultades a fin de mes. Familias que no pueden comer carne, pollo, o pescado cada dos días. O las que tienen que pasar frío, porque no pueden pagar los precios de la energía. Aquellas que reducen o suprimen las vacaciones. Datos preocupantes, incontestables, que aparecen en el informe y que no pueden dejar indiferente a nadie.

Los riesgos de pobreza de una familia se incrementan hasta el 52% cuando una sola persona tiene que hacerse cargo de los hijos e hijas. Mientras tanto, nuestros gobernantes regionales se llenan la boca con el derecho a la vida y la protección a la familia. Otras regiones menos ricas, mientras tanto, presentan tasas de pobreza inferiores y menos riesgos de pobreza para las familias.

La democracia y el desarrollo de los derechos constitucionales, a lo largo de estos cuarenta años, nos han permitido ir estableciendo redes de protección, asentadas en derechos reconocidos por ley. La protección por desempleo, la Seguridad Social que garantiza el sistema de pensiones y las Pensiones No Contributivas (PNC), para quienes no reúnen los requisitos de contribución que permiten acceder a una pensión del sistema de Seguridad Social.

La sanidad pública universal y gratuita, la educación pública, obligatoria y gratuita en los niveles obligatorios, las Rentas Mínimas con diferentes tratamientos autonómicos, una red de servicios sociales muy importante, o la Ley de Atención a las situaciones de Dependencia. Y. sin embargo, la pobreza persiste y las desigualdades aumentan.

La única explicación que se me ocurre es que estos instrumentos, que han costado muchas reivindicaciones y hasta huelgas generales y que no han sido nunca regalos, se ven acosadas por los intereses privados, han nacido sin los recursos suficientes para garantizar la efectividad de los derechos, o han sido las primeras víctimas de los recortes neoliberales que intentaron ser justificados por la crisis económica.

Un motivo más para que la salida de la crisis tenga que notarse de inmediato en la reducción de las tasas de pobreza y de la desigualdad. Esa debería ser la tarea prioritaria a la que deberían aplicarse los gobiernos y los partidos de la oposición, buscando el consenso necesario para que la cohesión y la redistribución justa de la riqueza sustenten una convivencia libre y democrática. Ese es el auténtico patriotismo, el más heroico de los himnos y la mejor de las banderas.

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17 Octubre, menos pobres, menos iguales

octubre 18, 2018

Nicolás Sartorius, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, me remitió una invitación para asistir, en el Consejo Económico y Social, a la presentación del Informe sobre Desigualdad en España, en su tercera edición, que cuenta en esta ocasión con la colaboración de las Fundaciones Largo Caballero y 1º de Mayo.

Más allá de los datos que  aparecen en el Informe, accesible en la página web de la Fundación. Más allá de sus análisis sobre la estructura de rentas en nuestro país, las diferencias territoriales, de empleo, edad, sexo, o nivel formativo. Por encima de las consideraciones sobre el papel de los sistemas de protección social y su debilitamiento  durante la crisis, quisiera detenerme en unas cuantas conclusiones, muchas de las cuales han sido destacadas a lo largo de la presentación.

La pobreza es casi siempre relativa. En la mayor parte del mundo  una familia con 800 euros al mes no puede ser considerada, ni mucho menos, pobre. En España, con esos mismos ingresos, una familia puede ser pobre y vulnerable. En Francia, esa familia podría ser incluida en la categoría de pobreza severa. Por lo tanto, ser pobre no sólo tiene que ver con la cantidad de ingresos absolutos, sino con lo que puedes hacer con tus rentas. Siempre somos pobres, como dice un amigo, comparado con qué.

Es cierto que el nivel de rentas en un entorno puede ser uno de los primeros indicadores, pero eso sólo mide nuestra capacidad de comprar bienes o servicios. Es cierto que en un mundo-consumo este factor es determinante. Pero quedarnos ahí sería anodino y superficial. Por eso se utilizan hoy otras formas de medir la pobreza, como el Coeficiente de Gini, que valora cualquier forma de distribución desigual.

