Amnistía. Que trata de Sapagna

junio 16, 2017

 

Ay, aquel que le pareciera

que es fácil mi batallar

siquiera por un momento

que se ponga en mi lugar.

(Blas de Otero)

 

Dicen que fue Alberti, quien recordando el poemario de Blas de Otero, Que trata de España, pensó en el mejor título para la exposición que iba a inaugurarse en Milán. Tenía que trasladar la imagen de una España convertida en inmensa prisión, que buscaba en la solidaridad internacional de los sindicatos italianos, el apoyo a una solución democrática para una situación cada vez más insostenible, en la que la falta de libertad condenaba a hombres y mujeres a largas penas de cárcel y hasta a la muerte, por ejercer derechos plenamente reconocidos en cualquier lugar de Europa. Así Rafael Alberti propuso que la muestra llevara el título: Amnistia. Que trata de Spagna.

Cuentan, también, que fueron los sindicatos italianos (la CGIL, UIL, CISL), en colaboración con la organización en el exterior de las CCOO y con la  agrupación de artistas plásticos del PCE, quienes organizaron en marzo de 1972 la Mostra, que incluyó numerosas actividades en Milán y también en Roma. Y cuentan que casi 300 artistas plásticos de España, Francia, Italia, aportaron sus obras. Y que casi 50 poetas y escritores enviaron textos y poemas. Y que muchos cantautores cantaron en Milán o en Roma, a favor de la amnistía para los presos y la libertad en España. Manuel Estaban Marquillas realizó un documental con intervenciones de algunos de ellos a lo largo de la Mostra.

Las obras salieron de España clandestinamente. Pasaron la frontera por Cataluña camufladas en coches o fueron porteadas a través de las montañas de Euskadi y Navarra. Un esfuerzo que merece la pena ser recordado, para entender el despliegue de  voluntad, el riesgo y la capacidad organizativa de la oposición al franquismo en aquellos momentos. Todos sabían que tras la Mostra podían llegar las represalias. Todos asumieron la responsabilidad.

El destino de la venta de las obras de Genovés, de Picasso, del Equipo Crónica, Juan Giralt, o Ricardo Zamorano, entre otros muchos, no era otro que sostener el sindicalismo de las CCOO, que actuaba como punta de lanza de la lucha por la libertad y los derechos. Las CCOO habían ganado las elecciones sindicales, pero no se plegaron a los deseos del Régimen de integrarlas en el sindicalismo vertical. Por lo tanto fueron ilegalizadas y, en aquellos años, casi 10.000 sindicalistas de las CCOO fueron encausados en los Tribunales de Orden Público del franquismo. El mayor número de procesamientos y condenas del franquismo recayó contra militantes de las CCOO. Es difícil entender que alguien sostenga que la democracia se fraguó en unos despachos de personajes notables. Franco murió en la cama, pero el franquismo murió en las calles.

Me comentan que un periodista de esos tan renombrados, prepara una serie documental que conmemora los 40 años de la democracia en España. En ella aparecerán, parece ser, notables políticos, empresarios notables, periodistas notorios y numerosos representantes de los nobles despachos en los que se sentaron quienes pergeñaron la transición española. Pero, al parecer, no habrá trabajadores, ni los de antes, ni los de ahora, ni el mismísimo Marcelino Camacho, al que todos reconocen y al que todos quieren olvidar cuanto antes.

Hace 45 años (hoy lo recordamos en el Museo de la Historia de Madrid, con una exposición, inaugurada por Manuela Carmena y por nuestro secretario general Ignacio Fernández Toxo,  que recupera textos, obras, cuadros, imágenes de la Mostra de Milán), los artistas, la cultura, los poetas, novelistas, periodistas, no eran tan pacatos en reconocer la lucha de las CCOO y su empuje hacia la democracia en este país. Eran otros tiempos. No mejores, desde luego, pero mucho menos mezquinos y miserables con la clase trabajadora de este país, sin la cual la democracia no hubiera nacido.

La exposición Amnistía. Que trata de Spagna se inauguró, por fin, en marzo de 1972. En aquellos días en los que la represión franquista acababa con la vida de dos trabajadores en una manifestación en El Ferrol. En aquellos días en los que Marcelino Camacho salía de una de sus numerosas estancias en la cárcel. Tres meses después, la cúpula de las CCOO sería detenida en el convento de los oblatos de Pozuelo de Alarcón. Permanecerían detenidos para ser luego juzgados en el proceso 1001, cuya celebración coincidió, a finales de diciembre de 1973, con el asesinato del almirante Carrero Blanco y la venganza del franquismo vino de la mano de las desproporcionadas condenas contra los 10 de Carabanchel.

Cuando la Ejecutiva salida del 10 Congreso de las CCOO me encargó asumir la responsabilidad de la Formación Sindical, me pareció que una de las tareas pendientes de nuestra organización era recuperar la memoria de nuestros orígenes, de nuestra actividad incansable por la libertad, la democracia y la dignidad de los trabajadores y trabajadoras de este país. Nicolás Sartorius suele decir que hemos sido los costaleros de la democracia. Los costaleros no salen en la foto de la procesión, como si la Virgen o el Cristo, se desplazaran solos, cuando sabemos que sin costaleros y costaleras no habría procesión.

