Las Universidades y la Formación para el Empleo

junio 3, 2018

Me invitaron recientemente a participar en una mesa redonda organizada en el marco del Congreso de la Red Universitaria de Estudios de Posgrado y Formación Permanente (RUEPEP), celebrado en la Universidad Complutense de Madrid. El tema propuesto era el de La Formación Profesional para el Empleo en las Universidades.

Para responder a esta pregunta, conviene partir de la constatación de que el denominado subsistema de Formación Profesional para el Empleo (FPE), dependiente del Ministerio de Empleo, fue diseñado hace ya más de 25 años, al margen y de espaldas al sistema de Formación Profesional (ya sean centros de FP, de adultos, o universitarios), dependiente de la Administración Educativa. Por eso las Universidades y Centros de FP son hoy absolutamente marginales como proveedores de formación para el empleo.

Y la respuesta a la pregunta pasa por corregir ese problema de partida, de forma que las cualificaciones, las titulaciones, los estudios, los centros de formación de uno y otro ámbito, sean equiparables, actúen conjuntamente y trabajen a favor del objetivo común y único de proteger el derecho a la educación a lo largo de toda la vida y atender las necesidades formativas reales de las empresas.

Se me ocurre, por tanto, que las universidades públicas aglutinadas en RUEPEP, que han abierto esta interesante reflexión, podrían y deberían tener un papel importante en la detección de esas necesidades formativas existentes en el mundo empresarial y laboral.

Creo, también, que podrían ser fundamentales para analizar y estudiar las fortalezas y debilidades del sistema de Formación Profesional para el Empleo, proponiendo las correcciones y soluciones necesarias para su mejora y adaptación a las nuevas realidades económicas y productivas.

Entiendo que podrían jugar un papel importante para contribuir a la mejor gestión y administración del sistema. Deberían participar en el diseño de nuevas cualificaciones. Podrían recibir el encargo de evaluar la calidad de las acciones formativas y del propio sistema.

Las universidades están en condiciones de actuar en materia de reconocimiento de la experiencia laboral, a efectos de adquirir una cualificación profesional, o para el acceso a otro tipo de programas formativos de nivel medio o superior. Considero también que podrían ser colaboradoras muy valiosas de las administraciones para el reconocimiento e inscripción de nuevos centros formativos, con criterios claros y transparentes, de cualificación y calidad.

Las Universidades son Administración Pública y, de acuerdo a la incumplida ley de Formación para el empleo, deberían poder actuar de forma directa en la impartición de especialidades formativas necesarias para la formación de los trabajadores y trabajadoras, en las empresas, en el territorio y en los diferentes sectores de la producción y los servicios.

Sin ánimo de ser exhaustivo, creo que las universidades deberían tener un papel esencial en la formación de las personas que asuman responsabilidades en la formación para el empleo, ya sea en su diseño, gestión y administración, como en la impartición de determinadas especialidades formativas.

Esos profesionales existen, pero no son muchos, ni tienen la conciencia de formar parte de un sistema formativo del que se sientan mancomunadamente responsables. Esa tarea de formación de formadores y  de las administraciones,  empresariales, o sindicales, en Formación para el empleo, debería ser una tarea encomendada a nuestras universidades.

Perdemos demasiado tiempo anunciando nuevas apuestas como la formación dual, sin que nadie sepa explicar de forma coherente qué cosa sea la famosa formación dual. Perdemos demasiado tiempo compitiendo entre administraciones educativas y de empleo y entre éstas y las administraciones autonómicas, para ver quien se lleva los recursos y qué chiringuitos clientelares crean con ellos. Se nos va el día en intentar tener un peso esencial en un sistema cada vez más cuestionado, e incontestablemente cuestionable.

Mientras tanto, desaprovechamos un potencial como el que tienen las universidades, para mejorar el sistema, hacer frente a las debilidades y corregir los problemas. Es muy habitual en este solar patrio. Pero el que sea lo de siempre, lo habitual, no significa que sea lo bueno, lo mejor, ni tan siquiera lo deseablemente posible.

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Profesionales

mayo 9, 2018

Entro en los hospitales, las escuelas, los centros de servicios sociales. Me indigna el deterioro que compruebo a mi alrededor. No son sólo las manos necesarias de pintura que faltan en sus paredes. Es, sobre todo, la masificación que amenaza a cada instante con colapsar en funcionamiento de los servicios que allí se prestan. La imposibilidad de trabajar planificando la oferta y atendiendo las nuevas demandas. La sensación de que la urgencia marca el frenético ritmo de la actividad.

