FPE (3) Los costes de romper el diálogo social

abril 4, 2017

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado una y otra vez sobre la utilización del dinero procedente de la cuota de Formación para el Empleo que pagan empresas y  trabajadores. Sostiene el Tribunal Constitucional que ese dinero no forma parte del sistema de Seguridad Social, aunque sea la Seguridad Social el instrumento para recaudar. Y sostiene, también, que la Seguridad Social es la entidad recaudadora, pero que esos fondos son finalistas y solo pueden dedicarse a formación de la población activa.

Lo mismo dice el Tribunal de Cuentas cuando afirma que los recursos procedentes de la cuota de formación profesional deben considerarse ingresos “afectados” cuya finalidad específica debe ser la financiación de iniciativas de formación. El Tribunal de Cuentas mandata al Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) para adoptar las medidas para el cumplimiento de este principio, evitando que los fondos de la cuota se destinen a otras finalidades.

Ahora que tanto valor se da al necesario cumplimiento de las sentencias, especialmente las del Tribunal Constitucional, conviene conocer que, entre los años 2013 y 2016 los recursos de Presupuestos de Formación Profesional para el Empleo no gastados en formación han ascendido a más de 1000 millones de euros (hablamos sólo de los recursos que debería haber gastado la Administración Central), a los que había que añadir los no gastados en formación por parte de las Comunidades Autónomas.

La opacidad de los recursos destinados a la Formación Profesional para el Empleo (FPE) ha contribuido a la ruptura del diálogo social en esta materia, pero hay otras causas también vinculadas al incumplimiento de los compromisos que el propio Tribunal Constitucional reconoce.

Así, el Tribunal Constitucional deja claro en sus sentencias que el diálogo social y la negociación colectiva son los instrumentos esenciales para el funcionamiento del mercado de trabajo. Pese a ello el Gobierno ha reducido a la mínima expresión las reuniones del sistema de Formación para el Empleo. La información que se facilita es la mínima posible, o incluso se niega el acceso a la misma. Se retrasan, sin necesidad, la aprobación de procedimientos, como el que regula la actividad de las Comisiones Paritarias en la detección de necesidades formativas y otras tareas legales que deben acometer. Se abusa de mecanismos legislativos aprobados con carácter transitorio, temporal, urgente, evitando así la negociación real de soluciones a los problemas.

El propio Comité Europeo de Derechos Sociales en su informe sobre Mercado de Trabajo en España (2011-2014) denuncia el incumplimiento del deber de Información, en particular del Servicio Público de Empleo Estatal, que España ha contraído al firmar la Carta Social Europea.

Los Tribunales de Justicia de han visto obligados a anular la propia Convocatoria Estatal de Ayudas a la formación del año 2014, porque el Gobierno ha incumplido su obligación de someter dicha convocatoria a Informe del órgano de participación del Sistema Nacional de Empleo, quien delega esta función en una Comisión Estatal de Formación para el Empleo.

La Defensora del Pueblo se las ve y se las desea cuando intenta obtener información, a petición de las organizaciones sindicales y empresariales, sobre el destino que se da a los remanentes no gastados de la cuota de Formación Profesional.

Sindicatos y empresarios nos hemos visto obligados a recurrir ante los tribunales, nuestra exclusión del órgano colegiado que informa las propuestas de financiación de los planes de formación.

El desorden en el SEPE hace que se reinterpreten normas y requisitos de ejecución de planes de formación, años después de ejecutarse y sin que en las convocatorias correspondientes aparecieran esos requisitos, originando así solicitudes de reintegros de fondos destinados a cursos de formación, que fueron correctamente ejecutados e impartidos, de acuerdo a los requisitos establecidos en el momento de la impartición.

El SEPE ha instruido con estas actuaciones, “una causa general” contra el sistema de FPE, con el objetivo claro de deslegitimar el papel de empresarios y sindicatos en el mismo. Sin embargo, esta pretensión choca con los recientes informes de evaluación, elaborados por entidades externas independientes que destacan una valoración muy positiva de quienes participan en cursos, y que sitúan como responsabilidad de la administración la burocracia excesiva, la rigidez, la falta de transparencia y la arbitrariedad en la interpretación de las normas.

Pero el ataque constante y las continuas acusaciones contra sindicatos y organizaciones empresariales ha contribuido a tapar lo bueno y airear lo supuestamente malo, aunque al final la propia administración, o los tribunales de justicia terminen archivando y desestimando las acusaciones iniciales.

Es el caso de nuestro compañero Gonzalo Fuentes, histórico sindicalista malagueño que, durante más de tres años, ha permanecido imputado, a merced de la jueza Alaya, sometido a pena de banquillo, para que al final, una nueva jueza, haya terminado declarando que Gonzalo ha sido víctima de una macrocausa y en ningún caso delincuente.