El Indicador AROPE (At-Risk-Of Poverty and/or social Exclusion), ha sido desarrollado y es cada vez más utilizado en la Unión Europea. Toma en consideración el factor de las rentas, pero sin olvidar la vivienda, las vacaciones, alimentación,  movilidad, empleo, entre otros. Por su parte, las Naciones Unidas cuentan con el Indice de Desarrollo Humano y el Indice de Pobreza Humana, más centrado en las carencias y privaciones que sufren las personas en cada país.

La crisis que hemos atravesado ha convertido las desigualdades en un fenómeno estructural. La recuperación no permite que las desigualdades se reduzcan. Ese ha sido uno de los efectos que ha producido la crisis financiera que se desencadenó con Lehman Brothers, que resultó no sólo financiera, sino que terminó por pudrir la economía mundial, doblegar la política y emponzoñar las relaciones sociales.

La crisis ha descalabrado y descabalado la democracia. Los rescates han debilitado a la política en su capacidad de redistribuir la riqueza y repartir las cargas. El ultraliberalismo del menos Estado, del más dejar hacer a quienes pueden hacer y el más dejar pasar el deterioro de la vida de la mayoría de la población, ha debilitado lo público, lo de todos, cuanto garantiza la cohesión social. Convendría rastrear por ahí el surgimiento de populismos y movimientos de ultraderecha.

La reforma laboral ha supuesto un mazazo a la capacidad de los trabajadores y las trabajadoras organizados en sindicatos de conseguir la redistribución de la riqueza allí donde se produce, en el seno de las empresas. El poder adquisitivo del salario se ha reducido y las diferencias salariales se han agudizado entre hombres y mujeres, temporales y fijos, jóvenes y mayores. El fenómeno de trabajar y ser pobre se extiende. La precariedad se ha convertido en ley de vida.

Hay quienes, desde los propios poderes económicos internacionales, avisan de que un aumento de las desigualdades terminará perjudicando las propias posibilidades de la economía, que es tanto como decir que los ricos serán devorados por su propia avaricia. Es el mismísimo Fondo Monetario Internacional quien avisa de que el aumento de la brecha social en un país provoca un freno para el crecimiento económico.

Perdidos como andamos en los escándalos de nuestros políticos, personales y colectivos, no queda tiempo para tomar en consideración que la libertad y la igualdad son las dos caras de la misma moneda. No existe la una sin la otra. Es imposible. Se llenan los políticos la boca de una España de personas libres e iguales. Pero son pocos los que trabajan de verdad a favor de la igualdad de oportunidades y muchos los que en nombre de la libertad condenan a demasiada gente al trabajo indecente y la vida en miseria.

Y precisamente ahora que nos encontramos en el entorno del 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y cuando el 7 de octubre pasado hemos renovado nuestro compromiso con el Trabajo Decente, sería bueno que cualquiera que gobierne, o quiera gobernar este país, firme un contrato con la ciudadanía para que la libertad y la igualdad se conviertan en principios rectores de su actividad de gobierno. Un contrato para que la pobreza y la brutal desigualdad desaparezcan de España.

Es una bonita bandera y una causa patriótica que merece todo ese esfuerzo que se dilapida en ejercicios inútiles y estériles de banderías nacionales y nacionalistas, que sólo generan odio, confrontación y el triunfo de las bajas pasiones.  Porque no es de recibo que una de cada cinco personas en España sea pobre, mientras que, en plena crisis, el número de ricos aumenta. No es admisible que, tras la crisis, salir de la pobreza sea más difícil y la brecha de la desigualdad sea más insalvable.