Se deposita en los centros educativos la responsabilidad de formar a futuras generaciones. El cuidado de nuestra salud en los centros sanitarios. Nuestro bienestar personal en los centros de servicios sociales. Y, sin embargo, permitimos que los profesionales sobre los que descansan los bienes más preciados de nuestra existencia, se vean abandonados a su suerte. Consentimos que muchos de esos servicios esenciales para la calidad de nuestras vidas sean gestionados por empresas privadas, cuyo objetivo prioritario no es nuestro bienestar, sino su beneficio económico.

Los formamos durante años y financiamos sus especialidades universitarias en docencia, sanidad, trabajo social. Veo como se esfuerzan por demostrar su profesionalidad cada día. Cómo asisten a cursos de especialización. Cómo tensan sus nervios para no perder  la paciencia y mantener intacta su vocación. Claro que hay quienes han caído en la desidia y en una suerte de muda desesperación. Y claro que hay quienes están ahí porque tiene que haber de todo. Pero eso ocurre en todas las profesiones, sin que por ello nadie convierta la excepción en un estado general de las cosas.

He dedicado muchos años al sindicalismo y he tenido que escuchar, no pocas veces, ese tipo de opiniones que descarga en los sindicatos toda la responsabilidad de los males que sacuden la vida de los trabajadores, muy por encima de  las responsabilidades de los empresarios, o de los gobiernos que legislan sobre los derechos laborales. También he tenido que enfrentarme a esas interpretaciones que convierten al extranjero en el causante de nuestras altas tasas de paro. Las versiones simplonas, pero claras y  entendibles, siempre suelen terminar por imponerse sobre razonamientos coherentes, pero complejos.

Entiendo que, quienes vemos denegado el acceso a un derecho, tenemos enfrente a un empleado público al que le pedimos explicaciones indignadas sobre las causas por las que se nos excluye de unos servicios o prestaciones, a los que considerábamos deberíamos poder acceder. Y, sin embargo, ese empleado público, no es el responsable de lo que consideramos desmanes inadmisibles. No basta con dar cuatro voces en una “ventanilla”, para que nuestros problemas se solucionen.

Compruebo, en muchas ocasiones, cómo esos trabajadores y trabajadoras, conscientes de las lamentables situaciones a las que nos vemos abocados, en no pocas ocasiones, nos animan a presentar reclamaciones, denuncias, quejas. Y compruebo también, en otras muchas ocasiones,  que estas acciones nunca son emprendidas por quienes alzan la voz ante un funcionario pero no dejan constancia escrita, ante ninguna instancia responsable de la buena gestión de los servicios.

Creo que contamos con magníficos profesionales y que merece la pena convertirlos en nuestros aliados en la defensa de derechos tan nuestros y esenciales, como el de la educación,  la sanidad y los servicios sociales. Hemos invertido mucho para formarlos y su trabajo como servidores públicos, es la llave que nos permite vivir como  mujeres y hombres libres e iguales a lo largo de toda nuestra vida.

Su buen trabajo son nuestros derechos.


Derecho a la dependencia

mayo 9, 2018

Corría el año 2006 y el gobierno de Zapatero conseguía aprobar en el Congreso (pese a las reticencias vergonzantes del PP) la que conocemos como Ley de Dependencia que, en realidad, se llamaba de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. No era una ley de tantas. Venía a cubrir una de las grandes carencias de nuestro sistema de servicios sociales con respecto a los países avanzados de la Unión Europea.

El propio nombre de la ley es toda una declaración de intenciones. Nacemos completamente dependientes y, a lo largo de toda nuestra existencia, vamos consiguiendo ganarnos la vida por nosotros mismos y la capacidad de gobernar nuestras propias decisiones. Pero esto no ocurre así siempre, ni en todos los momentos de nuestras andadura personal. Desgraciadamente la suficiencia económica y la autonomía personal, son derechos nominales, que están lejos de ser aplicados con carácter universal.

La protección por desempleo debería cumplir la misión de asegurar recursos a cuantas personas han perdido su puesto de trabajo. Un sistema de rentas mínimas, debería permitir que quienes carecen de recursos, pudieran obtener unos ingresos mínimos garantizados. Un sistema de pensiones públicas debería asegurar la suficiencia económica para quienes han culminado una vida laboral y abren las puertas a una nueva etapa de su vida, eso que se conoce hoy como la tercera edad y, antes, llamábamos la vejez.