Nadie parece haberse dado cuenta de que tan importante como combatir la corrupción existente es no sembrar dudas sobre aquellas personas e instituciones cuyo comportamiento es intachable. No todo es lo mismo. No todo vale y no todos son iguales. Haría mejor la Administración en combatir su ineficacia y su ineficiencia en la gestión de la formación, que en dedicar tanto esfuerzo en sembrar dudas sobre todo y sobre todos.

Para hacerse una idea de la ineficacia, el 25% de los fondos de las ayudas de formación concedidas en la convocatoria 2014, unos 80 millones de euros, siguen sin pagarse a las entidades que han realizado y justificado los cursos, provocando el cierre de numerosos centros de formación y academias.

El diálogo social ha sido sustituido por la imposición, la cooperación ha sido sustituida por el ataque sistemático de los agentes sociales. El esfuerzo compartido por mejorar el sistema de Formación Profesional para el Empleo, ha sido convertido en un modelo de ineficacia y asignación arbitraria de los recursos procedentes de la cuota.

No es difícil entender que los datos sean cada vez más insostenibles y que defender la FPE en España, en contraste con el  marco europeo en el que nos movemos, sea tarea poco menos que imposible. O actuamos rápidamente, o el nuevo sistema se autodestruye sin haber comenzado a andar, tirando por la borda 25 años de logros y fracasos, pero de avances indudables en Formación Profesional para el Empleo.

 

Francisco Javier López Martín


Decidnos cómo es Atocha

enero 19, 2017

abogados de atocha

He cerrado los ojos para no ver nada.
He cerrado los ojos para llorar por no verte.

Paul Éluard 

El dictador había muerto, pero la dictadura no había sido derrotada. Lo viejo no había muerto. Y lo nuevo no había aún nacido. Un momento histórico apasionante se abría paso entre grandes ilusiones y no pocas penalidades. La clase obrera empujaba para conseguir libertad, derechos laborales y sociales equiparables a los que tenían los trabajadores y trabajadoras europeos. Los despachos laboralistas eran una cuña en el sistema judicial español para conseguir que el ejercicio de esos derechos fuera erosionando los estrechos márgenes de las leyes franquistas.

Había dos despachos de abogados laboralistas en la calle de Atocha. Uno de ellos, en las inmediaciones de la Plaza de Antón Martín, el de Atocha 55, lo dirigía Manuela Carmena. Ese fue el despacho elegido por las huestes del franquismo sin Franco para dar una lección que nunca olvidara una clase obrera que protagonizaba, en esos momentos, una huelga del transporte que se antojaba intolerable para el sindicalismo vertical de la dictadura. El 24 de enero de 1977, hace ya 40 años, se produjo la tragedia, el cruel atentado contra el despacho laboralista de Atocha 55.

No eligieron su suerte. Fueron ellos como podrían haber sido los abogados, abogadas o sindicalistas de cualquier otro despacho laboralista. O como lo fueron los estudiantes que participaban en manifestaciones pacíficas reclamando democracia y libertad. Esa misma semana, el 23 de enero, caía abatido por un disparo de un ultraderechista, el estudiante Arturo Ruiz y, al día siguiente, la joven universitaria María Luz Nájera, al ser golpeada por un bote de humo de la policía. Todo ello en un contexto de secuestro de los GRAPO, de Antonio María de Oriol, presidente del Consejo de Estado y del general Emilio Villaescusa.

No estaban solos. El despacho de Atocha 55 era uno de los que se habían ido abriendo, por parte de jóvenes abogados y abogadas recién salidos de la universidad, siguiendo la estela y multiplicando la experiencia de aquel primer despacho laboralista fundado por María Luisa Suárez, Antonio Montesinos, Pepe Jiménez de Parga, o José Esteban, en la calle de la Cruz. Despachos en los que se defendía a los trabajadores y trabajadoras, jurados de empresa, enlaces sindicales de las CCOO, que eran procesados por defender derechos, participar en huelgas y manifestaciones, tener en su poder octavillas, o publicaciones en las que se animaba a la movilización, o en las que se exigían derechos fundamentales como la huelga, la manifestación, la libertad, la democracia, la amnistía.

Despachos en los que se abordaban también procesos penales ante el Tribunal de Orden Público, creado por la dictadura franquista para perseguir a la oposición, especialmente del PCE y a los integrantes de las ilegalizadas Comisiones Obreras. Despachos donde se defendían problemas de barrio, como los desahucios, problemas de infravivienda y equipamientos para la ciudadanía.

Fue mucha la tarea desde que en los años 60 se constituyeron las CCOO y se extendieron, gracias al apoyo del PCE y otras organizaciones de la oposición a la Dictadura, por todos los sectores y por toda España. Y tuvieron que hacer frente a la brutal represión que sufrió el movimiento obrero con su “galena de huelgas” en los años 1975 y 1976 que hizo posible que aunque el dictador muriera en la cama, el régimen fuera derrotado en la calle.

