Reforma de la formación: solucionar problemas

La formación a lo largo de toda la vida es un derecho individual de cada persona y una necesidad de cada empresa. Combinar y equilibrar el libre ejercicio de este derecho y las necesidades del sistema productivo es esencial para abordar una reforma del sistema de formación para el empleo.

Uno de los primeros problemas de nuestro sistema de formación para el empleo es que las pequeñas empresas ejercen muy poco el derecho a la formación. No es para menos, cuando existen casi 7000 empresas, centros de formación, consultoras, gestorías (denominadas «entidades organizadoras»), compitiendo sin control, para organizar la formación en este tipo de empresa, lo cual da lugar a, cuando menos, numerosas irregularidades.

Merecería la pena una revisión en profundidad de esta formación que se bonifican las empresas, con la participación de miles de entidades organizadoras de la formación y sin participación real de los centros públicos de formación.

La solución podría venir del nuevo papel que deberían asumir las organizaciones sindicales y empresariales en la organización de formación en la pequeña empresa. Y no me refiero a la impartición de cursos, sino más bien a la detección de necesidades, planificación de las prioridades formativas, evaluación de la formación y el impacto de la misma, vertebración de la actividad formativa realizada a través de los centros acreditados, públicos y privados.

El segundo gran problema es el de la formación para las personas desempleadas. Cientos de millones de euros, procedentes muy mayoritariamente de la cuota de formación que pagamos empresas y trabajadores, fluyen hacia las Comunidades Autónomas y merecería la pena que la formación en todas las Comunidades Autónomas se desarrollara con garantías plenas de participación democrática de los agentes sociales y con una coordinación e información mayor entre las Comunidades Autónomas y el Gobierno Central.

No se trata de invadir competencias autonómicas de ejecución de los fondos de formación. Se trata de establecer compromisos de información, participación y coordinación para evitar, entre otras cosas, la duplicidad de ofertas formativas.

Un tercer tema importante es el de la formación dirigida a los diferentes sectores de la producción y los servicios Es importante tomar en cuenta que aunque, en teoría, la formación que se bonifican directamente las empresas es la más cercana y pegada a las necesidades de  las empresas, es la formación sectorial la que termina adaptándose más a las necesidades de cada sector empresarial. Y ello ocurre porque en la formación bonificada las empresas terminan haciendo la formación que ofrecen las denominadas «entidades organizadoras».

Así termina ocurriendo que la formación sectorial, organizada por empresarios y sindicatos, responde mejor a las necesidades de las empresas, de forma que una cosa es separar organización de impartición, en lo que podemos coincidir, haciendo que quienes impartan la formación sean los centros mejor preparados para hacerlo y otra cosa muy distinta, expulsar del gobierno de la formación a quienes aportan los recursos de la cuota de formación y conocen las necesidades formativas de las empresas y de los trabajadores y trabajadoras.

Empresarios y sindicatos, deberían ser quienes determinasen las necesidades estratégicas en cada sector y participasen en la planificación, programación, desarrollo y evaluación de los planes. La ejecución, en todos los casos, debe ser realizada por los centros públicos y privados de formación que reúnan las mejores condiciones.

Y aquí hay que poner el acento en que los centros de formación públicos son los auténticos damnificados del sistema antiguo y del nuevo sistema. Todo el potencial formativo de las Universidades y de los centros de Formación Profesional, o de Adultos, se tira por la borda, año tras año.

Una reforma de la formación que no dé respuesta a estos problemas, será una reforma de pan para hoy y hambre para mañana. No se trata de de vestir la formación de lagarterana, para hacer una reforma de titulares sin contenidos. O aun peor, que enquiste los males sin solucionarlos.

Se trata de definir un escenario en el que empresarios, sindicatos, Gobierno central, Gobiernos autonómicos, asuman, cada uno, su papel en el gobierno de la formación, al tiempo que los centros públicos y privados deben impartir la mejor formación posible, en función de las necesidades reales de las empresas y el libre ejercicio del derecho a la formación de cada trabajador y trabajadora.

El Gobierno no debería dilapidar esta oportunidad de afrontar una reforma para solucionar problemas, en lugar de aprobar un decretazo que mañana mismo agudice problemas, en lugar de solucionarlos. Necesitamos una reforma que perviva más allá de esta legislatura que se agota a marchas forzadas.

Necesitamos políticos que miren unos años más allá de los problemas cotidianos y construyan modelos de gestión de las políticas que contribuyan a integrar esfuerzos para garantizar derechos. El derecho, en este caso, de cada persona, a formarse a lo largo de toda la vida. Y a que esa formación forme parte de su promoción personal y profesional.

Francisco Javier López Martín

 

O WERT O LA EDUCACIÓN

El Gobierno vuelve a lanzar una ofensiva educativa en las universidades, proponiendo tres nuevos decretos que ponen patas arriba el sistema universitario español. Nuevas iniciativas que, una vez más, huyen de la más mínima voluntad de consenso con las fuerzas políticas, sociales, ni con la propia comunidad universitaria.