Me pareció necesario poner en marcha un programa, en colaboración con la Fundación Abogados de Atocha, para que nuestras afiliadas y afiliados pudieran hablar, debatir, escuchar, preguntar, a quienes vivieron aquellos momentos. Hace cuatro años ya no teníamos a Marcelino, recientemente fallecido, ni al asturiano Juan Muñiz Zapico, fallecido en un accidente de coche allá por 1977, el cual da nombre a la Escuela Sindical de CCOO. También había fallecido el vallisoletano Luis Fernández Costilla. Pero seguían junto a nosotros muchos de los 10 de Carabanchel. Eduardo Saborido, Paco Acosta, Fernando Soto, Nicolás Sartorius, Pedro Santiesteban, Miguel Angel Zamora, Francisco García Salve ( el cura Paco).

De quienes sobrevivieron al asesinato de los Abogados de Atocha sólo quedaban entre nosotros Lola González Ruiz y Alejandro Ruiz-Huerta. A lo largo de estos años hemos perdido a Lola y a Fernando Soto. Pero somos una organización joven en la que los protagonistas de la historia, aunque no fueran los protagonistas directos de estos dos hechos, pueden seguir contando las luchas de los trabajadores y trabajadoras en cada Comisión Obrera que se constituía y el trabajo de los numerosos despachos de abogados laboralistas vinculados a las CCOO y al PCE.

Por estos encuentros han pasado, además de los ya mencionados, personas como Manuela Carmena, Cristina Almeida, Francisca Sauquillo, Juan Moreno, Antonio Montesinos, Raul Cordero, Paco Naranjo, Nati Camacho, Hector Maravall, o Pepe Alcázar, junto a compañeras y compañeros de toda España, dispuestos a contar su experiencia en la construcción de las CCOO.

Se han realizado más de medio centenar de encuentros en casi todas las Comunidades Autónomas, en los que cerca de 2000 personas de todas las edades, mayores y jóvenes, hemos podido escuchar las voces de nuestra memoria viva. No un recuerdo del pasado, literal, frío y sin complicaciones. No un pasado que nos esclaviza, sino una memoria que nos interpela y que, como nos recuerda Todorov, tiene un uso ejemplar que “permite utilizar el pasado con vistas al presente, aprovechando las lecciones de las injusticias sufridas para luchar contra las que se producen hoy día y separarse del yo para ir hacia el otro”.

Los actos conmemorativos de la legalización de las CCOO, del 40 aniversario de la Asamblea de Barcelona, de la legalización de los sindicatos, del asesinato de los Abogados de Atocha, de los sucesos de El Ferrol, del Proceso 1001 y ahora de la Exposición Amnistía. Que trata de Spagna, son hitos en ese esfuerzo para reivindicar nuestro protagonismo en el presente. No queremos ser presos de nuestro pasado, sino actores de nuestro futuro. Pero somos conscientes de la vigencia de las palabras de George Orwell: “Quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado”. En esa batalla, la alianza de las fuerzas del trabajo y de la cultura, hoy como ayer, seguirá siendo el elemento esencial de nuestra construcción del presente y nuestra proyección hacia el futuro.

 

Si me muero, que no me mueran antes

de abriros el balcón de par en par.

Un niño, acaso un niño está mirándome

el pecho de cristal.

(Blas de Otero)

 

Francisco Javier López Martín

Secretario de Formación CCOO

 


Un amigo llamado Andrés Ocaña Rabadán

junio 6, 2017

El problema de internet es que ahí está casi todo. Sin embargo nuestra capacidad es limitada y las cosas importantes pueden pasarnos desapercibidas, o simplemente puede pasar que no encontremos el camino para descubrirlas. Eso me ha ocurrido con la noticia sobre Andrés Ocaña Rabadán, el que fuera alcalde de Córdoba, fallecido en el mes de marzo. Una noticia que ha tenido mucha repercusión en los medios locales de Córdoba, y en las ediciones andaluzas de algunos grandes periódicos y agencias, pero muy poca en medios nacionales.

Me he entregado a la lectura de noticias sobre obituarios, biografías, reconocimientos, homenajes, minutos de silencio, banderas a media asta, funeral, presencias, declaraciones e intervenciones de la Alcaldesa de Córdoba, Julio Anguita, Rosa Aguilar y hasta del canónigo de la catedral, Fernando Cruz-Conde, quien reconoció su amistad y el hecho de “dejar como legado un ejemplo de concordia, de reconciliación y de paz, cuando hoy algunos quieren resucitar viejos odios y rencores”, para concluir que “Andrés trabajó por un mundo más justo”.

No conozco casi nada sobre esta etapa de la vida de Andrés Ocaña. Hace casi 35 años que le conocí y sólo pude compartir con él un curso escolar, en un lugar y en un momento que nadie menciona en su biografía. Luego, tan sólo creo haberle visto en un par de ocasiones y recuerdo que mantuve con él una correspondencia epistolar intensa, cuando aún no existía internet. De todos es sabido que, cuando la red se introduce en nuestras vidas, las conexiones intranscendentes tienden a ocuparlo todo, a multiplicarse de forma proporcional al abandono de las relaciones necesarias, que terminan siendo soterradas por tanto escombro innecesario.

Sin embargo, siempre he tenido la sensación de que con Andrés podría retomar en cualquier momento una conversación allí donde la hubiéramos dejado, gracias a la ley de la relatividad de la amistad, que curva el tiempo, en función de la intensidad de la vida compartida. Una ley no demostrada, pero que se cumple indefectiblemente con determinadas personas. Muy pocas en la vida, es cierto.