Un antes y un después de Atocha

Tras el asesinato de los Abogados de Atocha y el velatorio organizado por el Colegio de Abogados en su sede, su despedida se convirtió en una inmensa manifestación organizada por el PCE y las CCOO, silenciosa y pacífica, que terminó con los nuevos intentos de imponer una democracia mutilada. Un interminable despliegue de coronas de duelo, claveles rojos y puños en alto, que firmó en las calles la muerte definitiva del franquismo. Tras la masacre de Atocha nadie pudo negarse a la evidencia. En la Semana Santa de aquel mismo año, el Gobierno emanado de la legalidad franquista, presidido por Adolfo Suárez, legalizó el Partido Comunista y a finales de abril fueron legalizados los sindicatos. España emprendía el camino hacia una nueva legalidad democrática.

Se preguntaba el Jefe del Estado, en el reciente encuentro mantenido con el Patronato de la Fundación Abogados de Atocha, promovida por CCOO de Madrid, cómo era posible que hasta el año 2005 no se hubiera creado una institución para preservar la memoria y defender los valores de los Abogados de Atocha. Unos jóvenes que con  las únicas armas del derecho pusieron en juego su vida para defender la dignidad y la decencia de todas nuestras vidas y pagaron con su sangre nuestra libertad.

Durante décadas, cada 24 de enero, hemos acompañado la soledad de los cementerios y junto a los cuatro sobrevivientes, Luis Ramos, Lola González Ruiz, Alejandro Ruíz- Huerta, hemos escuchado a Miguel Sarabia recitar lentamente los nombres de los jóvenes asesinados, ante la placa conmemorativa instalada junto al portal de Atocha 55: Luis Javier Benavides Orgaz, Serafín Holgado, Ángel Rodríguez Leal, Francisco Javier Sauquillo, Enrique Valdelvira. Así pronunciados, despaciosamente, decía Sarabia, siembran armonía en el  mundo.

Le gusta a Alejandro recordar a Paul Éluard, quien haciendo memoria de los campos de concentración nazis, nos recuerda que “si el eco de su voz se debilita, pereceremos”. Por eso, tal vez, las CCOO de Madrid, en nuestro Congreso de 2004, conmocionados aún por la inmensidad del golpe de los Atentados del 11 de Marzo de ese mismo año, decidimos crear la Fundación Abogados de Atocha, para preservar la memoria y el espíritu de los de Atocha. Para impulsar los valores y los anhelos de libertad, igualdad, justicia, solidaridad, diálogo y paz que alentaba la lucha de aquellos jóvenes y que sigue anidando en los corazones de la ciudadanía. Para premiar y reconocer a cuantas personas siguen luchando aquí y más allá de nuestras fronteras por la libertad y los derechos laborales y sociales.

Volviendo a Éluard, el poeta, el militante de la resistencia francesa, el comunista ortodoxo y heterodoxo, nos parece necesario recordar, en este 40 aniversario del atentado contra los Abogados de Atocha, que “hay otros mundos, pero están en éste”. Un mundo, un espacio de convivencia, en el que saquemos de nosotras y nosotros lo mejor de aquella juventud de Atocha. Pero para ello tendremos que seguir defendiendo su memoria y, parafraseando a Marcos Ana, uno de los merecedores de los premios anuales de la Fundación, formular y contestar (y contestarnos) cada día la pregunta: “Decidnos como es Atocha.”

Jaime Cedrún López
Secretario General de CCOO de Madrid

Francisco Javier López Martín
Secretario de Formación de CCOO

 


EL ESPIRITU DE LOS DE ATOCHA

enero 19, 2017

40-abogados-atochaNo es frecuente, en estos tiempos de alto consumo y fuerte materialismo, escuchar a alguien pronunciar la palabra espíritu. Como si ese nombre ya sólo pudiera ser utilizado con propiedad en ámbitos religiosos, o transustanciado en espiritualidad en determinados fenómenos esotéricos. Y, sin embargo, lo escucho con bastante frecuencia, casi como una  reivindicación que no hubiera de ser olvidada, en boca de Alejandro Ruiz-Huerta.

Pero Alejandro no es de estos tiempos. Como no lo eran Luis Ramos, ni Miguel Sarabia y aún menos Lola González Ruiz, los otros tres compañeros de Alejandro, que sobrevivieron al asesinato terrorista y brutal que ejecutó una banda de ultraderechistas en el despacho laboralista de la calle de Atocha, número 55.

