De mentideros y motines

junio 21, 2018

Muestran gran asombro quienes pierden en este país, pongamos por caso, una moción de censura. La expresión del asombro puede adquirir muchas formas, en función del talante de quien pierde. Desde la depresión profunda, hasta la rabia desbocada. O ambas cosas a la vez.

No es la primera vez que pasa y, si aprendiéramos algo de nuestro pasado, quien más, quien menos, debería estar prevenido siempre y avisado de antemano, de que estas cosas pasan y, en España, hasta forman parte de nuestra manera de ser. Digan Maillo, o Hernando, lo que quieran. Le guste más, o le guste menos, a un Rivera al que se le han mojado todos los papeles en los que había escrito un guión que ahora habrá que reescribir.

Algo flotaba en el ambiente y, como con los terremotos, cada cierto tiempo las placas tectónicas que enfrentan África con Europa se enfrentan en territorio peninsular. Aquí chocaron la Ilustración y la Contrarreforma. Aquí se inició la revuelta contra Bonaparte que consumiría Europa. Aquí ensayó el fascismo europeo una Guerra que destruiría el mundo.

Ya no recordará nadie la depresión en la que cayó y el cabreo que se cogió ese Borbón llamado Carlos III, cuando se puso a modernizar el país, con su cuerpo de Correos, sus servicios de Aduanas, su puerta de Alcalá y su Paseo del Prado, por poner algunos ejemplos. Quería resetear un Madrid sucio y destartalado, al parecer de un monarca que venía de embellecer Nápoles hasta convertirlo en uno de los lugares más atractivos de Europa. De allí trajo, precisamente, a sus mejores ministros.

Modernizar cuesta dinero, recurrir al endeudamiento y cargar sobre las espaldas de los ciudadanos algunos costes como los de iluminar las calles para que los malandrines no actuaran impunemente en las oscuras callejuelas. La cosa se le complicó cuando por abaratar el pan con medidas liberalizadoras, se topó con que la mala cosecha y los malos transportes terminaron por encarecer el bien esencial para la supervivencia.

Entre ese malestar popular y que los funcionarios golillas y los nobles seguidores de Aranda aparcaron sus viejas cuitas en la Corte, para combatir a los italianos, el estallido callejero era cuestión de tiempo, aunque nadie lo vio venir.

Hasta que un buen día, un pequeño incidente callejero entre los municipales y unos ciudadanos que se negaban a recortar sus capas y convertir los alerones de sus sombreros en sombreros de tres picos, desencadenaron el Motín de Esquilache. Ya ves, dirían algunos, todo por recortar las capas para poder ver si había armas debajo y levantar las alas del sombrero por ver las caras de quien hacia ti venía.

Atentos a los salones cortesanos, con sus comidas, meriendas, cenas, bailes, los gobernantes olvidaban que en las gradas de San Felipe, en plena Puerta del Sol; en el barrio de las Letras, en la calle del León y hasta delante del mismo Alcázar de los Austrias, donde luego se alzaría el Palacio Real de los Borbones, se hacinaba un pueblo que comentaba cada jugada, ya fuera el asesinato de un noble, los amoríos del rey, o las últimas decisiones de sus ministros.

Pero que nadie piense que fuera este un fenómeno madrileño. De aquel Motín se tienen noticias en cerca de trescientos pueblos repartidos por toda España. El rey huyó de Madrid, resentido, para refugiarse en Aranjuez, pero tuvo que volver por exigencia popular. Se vio obligado a desprenderse de sus ilustrados ministros italianos, a los que despachó de vuelta a Nápoles. Siguió reinando, pero dedicó más tiempo a ensimismarse en la caza.

Si esto ocurrió a quien luego pasaría a la Historia como el mejor Alcalde de Madrid, hombre trabajador, reformista, e ilusionado, qué podría esperar cualquiera otro de nuestros gobernantes, pertrechado con menos ilusión, menos deseos de reformar, bastantes menos ganas de trabajar y una pesada mochila de casos pendientes con la justicia.