Algunas reflexiones sobre los jóvenes

septiembre 30, 2018

La Comisión de Pastoral Social, dependiente de la Conferencia Episcopal Española, organiza un curso anual sobre Doctrina Social de la Iglesia. Este año el curso tiene un título sugerente, Los jóvenes, presente de la sociedad y de la Iglesia. Me han invitado a participar en una de las mesas redondas para reflexionar sobre una pregunta, ¿Hay otra política económica para los jóvenes?

Lo primero que se me ocurre es que sólo habrá otra política económica para los jóvenes, si es posible otra política económica para el conjunto de la población. Pero este pensamiento choca frontalmente con la concepción generalizada de que éste mundo es inmutable. Salvaje, injusto, desigual, competitivo, cruel, siniestro.

Para quienes defienden esta forma de ver el mundo (y no son pocos), las cosas son así, aunque no lo queramos y sólo es posible pactar algunos espacios de libertad condicional, bajo permanente vigilancia de ese Gran Hermano que comenzó a fraguarse en torno al 1984. Son ya muchas las personas y las instituciones que han aceptado esta lógica.

Y, sin embargo, sigo creyendo que no todo está perdido, siempre que hagamos bandera de la lucha contra la precariedad. Una precariedad que es mucho más que la temporalidad en el empleo, porque ambiciona ocupar cada espacio de nuestras vidas, desde la educación, a la salud, la vivienda, la vejez y hasta las creencias religiosas. La precariedad es un nuevo dios autista, omnipotente, omnipresente y ensimismado, incapaz de reconocernos mínimos espacios de libertad.

Yendo al asunto, un buen comienzo para afrontar una política económica que sirva a nuestros jóvenes consistiría en fortalecer el sistema educativo para acabar con el Abandono Educativo Temprano (AET), que se sitúa en España por encima del 18%, mientras que en Europa la media se encuentra levemente por encima del 10%. En el año 2020, la Unión Europea ha fijado el objetivo de que los países miembros no superen el 10%.

Hasta ahora el Gobierno del PP había venido aireando que, en 2008, justo antes del comienzo de la crisis, nuestras tasas de abandono escolar temprano estaban por encima del 31 por ciento, para justificar, a continuación, que hemos mejorado mucho. Aún así, el anterior Ministro de Educación, avanzaba que llegaríamos al final de la década con un 15% de abandono educativo temprano, lo cual me parece hasta optimista.

Durante los años de bonanza anteriores a la crisis, muchos jóvenes preferían trabajar a seguir estudiando. Cuando la crisis se quedó a vivir entre nosotros, nuestros jóvenes, atenazados por el paro, se han refugiado en mejorar su formación, aunque desde el gobierno, a base de recortes educativos, se haya hecho más bien poco para corregir las tasas de AET. Pero si el empleo se recupera, puede que la tasa de AET se estanque y hasta que vuelva a crecer.

Otra cosa que podemos hacer es promover y prestigiar nuestra Formación Profesional (FP). España mantiene, de forma irresponsable, unos niveles educativos polarizados. De una parte, más del 40% de la población no supera la pura y dura formación obligatoria (la Enseñanza Secundaria Obligatoria). En el otro extremo, casi el 36 por ciento de la población tiene formación universitaria, o de Ciclo Superior. El resto se mueve en el nivel de Bachillerato y Ciclos de FP. El hecho es que tan sólo el 12% del alumnado se matricula en FP.

No es extraño que casi el 70% de los jóvenes que tienen un empleo se sientan sobrecualificados y ocupando puestos de trabajo que se encuentran muy por debajo de su nivel formativo, mientras que los empresarios se quejan de que el 44% de los puestos de trabajo no se cubren porque no encuentran personas con la cualificación necesaria. Algo no cuadra.

La cifra de los empresarios parece exagerada y seguro que lo es. A fin de cuentas vienen demostrando que quieren lo mejor, al menor coste posible y con el máximo de beneficio rápido y seguro. Pero es cierto que una Formación Profesional infrautilizada, cuyo prestigio social no alcanza en las encuestas el aprobado, no puede contribuir a ajustar las necesidades productivas con la cualificación.