El rechazo ha sido inmediato en el marco de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, se ha plasmado en una moratoria a la modificación planteada por el Ministro de Educación y realizar antes una evaluación de los títulos recién implantados antes de estudiar un nuevo cambio en dichos títulos.

 

Hacen un tremendo daño estas fugas hacia delante de nuestros responsables políticos, acompañadas de repentinos frenazos acompañados de recortes, inoportunos e inaceptables, tanto en sus tiempos como en sus formas. El propio Consejo de Estado se lo ha hecho notar al ministro Wert, con escaso éxito.

 

Conviene conocer que España se sitúa en las medias de población universitaria de países de la OCDE. Incluso un poco por encima de la media de la Unión Europea. Nuestro problema como país se encuentra más bien en la polarización entre una juventud bien cualificada y un alto porcentaje de jóvenes que no continúa, o abandona, sus estudios.

 

Pero esto le importa poco a un Gobierno que parece dar por bueno que la salida de la crisis debe producirse en un marco de aceptación de una desigualdad creciente. Por eso el ministro Wert parece obsesionado por favorecer el negocio universitario privado y el privilegio de unos pocos. Cuando dice que la educación es la riqueza del siglo XXI, todo el mundo entiende que se refiere a esta conversión de la educación en negocio.

 

Frente a la Declaración de Bolonia y la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (2007) que fija, con carácter general, 240 créditos para los grados y 60 para los másteres, el ministro se descuelga con una flexibilización de entre 180 y 240 créditos para los grados y entre 60 y 120 para los másteres.

 

Dice que se trata de facilitar la movilidad de los estudiantes, cuando esa movilidad tiene ya buenos resultados tanto en movilidad interior, como en programa Erasmus y en estudiantes de otros países en universidades españolas.

 

De hecho somos el país con más participantes que salen a estudiar en otro país y el que más estudiantes recibe de otros países. De hecho, 39.545 jóvenes salieron en el curso 2011-2012 a estudiar a otros países y 39.300 vinieron a estudiar a nuestro país. Es falso, por lo tanto que existan obstáculos para la movilidad, que haya que remover.

 

El Consejo de Estado alerta al imprudente ministro Wert que si sigue adelante va a encontrarse con tres ordenaciones simultáneas en la universidad. La anterior a Bolonia, la actual, y sus nuevos ordenamientos, en las mismas universidades. Una inestabilidad que ni es eficaz, ni beneficia a la calidad de la educación, cuando se realiza en un año electoral y sin buscar consenso político, ni social, alguno.

 

Entonces, ¿por qué Wert sigue adelante? Por el negocio en ciernes. Las universidades privadas reciben sólo al 14% del alumnado que estudia en grado universitario y el 27% de los que estudian un máster. Es decir su mayor negocio está en los máster. Mientras el precio total medio del crédito de estudios de grado es de 18,45 euros en el caso de los estudios de master el precio es de entre 26 y 40 euros. Wert trata de impulsar el mayor negocio de las universidades privadas aumentando el número de créditos en los másteres.

 

Este decretazo, junto al que pretende regular la creación de nuevas universidades, viene a plantear la pura ortodoxia ultraliberal: primero el negocio y los beneficios y luego la calidad en materia educativa. Una ortodoxia que lleva a eliminar cualquier limitación en la creación de universidades, al margen de aplicar otros criterios que tomen en consideración el mapa actual, la sobreoferta en determinadas ramas, o especialidades, ni tan siquiera el interés público.

 

El Gobierno no debería olvidar que España tiene un porcentaje de población con formación universitaria superior a la media de los países de la OCDE. Debería sopesar que este país ha cumplido ya el objetivo de la Estrategia Europea 2020, en cuanto a población con estudios universitarios. Lo que no cumplimos son los niveles medios de educación y las tasas de abandono escolar.

 

Si Wert quiere reformar algo, debería recorrer esta otra senda, mejorando la orientación de nuestros jóvenes, e incrementando la oferta de formación profesional de grado medio y superior. Pero no parece que vayan por ahí las intenciones del Ministro, más empeñado en convertir la educación en negocio, que en utilizarla como un instrumento imprescindible en un momento de crisis y cambio social.

 

Francisco Javier López Martín

LA SONRISA DE LOLA GONZALEZ

El día amanece desapacible, como si quisiera dejar constancia del dolor acumulado por la pérdida de Lola. Este viento frío, ha traído a Madrid el temporal que azota la costa cantábrica, como si intentaraacercarnos la memoria de Lola desde los lugares de la costa santanderina, donde se refugiaba con frecuencia.