Esa conversación no podrá ser ya retomada, o tal vez sí. En cualquier caso vuelve a cumplirse otra de las leyes de la vida, en este caso formulada por Paul Bowles: “Debido a que no sabemos cuándo moriremos, pensamos en la vida como un pozo inagotable. Sin embargo, todo pasa sólo un cierto número de veces y, en realidad, muy pocas. ¿Cuántas veces más recordarás una tarde de la niñez, una tarde que se volvió una parte tan profunda de tu ser, que no concibes la vida sin ella? Tal vez cuatro o cinco veces más. Tal vez ni siquiera eso. ¿Cuántas veces más verás salir la luna llena? Tal vez veinte. Sin embargo, todo parece ilimitado”.

Era el mes de septiembre de 1982. Andrés y yo tomábamos posesión como maestros en el colegio Reina Sofía de Ubrique (Cádiz). El venía de Córdoba para asumir su primer destino definitivo. Yo venía de Madrid. El tenía un hijo pequeño, menudo, risueño, al que habían llamado Alvaro. Yo iba a tener mi primera hija, que terminó naciendo en febrero del año siguiente, en el hospital de Ronda (Málaga), a la que llamamos Inés.

Andrés creo recordar que venía del MC (Movimiento Comunista) y yo venía de la CNT y acababa de afiliarme al PCE. Andrés militaba sindicalmente en USTEA, un sindicato profesional y progresista de la enseñanza y yo iba camino de pedir mi primer carnet de CCOO, precisamente en el pequeño local ubriqueño de CCOO de Andalucía.

Nada más llegar, contacté con Pepe Solano, cuyo nombre completo era José García Solano,  el responsable del PCA en Ubrique y me vi embarcado en la organización de la campaña de las Elecciones Generales de Octubre del 82, aquellas que trajeron un gobierno socialista y produjo la debacle de la UCD y del Partido Comunista, conducido aún por Santiago Carrillo. Aquello  abrió  una crisis interna que terminó produciendo la escisión del carrillismo y, tras el Referendum de la OTAN y múltiples ensayos de convergencias, al surgimiento de Izquierda Unida.

Pero esto no había llegado aún y, allí, en Cádiz, donde Rafael Alberti había sido diputado, cediendo luego su escaño al líder campesino Francisco Cabral, el Partido presentaba a José Luis Núñez, El Patri, uno de los abogados antifranquistas más conocidos del Partido, como cunero. La suerte estaba echada y, pese a las pegadas de carteles, actos, repartos de propaganda, etc., el revolcón fue monumental.

Hablamos mucho Andrés y yo de aquel fracaso. A fin de cuentas éramos forasteros y compartíamos inquietudes políticas, educativas, generación, ratos libres y circunstancias familiares. Así comenzó Andrés a acercarse al Partido. Yo diría que más que al Partido a las gentes del Partido. Pepe Solano, Pepe Rivas, Pepe Muñoz. Esas gentes que se ganaban la vida  fabricando petacas, carteras, bolsos, manualmente, en casa, ayudados por las tardes por sus hijos, encargados de dar cola al cuero. O en la construcción, o en el campo, o en el mejor de los casos, trabajando en una caja de ahorros.

Andrés podría haber sido uno de aquellos maestros de la Segunda República. Preparaba meticulosamente sus clases. Daba largos paseos. Dibujaba mapas del pueblo y de la Serranía de Ubrique, con los que luego trabajaba con sus alumnos. Se interesaba por su vida y por la de sus familias. Investigaba sobre la historia del pueblo y lo descubierto lo ponía a disposición de quienes asistían a sus clases. Esas cosas, maneras, formas y actitudes que el magisterio de la transición intentaba recuperar de sus predecesores republicanos. Desconfiaba de la burocracia que comenzaba a imperar en el sistema educativo, intentando medir, uno a uno los objetivos y obligando al profesorado a rellenar interminables formularios.

Pasaron los meses, pasó la primera gran huelga de defensa del trabajo de los petaqueros y sus familias. La impresionante manifestación nocturna que convocó a todo el pueblo en defensa de la dignidad de la industria. El invento de la marca Ubrique, que aún hoy figura en cada producto fabricado allí. Y llegó el tiempo de las elecciones municipales del 83.

Comenzamos a elaborar programas electorales, convocando asambleas ciudadanas para ver qué necesitaba el pueblo. Educación, por supuesto, pero también urbanismo, vivienda, salud, servicios sociales, transportes, medio ambiente. Éramos maestros. De todo sabíamos un poco, aunque no fuéramos expertos. Y lo que no se sabe se aprende, o se pregunta a quien sabe. Imprimíamos los programas en una multicopista vieja que se atascaba constantemente y los encuadernábamos a mano. Alquilamos un pequeño local en el barrio del Carril, en lo más alto del pueblo. Organizamos asambleas barrio a barrio, plaza a plaza, en colegios, en locales municipales. A golpe de megafonía instalada en un viejo coche. Inundando las callejuelas de canciones de Carlos Cano.

A Andrés y a mí nos propusieron encabezar las listas, pero los dos sabíamos que estábamos allí de paso. El volvería pronto a Córdoba y yo a mis barrios del Sur de Madrid. Allí quedarían los Pepes, sus mujeres, sus hijos e hijas y otros tantos. Los verdaderos protagonistas de la historia del pueblo. Nosotros podíamos echar una mano, escribir, hablar, organizar actos, pero ellos debían ser quienes jugaran el partido que se avecinaba.

