LA SANIDAD, UNA NECESIDAD QUE PODEMOS PAGARNOS.

Cualquiera que escuche a algunos tertulianos hablando sobre la Sanidad en España podría pensar que están poniendo en solfa y cuestión un lujo asiático al que nos hemos acostumbrado, pero que no podemos permitirnos pagar en tiempos de crisis.

Conociendo a estos personajes, los medios para los que trabajan, los gobiernos que les pagan y subvencionan, las Fundaciones en las que pronuncian sus discursos, podemos sacar rápidamente la conclusión de que están preparando el asalto a los cuantiosos recursos que maneja la Sanidad pública, para ponerlos al servicio de intereses bastardos de empresarios privados, que actúan como auténticos bucaneros de los recursos públicos, utilizando banderas políticas de conveniencia.

En segundo lugar, podríamos pensar que hablan de algo prescindible, sin lo que podemos vivir perfectamente. Sin embargo la salud es lo más preciado que tenemos y la sanidad pública un bien esencial al que no debemos renunciar.

La pregunta es, por tanto, si el Sistema Nacional de Salud es insostenible, tal y como pretenden hacernos creer.

El gasto sanitario español se sitúa por debajo del promedio de la Europa de los 15 y sólo es superior a la media de la Europa de 27 países, a causa del destrozo sanitario de países como Rumanía, Bulgaria, o los países bálticos. Gastamos el 9 por ciento de nuestro Producto Interior Bruto en Sanidad frente al 8,39 de la Europa de 27 países, el 9,6 de la Europa de los 15 y el 11,1 por ciento de los países de más altos ingresos. Es más, mientras que España ha visto crecer su gasto sanitario en un 2,7 por ciento anual a lo largo de los últimos 10 años, los países de la OCDE, han experimentado un crecimiento medio del 4,1 por ciento anual. Nuestro gasto sanitario público es, por lo tanto, muy moderado.

Sin embargo los tertulianos a sueldo nos restriegan el endeudamiento de la sanidad pública en las Comunidades Autónomas, como argumento irrebatible. Pero esta situación tiene que ver con una insuficiente dotación de recursos para la sanidad pública, un elevado gasto en medicamentos y lo caros que nos salen los procesos de privatización que encarecen los costes para dar negocio a la sanidad privada.

Para mantener el sistema sanitario es necesario contar con fuentes de ingresos, es decir, un buen sistema fiscal. Y en esto España es un desastre. Los expertos fiscales hablan de una economía sumergida que ronda el 23 por ciento del Producto Interior Bruto, con lo cual las cantidades no ingresadas en Hacienda superan los 70.000 millones de euros al año. Si nuestro fraude fuera el de la media de la Unión Europea, un 13 por ciento, conseguiríamos ingresar unos
30.000 millones de euros más cada año en las arcas públicas.

Por otro lado las Comunidades Autónomas no reciben del Estado un dinero para Sanidad, sino una cantidad global por todas las competencias que gestionan. Por eso unas invierten en Sanidad y otras lo hacen con menos intensidad. Así, por ejemplo, Madrid dedica 1.103 euros por personas y año en Sanidad, mientras que Cataluña dedica 1.292, País Vasco 1.563 y Asturias 1.495. Estamos a la cola de España, sólo por delante de Baleares o Valencia.

Es verdad, sin embargo, que gastamos mucho en medicamentos. Un 21,3 por ciento del dinero se nos va en medicamentos, frente al 17,4 por ciento de media en los países de la OCDE. Es verdad que los medicamentes se renuevan constantemente y algunos tratamientos son muy caros. Es verdad que en muchos casos no se toman correctamente, se prescriben, dispensan y venden de forma inapropiada. Es verdad que se puede mejorar mucho en este campo, con planes de compra organizados entre las comunidades autónomas y el gobierno central.

Bien, empecemos por ahí, por el uso racional de los medicamentos, lo cual producirá racionalización del gasto y menos beneficios para las multinacionales. Pero eso significa voluntad política y cooperación entre Administraciones. Eso significa menos bronca política y más trabajo. Es más fácil atacar al sistema sanitario público para obtener réditos políticos y clientelismo empresarial, pero no es la solución.

Otro día hablamos de privatizaciones y sobre algunos argumentos recurrentes contra la sanidad pública, como el envejecimiento de la población.