No debería nadie entregarse, en estos momentos a la rabia, ni a la depresión. Nadie a teorizar de nuevo la conspiración. Es momento para reflexionar, releer la historia, e intentar no repetir lo peor de ella. Es tiempo de mirarse hacia adentro y limpiar la casa. Época para convertir los fracasos en oportunidades y poner todos nuestros esfuerzos al servicio de quienes han sufrido duramente la crisis.

Por pedir, desde lo más profundo del mentidero, que no quede.

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Carta abierta a Esperanza Aguirre, descubridora de la Gürtel

junio 21, 2018

Esperanza,

Llegó por fin el momento. Eras una de las destinatarias de estas cartas desde el principio, pero mes tras mes se me ha cruzado alguien en el camino, de forma que lo urgente me ha impedido atender lo necesario.

Cada vez que miro alguna de esas fotos de hace años en las que aparecemos juntos, me hundo más en mi incapacidad de comprender la condición humana. Por allí andan Gerardo Díaz Ferrán y su concuñado y sucesor al frente de la patronal madrileña, Arturo Fernández. Mi inseparable compañero José Ricardo Martínez. Tus manos derecha e izquierda, Ignacio González y Francisco Granados. El eterno concejal, luego consejero menor en tu gobierno y todopoderoso conseguidor, Alberto López Viejo. Casi todos cuantos aparecieron contigo en esas fotos se encuentran condenados, o cuando menos imputados.

Siempre he pensado que llegaste al poder madrileño, tras aquella maniobra del Tamayazo contra Simancas, cuando deberías haber realizado el gesto de renunciar a dos de tus votos para contrarrestar el transfuguismo inaceptable de aquellos dos siniestros personajes, de los que aún no sabemos qué beneficio sacaron y quién lo pagó. Pero sí sabemos quién se benefició.

Aquel verano, entre intrincadas comisiones de investigación y la repetición de las elecciones, los corruptos de España recibieron la señal inequívoca de que todo era posible y, si no lo era, siempre se podía torcer la voluntad popular hasta que lo imposible se convirtiera en viable y hasta deseable.

Tu Manuel Lamela y tu cachorro Güemes, emparentado con el capo de la corrupción valenciana, se convirtieron en adalides de las privatizaciones sanitarias. No importó que por el camino quedasen profesionales como Luis Montes, recientemente fallecido, pese a demostrarse lo infundado de los casos de asesinatos de pacientes del hospital Severo Ochoa de Leganés.

Nunca enmendaron tus escuderos aquel entuerto. Nunca pidieron perdón, ni tan siquiera disculpas, por los daños que causó aquella denuncia “anónima” contra los profesionales de la sanidad pública, a la que se dio publicidad y credibilidad, siguiendo el más puro estilo inquisitorial. Hoy, aquellos dos pícaros granujas, se ganan magníficamente la vida con lo que aprendieron a tu lado.

Granados parece que se especializó más en poner precio a las concesiones de colegios privados. A Ignacio le apasionaban los negocios del Canal. López Viejo bastante tenía con atender las timbas de Correa y demás. Unos cobraban y otros pagaban. Unos se enriquecían y otros conseguían contratos y concesiones.

Te empeñaste en convertir Telemadrid en una carcasa, en cuyo interior las productoras y los compadres afines a tu gobierno hacían su agosto, alejados del servicio público, pero con pingües beneficios privados. No importaba, tampoco, que los estudios previos dijeran que el MetroSur sería una ruina. Había que hacer más kilómetros de metro que Gallardón y había que inventar nuevos negocios radiales, peajes en sombra y modelos sanitarios privatizadores a la carta, como ensayo general de dónde, cuándo y cómo corre más el dinero desde las arcas públicas hasta los bolsillos privados.

Perdidas en las hemerotecas, han quedado tus aventuras de una Ciudad de la Justicia, tu amigo Sheldon Adelson con su Eurovegas, las donaciones empresariales a FUNDESCAM, el campito de golf en terrenos del Canal, o aquel Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama que dejaste reducido a la mínima expresión.