El PCA, que había sacado poco más de 400 votos en las elecciones generales, duplicó sus resultados en estas municipales, celebradas pocos meses después. Pasamos de uno a dos concejales, que sumados al tirón del PSOE, permitieron un cambio de gobierno, con un alcalde socialista, gobernando con dos concejales comunistas.

Ahora, cuando soporto durante días el peso de la noticia del fallecimiento de Andrés, sin que se me vaya de la cabeza, sabiendo que su muerte, o mi supervivencia, son sólo una cuestión de azar. Ahora, me pregunto cuánto de aquellos días siguió vivo en Andrés y en mí. Cuánto de aquellas gentes retuvimos dentro de nosotros, para que Andrés se comprometiera en la política municipal y llegase a ocupar la alcaldía de Córdoba, en los mismos años en que yo me adentraba en la tarea de dirigir las CCOO de Madrid.

Leo y releo sobre sus andanzas, sus batallas, sus derrotas, sus momentos duros, los reconocimientos y pienso que Andrés, como casi todos nosotros, como yo mismo, siguió siendo aquel joven maestro, republicano, de izquierdas, padre de un niño llamado Alvarito, comprometido con quienes más lo necesitaban. Pienso que fue eso lo que le permitió seguir cumpliendo años siendo el mismo hombre honesto y lo que le hizo enfrentarse a aquel corrupto que, harto de no poder comprarle con maletines llenos de dinero, decidió crear un partido para combatirle abiertamente. Conozco más amigos alcaldes que han seguido su misma suerte en Villaviciosa o en Seseña. Los Sandokanes y los Poceros eran sólo variantes del mismo tronco podrido que ha dado sus peores frutos en España.

Y lo pienso así porque, cuando miro las fotos que aparecen en los obituarios de este profesor de tan sólo 62 años, mi amigo Andrés Ocaña Rabadán, sigo reconociendo su sonrisa limpia y esa mirada que juzga , a quien mira, con un punto de ironía, con  firmeza, pero con todo el afecto de un buen maestro. Tenía pendiente con él una conversación que ya no podrá ser, o tal vez sí. En un mundo más justo.

Francisco Javier López Martín

Secretario de Formación CCOO

 


FPE (y 6) Las soluciones son aún posibles

mayo 9, 2017

Mirar para otro lado, una de las prácticas habituales de nuestro Presidente del Gobierno,  sólo contribuye a mantener una situación insostenible. El modelo de Formación Profesional para el Empleo (FPE) se encuentra al borde del colapso. Hemos explicado  su desarrollo. Hemos analizado sus logros y sus deficiencias. Hemos reflexionado sobre la inutilidad de abordar reformas impuestas a espaldas de las necesidades de las empresas y de los propios trabajadores y trabajadoras.

Va llegando el momento de enunciar las propuestas que pueden desbloquear la situación y avanzar hacia un modelo de FPE que combine el derecho de las personas a formarse a lo largo de toda la vida y la necesidad de las empresas a contar con trabajadores y trabajadoras cualificados en un mundo cambiante.

  1. Desarrollar el derecho de formación y aumentar la cohesión social.

Para ello contamos con algunos instrumentos muy poco promocionados. Cada trabajador o trabajadora cuenta con 20 horas anuales para formación que deberían constituir un derecho individual efectivo, pero que no se ejerce.

De otra parte, los actuales Permisos Individuales de Formación (PIF) deberían garantizar la igualdad, de forma que las personas menos cualificadas pudieran beneficiarse de ellos.

Vivimos en un país en el que, junto a un alto nivel de titulados superiores, de en torno al 35 por ciento, convive un porcentaje aún mayor, de entorno al 45% de la población activa con niveles básicos, o incluso inferiores, de formación. En el centro un pequeño porcentaje con estudios profesionales. Habría por lo tanto que poner en marcha programas específicos para formar a las personas menos cualificadas y abrir convocatorias permanentes de reconocimiento de cualificaciones.

  1. Calidad y oportunidad de la formación.

Contamos con una excelente red de centros público de Formación Profesional, Universidades y Centros de Educación de Personas Adultas, que viven al margen del Sistema de Formación para el Empleo. Por un lado, el Ministerio de Educación y su formación reglada, por otro el Ministerio de Empleo, al frente de un subsistema de formación en el empleo. La descoordinación entre ambas administraciones es absoluta.

Los centros públicos de Formación profesional deben jugar un papel esencial para asegurar una oferta más amplia y menos discriminatoria. Es necesario contar cuanto antes con una red de centros (públicos y privados) acreditados, con mecanismos de financiación suficientes y controles de calidad y requisitos comunes.

Además, el sistema de subvenciones no es el más adecuado para la provisión de un servicio como el que necesita la Formación para el Empleo. Los controles administrativos y económicos son tremendos, pero ello no impide la aparición de empresas especializadas en burlarlos, mientras que la agilidad se resiente y la evaluación de la calidad es una asignatura siempre pendiente.

Contamos ya con Centros de Referencia Nacional, Centros Integrados, Observatorios, que deben funcionar de forma coordinada para mejorar la calidad del sistema. Las actuales Comisiones Paritarias, compuestas por empresas y representantes sindicales en los diferentes sectores, deberían ser reducidas en número y reforzadas en sus funciones, convirtiéndose en instrumentos esenciales para reconducir el sistema actual, burocratizado e inoperante, hacia la realidad de las necesidades de las empresas y los trabajadores.