La familia de Lola ha querido un funeral discreto, como discreta fue siempre Dolores González Ruiz, la única mujer abogada que se encontraba aquella noche del 24 de Enero de 1977, en el despacho de la calle Atocha, 55. Una de las cuatro personas que sobrevivieron al atentado terrorista de la ultraderecha española contra los abogados laboralistas que defendían a los trabajadores y a la ciudadanía madrileña.

Desde entonces, cada año, las CCOO han depositado coronas de flores en los cementerios donde descansan los compañeros asesinados. En Carabanchel, en las tumbas de Francisco Javier Sauquillo y Enrique Valdevira. En el cementerio de San Isidro, en el panteón familiar donde descansa Luis Javier Benavides. Los compañeros de Salamanca, ante la tumba de Serafín Holgado. En Castilla-La Mancha, recordando a Ángel Rodríguez Leal.

Cada año, desde entonces, hemos depositado flores en el portal del despacho laboralista de Atocha. En ese acto, siempre intervenía Miguel Sarabia, otro de los sobrevivientes y siempre culminaba su intervención nombrando a los cinco compañeros fallecidos en el atentado. Siempre nos recordaba que al nombrarlos despaciosamente ponemos armonía en el universo.

En el año 2004, el Congreso de CCOO de Madrid, decidió constituir la Fundación Abogados de Atocha. Queríamos mantener viva la memoria de los de Atocha y queríamos reivindicar como nuestras a cuantas personas trabajan por la libertad y la democracia, utilizando como únicas armas, la palabra y el derecho.

A lo largo de estos años, decenas de pueblos en Madrid han dado el nombre de Abogados de Atocha a Plazas, calles, parques, centros sociales o culturales. Los Premios Abogados de Atocha han reconocido al pueblo español, en las figuras del Presidente del Congreso y el Senado. A Marcelino Camacho junto a Joaquín Ruiz Jiménez. A las mujeres de los presos del franquismo. Al colectivo de Abogados saharauis. A las víctimas del 11-M. A los despachos laboralistas durante la dictadura franquista. A la Unión Militar Democrática y a la Asociación de Abogados Laboralistas y Sindicalistas de Colombia. A Domingo Malagón y a Marcos Ana. A la Fiscalía General de Guatemala y a José Luís Sampedro. A Manuela Carmena, Begoña San José y Pilar Bardem. A los encausados en el Proceso 1001 y a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona. Al Colectivo de jueces de Justicia Democrática y a los Abogados de la Acusación Particular en el proceso de Atocha. A la jueza argentina María Servini. A la Comisión de Enlaces y Jurados de la Metalurgia madrileña. A Manuel López. A los actores que impulsaron la huelga de 1975.

Seguro que me olvido de alguien, pero basten estos nombres para entender que la construcción democrática requiere de muchas manos, mucho trabajo, muchos aciertos y errores y vidas enteras dedicadas a su impulso y sostenimiento.

Mientras vivieron, Miguel Sarabia, Luis Ramos, asistieron a cada acto y entrega de premios. Lola acudía unas veces sí y otras no. Y no porque no participara de la voluntad de mantener vivo lo que Alejandro Ruiz-Huerta ha denominado “el espíritu de los de Atocha”. Muy al contrario. Pero esa memoria de los de Atocha, era para ella el continuo tejer de un sudario, cual Penélope, que tenía que reconstruir cada año con enorme esfuerzo personal. Un trabajo prometéico que la devoraba sin compasión, por haber participado en la entrega del fuego de la libertad a los españoles.

Porque no hay que olvidar, frente a quienes devalúan hoy el proceso de la transición y el papel de la clase trabajadora en el mismo, que fue aquel asesinato de los Abogados de Atocha y la impresionante demostración de serenidad y dolor contenido, durante su entierro, los que dieron el portazo definitivo a cualquier veleidad dictatorial de retorno al pasado y abrieron las puertas a la legalización del Partido Comunista y posteriormente las CCOO, que constituyeron la llave para iniciar el proceso democrático.

Durante estos días de luto y frío, he leído magníficos artículos firmados por algunos de quienes la conocieron como compañera y amiga. Hector Maravall, Cristina Almeida, Antonio Gallifa, Rafael Fraguas. Un buen puñado de recuerdos y evocaciones que dan buena cuenta de momentos que no se perderán en el tiempo, mientras los mantengamos en nuestra memoria, mientras hablemos de ellos, escuchemos a nuestros mayores, los compartamos con nuestros hijos.

Lola era una mujer cercana. No a la manera de quienes convierten la cercanía en un ejercicio de intranscendencia halagadora y vana, sino al más puro estilo de aquellos que se entregan por entero y de por vida. Si Lola te acogía, sabías que nunca te arrojaría de su vida. Porque, desde tanta memoria del dolor acumulado, desde esa sonrisa siempre matizada por la tristeza, Lola era compromiso con la vida, voluntad de ser sin concesiones.

Francisco Javier López Martín