Prestigiar la FP es esencial. Pero para ello hay que acabar con la bicefalia que conlleva la doble responsabilidad de los Ministerios de Educación y Empleo sobre la Formación Profesional. Hasta eso que se ha dado en llamar FP Dual, lo es, tan sólo, por la doble manera de entender  qué cosa significa la famosa palabra.

Hay que flexibilizar la FP, estableciendo módulos formativos, itinerarios flexibles y adaptados, mejorando la transición hacia la universidad, facilitando el reconocimiento académico de la experiencia profesional adquirida. Son cosas que otros países ensayan con éxito y que en España no pasan del nivel de la formulación teórica y los buenos deseos.

Pero ya desde el nivel de la Formación, hay que combatir la precariedad y en eso aportamos pocas buenas prácticas. Los contratos de formación se han convertido en fraude generalizado con mal empleo y nula formación. Los becario padecen la inseguridad y las bajas remuneraciones y forman parte del paisaje cotidiano del tipo de profesionales que utilizan grandes empresas, instituciones y administraciones. Abundan los anuncios en los que se ofrece trabajar gratis, con tal de engordar un poquito el currículum.

Sin embargo, nadie se ha tomado en serio poner en marcha un Estatuto del Aprendizaje que regule las condiciones de trabajo y formación que deben de aplicarse en las empresas, por más que nos lo reclame la Unión Europea, como al resto de países miembros.

Claro que hay mucho que se puede hacer para impulsar otra política económica y de empleo para nuestra juventud, pero todo comienza con la formación. El proceso formativo no debería ser un reproductor de las miserias del mercado laboral, sino un momento de desarrollo personal que facilita un nuevo modelo empresarial y de empleo. Más estable, más seguro, con más derechos.


Formación Profesional y nuevo gobierno

agosto 14, 2018

Acaba de presentar Pedro Sánchez su programa de gobierno ante el Congreso de los diputados. Hora y media de discurso en el que ha trazado las prioridades de la acción política durante los próximos años, si nada lo impide. Los medios se han fijado, sobre todo, en temas como las amnistías fiscales, la exhumación de los restos del dictador Franco, el Plan de Choque contra la Explotación Laboral, o la nueva senda del déficit que beneficiará a las Comunidades Autónomas.

Menos incidencia mediática ha tenido una noticia importante para los trabajadores y trabajadoras, como la derogación de ese artículo 315.3 del Código Penal, que ha producido cientos de encausamientos ante los tribunales y condenas injustas para quienes, participando en una huelga, han sido acusados de impedir el derecho al trabajo, lo cual suena a patético en un país que impide el derecho al trabajo, con y sin huelga, de millones de sus ciudadanos y ciudadanas, sometidos a largas condenas de paro.

Tampoco han tenido gran relevancia las palabras que Sánchez dedicó a la Formación Profesional. Todo el mundo habla del futuro que ha de venir de la mano de la formación, pero son muy pocos los que luego llevan a la práctica esas consideraciones enunciadas como mantras, cantinelas entonadas cuando no se sabe qué otra cosa decir.

Sánchez ha declarado que la Formación Profesional debe tener un protagonismo fundamental, tanto como para estar presente en la denominación del nuevo Ministerio de Educación. Nos propone, además, tres prioridades: La primera, integrar en un catálogo único cursos, módulos y ciclos formativos de los dos subsistemas de Formación Profesional (el dependiente del Ministerio de Empleo y el del Ministerio de Educación), bajo un mismo currículo. La segunda, regular de una vez por todas, la Formación Profesional Dual. Y la tercera, elaborar un mapa de oferta y demanda de Formación Profesional de grado medio y superior en la Comunidades Autónomas, así como las especialidades emergentes que plantea la nueva economía.