Sin embargo, las carencias y recortes en las prestaciones por desempleo, con la justificación de la crisis económica, ha hecho que muchas personas desempleadas se hayan visto privadas de recursos para atender a sus necesidades y las de sus familias. Las rentas mínimas viven en la dispersión, con leyes autonómicas variadas y variopintas, pero sin el paraguas de una reglamentación estatal que armonice y establezca unos mínimos para toda la ciudadanía española.

Las pensiones públicas, aún con su carácter estatal, sufren el acoso de quienes pretenden deteriorarlas de tal manera que se justifique la entrada de la iniciativa privada en el reparto de los cuantiosos recursos que las empresas y los trabajadores depositan en la caja única de la Seguridad Social. Tan sólo las movilizaciones de pensionistas a lo largo y ancho de la geografía española, parece que pueden contribuir a cambiar algo en la lógica aplicada por el PP hasta este momento.

En cuanto a la Atención a las situaciones de dependencia, los análisis y valoraciones realizados con motivo del cumplimiento de sus diez primeros años de su aplicación, dejan bastante claro que fue una ley que nació sin financiación garantizada, lo cual ha permitido que los gobiernos del  PP hayan reducido sustancialmente los recursos anuales para las personas dependientes.

De otra parte se ha obligado al sistema de servicios sociales a centrar el grueso de su esfuerzo en la gestión administrativa de la dependencia, impidiendo un desarrollo integral de sus funciones y obstaculizando la superación del papel asistencial, que les venía asignado desde los negros tiempos del franquismo.

Otra de las carencias esenciales, me parece que tiene que ver con la inexistencia de una real articulación de lo social con lo sanitario. Pongamos un ejemplo, si una persona dependiente tiene que ser ingresada en un hospital, no existen cauces establecidos para intercomunicar la atención hospitalaria y poshospitalarial, con la teleasistencia, la ayuda a domicilio, o los propios servicios sociales. La coordinación de la atención sanitaria con la social, brilla por su ausencia.

La participación social y la evaluación son otras dos carencias a las que los análisis de la  ley hacen referencia. Son dos carencias generalizadas en la políticas públicas españolas, que también aparecen en este caso. El despotismo de los gobiernos de turno, que se sienten legitimados por la exclusiva fuerza de los votos que obtiene cada cuatro años, para hacer y deshacer a su antojo y las prácticas de inaugurar, reinaugurar y volver a colocar ceremiosamente cada piedra, sin pararse a medir nunca la eficacia, la eficiencia, o el grado de satisfacción de las personas, forman parte del panorama de la política española, sin que nadie se pare nunca a evaluar.

Los tiempos están cambiando. La crisis parece que ha cedido el paso a una lenta, desigual e inestable recuperación. Los recortes deben ceder su protagonismo a la inversión. Las personas reclaman su protagonismo y políticas que atiendan sus necesidades. Los males de la dependencia, deben encontrar remedio cuanto antes. Porque si grave es la racanería del gobierno con las pensiones, aún más grave es el abandono mezquino al que se somete a las personas dependientes, que han conseguido un nuevo derecho por ley, pero se ven obligadas a demostrar continuamente que son merecedoras de ese derecho.

Los derechos se reivindican  y un día se conquistan, no son regalos, ni se suplen con beneficencia. La dependencia es un derecho y no una concesión graciable que hay que mendigar. Es la dignidad de las personas lo que está en juego.


Mejorar salarios para salir de la crisis

septiembre 11, 2017

El Ministerio de Empleo va anotando en su Registro de Convenios Colectivos el incremento salarial medio pactado, pero ese dato no siempre coincide con la realidad. Existen otras fuentes, fundamentalmente publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), como la Encuesta Trimestral de Coste Laboral, la Encuesta Anual de Coste Laboral, o el Índice de Coste Laboral Armonizado. La Encuesta de Población Activa (EPA), indica los deciles salariales y la Contabilidad Nacional informa de la remuneración de los asalariados. El INE ha preparado un nuevo indicador, el Índice de Precio del Trabajo (IPT) para completar la información salarial que permitan conocer la variación del salario en nómina entre periodos, La Agencia Tributaria también informa sobre las retribuciones medias y vidas laborales.