Los sindicatos éramos una excelente víctima propiciatoria, un gran espectáculo de entretenimiento, una gran cortina de humo. Mientras laminabas la oposición política, llegaste a decirme que nosotros éramos la verdadera oposición y la emprendiste contra los “liberados sindicales”, a cuenta de las supuestas mamandurrias que recibíamos.

El principio de tu fin comenzó cuando quisiste controlar Cajamadrid. Ahí topaste con Gallardón, atrincherado en el Ayuntamiento, con el Partido Socialista y con los sindicatos. El Constitucional te paró preventivamente los pies, durante todo un año, hasta que un acuerdo entre la socialista Elena Salgado y el popular De Guindos, su sucesor al frente del Ministerio de Economía, colocó al inefable Rodrigo Rato al frente de la Caja y relegó a Ignacio González a seguir siendo incierto aspirante a Presidente de la Comunidad. En la búsqueda de alguna pequeña venganza personal, le confesaste al propio González, a micrófono abierto, Hemos tenido la suerte de poderle dar un puesto a IU, quitándoselo al hijoputa.

Han pasado los años y, como le pasaba a Alberti, me siento tonto, pero afortunado. Salí del cargo como Secretario General de CCOO de Madrid sin más fortuna que la que tenía al llegar al mismo y nunca entendí que debiera haber sido de otra manera. No sé cómo te sientes tú. Tampoco te juzgo. Imagino que sigues conservando algo de aquella niña traviesa y agitadora de la que hablaba tu tío, el poeta Gil de Biedma, al recordar a sus sobrinas madrileñas.

Lo cierto es que no tenías sólo un problema de responsabilidad “in vigilando”, sino un problema de ética política que demasiada gente no quiso ver, ni afrontar. Pienso que, sin tus maneras y sin esas formas que tienes de entender el gobierno (no exclusivamente tuyas, por desgracia), convertidas en receta de éxito empresarial y político, bajo la égida de Aznar, la política española no hubiera caído en este pozo sin fondo de descrédito, corrupción y cinismo en el que nos hemos instalado y del que esperemos que la moción de censura nos ayude a comenzar a salir. No será fácil, por más que me parezca tan urgente como indispensable.

Fuiste, Esperanza, la lideresa de la capital del Ruedo Ibérico, la más castiza imitadora de la Dama de Hierro, la campeona del ultraliberalismo mesetario, eso que más allá del Atlántico llaman Tea Party y en su versión española, Carajillo Party. Aquella que presumió de destapar, ni más ni menos, que el caso Gürtel. La responsable última, en consecuencia, de la caída de Mariano.


Podemos tener una casita en el campo

junio 3, 2018

Este artículo es de esos que siempre te traen problemas. Existe la vieja costumbre nacional de justificar lo que el líder de turno hace, o dice, mientras que los mismos actos, salidos de las manos, o de la boca, de otros nos parecerían errores de bulto. Aunque, no es menos cierto que, cuando el líder cambia, todo cambia y donde dije digo, digo Diego. Así, Espe ya no es lo que era, Cifuentes ha dejado de ser lo que era y hasta Casado va camino de no llegar a ser lo que todos pronosticaban que fuera.

No es cuestión de derechas, o de izquierdas, porque esta característica especial de la marca España, funciona indistintamente a base de utilizar fuego amigo, o enemigo y cuando menos se los esperan los protagonistas. La verdad es que la condición humana hace que, quien más, quien menos, en una u otra ocasión, hayamos hecho algo reprobable, aunque sólo sea una infracción de tráfico.

Pero claro, el nivel de corrupción ha sobrepasado todos los límites, hasta el punto de que las exigencias para ocupar, o mantenerse en, una responsabilidad pública, han crecido mucho. Antes éramos laxos inasequibles al desaliento, hasta el punto de considerar natural que hubiera casos de corrupción y hasta corruptos de reconocido prestigio y ahora exigimos dimisiones ante cualquier desliz. Y no quiero decir, en ningún caso que muchos de esos deslices no lo merezcan.