Como declaración de intenciones no está mal. Como comienzo de la andadura, tampoco. No puede haber dos Formaciones Profesionales, una a espaldas de la otra, para que dos ministerios como Empleo y Educación terminen haciendo cada uno la guerra por su cuenta. No podemos seguir llamando formación dual a las abundantes fórmulas estatales y autonómicas inconexas de explotación laboral juvenil, disfrazadas de formación con prácticas laborales. No podemos seguir asistiendo a una oferta caótica y siempre insuficiente de formación profesional que no cubre la demanda en aumento.

Vivimos en un país que ha despreciado la Formación Profesional hasta el punto de que tenemos niveles de formación universitaria iguales o superiores a los de la mayoría de los países de la Unión Europea, mientras que casi triplicamos los porcentajes de personas que han conseguido, como mucho, alcanzar la enseñanza obligatoria. En torno al 40 por ciento de los españoles se encuentra en esta situación.

Mientras tanto el nivel de matriculaciones de nuestros jóvenes en Formación Profesional se encuentra en el 12 por ciento, frente al 30 por ciento en la Unión Europea. Cada año, en Comunidades como Madrid, se llenan las plazas y se quedan miles de jóvenes sin poder acceder a la Formación Profesional que han solicitado.

El nivel de fraude en los famosos contratos de formación y de abusos en las prácticas no laborales, el aprendizaje y los becarios, es de sobra conocido. Los sindicatos lo han denunciado constantemente,  pero sigue siendo tolerado. El Estatuto del Becario que anuncia Sánchez, debe verse acompañado del Estatuto del Aprendiz que reclama la Unión Europea, para evitar la arbitrariedad y el abuso permanente contra nuestra juventud.

Afrontar el impulso necesario de la Formación Profesional en España va a exigir algo más que declaraciones de intenciones, cambiar el nombre de un ministerio,o acometer campañas promocionales. Va a requerir mucho tacto, mucha negociación y la firme decisión de remover intereses creados entre Ministerios, Comunidades Autónomas, agentes económicos y sociales y centros de formación de todo tipo.

Sin embargo merece la pena hacer frente al desafío, e intentar una regulación clara de la Formación Profesional, al servicio de un modelo de empleo estable y con derechos, reformando un sistema que, sin abandonar su componente educativo y la defensa del derecho personal a una formación a lo largo de toda la vida, se vincule con las necesidades económicas y sociales de un nuevo modelo productivo que ponga a los trabajadores y trabajadoras en el centro del futuro de los proyectos empresariales.


Las gafas de ver españoles

junio 3, 2018

El pequeño Cole, protagonista de El Sexto Sentido, declara en la película, En ocasiones veo muertos. Nunca hemos podido determinar, a ciencia cierta, que el niño supiera, desde el principio de la película, que también Malcom, el prestigioso psicólogo que trata su problema, encarnado por Bruce Willis, estaba también muerto.

Este tipo de situaciones, controversias y dudas, sólo se pueden dar en Estados Unidos. Cosas de Hollywood y sus películas. En España no pasan estas cosas. Somos un país de certezas absolutas, que cambian constantemente, pero que son absolutas mientras duran. Certezas que son fruto de nuestro carácter emprendedor, innovador y descubridor.

Una de esas grandes certezas, nos ha sido revelada por Albert Rivera, este fin de semana, durante la presentación de su proyecto electoral España Ciudadana. Nos ha desvelado el secreto de su película, que no es otro que haber emprendido, innovado y descubierto las gafas de la España Ciudadana.

Gracias a ellas, donde yo veo una señora mayor abandonada a su suerte, Albert puede ver un español. Y donde veo un chaval fracasado en los estudios, que ha abandonado el sistema educativo, él consigue ver un español. Donde cualquier ciudadano ve una persona parada, o dependiente, o con una pensión de miseria, o una niña sin escuela infantil, o directamente con hambre, las milagrosas gafas permiten ver a Rivera españoles, iguales, indefinidos, indiferenciados.