Todas estas fuentes nos cuentan una misma historia reciente. La moderación y el recortes de los salarios han sido muy intensos a lo largo de toda la crisis económica que nos ha sacudido, tanto en retribuciones por cada persona que trabaja, como en cada hora trabajada.

Al principio de la crisis, en 2008 y 2009, las retribuciones aumentan porque las indemnizaciones por despido son contabilizadas en ese momento. Luego, a partir de ese momento, las pérdidas son generalizadas. Hablamos de medias, por supuesto. Porque si miramos los tramos salariales, son los salarios más bajos los que pierden en torno a un 15 por ciento entre 2007 y 2011 y, de nuevo, otro 15 por ciento entre 2011 y 2014.

Las personas trabajadoras menos cualificadas, o con empleos peor pagados, son quienes más han perdido en esta crisis. Y eso tiene que ver con dos factores. El primero, el impresionante número de personas desempleadas dispuestos a encontrar un empleo en cualquier condición y con cualquier salario y, en segundo lugar, la menor implantación sindical en estos sectores de alta rotación laboral.

El PP gobernante ha apostado desde el principio por esta devaluación de los salarios, para recomponer los beneficios empresariales. No pudiendo devaluar la moneda, o imprimir más dinero, se han ajustado milimétricamente a la parte más dura de las recetas anteriores aplicadas para salir de las crisis, cuando no había euro por medio, ni autoridad monetaria europea. El entusiasmo con las recetas de recorte impuestas por Merkel ha hecho el resto. Nuestra tasa de paro se ha disparado a los niveles más altos de Europa.

El instrumento aplicado fue una nueva reforma laboral impuesta que ha aumentado la devaluación de los salarios producida por la crisis. A partir de esa reforma del PP, casi todos los segmentos de retribuciones han perdido poder adquisitivo, a excepción de los salarios más altos que, aunque no retroceden, se congelan.

A partir de la reforma laboral de 2012, se aprueban, además, menores indemnizaciones por despido, desaparecen los salarios de tramitación, se crea un nuevo contrato para empresas de menos de 50 trabajadores con periodos de prueba de un año, se elimina la autorización previa necesaria para proceder a despidos colectivos y se amplían las causas de despido.

La reforma laboral ha tenido dos medidas negativas añadidas. La primera la que permite que los salarios puedan ser reducidos por el empresario unilateralmente. Si los salarios de los nuevos trabajadores se han reducido por efecto del abultado desempleo, a partir de ese momento también lo hacen los de los más antiguos en la empresa. El efecto salarial ha sido devastador.

La segunda medida ha supuesto una intromisión del gobierno en la negociación colectiva, a favor del empresariado. El gobierno ha rebajado la cobertura de los convenios colectivos y ha facilitado el descuelgue de los mismos por parte de los empresarios, además de imponer la prevalencia del convenio de empresa sobre el de sector.El gobierno ha apostado descaradamente por que la crisis la paguen los trabajadores y trabajadoras de este país y ha cerrado las puertas a la posibilidad de que la clase trabajadora se beneficie en modo alguno de la recuperación económica.

Es lo que ya está ocurriendo en estos momentos. Los beneficios empresariales se recuperan paulatinamente, pero el empleo que se crea es temporal, a tiempo parcial y precario. Los salarios no recuperan poder adquisitivo y las organizaciones empresariales no parecen muy dispuestas a alcanzar acuerdos salariales, que permitirían un aumento de la demanda interna.

Acabamos de conocer, por ejemplo, que el gobierno ha dejado que se agote la vigencia del programa PREPARA, sin proceder a su renovación, reforma, o al menos prórroga, abandonando a su suerte a las personas desempleadas que han agotado todas las prestaciones por desempleo, lo cual da buena cuenta del desinterés, cuando no desidia, por cubrir las necesidades mínimas de quienes más necesitan del Estado y de su protección.

El PP ha conseguido que superemos la recesión sin salir de la crisis. Un aumento de la riqueza, sin un reparto equilibrado de la misma. El abandono de aspectos esenciales de las políticas públicas. Estamos ante un error de bulto, porque mayores los beneficios de unos pocos, sin un reparto equitativo y equilibrado, sólo incrementa las desigualdades, multiplica los focos de conflicto y nos instala en una crisis social y política de carácter permanente.