Ahora le toca el turno a la familia Iglesias-Montero (o Montero-Iglesias). Parece que se han comprado un chalet en Galapagar (ellos prefieren decir Casa de Campo) y han desatado las iras de algunos propios y casi todos los ajenos. Es verdad que no es un ático en Marbella, ni un chalet en La Moraleja. También es verdad que tienen perfecto derecho a la intimidad y que pueden hacer lo que quieran con su dinero. Pero, como reconocen en el comunicado que han emitido, toca asumir que hoy la actividad política está sometida al escrutinio público. Y aceptar que les criticarán, hagan lo que hagan.

Probablemente, si esos más de 600.000 euros los hubieran invertido en un adosado en Rivas, en un pisazo en Puente de Vallecas, un ático en Lavapiés, o un chalet en Mejorada del Campo, las críticas parecerían tener menos fundamento. Y, sin embargo, el dinero es el mismo. Además no son los primeros en la izquierda que se van en busca de aires más limpios y espacios más abiertos.

Y, sin embargo, ellos dos son los líderes de un partido que quiere dar la vuelta a la tortilla en España y, en sus declaraciones pasadas, han dado buena cuenta de ese rollo de los políticos que viven en Somosaguas, en chalets, que no saben lo que es coger el transporte público.

En fin, que cada uno y cada una es muy libre de vivir donde quiera y hacer con su dinero lo que le da la gana, siempre que lo haya ganado honestamente. Pero también es cierto que, en la derecha se presupone el egoísmo y en la izquierda la solidaridad y la coherencia. Por eso, difícilmente, las fotos del chalet (o casa de campo), su piscina, su casita de invitados, su parcela, pueden tener, al final, una lectura de suma cero. Tal vez no por cuestión de ética, sino por cuestión de estética. Ya los romanos sabían que la mujer del César no sólo tiene que ser honrada, sino además parecerlo.


Las Universidades y la Formación para el Empleo

junio 3, 2018

Me invitaron recientemente a participar en una mesa redonda organizada en el marco del Congreso de la Red Universitaria de Estudios de Posgrado y Formación Permanente (RUEPEP), celebrado en la Universidad Complutense de Madrid. El tema propuesto era el de La Formación Profesional para el Empleo en las Universidades.

Para responder a esta pregunta, conviene partir de la constatación de que el denominado subsistema de Formación Profesional para el Empleo (FPE), dependiente del Ministerio de Empleo, fue diseñado hace ya más de 25 años, al margen y de espaldas al sistema de Formación Profesional (ya sean centros de FP, de adultos, o universitarios), dependiente de la Administración Educativa. Por eso las Universidades y Centros de FP son hoy absolutamente marginales como proveedores de formación para el empleo.

Y la respuesta a la pregunta pasa por corregir ese problema de partida, de forma que las cualificaciones, las titulaciones, los estudios, los centros de formación de uno y otro ámbito, sean equiparables, actúen conjuntamente y trabajen a favor del objetivo común y único de proteger el derecho a la educación a lo largo de toda la vida y atender las necesidades formativas reales de las empresas.

Se me ocurre, por tanto, que las universidades públicas aglutinadas en RUEPEP, que han abierto esta interesante reflexión, podrían y deberían tener un papel importante en la detección de esas necesidades formativas existentes en el mundo empresarial y laboral.

Creo, también, que podrían ser fundamentales para analizar y estudiar las fortalezas y debilidades del sistema de Formación Profesional para el Empleo, proponiendo las correcciones y soluciones necesarias para su mejora y adaptación a las nuevas realidades económicas y productivas.

Entiendo que podrían jugar un papel importante para contribuir a la mejor gestión y administración del sistema. Deberían participar en el diseño de nuevas cualificaciones. Podrían recibir el encargo de evaluar la calidad de las acciones formativas y del propio sistema.