Francisco Javier López Martín
Secretario General de CCOO De Madrid

INSTITUTO LABORAL: SOLUCIONES PARA EL CONFLICTO

En momentos de crisis es cuando se pone a prueba la capacidad de las instituciones para encontrar vías de solución de los conflictos. El Instituto Laboral creado por la patronal CEIM, UGT y CCOO, con participación de la Comunidad der Madrid, es una Fundación creada para realizar labores de mediación y arbitraje cuando se producen conflictos en las empresas.

El Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid intervino, a lo largo del año 2010, en 650 conflictos laborales que afectaban a 28.727 empresas y 410.722 trabajadores y trabajadoras. Algunas de esas mediaciones son desistidas, archivadas, o intentadas sin efecto, pero en la mayoría de los casos, la tramitación efectiva de esos casos se produce y casi en la mitad de estos casos, el 48 por ciento se consigue alcanzar un acuerdo. Estos acuerdos han permitido, por ejemplo, la desconvocatoria de 50 huelgas, que hubieran supuesto 44.495 jornadas de trabajo perdidas y unos costes salariales de 5,8 millones de euros.

El Instituto Laboral interviene en conflictos abiertos en empresas de todos los sectores. Servicios, metal, limpieza, o transportes, fundamentalmente y ante temas tan variados como impagos de salarios, Huelgas, jornada, calendario, vacaciones, modificación de condiciones de trabajo, derecho a la información, tablas salariales y otros muchos.

Existen organismos similares en muchas comunidades Autónomas. Organismos de mediación y arbitraje poco conocidos, que trabajan de forma eficaz y silenciosa, pero que consiguen mejorar las relaciones laborales en las empresas.

Sin embargo estos instrumentos dependen del compromiso de las organizaciones sindicales y empresariales y de las Administraciones para su sostenimiento, asegurando la independencia de su gestión, para merecer la confianza de los empresarios y trabajadores que recurren a ellos.

El Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid debe, abordar en lo inmediato el desarrollo y ampliación de sus funciones, asegurando su independencia y la calidad de sus intervenciones.

Eso depende del compromiso de la Administración Regional y de las organizaciones empresariales y sindicales. Es una de las primeras demandas que hemos dirigido al nuevo Gobierno Regional y a la organización empresarial CEIM.

En tiempos de crisis sería inexplicable e inaceptable que una Institución que afronta y resuelve conflictos, sea abandonado a su suerte. Tan sólo el número de estos conflictos que encuentran solución, sin tener que llegar ante unos tribunales, ya de por si saturados y desbordados, hace aconsejable apostar por instrumentos de solución Extrajudicial de Conflictos como el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid.

Francisco Javier López Martín

LO QUE DEFENDEMOS EN CAJAMADRID

CCOO formamos parte de la Candidatura Social de Impositores de Cajamadrid que obtuvo representación en la Asamblea General de la Caja de Ahorros Madrileña. Junto a la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, (FRAVM), la Confederación de Consumidores y Usuarios de Madrid (CECU), o el Sindicato Unificado de Policía (SUP), intentamos defender los intereses de los ciudadanos y ciudadanas que depositan sus ahorros en Cajamadrid, a los que se denomina “impositores”.

Somos una minoría en una Asamblea General gobernada por las fuerzas políticas de la Asamblea de Madrid y los Ayuntamientos, pero intentamos ser la voz de los clientes, de Cajamadrid. Esos miles de personas que confían en Cajamadrid para abrir una cuenta.

Una de las preocupaciones de esos ciudadanos en un momento de crisis como el actual, es perder su vivienda. Desde 2007 a 2010, el número de ejecuciones hipotecarias en España se situó en 250.000 viviendas. En 2010 se multiplicaron por cuatro el número de desahucios de 2007.

Por eso hemos planteado en la Asamblea General de la Caja que se busquen soluciones alternativas a la ejecución de los desahucios. Creemos que, cuando se trata de la vivienda habitual hay que facilitar la continuidad de la familia en su hogar. El sistema financiero tiene que asumir responsabilidades y buscar soluciones para unos problemas sociales que las entidades financieras han contribuido a crear. Se pueden aplicar diferentes soluciones como las moratorias en el pago de la hipoteca, en línea con el conocido como Compromiso Bancaja.