Si a este panorama desolador le añadimos la corrupción estructural instalada en nuestro país, que ha deteriorado la confianza de la ciudadanía de forma irreparable en el corto plazo, podemos intuir la dimensión del trabajo que tenemos por delante. Por alguna parte hay que empezar. Los tiempos han cambiado y no admiten las viejas prácticas y las añejas recetas de la imposición.

No sería malo que una clase política interiorizada y alejada de las personas y una clase empresarial instalada en los fáciles beneficios, a costa de deteriorar los salarios y el empleo, se aviniesen a negociar el futuro de este país repartiendo las cargas y los beneficios. La calidad del empleo y los salarios.

No sería malo que dejasen de hacerse los suecos, o los sordos, o los indolentes. No sería malo que entendieran que, cuando la vía se acaba, sólo el tonto sigue adelante, sin inmutarse, como si nada.

 


Es el momento de pasar a la ofensiva

enero 12, 2017

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El titular no es mío. Es una frase sacada de una intervención de Nicolás Sartorius, durante la reciente presentación del libro Toda España era una cárcel, escrito por Rodolfo Serrano. Reflexionaba Nicolás sobre la situación actual del país cuando afirmaba que “es el momento de pasar a la ofensiva”, aclarando que es tiempo de “apretar las clavijas a patronal y Gobierno”. Y explicaba que “si CCOO no impulsa los cambios no lo van a hacer otros”.

Me parece una reflexión muy apropiada para los momentos que corren. De forma generalizada, del Rey abajo casi todo el mundo, anuncia que la crisis ha terminado. Es cierto que esta visión, interesadamente optimista, del futuro que se avecina topa con planteamientos como el de Varufakis, el ex ministro de Finanzas griego, para el cual “la crisis no ha terminado, sólo ha cambiado sus síntomas”.

Una idea en la que abunda Owen Jones, que opina que los causantes de los desastres  actuales cuentan ya con una ultraderecha pertrechada para acometer y gobernar un escenario en el que “la última crisis económica no ha terminado del todo mientras que una nueva podría estar a punto de surgir”.

Acaba de comenzar el año y nos alcanza la noticia de la muerte de Zygmunt Bauman. Un hombre que nos ayudó a entender una parte de las características del nuevo mundo que se avecinaba. Un mundo instalado en la “modernidad líquida”, que exige la aceptación de la incapacidad de la política para gobernar la economía, los mercados, los poderes económicos.

Según Bauman, este divorcio entre el poder y la política genera un nuevo tipo de parálisis, socava la capacidad de acción política que se necesita para abordar la crisis y mina la confianza de la ciudadanía en el cumplimiento de las promesas de los gobiernos. De ahí que la crisis actual sea, al mismo tiempo, una crisis de la capacidad de acción, una crisis de la democracia representativa y una crisis de la soberanía del Estado.

Cuando asistimos asombrados a fenómenos como el ascenso del populismo en Europa, en Estados Unidos, en otros lugares del planeta. Cuando comprobamos cómo la corrupción institucional e institucionalizada termina por no tener grandes costes electorales, deberíamos tomar en cuenta este divorcio entre poder real y política y el desapego, la desconfianza de las personas en la posibilidad de que alguien tenga la capacidad de solucionar sus problemas, por mucho que ese alguien haya sido elegido democráticamente.

En un mundo líquido, el Estado Social, reconocido por Constituciones como la Alemana o la Española; el Estado del Bienestar, construido tras la II Guerra Mundial y el surgimiento de los bloques del Este y de Occidente, parece que ya no tienen sentido. Son sustituidos por el Estado de Crisis. Porque la crisis, con sus inseguridades, sus incertidumbres y sus miedos, se convierte en la forma de vida.

Es John Berger, otro de nuestros imprescindibles, fallecido poco antes que Bauman, estas mismas Navidades, quien refleja esta sensación generalizada de inseguridad, hartazgo, desapego, no exentos de cierta solidaridad mutua, de la siguiente manera: “En un día  cualquiera, cuando nada sucede, cuando la crisis que se anuncia hora tras hora ya es una vieja conocida, cuando los políticos se presentan a sí mismos como la única alternativa a la catástrofe, las personas intercambian miradas al cruzarse unas con otras para cotejar si los demás entienden lo mismo cuando murmuran: así es la vida”.