Las universidades están en condiciones de actuar en materia de reconocimiento de la experiencia laboral, a efectos de adquirir una cualificación profesional, o para el acceso a otro tipo de programas formativos de nivel medio o superior. Considero también que podrían ser colaboradoras muy valiosas de las administraciones para el reconocimiento e inscripción de nuevos centros formativos, con criterios claros y transparentes, de cualificación y calidad.

Las Universidades son Administración Pública y, de acuerdo a la incumplida ley de Formación para el empleo, deberían poder actuar de forma directa en la impartición de especialidades formativas necesarias para la formación de los trabajadores y trabajadoras, en las empresas, en el territorio y en los diferentes sectores de la producción y los servicios.

Sin ánimo de ser exhaustivo, creo que las universidades deberían tener un papel esencial en la formación de las personas que asuman responsabilidades en la formación para el empleo, ya sea en su diseño, gestión y administración, como en la impartición de determinadas especialidades formativas.

Esos profesionales existen, pero no son muchos, ni tienen la conciencia de formar parte de un sistema formativo del que se sientan mancomunadamente responsables. Esa tarea de formación de formadores y  de las administraciones,  empresariales, o sindicales, en Formación para el empleo, debería ser una tarea encomendada a nuestras universidades.

Perdemos demasiado tiempo anunciando nuevas apuestas como la formación dual, sin que nadie sepa explicar de forma coherente qué cosa sea la famosa formación dual. Perdemos demasiado tiempo compitiendo entre administraciones educativas y de empleo y entre éstas y las administraciones autonómicas, para ver quien se lleva los recursos y qué chiringuitos clientelares crean con ellos. Se nos va el día en intentar tener un peso esencial en un sistema cada vez más cuestionado, e incontestablemente cuestionable.

Mientras tanto, desaprovechamos un potencial como el que tienen las universidades, para mejorar el sistema, hacer frente a las debilidades y corregir los problemas. Es muy habitual en este solar patrio. Pero el que sea lo de siempre, lo habitual, no significa que sea lo bueno, lo mejor, ni tan siquiera lo deseablemente posible.


El papel de lo público en la Formación para el Empleo

mayo 28, 2018

Mi experiencia en materia de formación para el empleo es limitada y se encuentra muy condicionada por la crisis económica y los efectos de las políticas de recortes aplicadas por el gobierno. Pero, a base de darle algunas vueltas al asunto de la formación de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país, he llegado a la conclusión de que uno de los problemas de la Formación para el Empleo reside en que, desde sus comienzos, fue concebida como un instrumento separado de la administración educativa y exclusivamente vinculada a las políticas de empleo.

Los centros de formación profesional, los centros de educación de las personas adultas, o las universidades, han pintado siempre muy poco, tendiendo a nada, en el subsistema de formación para el empleo, que ha creado sus propias redes de formación, de espaldas al sistema educativo.

La crisis ha supuesto un aumento del paro y, en consecuencia, un deterioro brutal de los recursos dedicados a Formación Profesional para el Empleo (que se nutre de la cuota de formación que pagan empresas y trabajadores), que ha obligado a revisar en profundidad el funcionamiento del subsistema. Sin embargo ,en las reformas sin consenso, hasta las mejores intenciones acaban diluidas. Termina por reorganizarse el negocio, sin aportar soluciones reales.

Cuando la crisis cede paso a la recuperación, el empleo crece, se recauda más cuota de formación, comprobamos que el sistema se ha reorganizado para establecer los nuevos cauces a través de los cuales unos recursos cada vez mayores, fluyen por nuevas vías… hacia los mismos bolsillos. Eso sí, con menos intermediarios.

A la manera más clásica y lampedusiana, todo ha cambiado para que nada cambie. La formación se hará en función de las necesidades de las empresas de formación y las administraciones competentes, con un peso ínfimo de las necesidades reales de empresas y trabajadores. Creo, sinceramente, que la crisis no ha supuesto una oportunidad para corregir en profundidad los males del sistema de formación permanente de trabajadores y trabajadoras en nuestro país.