Igualmente, se pueden negociar acuerdos de refinanciación de la deuda hipotecaria. Sería conveniente aplicar otras fórmulas que permitan permanecer en régimen de alquiler, con opción a compra posterior.

Tampoco Cajamadrid debería permanecer al margen del debate sobre un cambio en las leyes, que permitan vincular el cobro de la hipoteca a la dación en pago de la misma. Un coste económico que consideramos asumible para Cajamadrid.

Pero los impositores no sólo tienen problemas con las hipotecas. No parece razonable que se cargue la mano en el coste que se impone a los clientes con saldos inferiores a 2.000 euros, al margen de sus rentas. Excluir a las rentas más bajas de estos costes parece de justicia.

Otra de las dificultades es el acceso a créditos de familias, pequeñas y medianas empresas, cooperativas, sociedades laborales. Clientes tradicionales de Cajamadrid terminan buscando su crédito en otras entidades, mientras ven cómo se le concede un crédito al Real Madrid, de 76 millones de euros, para fichar a Ronaldo.

El sector financiero, y especialmente las Cajas, no puede abandonar su compromiso con el empleo y con un nuevo modelo económico más productivo. Un compromiso que tiene que ver con la reorientación y fortalecimiento de la Obra Social.

Los impositores de la Caja vemos con preocupación el proceso de fusión de las cajas. En el caso de Cajamadrid la fusión da lugar a dos bancos (BFA y Bankia, que saldrá a Bolsa. El peso de la actual Cajamadrid en el nuevo proyecto pasará del 52 por ciento al 25 por ciento. Los impositores, o los trabajadores de Cajamadrid, desaparecerán y la despolitización se transforma en repolitización.

Podemos asistir a una desamortización para entregar Cajamadrid a los inversores financieros privados, que se llevará por delante un modelo de prestación de servicios financieros cercano a los ciudadanos y al desarrollo territorial.

Sería necesario explorar otras vías que permitieran mantener el modelo de las Cajas, su carácter social y su compromiso con la ciudadanía, con la economía real y el empleo.

Si la Caja de Madrid no está en quiebra y problemas como el de la morosidad son abordables, no regalemos las Cajas, no privemos a millones de madrileños y de españoles de un servicio financiero cercano, asequible, social y comprometido. Mejoremos el sistema de cajas, pero no lo hundamos.

Francisco Javier López Martín
Secretario General de CCOO de Madrid

29-S: SERVICIOS MÍNIMOS INCONSTITUCIONALES

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha vuelto a dictaminar en contra de la Comunidad de Madrid en un caso de fijación mediante decreto de Servicios mínimos en una huelga de Trabajadores. Declarando que el gobierno de Esperanza Aguirre vulnera el derecho constitucional de huelga (artículo 28.2 de la Constitución Española).

Estas sentencias son el pan nuestro de cada día en Madrid. Las más recientes, hasta esta última, habían sido las que anulaban los decretos de servicios mínimos en las huelgas del Metro, o en las piscinas del Instituto de Deportes. Esta última hace referencia a la fijación de servicios mínimos en la Huelga General del 29 de Septiembre de 2010.

El Gobierno de Aguirre se ha acostumbrado a dictar servicios mínimos que son sistemáticamente anulados posteriormente. Los magistrados insisten en que la Comunidad de Madrid no recoge “motivación alguna” que permita fijar un criterio para establecer servicios mínimos. Esta “falta de motivación” es recurrente en todas las sentencias.

Por otro lado, los jueces no se explican “por qué en una huelga de un solo día de duración han de fijarse unos mínimos que pueden ser superiores a lo que se prestan en un día festivo”.

Por ejemplo, parece lógico que se fijen mínimos en los hospitales al nivel de un domingo o festivo, pero no así en los centros de salud donde no se trabaja un domingo o festivo y para los que, sin embargo se fijan servicios mínimos por parte del gobierno madrileño de Esperanza Aguirre. Lo mismo ocurre con el transporte público, donde, sin motivación alguna, se fijan mínimos.

En el caso de la fijación de servicios mínimos en la justicia la razón de su anulación es la misma, falta de motivación, además de reiterar que una huelga de un solo día no justifica el establecimiento de servicios mínimos superiores a los de un día festivo, como así ocurre en el decreto.