La crisis no ha terminado. La crisis se ha instalado entre nosotras y nosotros. Pero, lejos del fatalismo al que quieren conducirnos, a la aceptación sin resistencia del Estado de Crisis, seremos nosotras y nosotros quienes decidamos rendirnos ante sus evidencias, o imponer nuestras propias realidades en el centro de la política, la economía, la cultura y la convivencia social. Es nuestra decisión. Y me parece que está tomada, porque nadie se resigna, para sí y para los suyos, a vivir en el miedo, en la incertidumbre constante, en un mundo entendido como cárcel, en un empleo concebido como esclavitud.

Es cierto que los datos económicos ponen de relieve que la recesión, las pérdidas económicas, han pasado. Seguimos en crisis, continúa la amenaza, pero el movimiento de la economía, por insano que sea, produce una cierta sensación de recuperación económica, al menos. Cuando el dinero se mueve, los de bajo respiramos y los de arriba estudian los nuevos pelotazos que pueden acometer.

Han sido muchos años de crisis, desde 2008 y estamos en 2017. Años de cierres empresariales, de ajustes de plantillas, de pérdidas salariales, de recortes de derechos laborales y de deterioro de los derechos sociales. De pérdidas de recursos en educación, sanidad, o servicios sociales, de retrocesos en pensiones y atención a la dependencia, de aumento de la pobreza y abandono de quienes han perdido todas las fuentes de ingresos.

Parece evidente que frente a la inactividad privada, debiera haber sido la inversión pública la que moviera la economía, aunque fuera transitoriamente. Y sin embargo, la Unión Europea, al dictado de Merkel, hizo todo lo contrario. Los ajustes, los rescates, los recortes han endurecido la crisis y la han prolongado.

Admitamos, no obstante, que existe un respiro, cuando menos transitorio, en la economía. Eso debe traducirse y tener efectos sobre las personas. Especialmente sobre quienes han padecido de forma brutal los efectos de la crisis en forma de paro y pérdidas de protección social. Por eso el 15 de diciembre, el sindicalismo de clase, nos movilizamos en toda España y el 18 de diciembre en una gran Manifestación en Madrid bajo un lema: Por las personas y sus derechos. Por las personas reales, por los derechos garantizados.

Avisamos que era sólo el principio. El primer paso. Vamos a la ofensiva por el empleo estable, por el salario digno, por la salud y seguridad en el trabajo, por la formación de los trabajadores y trabajadoras en las empresas, por la igualdad sin discriminaciones inaceptables. Vamos a la derogación de las reformas laborales impuestas y del artículo 315.3 del Código Penal, que castiga a un huelguista con más años de cárcel que a un violador, o a un ladrón de los dineros públicos.

Vamos a las batallas por la sanidad pública, gratuita, universal. A la defensa de la enseñanza pública de calidad. A asegurar las pensiones y la atención a la dependencia de nuestros mayores. La protección a las personas desempleadas. Una Renta Mínima Garantizada para cuantos carecen de rentas.

Vamos a disputar el reparto de las rentas, también en la fiscalidad. Porque no puede seguir ocurriendo que la fuente fundamental de los ingresos del Estado sean las rentas del trabajo, mientras que las rentas del capital cuentan con todos los mecanismos para terminar eludiendo sus responsabilidades en la aportación de los recursos necesarios para el sostenimiento de la actuación protectora del Estado. Vamos a defender la decencia del empleo, la libertad, la dignidad de nuestras vidas.

Y, para no ocultar nada, conviene dejar claro que vamos a esta ofensiva, desde la unidad sindical y desde la alianza con las fuerzas políticas y sociales dispuestas a dar el paso de la indignación a la propuesta y la movilización organizada y abierta. Su Estado de Crisis no es una patria para nosotras y nosotros. Merecemos algo más y vamos a conquistarlo. Es momento de pasar a la ofensiva.

Francisco Javier López Martín


LA EDAD SILENCIADA

septiembre 29, 2014

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Se acerca el 1 de Octubre, Día Internacional de las Personas Mayores. Un buen momento para reflexionar sobre uno de los errores más brutales que estamos cometiendo como país. El abandono a su suerte de las personas mayores. El silencio al que estamos sometiendo a las generaciones que construyeron lo que hoy somos.

Ya sé que uno de los problemas más graves de este país es la amenaza cierta de condenar a toda una generación de personas jóvenes a afrontar un futuro de precariedad laboral, desempleo, bajos salarios y falta de estabilidad para sus vidas, entre otros daños colaterales. Lee el resto de esta entrada »