Ya no hay ricos y pobres. No hay trabajadores y empresarios. No hay religiosos y ateos. No hay corruptos y personas que viven gracias a su esfuerzo. No hay mujeres y hombres. Las gafas nos hacen iguales. Españoles, compatriotas, libres, iguales. El mensaje es sencillo, hasta simplón, pero muy efectivo.

Quien hasta hace poco denunciaba que el nacionalismo y el populismo eran lo peor de lo peor, ha evolucionado hacia un nacionalismo duro y un populismo  rampante, pero con gancho. Desde que Goebbels enunciara sus famosos 11 principios de la propaganda, los políticos dictatoriales de todo signo y no pocos políticos triunfantes en países democráticos, los han aplicado con diligencia.

Pocas ideas, repetidas hasta la saciedad, cuanto más simples mejor. Vale mentir, cuantas más veces lo hagas mejor, miente siempre, al final parecerá verdad. Búscate un enemigo que cargue con tus errores, céntrate en cargarle todos los males y problemas. Habla para los más tontos, populariza tus ideas, multiplícalas, airéalas desde todos los medios posibles. Somos nacionales, porque hay otros que no lo son. Identifícalos, individualízalos, apártalos, elimínalos.

Banderas, muchas banderas, aunque sean de plástico y una musa, una Marilyn esteparia, una diosa rubia que desciende sobre el escenario desde su monte olímpico allá en Miami, donde ha dado a luz un himno guerrero que agradezca a Dios haber nacido aquí. Un canto orgulloso, sin complejos, sin perdones, lleno de rojos, amarillos, rayos de sol.

Y yo, que siempre he preferido la ancestral denominación de las Españas. Que prefiero definir las patrias por los derechos de ciudadanía que amparan a sus habitantes, más que por las banderas que lucen en los edificios y los himnos que se acometen en los desfiles. Que he creído que ser iguales, siendo tan distintos, sólo es posible si quienes menos tienen y menos pueden, reciben más que quienes menos lo necesitan. Yo, empiezo a tener miedo.

El miedo ancestral de cuantos, a lo largo de nuestra historia, han pagado con sufrimiento, dolor, miedo y, no pocas veces, con sangre, el peso de una uniformidad impuesta, una bandera triunfante sobre otras banderas, unos himnos que ahogaban todos los cánticos, en lugar de invitar a la fiesta.

Si la respuesta al nacionalismo rampante, secesionista y segregacionista de Quim Torra, es el nacionalismo casposo, patriotero y también supremacista de Albert Rivera, mucho me temo que habrá que volver a Gabriel Aresti, el poeta vasco, citado por el propio Rey en su primer discurso, para recordar que Sólo es español quien sabe/ las cuatro lenguas de España.

Menos alimentar los bajos instintos y las letras ramplonas y sensibleras en nuestros himnos. Menos gafas trucadas para ver “españoles” y más estudiar idiomas patrios, para que podamos entendernos.


Las Universidades y la Formación para el Empleo

junio 3, 2018

Me invitaron recientemente a participar en una mesa redonda organizada en el marco del Congreso de la Red Universitaria de Estudios de Posgrado y Formación Permanente (RUEPEP), celebrado en la Universidad Complutense de Madrid. El tema propuesto era el de La Formación Profesional para el Empleo en las Universidades.

Para responder a esta pregunta, conviene partir de la constatación de que el denominado subsistema de Formación Profesional para el Empleo (FPE), dependiente del Ministerio de Empleo, fue diseñado hace ya más de 25 años, al margen y de espaldas al sistema de Formación Profesional (ya sean centros de FP, de adultos, o universitarios), dependiente de la Administración Educativa. Por eso las Universidades y Centros de FP son hoy absolutamente marginales como proveedores de formación para el empleo.

Y la respuesta a la pregunta pasa por corregir ese problema de partida, de forma que las cualificaciones, las titulaciones, los estudios, los centros de formación de uno y otro ámbito, sean equiparables, actúen conjuntamente y trabajen a favor del objetivo común y único de proteger el derecho a la educación a lo largo de toda la vida y atender las necesidades formativas reales de las empresas.