En cuanto a la educación, los jueces coinciden en que se trata de un servicio esencial pero no entienden que ello justifique la fijación de mínimos para prestar servicios complementarios como el de comedor escolar, ni que exista justificación alguna para establecer mínimos distintos en centros públicos o privados.

En resumen la Comunidad de Madrid, su gobierno Regional, fijan servicios mínimos arbitrariamente, sin distinguir entre servicios esenciales y otros que no lo son. Sin justificar, o motivar, en forma alguna, la necesidad de esos servicios mínimos y vulnerando el derecho constitucional de huelga. Esto ocurre una y otra vez. Los tribunales terminan anulando estos servicios mínimos, meses y años después de haberse impedido por la vía del decretazo el derecho constitucional de huelga.

Cuando alguien, dotado de poder, adopta disposiciones ilegales, a sabiendas de que lo son incurre en un presunto delito de prevaricación.

Sin embargo, los mismos tribunales que condenan a la Comunidad de Madrid a la anulación de los servicios mínimos, se muestras remisos a remitir a la fiscalía estas actuaciones por si fueran constitutivas de delito y disponen que “no ha lugar a efectuar remisión alguna al Ministerio Fiscal, pues ninguna responsabilidad penal cabe deducir del mero hecho de la anulación, por las razones expuestas, del Decreto impugnado en los aspectos que se anulan”.

En definitiva, por enésima vez, el Gobierno Madrileño vulnera la Constitución y los tribunales le anulan unos servicios mínimos.

Mientras de estas decisiones judiciales, no se deriven responsabilidades para quienes dictaron decretos de servicios mínimos a sabiendas de su ilegalidad inconstitucional, los trabajadores seguiremos indefensos y a la espera de una nueva huelga, para la que se dictarán los mismos servicios mínimos, que serán anulados por inconstitucionales meses o años después y hasta otra.

Por cierto, si algunos trabajadores, hartos de tanto despropósito, se atreven a romper, o incumplir esos servicios mínimos, como ocurrió recientemente sí se verán ante los tribunales, con consecuencias civiles y penales.

Mientras tanto, Esperanza Aguirre gana elecciones, el responsable de los servicios mínimos de Metro preside la Asamblea de Madrid y López Viejo, el que fijo los también inconstitucionales servicios mínimos del Instituto de Deportes, sigue en sus cosas de la Gürtel.
Luego dicen que la gente anda indignada.

Francisco Javier López Martín
Secretario General de CCOO de Madrid

LA INDIGNACIÓN DE LOS JUBILADOS

Nuestros mayores sufren como el primero los efectos de la crisis. Ante los embates de eso que se denomina los mercados, las amenazas de rescate y las exigencias de ajustes de la Unión Europea, el gobierno de Zapatero no tuvo mejor idea que reducir las inversiones públicas, rebajar el salario de los empleados públicos y congelar las pensiones de nuestros mayores. Una congelación que, en un momento de subida de la inflación, supone un retroceso en el poder adquisitivo de nuestros pensionistas.

Hay que tomar en cuenta que la mitad de nuestras pensiones (5 millones) se encuentran por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, y que el 75 por ciento de los pensionistas, no llega a los 1.000 euros mensuales. Las mujeres pensionistas cobran una media de 250 euros menos al mes que los hombres, porque sus salarios han sido más bajos y sus carreras profesionales más cortas.

La inmensa mayoría de las pensiones de viudedad no llega a los 600 euros. La congelación de las pensiones ha afectado al 78 por ciento de las pensiones de los madrileños y las pensiones mínimas han crecido un ridículo 1 por ciento.

Nuestros vecinos del Norte, los franceses perciben pensiones medias de 2.000 euros. Mientras se dedican cantidades desorbitadas para salvar a bancos y grandes empresas, que recuperan beneficios y mantienen altos salarios, primas y pensiones para sus ejecutivos, los pensionistas pagan duramente los efectos de la crisis.

Si a esta penosa situación le añadimos que Comunidades Autónomas como la madrileña, torpedean, la aplicación de la Ley de Dependencia retrasando el reconocimiento de prestaciones o ayudas entre 18 y 24 meses, podemos concluir que la vida de nuestros mayores es dura y sacrificada.

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicaba el pasado 13 de Enero los nombres de 3.200 solicitantes fallecidos, a los que se les comunicaba el final de la tramitación de su ayuda. Cerca de 700 de ellos habían iniciado su solicitud hace más de tres años.

