LOS SERVICIOS PUBLICOS A DEBATE Y LA SINDICALISTA CHILENA

Los servicios públicos a debate, es el título del curso organizado por la Escuela de Relaciones Laborales, en el marco de los cursos de la Universidad Complutense, en El Escorial. Un curso que la Escuela realiza en colaboración con CCOO y UGT y en el que hemos intentado que estudiantes, cuadros sindicales y expertos en calidad de los servicios públicos, compartan una semana de reflexión y profundización en el conocimiento, para que las luchas que hemos desarrollado a lo largo de los últimos años se conviertan en procesos de transformación y cambio de las políticas de ajustes y recortes que, con la disculpa de la crisis, pretenden una demolición premeditada del Estado del Bienestar, que ha caracterizado el modelo de sociedad europea desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Ignacio Fernández Toxo, Secretario General de CCOO, reflexionó, durante la inauguración del curso, junto a Cándido Méndez y el Rector de la Universidad Complutense, sobre este carácter social de los Estados Europeos, sin el cual Europa perdería todo su sentido. De ahí la necesidad de fortalecer los servicios públicos, como elemento esencial y vertebrador, para salir de la crisis, fortaleciendo el Estado Social y Democrático de Derecho, que establece nuestra Constitución.

Las primeras sesiones del curso estuvieron dedicadas a las intervenciones de representantes de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, dependiente del Ministerio de Hacienda, así como de la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración Pública. La evaluación de las políticas públicas debería formar parte de las prácticas habituales de cualquier Estado moderno, pero el caso español presenta aún notables insuficiencias. No existe en nuestro país una cultura de la evaluación independiente de las políticas públicas, que permita que la ciudadanía, la sociedad organizada, las fuerzas políticas de Gobierno y oposición, cuenten con elementos suficientes para valorar la eficacia, la eficiencia, la calidad, el grado de satisfacción con los servicios públicos que recibimos.

Una visión que entró en contraste con las opiniones críticas de expertos como Antón Losada, de la Universidad de Santiago, o Ramón Cotarelo, de la UNED, que reflexionaron con los asistentes sobre temas como el acoso a lo público, o el debate sobre lo público en el presente. Un debate que se concretó durante el miércoles en el caso de Madrid, donde tuvimos la oportunidad de reflexionar, junto a los Secretarios Generales de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, José Ricardo Martínez, de UGT y diferentes representantes de la patronal madrileña CEIM, sobre los procesos de privatización de los servicios públicos en la Comunidad de Madrid que, tras casi 20 años de Gobierno del PP, se ha visto sometida en el ámbito autonómico y local, a todo tipo de tensiones privatizadoras, encaminadas a convertir en oportunidad de negocio cada servicio público y la política en una puerta giratoria que asegura el futuro económico de muchos responsables políticos.

Durante el jueves, cuarto día del curso, me correspondió, en primer lugar, presentar un caso practico de política pública en proceso de reforma, como es el de la Formación para el Empleo y a Carmen López, presentar una valoración de la situación de la Sanidad desde el punto de vista de la eficiencia y la calidad.

Uno de los momentos más esperados se produjo esa tarde del jueves, cuando, moderada por Ana González, Secretaria de Políticas Sociales de CCOO de Madrid, pudimos escuchar a los ponentes de la Mesa Redonda sobre «Las Organizaciones Sociales, Plataformas y «Mareas», frente a las privatizaciones de los Servicios Públicos». José Luís Pazos, como representante de la CEAPA y de la FAPA Giner de los Ríos, trasladó la unidad y generosidad que se ha producido en la conformación de plataformas, mareas y convocatorias educativas, que han conseguido demostrar la inaceptable selección del alumnado que preside la aprobación de la LOMCE. Hemos ganado sentencias contra los procesos de privatización, pero las sentencias no se ejecutan, ni los responsables políticos pagan precio alguno por seguir privatizando, a sabiendas de las ilegalidades que están cometiendo.

Marciano Sánchez Bayle, en representación de la FADSP, planteó en la mesa la importancia de que organizaciones representativas como los sindicatos de clase, vinculen su trabajo en defensa de los trabajadores y trabajadoras de un sector como el sanitario, con la calidad de la sanidad pública para toda la ciudadanía.

En cuanto a Emiliana Vicente, que intervino en representación del Consejo General del Trabajo Social, denunció cómo se está produciendo una privatización de todo lo privatizable y hasta de lo que no lo es, transformando la cohesión social, que garantizan los servicios públicos y los servicios sociales, en beneficencia.

La última intervención correspondió a Ignacio Ubaldo González, de Jueces para la Democracia, que explicó cómo las actuaciones del Gobierno están produciendo un deterioro de la Justicia y una valoración cada vez peor por parte de la ciudadanía. Leyes regresivas como las modificaciones del Código Penal o de la Seguridad Ciudadana, pretenden una criminalización de la protesta.