Se me ocurre, por tanto, que las universidades públicas aglutinadas en RUEPEP, que han abierto esta interesante reflexión, podrían y deberían tener un papel importante en la detección de esas necesidades formativas existentes en el mundo empresarial y laboral.

Creo, también, que podrían ser fundamentales para analizar y estudiar las fortalezas y debilidades del sistema de Formación Profesional para el Empleo, proponiendo las correcciones y soluciones necesarias para su mejora y adaptación a las nuevas realidades económicas y productivas.

Entiendo que podrían jugar un papel importante para contribuir a la mejor gestión y administración del sistema. Deberían participar en el diseño de nuevas cualificaciones. Podrían recibir el encargo de evaluar la calidad de las acciones formativas y del propio sistema.

Las universidades están en condiciones de actuar en materia de reconocimiento de la experiencia laboral, a efectos de adquirir una cualificación profesional, o para el acceso a otro tipo de programas formativos de nivel medio o superior. Considero también que podrían ser colaboradoras muy valiosas de las administraciones para el reconocimiento e inscripción de nuevos centros formativos, con criterios claros y transparentes, de cualificación y calidad.

Las Universidades son Administración Pública y, de acuerdo a la incumplida ley de Formación para el empleo, deberían poder actuar de forma directa en la impartición de especialidades formativas necesarias para la formación de los trabajadores y trabajadoras, en las empresas, en el territorio y en los diferentes sectores de la producción y los servicios.

Sin ánimo de ser exhaustivo, creo que las universidades deberían tener un papel esencial en la formación de las personas que asuman responsabilidades en la formación para el empleo, ya sea en su diseño, gestión y administración, como en la impartición de determinadas especialidades formativas.

Esos profesionales existen, pero no son muchos, ni tienen la conciencia de formar parte de un sistema formativo del que se sientan mancomunadamente responsables. Esa tarea de formación de formadores y  de las administraciones,  empresariales, o sindicales, en Formación para el empleo, debería ser una tarea encomendada a nuestras universidades.

Perdemos demasiado tiempo anunciando nuevas apuestas como la formación dual, sin que nadie sepa explicar de forma coherente qué cosa sea la famosa formación dual. Perdemos demasiado tiempo compitiendo entre administraciones educativas y de empleo y entre éstas y las administraciones autonómicas, para ver quien se lleva los recursos y qué chiringuitos clientelares crean con ellos. Se nos va el día en intentar tener un peso esencial en un sistema cada vez más cuestionado, e incontestablemente cuestionable.

Mientras tanto, desaprovechamos un potencial como el que tienen las universidades, para mejorar el sistema, hacer frente a las debilidades y corregir los problemas. Es muy habitual en este solar patrio. Pero el que sea lo de siempre, lo habitual, no significa que sea lo bueno, lo mejor, ni tan siquiera lo deseablemente posible.


La parcialidad del machismo y los derechos recortados

abril 2, 2018

Leí una noticia de la BBC, acompañada de un vídeo, convertido en viral durante estos días de Huelga Feminista, en los que la igualdad se ha situado en el centro del debate público y político en nuestro país.  El artículo hablaba de un acertijo cuyo contenido aproximado es el siguiente:

Un padre y un hijo van en su coche y sufren un accidente. A consecuencia del mismo, el padre muere y el hijo es trasladado urgentemente a un centro hospitalario, en estado muy grave. Necesita una operación muy complicada y llaman a una eminencia médica, que acepta desplazarse cuanto antes al hospital. Pero, cuando entra en el quirófano, dice: No puedo operarlo, es mi hijo. ¿Cuál es la explicación de esta situación?

Las respuestas al acertijo son de lo más ocurrentes. Da igual que vengan de trabajadores manuales, estudiantes universitarios, mujeres, hombres, jóvenes, o personas de edad, machistas, feministas, inmigrantes, o no, de derechas, o de izquierdas. Pocas personas terminan acertando que la tal “eminencia médica” sea la madre del joven y, la mayoría, opta por explicaciones rocambolescas mucho menos lógicas y plausibles.