Para más inri, arrecian los ataques contra el sistema sanitario y se recortan los recursos para los servicios sociales, que son esenciales para nuestros mayores.

Por eso los Pensionistas y Jubilados de CCOO han iniciado una campaña para exigir al Gobierno Central y al Gobierno Regional la inmediata revalorización de las pensiones congeladas. El desarrollo pleno de la Ley de Dependencia, creando plazas residenciales y en centros de día. Sostenimiento de un sistema sanitario público, frenando las privatizaciones y cerrando las puertas al copago, o mejor, al re-pago sanitario. Reforzamiento de los servicios sociales, evitando el debilitamiento y deterioro del mismo en nuestros ayuntamientos.

Nuestros mayores vienen de vidas muy duras, condiciones de trabajo penosas, sacrificios y penalidades.

La crisis no puede ser la disculpa para que las mejoras conseguidas desde el inicio de nuestra trayectoria democrática sean laminadas sin demanda alguna. Un Gobierno de España, aterrorizado por la crisis y un Gobierno de Madrid, entregado a la deconstrucción del Estado de Bienestar, no pueden perpetrar este atropello impunemente. Por eso nuestros mayores, legítimamente indignados y organizados, van a luchar por sus derechos.

Francisco Javier López Martín
Secretario General de CCOO de Madrid

INDIGNACIÓN, PARO, SUBEMPLEO Y ECONOMÍA SUMERGIDA.

España siempre ha sido una excentricidad en Europa.  No por estar geográficamente lejos del centro.  Me refiero al hecho de vivir en un país que soporta las tasas más altas de paro y temporalidad en la Unión europea.

La crisis económica y sus efectos sobre el empleo ha acentuado aún más la excentricidad española.  La situación es dramática y, sin embargo, se intenta generalizar la aceptación como normal de un desempleo masivo.  Empresarios, fuerzas políticas mayoritarias y tertulianos nos machacan diariamente con soluciones peregrinas, insostenibles, inaceptables e indignantes, como imponer reforma laborales que facilitan el despido y lo abaratan.  O una reforma de la negociación colectiva que intenta laminar los derechos laborales en las empresas.  Soluciones que no crean empleo y, lo más grave, alientan su destrucción.

Los últimos datos del paro en Madrid lo ponen de manifiesto.  En Madrid baja el desempleo en 6.365 personas, pero pierde 4.836 afiliados a la Seguridad Social.  Tenemos casi 470.000 personas apuntadas como demandantes de empleo.  Si baja el número de apuntados en el paro, pero baja el número de trabajadores, sólo puede significar que cunde el desánimo y la desconfianza de que apuntarse al paro sirva para algo.

La mitad de los parados lleva más de un  año sin encontrar empleo y sigue aumentando el número de parados sin ayuda, subsidio, o prestación alguna por desempleo.  Son ya 195.000 personas. No se hacen más contratos y, de los que se hacen, el 88 por ciento son temporales.

El empleo es  el principal mecanismo para integrarse, para la inclusión social.  Perder el empleo es percibido como fracaso, temor, sorpresa, inquietud, impotencia, desconcierto y sensación de inutilidad.

El paro tiene sexo, edad y condición social.  Afecta más a las mujeres, a los jóvenes, a las minorías étnicas, a las personas con discapacidad. 

El paro es falta de renta, pero también es hacer que miles de personas sobre-educadas, trabajen en condiciones que impiden y bloquean  sus aspiraciones y proyectos personales.

Es también aceptar trabajar clandestinamente, sin contrato, sin derechos, en la economía sumergida.

El empleo no lo crean los gobiernos.  Los Gobiernos no trajeron la crisis.  La crisis destruye los empleos.  Pero los gobiernos no pueden permanecer impasibles, ante la crisis, el paro, el podrecimiento de sus ciudadanos.

No es tolerable que gobiernos como el de Aguirre, con la complacencia de empresarios como Arturo Fernández, olviden a los parados utilizando a ZP como disculpa.

Sin inversión pública, sin mejorar la calidad de los Servicios Públicos de Empleo, sin fortalecer los Servicios Públicos como la Sanidad, la Educación o la Atención a la Dependencia, no es posible contener los más duros efectos de la crisis sobre los pueblos.