Vivimos en un país en el que se inaugura mucho, hasta varias veces los mismos proyectos y sus fases de ejecución, pero que evalúa muy poco la calidad de cada proyecto y de las políticas que los sustentan.

  1. Recursos suficientes, estables y transparentes.

Un reciente encuentro sobre la experiencia francesa en Formación Profesional para el Empleo revelaba un gasto anual de más de 30.000 millones de euros en formación para el empleo, en nuestro país vecino. En España, por el contrario, dedicamos a Formación para el Empleo casi exclusivamente los recursos procedentes de la cuota de formación (en torno a 2000 millones de euros), y aún así, en los últimos seis años hemos dejado de gastar 450 millones de euros, cuyo destino es desconocido.

Es urgente asegurar, tal como sentencia el Tribunal Constitucional, que todos los recursos procedentes de la cuota de formación se reanualizan y se dedican a formación y no a otros fines. Es necesario reforzar esos fondos, no sólo con aportaciones de Fondos Europeos, sino con otras aportaciones para formación de colectivos no cotizantes y personas desempleadas. Es preciso que los fondos sean gestionados, en todos los ámbitos, empezando por la propia Administración, de forma transparente para el conjunto de la ciudadanía y para las personas trabajadoras.

  1. Diálogo y negociación. Bases para mejorar la formación.

En las empresas, la formación debe ser fruto de la negociación y el acuerdo entre empresarios y Representación Legal de los Trabajadores, con posibilidad de contar con aportaciones públicas y de las empresas,  para conseguir la mejor formación y la más necesaria en cada momento.
La movilidad laboral dentro de cada sector y la atención de las necesidades formativas de las pequeñas y medianas empresa, tienen que ser fruto de la negociación empresarial y sindical en el marco de las actuales Comisiones Paritarias, que la nueva ley define como Estructuras Paritarias.
La formación en los ámbitos territoriales, cuyo objetivo es la formación y la recualificación de personas ocupadas, o desempleadas, debe ser objeto de negociación entre Administraciones, empresarios y sindicatos, tomando en cuenta los recursos que pueden aportar los Centros de Formación Profesional, la realidad económica y del tejido productivo, las necesidades de empleo y orientación y la articulación de prácticas en las empresas.
Siguiendo las orientaciones europeas sería bueno acordar un Estatuto del Aprendiz que regule las prácticas y su conexión con el aprendizaje en los centros. Se habla mucho de formación dual, pero se hace muy poco para que la formación con prácticas no sea explotación laboral de nuestros jóvenes, a través de la docena de fórmulas dispersas que existen en estos momentos para abusar del trabajo de aprendices y becarios.

  1. Gobierno democrático de la Formación.

El objetivo del Gobierno, en la reforma de la Formación Profesional para el Empleo, parece haber pivotado en torno a la expulsión de organizaciones sindicales y empresariales, no sólo de la ejecución, sino del gobierno del sistema. Para afrontar el problema generado hay que entender que no se puede hacer formación de los trabajadores y trabajadoras sin los trabajadores y trabajadoras y sin las empresas en las que trabajan. Los países con mejores experiencias en formación de trabajadores y trabajadoras son aquellos que cuentan con modelos negociados y acordados en los que participan administraciones y agentes sociales.

Por eso es esencial asegurar la participación de las organizaciones empresariales y sindicales en los instrumentos de gobierno y de gestión del sistema. Contamos con instrumentos como el Consejo de la Formación Profesional, o la Fundación Estatal de Formación para el Empleo, que deben ser redefinidas, orientándolas hacia la articulación de mecanismos de detección de necesidades, coordinación de la oferta formativa, simplificación de la organización, gestión, seguimiento y evaluación del sistema.

A modo de resumen, podemos decir que la reforma impuesta debe dejar paso  a la negociación del desarrollo de un sistema de formación profesional para el empleo, que haga posible el derecho de las personas a formarse y recualificarse a lo largo de toda la vida y cubra la necesidad de las empresas de contar con trabajadores y trabajadoras cualificados.

La cualificación y formación de las personas es la mejor garantía de un futuro económico estable y de la cohesión social que sustenta la convivencia democrática en cualquier país.

Las soluciones negociadas son inaplazables. No podemos mirar hacia otro lado.

Francisco Javier López Martín

Secretario Formación CCOO

 


FPE (4): El desastre de la Formación Profesional para el Empleo en datos

abril 20, 2017

Alguien podría pensar que la visión que traslado sobre la Formación Profesional para el Empleo (FPE), en España, es demasiado dura. Que seguro que, al ser sindicalista, estoy especulando y exagerando. Sin embargo, por mucho que mejoremos la valoración de las causas, no por ello las consecuencias mejoran. Muy al contrario. Embellecer la situación sólo puede alimentar las tendencias más negativas del modelo impuesto y crear nuevos problemas,

Lo cierto es que las tasas de participación de trabajadores y trabajadoras en la formación van cayendo. Quienes más necesitan formación por sufrir más los efectos de la crisis y sufrir mayor pérdida de empleo (mujeres, jóvenes, personas con bajos niveles de cualificación) no acceden suficientemente a la formación.

Es notorio que, cuanto más necesaria es la formación, menos esfuerzo realizamos en España, mientras la Unión Europea aumenta su inversión y esfuerzo en cualificación.  Antes de la crisis económica el 11% de nuestra población activa participaba en procesos de formación permanente, mientras que ahora bajamos del 10%.