Un buen ejemplo práctico es el fracaso de uno de los empeños sindicales, ante la reforma planteada por el gobierno, que consistió en abrir las puertas a una mayor participación de los centros educativos públicos en la formación de las personas trabajadoras, incluyendo reservas específicas de recursos para este tipo de centros y facilitando que los centros públicos sean considerados como proveedores directos de formación desde la propia administración.

Al final ni las Comunidades Autónomas, ni el Gobierno Central, han hecho gran cosa, salvo honrosas excepciones, como el caso de las Islas Baleares, por abrir  esta vía de participación de los centros públicos de formación, que permitiría enriquecer el conjunto del sistema y vincular más al Ministerio de Educación con eso que se denomina subsistema de Formación para el Empleo, dependiente, en exclusiva, del Ministerio de Empleo.

Un sistema que ha olvidado que la formación es un derecho personal a lo largo de toda la vida y, además, una necesidad para el futuro de las empresas. Tal vez si hubiéramos aprovechado la crisis para revisar en profundidad nuestro sistema productivo, tendríamos una oportunidad de detectar nuevas necesidades formativas. Desgraciadamente no ha sido así y Mariano Rajoy ha preferido esperar a que la marea creciente de la economía libere al barco varado.

El problema es que volvemos a la construcción y el turismo, como motores de la economía. Volvemos al endeudamiento de las familias, a los servicios inmobiliarios. A la hostelería, el comercio, la pizza, la hamburguesa y mucho amazon, mucho reparto a domicilio en bicicleta, llueva, nieve, o aunque el sol derrita las aceras.

Empleo precario, temporal, mal pagado, sin derechos y hasta sin contrato, que para eso se ha inventado un falso empleo autónomo. Se ha puesto en marcha un empleo de baja cualificación. Se han promocionado contratos de formación sin formación real. Becarios que terminarán pagando  por trabajar y aprender algo en una cocina.

Cuando yo era un niño había una serie televisiva de médicos que condujo a toda una generación a engrosar las listas del paro sanitario. Pronto nos sobrarán cocineros, cantantes y sastres, además de aspirantes a youtuber, probadores, o diseñadores, de videojuegos, diseñadores de robots.

Cando los gobiernos no gobiernan, no evalúan, analizan, proponen, negocian, empujan, o tiran del carro, el mundo sigue girando y el país continúa funcionando, pero la selva se adueña del paisaje urbano. Todo funciona, pero bajo la ley de la selva, que suele ser la ley del más fuerte.

Lo público, lo de todas y todos, también en la formación, tiene que recuperar su papel de gobierno, de facilitar la participación, de orientación, de hacer posible la igualdad de oportunidades y la libertad real de las personas.


Un Paseo llamado Marcelino Camacho

mayo 28, 2018

Desde hace unos días una calle de Madrid, en el barrio de Carabanchel, lleva el nombre de Marcelino Camacho. El barrio y la calle donde vivió Marcelino durante cincuenta años, en un piso sin ascensor. Tan sólo en los últimos años de su vida, cuando ya no podía hacer el esfuerzo de bajar a la calle y volver a subir, aceptó trasladarse a una vivienda de alquiler, cerca de sus hijos.

Nacía yo, cuando Marcelino, indultado por el régimen franquista, volvía  Madrid, junto a su inseparable Josefina. Poco después comenzaba a trabajar en la Perkins y, desde entonces, sus entradas y salidas de la cárcel, por sus vinculaciones con el incipiente sindicalismo de las Comisiones Obreras que defendían la libertad sindical en España, fueron parte de la vida cotidiana de la pareja.

Las CCOO nacieron en muchos sitios casi de forma simultánea, en el curso de unos pocos años a finales de los 50 y principios de los 60. Hay quien sostiene que ese nacimiento se produjo ese año en el que Marcelino regresó a España, en una mina asturiana, llamada La Camocha.

Para cuando la cúpula de las CCOO es detenida, en el convento de los Oblatos de Pozuelo de Alarcón, en junio de 1972, esas Comisiones Obreras se han ido organizando por sectores y territorialmente y Marcelino Camacho es reconocido ya como cabeza visible del sindicalismo de clase organizado.