De eso se trata en estos momentos, de defender a la ciudadanía frente a la crisis, el paro, el empobrecimiento, la fractura social, el deterioro de la política y las instituciones.
Pero eso exige voluntad, compromiso, decisión y capacidad de negociación y diálogo.  No parece que estas cosas estén de moda.  Pero, o eso, o el caos y la agudización de los conflictos.

Francisco Javier López Martín
Secretario General de CCOO de Madrid

TRABAJO DOMÉSTICO Y TRABAJO DECENTE

Una de las deudas pendientes de nuestro sistema de Seguridad Social es la integración del Régimen Especial de Empleadas del Hogar en el Régimen General. Las trabajadoras del Hogar, unas 700.000 personas, en toda España constituyen un colectivo históricamente discriminado desde el punto de vista de la cotización a la Seguridad Social y el acceso a los derechos que tienen el resto de los trabajadores.

El Acuerdo Social y Económico firmado el 2 de Febrero por Gobierno, empresarios y sindicatos, contemplaba esta reivindicación histórica del movimiento sindical. La negociación ha sido larga y nada fácil, pero ha desembocado en unos primeros acuerdos que permiten dignificar la situación del denominado servicio doméstico, abriendo las puertas a su plena integración en el Régimen General de la Seguridad Social, combatiendo la economía sumergida y la desprotección de estas trabajadoras.

Para empezar, todos los empleadores tendrán que registrarse como tales, independientemente de que la empleada del hogar trabaje para ellos a tiempo completo o por horas, teniendo que cotizar desde la primera hora de trabajo, al margen de cuantas horas y para cuántos empleadores se trabaje.

El empleador tiene la obligación de formalizar el alta, la baja, o las variaciones en los datos de su empleada.

Las trabajadoras del hogar podrán cobrar su prestación por incapacidad temporal por enfermedad o accidente, desde el 4º día a cargo del empleador y desde el 9º a cargo de la Seguridad Social. Se acaba así con la injusticia de que estas mujeres no tuvieran derecho a Incapacidad Temporal hasta después de un mes de haber enfermado o sufrido un accidente.

Las cuotas se pagarán por domiciliación bancaria, sobre la base de los salarios reales pagados, con una base mínima legalmente fijada. Durante cinco años, los actuales tipos de cotización pasarán gradualmente el 22 por ciento actual hasta el 28,30, equiparándose a los aplicados en el Régimen General de los Trabajadores.

Aquellas trabajadoras que no trabajen a tiempo completo se beneficiarán de los mecanismos de protección aplicados a los contratos a tiempo parcial, de forma que cada día completo trabajado será reconocido como 1,5 días cotizados a la Seguridad Social.

Estas mejoras, constituyen un paso importante que empezarán a aplicarse el 1 de enero de 2012 y que debe completarse con la negociación de otras materias como la protección por desempleo de las trabajadoras del hogar, o las bonificaciones, o reducciones de cuotas a los empleadores por las cotizaciones soportadas.

La lucha de las trabajadoras del Servicio doméstico viene de muy largo para ver equiparadas sus cotizaciones, sus derechos laborales y su plena integración en la Seguridad Social. No ha sido una lucha fácil, porque la justicia de sus reivindicaciones ha topado siempre con intereses políticos conservadores y con unas familias que, precisando cada vez más este tipo de servicios, no podían asumir el sobrecoste de la cotización a la seguridad social

El Acuerdo permite sacar de la economía sumergida a estas mujeres, que tengan derechos equiparables a los de cualquier trabajador por cuenta ajena y que las familias pudientes paguen la cotización íntegra, mientras que se aplicarían reducciones o bonificaciones que deberían producirse en función de la renta familiar.

En definitiva hoy el trabajo doméstico se acerca más a nuestras reivindicaciones de un trabajo decente. 700.000 mujeres tenían derecho a un horizonte de vida más digno.

Francisco Javier López Martín
Secretario General de CCOO de Madrid

PORTAZO A LA DACIÓN EN PAGO.

La crisis se llevó por delante, en primer lugar, el sector inmobiliario y la construcción. Era una crisis financiera mundial, pero las finanzas españolas, la banca, tenían demasiados huevos en el sector inmobiliario. Por eso fue lo primero en caer.