Creo que el curso ha sido muy interesante, no sólo para los asistentes como alumnos, sino también para los ponentes, porque ha permitido abrir un interesante debate en torno a la importancia de la lucha que la sociedad española viene realizando para defender los servicios públicos. Una lucha que se produce también más allá de nuestras fronteras y de las de la propia Unión Europea.

Quiero concluir esta reseña, con una anécdota, que considero relevante, entre las muchas que se producen en un curso como éste. El miércoles por la tarde, una mujer que se presenta como Juana,se incorpora como oyente en la sesión de la tarde. Al terminar,comenta que es chilena, que acaba de llegar, a las 12 de la mañana a Barajas. Que venía de vacaciones por una semana, que ha visto una reseña sobre este curso y, despreciando el jet lag, ha decidido tomar el tren y venirse a El Escorial.

Trabaja en la Administración Pública chilena y está afiliada a la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, integrada en la CUT (Central Unitaria de Trabajadores). El lema de su sindicato es La Unidad de los Trabajadores es invencible y en él se agrupan los empleados públicos chilenos.

Juana volvió al día siguiente, perdiendo un día más de vacaciones, para tener la oportunidad de comprobar junto al resto de asistentes, que los intentos de deteriorar los salarios, el empleo, o los derechos laborales; los intentos de deteriorar las pensiones, privatizar la sanidad, o la educación, debilitar los servicios sociales, forman parte del patrimonio común de aquellos que más allá de las fronteras de cada país y la ubicación de los continentes han decidido convertir la vida en dinero, aún a costa de degradarla hasta límites inhumanos.

Juana viene de un país, como Chile, que viene de vuelta de la traumática experiencia de una dictadura, propiciada por el neoliberalismo feroz de la Escuela de Chicago. Que trajo fondos privados de pensiones, bajos salarios, aseguramiento sanitario privado, enseñanza privada y de pago, que subsiste gracias al deterioro sistemático de la enseñanza pública. Una Universidad cada día más cara y sometida a procesos de selección, que han provocado un duro conflicto social a lo largo de los últimos años, unos servicios sociales en la mínima expresión y unos servicios públicos sometidos al precepto ultraliberal del mínimo Estado y el máximo negocio.

Juana tiene muchas esperanzas en el cambio que debe traer la nueva Presidenta, Michelle Bachellet y, escuchándola, uno siente la responsabilidad de hacer cuanto esté en su mano, para que ese camino de vuelta del infierno neoconservador, que Chile emprende en estos momentos, no sea recorrido en sentido contrario por España. Hacer todo cuanto sea posible para que, tras la dura crisis que estamos viviendo, tal como anunció Salvador Allende, seamos capaces de abrir las grandes alamedas por las que pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Una sociedad de hombres y mujeres libres e iguales, que construyen un Estado Social y Democrático de Derecho.

 

Francisco Javier López Martín

VOLVER A APRENDER PARA VOLVER A VIVIR

Desde que comenzó la crisis económica a golpear, con una saña creciente e inusitada a Europa, allá por el año 2008, hemos escuchado hablar mucho del desempleo juvenil. Países como el nuestro, que han visto crecer el paro de los jóvenes hasta superar el 50 por ciento, se han convertido en el paradigma de este desastre y hemos podido comprobar cómo hasta el Papa Francisco ha puesto a España como el peor de los ejemplos de pérdida de generaciones enteras para el futuro.

Esta dramática situación puede hacernos olvidar otros dramas humanos que ha traído consigo la crisis. El drama del desempleo femenino, el de los adultos mayores de 45 años, el los adultos no cualificados. Porque aunque cada vez pesan menos en el conjunto de la población, esas personas de entre 25 y 64 años con baja cualificación suponen en Europa un grupo de más de 70 millones de personas. Su nivel medio de paro en Europa es del 17 por ciento y, en España supera un 31 por ciento. Es decir, uno de cada tres adultos poco cualificados está parado.

Como la mayoría de los puestos de trabajo requieren más nivel de cualificación, la situación de paro de estas personas es cada vez más crónica e irremediable. Pero, a la vez, son el grupo de personas menos propenso a abordar un proceso de formación, hasta el punto de que sólo un 3´9 de los adultos poco cualificados, participó en algún tipo de formación, frente al 9 por ciento de media. Son precisamente los titulados universitarios los que más formación demandan, participando el 16 por ciento de ellos en alguna actividad formativa, a lo largo de 2012.

Cuando tienes un nivel de cualificación bajo, no sólo careces de las habilidades necesarias para un puesto de trabajo, sino para la mayoría de los puestos de trabajo, precisamente porque no cuentas con “competencias básicas”. Cosas tan sencillas como la aritmética, la lectura, la escritura, la informática, la comunicación fluida. Saber desenvolverte en un ámbito laboral nuevo y extraño.