En cuanto a los participantes en formación han pasado, entre 20010 y 2015, en el caso de la formación programada por el Estado y Comunidades Autónomas, ha pasado de cerca de 1,7 millones de participantes a poco más de 600.000 personas. Quienes más necesitan formación, las personas desempleadas, han pasado de algo más de 400.00 a 175.000.

Pero si esto ocurre en la formación de oferta programada  por las Administraciones, no va mejor la formación programada directamente por las empresas que, tras la reforma del Gobierno, ha hecho que el número de horas de formación programadas haya descendido un 20%, tan solo entre 2015 y 2016.

En cuanto a la tasa de formación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) ha pasado del 31,1% en 2012 al 22,7% en 2016. Eso significa que más de 100.000 PYMES de menos de 50 trabajadores y trabajadoras ha abandonado la formación profesional de su personal.

La FPE se comporta como un cazador que dispara a bulto, pero siempre termina hiriendo a los más débiles. No sólo en el caso de quienes trabajan en una pyme. También en el caso de las personas menos cualificadas. Las personas con baja cualificación en nuestro país suponen un 43%, pero sólo pesan el 23% de cuantas personas participan en procesos de formación. Incluso han perdido un punto de participación en los últimos años.

En cuanto a las mujeres, las mujeres asalariadas han pasado de suponer un 42% en 2007 a un 46% del total de personas trabajadoras en 2015. Sin embargo, el porcentaje de mujeres asalariadas que participan en formación han pasado de suponer un 46% en 2008 a un 44% en 2015 pasando por momentos externos, como 2011 en los que la participación de la mujer bajó al 42%.

Las personas menos cualificadas se benefician menos de la formación. Quienes trabajan en pymes, la inmensa mayoría, se forman menos y los jóvenes… Los jóvenes que suponían la mitad de las personas que participaba en formación en 2008, no llegan ahora  a un tercio, cuando el empleo juvenil ha sido una de las mayores víctimas de la crisis y todo ello pese a que el gobierno disponga de abundantes recursos para la cualificación de los jóvenes desempleados, con bajos niveles educativos.

El número de horas financiadas para formación en las empresas ha disminuido en un 20% en tan solo un año, aunque el número de personas formadas crece levemente, al pasar la media de horas de duración de cada curso, de 26 horas a 17. Con casi 10 horas menos de media por curso, con menos horas totales se termina se terminan formando más personas. La calidad se deteriora a favor de la cantidad.

Uno de los datos más alarmantes del destrozo producido en FPE es que la participación de empresas en la formación ha caído del 31.1% en 2012 al 22.7% en 2016. Más de 100.000 pequeñas y medianas empresas han dejado de participar en la formación en los últimos cuatro años. Las empresas con menos de 50 trabajadores y trabajadoras están desertando de la formación continua de sus trabajadores.

Los datos son muy preocupantes. La Formación profesional para el Empleo, sometida a las tensiones de una reforma impuesta, está produciendo una agudización de los problemas y un deterioro del sistema de FPE, cuyos efectos son demoledores para quienes más necesitan la formación y cualificación en el trabajo.

 

Francisco Javier López Martín


FPE (2) Las reformas impuestas no funcioanan

marzo 26, 2017

La llegada al poder del PP, con mayoría absoluta,  supuso, en el caso de la Formación Profesional para el Empleo, la puesta en marcha de un proceso de negociación para afrontar los problemas acumulados. En principio, la intención parecía positiva, pero vino precedida de una campaña mediática, que sembraba dudas sobre el papel de los sindicatos y las organizaciones empresariales en la formación.

Ahora, cuando los tribunales van deshaciendo entuertos, va quedando claro que las verdaderas responsabilidades sobre la corrupción en la formación, se encuentran en la permisividad, cuando no connivencia, de algunas administraciones con determinadas empresas de formación, surgidas al calor de las ayudas públicas para obtener beneficios injustificables, en un régimen de subvenciones. Empresas frecuentemente denunciadas por CCOO, como ha ocurrido con el caso Aneri en Madrid, o el caso Ojeda, en Andalucía.

Pero basta repetir la mentira mil veces y a través de todos los medios posibles, para que adquiera apariencia de verdad. Así, esta campaña de deterioro de la imagen de sindicatos y empresarios sirvió como disculpa para excluir a los agentes sociales, no sólo de la gestión de los recursos de la formación, sino del propio gobierno del sistema de Formación Profesional para el Empleo (FPE). Se ignora, de esta manera, que la formación de los trabajadores y trabajadoras funciona mejor en aquellos países en los que el diálogo social goza de buena salud y donde la formación forma parte de la agenda de trabajo compartida de las organizaciones sociales y los gobiernos.

El gobierno del PP ha recorrido un camino inverso al de nuestros socios europeos más avanzados. Del diálogo social ha transitado hacia la imposición de políticas de reforma y recorte, como ha ocurrido con la Reforma Laboral y, posteriormente, la de la formación para el empleo, reduciendo de paso los fondos dedicados a la mejora de la cualificación de trabajadores y trabajadoras, ya sean ocupados o desempleados.

Hasta algún aspecto positivo de dichas reformas, como el reconocimiento del permiso de formación retribuido de 20 horas anuales para cada trabajador o trabajadora, permanece en el más absoluto de los ostracismos y desconocimiento. Lo mismo ha ocurrido con la cuenta de formación que debía de servir para inscribir y registrar, de forma personalizada, los cursos y los procesos de formación de cualquier persona, independientemente de las empresas por las que vaya pasando.