Así lo trasladan sus compañeros de cárcel, que han pasado a la historia como los Diez de Carabanchel, los encausados en el Proceso 1001, cuando hablan de la figura de Marcelino. No es un líder elegido, sino un primero entre iguales.

Cuando se produce la Asamblea de Barcelona en el 76, de nuevo en una iglesia y, posteriormente, se toma la decisión de constituirse como sindicato, Marcelino es la voz y la cara más visible de las CCOO.

Desde el primer Congreso de las CCOO y hasta su IV Congreso, celebrado en 1987, en el que decidió dejar la Secretaría General, Marcelino fue reelegido como máximo dirigente de las CCOO. Por el camino, entre 1977 y 1981, fue diputado en el Congreso, por el PCE, en esos tiempos en los que las normas internas aún no estipulaban que, para asegurar la independencia del sindicato con respecto a los partidos, no se podía se responsable sindical y, al tiempo, cargo público elegido en las elecciones.

Primero  vinieron los tiempos que trasladaban al sindicato las fracturas internas del Partido Comunista, dando lugar al surgimiento de un minoritario sector carrillista. Luego llegaron los de la confrontación entre el sector seguidor de Antonio Gutiérrez, el sucesor en la Secretaría General desde 1987 y el sector crítico, que encabezaban Agustín Moreno y Salce Elvira, que pronto contó con el apoyo de Marcelino.

No ha sido tarea sencilla, ha costado décadas, ir limando algunas de las asperezas y tensiones, creadas en este choque de trenes. Muchos compañeros y compañeras han quedado abrasados en el camino de la confrontación, sin que hayan faltado quienes han sabido aprovechar la ocasión de alinearse acá o allá para mantener sus posiciones de poder. En la izquierda siempre hemos sido expertos en disfrazar ambiciones con lustrosas y barnizadas capas de “convicción”.

Pese a todo, el camino se ha recorrido y, cuando menos desde mi experiencia, el debate no ha sido, ni es estéril. La tensión entre la negociación y la movilización, sólo puede resolverse desde el debate libre y abierto y desde el compromiso con las decisiones que se adoptan, sin que nadie renuncie a sus convicciones, ni a sus ideas.

Marcelino fue y siguió siendo, hasta el final de sus días, un hombre convencido de que la unidad no es uniformidad. Que las ideas no se imponen con martillos. Que hay que hablar y negociar siempre. Que arrinconar la minoría y la discrepancia sólo empobrece. Que la movilización democrática, la huelga, la manifestación, la capacidad negociadora, son nuestros mejores instrumentos para defender nuestras propuestas y resolver nuestros problemas. Que somos muchos, muy distintos, muy diversos y, en nuestras ideas, muy plurales.

Por eso Marcelino no es patrimonio de las CCOO, ni tampoco del PCE. Marcelino es de Osma la Rasa (Soria), donde nació, de los frentes en los que combatió, del exilio que eligió para huir de la cárcel, del Carabanchel en que vivió, de la Carabanchel que le encarceló, de las iglesias donde se reunía, de quienes buscaron en él un poco de luz y esperanza de libertad y convivencia democrática. Y claro que también es nuestro, de las CCOO, pero no más nuestro que de cualquier trabajadora, cualquier trabajador, cualquier persona de bien en España.

Merecía una calle Marcelino y hoy tiene un Paseo en su Madrid. El paseo de un hombre que amó la libertad.


Las desamortizaciones de nuestros días

mayo 28, 2018

Dicen que todo está inventado. Algunas cosas parecen nuevas tan sólo porque no nos hemos tomado el tiempo de echar la vista atrás, hacer memoria y comprobar que, salvadas algunas circunstancias coyunturales, casi todo forma parte de una espiral que nos devuelve al punto de partida, aderezado con los adornos de la modernidad.