La baja cualificación y la falta de esas competencias básicas, hace que se convierta en más difícil encontrar ofertas variadas de empleo, información sobre vacantes, entender los requisitos, al tiempo que los Servicios Públicos de Empleo contemplan muy poco los problemas de este colectivo, cuando son, sin embargo, sus mayores usuarios. Porque las personas con alto nivel formativo recurren menos a las ofertas procedentes de estos Servicios Públicos.

Todo lo que puede empeorar, termina empeorando. Muchos empresarios optan por los mayores niveles de cualificación para ocupar puestos de trabajo que no requieren, ni mucho menos, tanta preparación. La sobrecualificación es una realidad agudizada por la crisis y que dificulta aún más que las personas con baja cualificación encuentren un empleo.

La experiencia de estas personas en su etapa de escolarización suele ser poco satisfactoria. Abandonaron pronto los estudios y volver a estudiar se convierte para ellos en una barrera infranqueable. Además de que, hasta para formarse, sienten una competencia feroz de quienes tienen más cualificación, que no compiten tan sólo en mejores condiciones a la hora de encontrar un puesto de trabajo.

En nuestro país, las políticas consisten, en demasiadas ocasiones, en entonar cantinelas venidas de algún lugar exótico o investido de prestigio. No solucionan los problemas, pero cansan al personal y suscitan intensos y absurdos debates, predecesores del siguiente debate. Mientras, los espabilados de turno continúan su inmenso y secular negocio, con las necesidades de la gente. Algo así está ocurriendo con el cacareo de autoridades sobre la formación dual, cuando hay tantos modelos de formación dual como países y, en nuestro caso, como Comunidades Autónomas.

Los adultos necesitan aprender en un puesto de trabajo, o en un entorno laboral, aunque sea en un entorno simulado en un centro de formación profesional. Pueden combinar formación con aprendizaje y prácticas laborales en una empresa. Eso se denomina formación dual, en muchos sitios. Pero no basta ponerlo en una ley o decreto. Hay que asegurar determinadas prácticas y factores que aseguren el éxito.

Las personas adultas tienen conocimientos previos, habilidades adquiridas a lo largo de toda la vida. Por eso los servicios de orientación, que evalúen esos conocimientos y habilidades, para motivar a la persona que inicia el proceso de aprendizaje, es un elemento esencial. Retornar al aula puede generar incomodidad, mientras que aprender en un ambiente de trabajo, puede convertirse en un incentivo importante.

Adquirir competencias para encontrar empleo, junto a las más específicas de un puesto de trabajo, permite desarrollar la responsabilidad, la adaptación a un entorno de trabajo, establecer relaciones de confianza, compromiso, cooperación, con las compañeras y compañeros. Este tipo de formación debe permitir el acceso directo al empleo. Una relación mayor entre centros de formación y empresas, creando mecanismos de conexión y evaluación conjunta.

Pocos son los países que desarrollen competencias clave para personas desempleadas con bajos niveles de cualificación. Francia, Alemania, o Dinamarca son buenos ejemplos. Es necesario que este aprendizaje, tenga el reconocimiento en el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones, formando parte de la carrera profesional de la persona, abriendo puertas para posteriores procesos formativos. El reconocimiento educativo y laboral de esta formación es también un elemento esencial.

Dos últimos aspectos. La financiación y dirección de estos procesos debe realizarse desde la cooperación entre administraciones, empresas y sindicatos. Los centros de formación deben especializarse en la especificidad de formar en conexión con la realidad laboral concreta. Por otro lado, las personas que acceden a estos programas, parten, en muchos casos, de dificultades personales importantes. Una economía familiar difícil, junto a problemas para desplazarse, conciliar la vida formativa y laboral con la personal, el cuidado infantil, que deben tomarse en cuenta y ser atendidos.

Perder el empleo, teniendo una baja cualificación, supone para muchas personas caer en un pozo del que será difícil salir sin ayuda. Supone perder muchas oportunidades de vivir una vida digna, sustentada en un trabajo decente. Supone, en muchos casos, una muerte laboral y civil injusta e inaceptable.

Los programas de empleo basados en la formación en el puesto de trabajo pueden ser una solución para estas personas, a condición de que los responsables políticos entiendan que no basta legislar, aprobar normas y realizar declaraciones, sino que hay mucho trabajo pendiente para allegar recursos, establecer mecanismos de cooperación entre empresas, administraciones, sindicatos y centros de formación. Hacer sentir a las personas adultas, desempleadas y con baja cualificación, que volver a aprender es una oportunidad para volver a vivir.

Francisco Javier López Martín