Incluso cuando el gobierno se ha comprometido, con su firma, a promover el diálogo social y la negociación colectiva para desarrollar el Sistema de Formación Profesional para el Empleo y contar con financiación suficiente, estable y equitativa, el resultado es que han terminado imponiendo medidas como la famosa “concurrencia competitiva”, que funciona, paradójicamente, en un mercadillo cerrado de proveedores de formación y que ignora la necesaria participación de empresarios y sindicatos en la detección de las necesidades reales en las empresas y en los sectores, en la programación de acciones formativas ajustadas a dichas necesidades y en el control, seguimiento y evaluación de la formación.

El negocio ha vuelto a situarse por encima de las necesidades reales, una vez más. Son los más astutos y bien informados los que saben cómo conseguir más puntos, mientras los centros públicos y las universidades son excluidos de hecho, porque la calidad no tiene al final nada que ver con los trucos para conseguir una subvención. Son los pícaros los que saben cómo obtener subvención, aunque luego no ejecuten, renuncien a parte de la formación menos rentable. Todo un mundillo cerrado de picaresca a la carta.

Ha presumido el gobierno de un amplio apoyo parlamentario a su reforma de la Formación para el Empleo ( la Ley 30/2015). Pero ese apoyo vino condicionado por la inclusión de enmiendas parlamentarias del resto de los grupos políticos, que recogían, en buena medida, las propuestas planteadas por los sindicatos. Enmiendas como la que recoge la participación de los centros públicos en un sistema de formación monopolizado por los centros privados y que cierra las puertas a la incorporación del potencial formativo de universidades, centros de FP, o centros de educación de personas adultas, lo cual constituye una excepción inaceptable en nuestro entorno europeo. La Formación para el Empleo no puede seguir siendo un mercado cautivo y exclusivo.

Enmiendas como las que recogen las sentencias del Tribunal constitucional y del Tribunal de cuentas que aseguran el carácter finalista de la cuota de formación. Es decir, que esa cuota que pagamos empresas y trabajadores, sólo puede gastarse en formación y que deben reanualizarse los fondos no ejecutados, o recuperados. Otras enmiendas que reconocen el papel de las Estructuras Paritarias Sectoriales, nacidas de la Negociación Colectiva, en la formación de trabajadores y trabajadoras en los sectores y empresas, o el reconocimiento del papel de las organizaciones sindicales y empresariales en el gobierno del sistema.

Han pasado dos años y nada de esto se ha desarrollado. El gobierno tenía mucha urgencia en la reforma, pero luego se ha olvidado de ella por completo, hasta el punto de que no se ha aprobado, a lo largo de todo este tiempo, ni una sola de las normas de regulación y desarrollo del nuevo sistema de formación, que aparecen en la ley. El año 2015 no hubo convocatoria de Formación y la convocatoria 2016 viene marcada por una situación general de inseguridad jurídica, transitoriedad y desorden.

No hay Real Decreto de desarrollo de la Ley. No hay órdenes que establezcan las bases reguladoras de aspectos tan importantes como la financiación, la concesión de ayudas, la formación de los empleados públicos, la formación impartida por centros públicos, los módulos económicos aplicables, el papel y funcionamiento de las Estructuras Paritarias… No hay nada. Inseguridad y desorden. Ahora, deprisa y corriendo, querrán aprobar una nueva chapuza que ponga algún parche en el boquete creado, en el destrozo que ellos mismos han provocado.

Una situación legal de bloqueo de la formación profesional para el Empleo, que tiene su correspondencia con una situación presupuestaria fuera de control, absolutamente irrespetuosa con las sentencias de Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas. Situación económica y presupuestaria que analizaremos a continuación.

Francisco Javier López Martín


Desorientación laboral

marzo 15, 2017

 

La crisis ha sido larga, dura, brutal, intratable. La crisis se ha convertido en modelo de vida que justifica los cambios profundos que han llegado para quedarse en forma de precariedad e inseguridad. Golpeó el sistema financiero, destrozó empresas, mandó al paro a millones de personas y desestabilizó la sociedad, la política  y nuestras vidas.

Altas tasas de paro conviven con una población que envejece por momentos y con una escasez evidente de personas cualificadas, en determinados espacios laborales como la tecnología, ingenierías, ciencia, etc. Nuestros jóvenes han madurado en esta nueva situación, sin ninguna ayuda para entender qué está ocurriendo y como pueden afrontar esta nueva realidad, por confusa, e injusta que esta sea.

Una de las claves estribaría en adquirir las competencias necesarias para intentar labrarte una carrera profesional. Pero lo cierto es que los Servicios Públicos de Empleo, en España, cuentan con pocos recursos y posibilidades de buscar empleo para personas desempleadas, y aún mucho menos para asesorar y orientar a las personas paradas para encontrar  oportunidades de empleo y posibilidades de formación a su disposición.

El porcentaje de jóvenes españoles que no trabaja, ni estudia, es del 22,5%, cuando la media europea es del 15,9 % y en países como Holanda, tan solo del 7,1 %, Francia el 13,8 %, Reino Unido el  14,7%.

La crisis genera riesgo social y, para muchos jóvenes, un incremento de quienes ni estudian, ni trabajan, un aumento de los porcentajes de desempleo y abandono de los estudios y la formación, que alcanzan con mayor intensidad a quienes cuentan con  menores niveles de estudios, viven en los barrios trabajadores, y con menos rentas. Para ellos, la falta de servicios de orientación incrementa la desigualdad frente a quienes cuentan con mayores niveles formativos

La orientación y el asesoramiento, realizados a través de la cooperación y no la competencia entre servicios públicos de empleo, centros educativos, ayuntamientos, empresarios, sindicatos, familias, contribuirían a corregir el abandono escolar temprano, abriría opciones profesionales, ayudaría a la inserción laboral, facilitaría el acceso a programas formativos adaptados a las necesidades, no solo de las empresas, sino de las personas y al servicio del modelo de desarrollo territorial que queremos impulsar.