El empleo en la construcción fue la primera víctima. Las familias endeudadas hasta las cejas para comprar una vivienda y que perdieron su empleo, las segundas. Un drama que se agudiza con la legislación española, cuyo objetivo prioritario parece ser defender los intereses económicos de los bancos.

El banco tasa tu vivienda. Te concede una hipoteca. Pero no basta devolver el piso para liberar la hipoteca.

Son muchos los españoles, el 80 por ciento según algunas encuestas, que consideran que esta situación es injusta. Que apoyarían una legislación que regulase los créditos hipotecarios haciendo posible la dación del piso en pago de la hipoteca, incluyendo medidas que permitieran moratorias, aplazamientos, renegociación de la deuda, alquileres pactados para evitar el desahucio.

Tuvimos noticias hace casi un año de que los compañeros de CCOO de Cataluña, en alianza con la Plataforma de Afectados por Hipotecas (PAH), la Confederación de Asociaciones de Vecinos, UGT y otras organizaciones de consumidores y economía social, preparaban una recogida de firmas para promover una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para obligar al Parlamento a estudiar estas medidas y evitar la proliferación de los desahucios. La iniciativa fue presentada en Marzo, en rueda de prensa en Barcelona. Inmediatamente la presentaron en el Parlamento para ser admitida por la Mesa del Congreso.

Sin embargo, quien hizo la ley hizo la trampa para burlarla. La Mesa del Congreso comunicó a los promotores el rechazo a la ILP. Alegando que ya se había presentado otra ILP sobre el mismo tema, una semana antes que la nuestra.

Una ILP presentada por un desconocido grupo autodenominado Verdes Ecopacifistas, con una redacción confusa y que menciona la dación en pago. Parece demasiada coincidencia, hasta el punto de que el diario Público habla de que tras tales verdes ecopacifistas se encuentran promotores inmobiliarios.

Ante este hecho nuestros compañeros deciden presentar una ILP más amplia que incluye otros aspectos como desahucios, o parques de vivienda social en alquiler. Parecía que ahora no había disculpa. Sin embargo la Mesa del Congreso vuelve a rechazarla, utilizando la misma excusa de malos pagadores.

La Iniciativa Legislativa Popular es uno de los instrumentos democráticos para que el Parlamento escuche la voz de la calle. No es conveniente despreciar ese instrumento, sin embargo no es la primera vez que la Mesa del Congreso utiliza lo que debería ser un mero trámite de admisión y rechaza el inicio de recogida de firmas. Tampoco es la primera vez que una vez recogida las 500.000 firmas, una Comisión del Congreso la rechaza sin llevarla a Pleno tan siquiera.

Las actuaciones políticas como estas, por parte de los partidos políticos mayoritarios, como PSOE, PP, con apoyo de otros como CiU, son las que alejan a la política y las instituciones de la ciudadanía. Intentando bloquear el debate, se cierra la puerta a soluciones negociadas y se provoca el conflicto social.

El rechazo de la ILP sobre las deudas hipotecarias, es una mala noticia para la democracia y para miles de familias que ven en riesgo su derecho constitucional a una vivienda.

Francisco Javier López Martín
Secretario General de CCOO de Madrid

PARADOS Y ABANDONADOS A SU SUERTE

Acaban de publicarse los datos del paro del mes de junio. La gran noticia de los titulares es que el paro baja en España en casi 68.000 personas. Los tertulianos madrileños afirman que el paro bajó en Madrid en 6.365 personas.

El Gobierno de España contento. El Gobierno Regional también muy contento. Sin embargo para nosotros, los trabajadores, el dato no aporta gran consuelo.

SUBVENCIONES A LOS SINDICATOS

A raíz de los ataques permanentes de los poderes económicos, políticos y mediáticos contra los sindicatos, utilizando argumentos recurrentes como el dinero que se embolsan en concepto de subvenciones, son no pocos los que me han pedido que escriba sobre este tema.

Un artículo elaborados por nuestra Federación de Servicios Financieros y Administrativos me brinda la oportunidad de dar respuesta a estas demandas, partiendo del hecho de que la Constitución Española reconoce a los sindicatos de trabajadores el derecho a constituirse, participar en las políticas públicas y en la planificación económica del Gobierno. Los sindicatos, en función de su representatividad representan a sus afiliados, pero también al conjunto de los trabajadores.