Fueron los ilustrados del siglo XVIII los que achacaron el retraso secular de nuestra agricultura a la existencia de “manos muertas”, que acaparaban tierras y las mantenían improductivas. Con ese nombre de manos muertas designaban fundamentalmente a la iglesia, las órdenes religiosas, algunos nobles terratenientes y los ayuntamientos.

Carlos III, acosado por las revueltas provocadas por el Motín de Esquilache, ya hizo un intento de aplacar a los campesinos pobres, arrendando tierras comunales a bajo precio, aunque la cosa duró poco y terminó teniendo como destinatarios a los labradores ricos. No era una desamortización como tal, pero sentó un precedente.

Más tarde Godoy, antes de acabar el siglo de las luces, realizó la primera desamortización entrando a saco contra bienes de todo tipo de los jesuitas, con permiso papal, por cierto, con el fin de sanear la deuda pública. Luego vinieron los desamortizadores Bonaparte, los de Cádiz que no quisieron ser menos que los ocupantes en este tipo de medidas, los liberales de Riego, los de Mendizábal, los espadones como Espartero y O´Donnell.

Un siglo entero de furores desamortizadores que, dado el peculiar carácter patrio, se tradujeron en que ingentes cantidades de tierras pasaron a manos de los más ricos, sin cambiar la estructura agraria de propiedad de la tierra, en manos latifundistas. En algunos sitios, aunque no en todos, mejoró la producción agraria. Derribando conventos, se crearon algunas plazas en núcleos urbanos congestionados (a José Bonaparte, además de Pepe Botella, se le conoce como Rey Plazuelas). Los ministros de Hacienda de la época sanearon sus cuentas, al menos de momento.

Pero ya sabemos que la política española es de cortos plazos. Los nuevos propietarios buscaron beneficios inmediatos deforestando y causaron un desastre ecológico. Y lo peor de todo fue que los bosques y dehesas de los ayuntamientos, que eran utilizados por el pueblo de acuerdo con normativas municipales que permitían el acceso a pastos, madera y otros bienes comunes, se vieron privados de ellos de la noche a la mañana. Condenados a la pobreza y la miseria. El problema agrario quedó irresuelto y dejó una revolución agraria pendiente que pesó sobre el futuro como uno de los grandes males de España.

Si volvemos al presente, comprobaremos que ya llevamos unas cuantas décadas en las que conservadores, liberales y no pocos progres amantes del poder y del dinero, se empeñan en convencernos de las bondades de las nuevas desamortizaciones de bienes públicos, a favor de los nuevos ricos de nuestros días.

Banqueros, aseguradoras, empresas “especializadas” en la gestión de bienes y servicios, fondos de inversión más o menos buitres, oportunistas, cazafortunas de todo tipo, empresas constructoras, se lanzan a acaparar la gestión de los recursos públicos, los de todas y todos, los comunes, los comunales, en una neodesamortización, con la aquiescencia y la justificación de los propios poderes públicos.

La educación, la sanidad, las pensiones, las autopistas, el agua, las viviendas públicas, los servicios sociales, la seguridad pública, la atención a la dependencia, las políticas de empleo, los servicios funerarios, deportivos, culturales, la formación de los trabajadores. Todo es factible de convertirse en negocio.

Primero se desencadenan campañas de descrédito, a base de recortar los recursos y deteriorar la imagen de un servicio público, se le declara inoperante, improductivo, una “mano muerta” y luego se entrega a la gestión privada, porque quien busca el negocio particular se supone que tiene interés en gestionar mejor.

Al final, quienes necesitan esos servicios públicos se encuentran con que la cartera de prestaciones se recorta, los recursos públicos se debilitan, se introducen fórmulas de copago para financiar una parte de las prestaciones, la calidad no mejora y los costes, que iban a ser más baratos, terminan siendo más caros, los alquileres de vivienda social crecen, terminamos pagando una gestión centrada exclusivamente en el beneficio, costeando las pérdidas y hasta el precio del agua sube.

Las modernas desamortizaciones de los servicios públicos, se mire por donde se mire, son un gran negocio para unos pocos y un mal negocio para la mayoría de quienes más los necesitan.