La estabilidad de las carreras profesionales exige que los períodos de desempleo y los cambios constantes de actividad se minimicen. La Reforma Laboral juega a la contra. El deterioro de la negociación colectiva juega a la contra. Pero contar con buenos servicios de orientación profesional contribuye, en los países donde funcionan bien, a mejorar el enfoque personal, mejorar las competencias, facilitar la elección de trayectorias profesionales.

Hay quienes piensan que la orientación es un coste inadmisible. Hay quien quiere convertir la orientación en un negocio privado, en un servicio público externalizado, en tarea de ONG. En tarea caritativa.

Sin embargo, si algo ponen de relieve, en otros países, o en algunos lugares de España, las experiencias de orientación laboral desarrolladas por servicios públicos y con participación y cooperación de todos los actores sociales, es que quienes reciben estos apoyos, asesoramiento y orientación realizan mejores trayectorias profesionales y son menos propensos a  encasillarse en prestaciones sociales.

Tener información, conocer tu mercado laboral, conocer tus opciones y posibilidades, afrontar procesos de cualificación y formación útiles y adaptados a las necesidades, constituyen una buena respuesta a los problemas de las personas, las comunidades y las propias empresas.

Pero una vez más, aunque las experiencias han existido y existen en España. Aunque contamos con personas cualificadas y con experiencia para dirigir y desarrollar procesos de asesoramiento y orientación, la mediocridad y cortas miras amenazan con volver a perder la oportunidad de abordar un mejor futuro y en mejores condiciones.

No se pueden hacer oídos sordos a un problema y a una necesidad que desde CCOO venimos reclamando durante dos décadas, como quien clama en el desierto. Unas veces porque el pelotazo de turno lo tapa todo, otras porque la dureza de las crisis impide invertir en orientación. La pescadilla que se muerde la cola eternamente en España.

Francisco Javier López Martín


El indicador de la política de la miseria (IPREM)

febrero 27, 2017
foto; Fran Lorente

foto; Fran Lorente

En julio de 2004 el primer gobierno Zapatero creó el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) como un mecanismo para sustituir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) como referente para la concesión de ayudas, becas, subvenciones, subsidios.

Hasta ese momento el SMI era la renta que se tomaba en cuenta a la hora de fijar acceso a becas, tasas, justicia gratuita, viviendas de protección oficial, mínimos exentos en materia fiscal, etc.

Dicho de otra manera, el SMI era un salario miserable para evitar efectos presupuestarios, liberado de los cuales podría situarse en niveles más altos. Sin embargo, años después, el Salario Mínimo en España incumple los criterios de la Carta Social Europea suscrita por nuestro país. Es uno de los más bajos de la eurozona y se encuentra por debajo de la referencia del 60% del salario medio.

En cuanto al IPREM, creció anualmente siguiendo los objetivos de inflación del Banco Central Europeo y fue manteniendo su poder adquisitivo hasta 2009. A partir de ahí, con la justificación de la crisis económica, el IPREM ha acumulado pérdidas de hasta 6,4 puntos en 2016. Congelar el IPREM ha supuesto devaluar la protección social y especialmente la protección por desempleo.

De nuevo se vulnera el Real Decreto Ley 3/2004, que establece la previsión de inflación como el umbral mínimo para fijar el IPREM. De nuevo se deprecia la participación, la capacidad de propuesta, la negociación, con los interlocutores sociales, empresarios y sindicatos. Mera consulta, cuando no mera información.

Si otros años la disculpa era la crisis, este año la congelación del IPREM busca la nueva moda de que no hay presupuesto aprobado, argumento generalizado para justificar la inactividad y la desidia. El Salario Mínimo se sitúa en unos insuficientes 707,7 euros/mes. El IPREM permanece congelado desde 2010 en 532,51 euros/mes. El poder adquisitivo perdido está haciendo que la lucha contra la pobreza, o la protección social por desempleo, no se vean mejoradas en una nueva situación más favorable de salida de la crisis.

Recuperar los 6,4 puntos porcentuales perdidos, añadiendo al menos el 1,4% previsto de crecimiento de los precios en 2017 sería esencial y, junto a ello, no podemos seguir dejando en manos de los Gobiernos de turno las subidas anuales del SMI, o del IPREM, porque la experiencia nos da buenas muestras de la mediocridad y la miseria que estos gobiernos demuestran, aplicando decenas de miles de millones en rescate a la banca, mientras se muestran mezquinos en el rescate a quienes más lo necesitan, precisamente en los momentos más duros.

Es absolutamente necesario, por lo tanto, establecer un mecanismo de actualización del IPREM que permita, en todo caso, corregir las desviaciones entre IPC real y el incremento que se haya producido en el IPREM.

La calidad de una sociedad se mide por su capacidad de atender a quienes requieren de la protección frente a la pobreza, la injusticia, la miseria. El IPREM es uno de esos indicadores de calidad que en España sigue dejando mucho que desear. Somos una sociedad injusta y desigual, que cada día agudiza sus problemas.

Francisco Javier López Martín