Al parecer, esta incapacidad, bastante extendida, para resolver el acertijo, se encuentra en algo que los científicos llaman “parcialidad implícita”, o inconsciente. Es decir, desde la más tierna infancia, se establecen conexiones entre nuestra neuronas que se automatizan y son, luego, difíciles de cambiar.

Esa automatización hace que no tengamos que andar pensando cada operación cotidiana que realizamos en nuestra vida. Pero también ocurre que otros aprendizajes sean también automatizados. Lo que percibimos, sentimos, vemos en la tele, escuchamos, o experimentamos desde muy pequeñas y pequeños, es muy difícil de replantear de forma distinta a como lo aprendimos.

Las tareas importantes de liderazgo, las ocupaciones más reconocidas socialmente, son asumidas por hombres. Los cometidos de cuidado, atención a la familia, servicios sociales, educación, sanidad, son adjudicadas a las  mujeres. Pero incluso en una profesión tan feminizada como la sanidad y pese a formularse la adivinanza en femenino, la “eminencia médica” es automáticamente asociada con un hombre.

La huelga feminista, en sus cuatro modalidades (laboral, de cuidados, estudiantil y de consumo) ha resultado un éxito español que ha adquirido dimensiones planetarias y ha llenado las calles con impresionantes manifestaciones, pese a sus dificultades iniciales, lo novedoso e inexplorado de la convocatoria, la multiplicidad de los convocantes y hasta los mensajes dispersos sobre las características de la movilización (de mujeres, de mujeres y hombres, de dos horas por turno, de 24 horas).

Pero a los pocos días, precisamente cuando hay que prestar especial atención a que las reivindicaciones sean escuchadas y atendidas, cuando habría que iniciar la negociación de las soluciones, la Huelga Feminista  ha sido sustituida en los noticiarios, en las tertulias, en los programas de debate, o entretenimiento, por noticias inesperadas y sobrecogedoras, como el drama terrible de Gabriel, el Pescaíto, aprovechado además por la derecha para desviar la atención hacia un terreno mediáticamente favorable a la “prisión permanente revisable” (esto de revisable ha pasado, incluso a segundo plano), o por las justas y masivas movilizaciones de las personas mayores en defensa de las pensiones.

La insoportable levedad de lo cotidiano, por importante que sea, el carácter líquido de nuestras sociedades, no pueden ser automatizados, ni aceptados sin más. Aceptar la futilidad de cuanto ocurre, vivirlo intensamente mientras dura, para sustituirlo inmediatamente por una nueva noticia, una nueva preocupación, un renovado quehacer.

Las encuestas mensuales del CIS nos van dando cuenta de estas fluctuaciones en las preocupaciones de los españoles. Y, sin embargo, más allá de las modas, las tendencias y los cambios de momentos, no nos permiten afirmar que los problemas se vayan solucionando. Más bien podríamos decir que, tras vivirlos con vehemencia y apasionamiento, los abandonamos en un cajón de sastre (también un poco desastre), donde permanecen ocultos, o desde donde pueden volver a saltar a la palestra, deformados y amplificados.

La crisis nos ha dejado un buen puñado de estos problemas. La política de recortes y contrarreformas de todo tipo, hace que, ahora que el propio Presidente del Gobierno señala la senda de la recuperación, quien más y quien menos nos sentimos llamados a participar en la tierra de leche y miel que se nos anuncia cada día.

Mujeres, jóvenes, mayores, personas desempleadas, no nos resignamos a la parcialidad inconsciente, ni a la insoportable levedad que quieren que nos habite. Queremos libertad, derechos, un empleo digno, una vida decente. No pedimos mucho. Pero no estamos dispuestos a nada menos que eso. Prepárense que allá vamos.