Alejandro aún vive. Los otros tres han fallecido en estos últimos años. Pero digo que no son de estos tiempos, porque algo de ellos quedó impregnado para siempre entre las paredes de Atocha, entre los restos de sangre y los casquillos de bala desperdigados por la estancia, incrustados en las paredes. Algo de ellos quedó entre los cuerpos inertes, o aún agonizantes, de sus compañeros de despacho. Desde aquel día fueron cumpliendo años, pero de otra manera, como en órbitas espirales alrededor de un agujero negro, cuyo influjo y poder sólo ellos podían sentir en todas sus dimensiones y con todas las consecuencias.

Lo cuenta Alejandro en su libro La memoria incómoda. Es profesor de derecho constitucional y trabaja en Córdoba. Ha escrito diversos libros, artículos, publicaciones. En alguno de ellos ha  analizado los Ángulos Ciegos de la transición española. Un texto esencial para que podamos hacernos una idea de lo que quedó escrito y por escribir en ese momento histórico tan complejo. Pero es en La Memoria Incómoda dónde el análisis deja paso a la memoria que se ancla en un momento. El recuerdo cada día, durante años, de la misma escena.

El dolor, los sentidos golpeados, el cuerpo que resiente cada herida y presiente las heridas de los que han fallecido, la vida que se desmorona, la necesidad de olvidar lo que no se puede dejar de revivir. El silencio reparador, el sueño alterado por cada nuevo disparo, noche tras noche. La incapacidad de escribir y el dolor de escribir, pese a los años transcurridos. Cuarenta años ya. Cuarenta años y como ayer.

Siguieron viviendo. Tuvieron parejas. Algunos tuvieron hijos, o hijas. Ejercieron su profesión. Miguel, creó una academia. Alejandro, pasó a la docencia. Pero siempre fueron, son, serán los de Atocha. No por decisión suya, ni por voluntad nuestra. Lo eran, lo son, lo serán. No lo eligieron. Eran jóvenes y realizaron unos estudios, iniciaron una profesión. Decidieron ejercerla siguiendo la estela de María Luisa Suárez, Pepe Jiménez de Parga, Antonio Montesinos, fundadores del primer despacho laboralista madrileño de la calle de la Cruz.

Ellos eran los más jóvenes. La nueva hornada de abogados y abogadas, recién salidos de la facultad y deseosos de comenzar a defender a la clase trabajadora y a la ciudadanía, desde los nuevos despachos de Atocha, o Españoleto. Muchos de ellos venían de buenas familias, pero se sentían de izquierdas, del PCE y de las CCOO. Eran todo lo libres que podían ser en una dictadura y querían vivir en democracia. Por eso defendían en los tribunales de lo social, en los Tribunales de Orden Público, a quienes luchaban por los derechos laborales en las empresas y los derechos sociales en los barrios.

De aquel atentado no salieron vivos Enrique Valdelvira, Angel Rodríguez Leal, Francisco Javier Sauquillo, Serafín Holgado, Luis Javier Benavides. Cada año visitamos los cementerios de Madrid, junto a Alejandro. Lola pocas veces quería acompañarnos en este recorrido previo a concentrarnos en Antón Martín, ante el portal del despacho, hasta que en 2003 inauguramos el monumento realizado y cedido por Juan Genovés, que reproduce su famoso cuadro del Abrazo. Un símbolo de la lucha por la reconciliación, la amnistía, la libertad.

Pero es que Lola había sobrevivido al atentado, perdiendo a su esposo Francisco Javier Sauquillo en el mismo. Igual que había perdido pocos años antes, en 1969, a su novio Enrique Ruano, que murió mientras se encontraba detenido en dependencias de la Brigada Político Social, la policía secreta del régimen franquista. Había años en los que Lola no aparecía el 24 de enero. Pocos sabían, en esas ocasiones, dónde estaba Lola. En su refugio de Cantabria, en Roma, encerrada en su casa. Pocos lo sabían, todos lo comprendíamos.

Se cumplen 40 años del atentado que cambió la historia de España. El franquismo firmó con sangre su salida de nuestras vidas. La legalización inmediata del Partido Comunista y de las CCOO, fueron el preludio de un proceso histórico hacia la democracia, al que llamamos transición. Pero la lucha por esa democracia fue una historia sembrada de sangre hasta el final de la dictadura.

Se cumplen ahora 40 años y el Rey ha recibido al patronato de la Fundación Abogados de Atocha, que las CCOO de Madrid constituimos en 2005. Serán muchos los actos que recordarán a los de Atocha. Juan Genovés recibirá el premio anual Abogados de Atocha, concedido por la Fundación. Se acaba de reeditar La memoria incómoda de Alejandro. Presentaremos un libro sobre tres mujeres abogadas en aquellos despachos: Paquita Sauquillo, Cristina Almeida, Manuela Carmena.

Ojalá lo que no se ha estudiado, ni aún se estudia, en las aulas españolas, pase a ser uno de los patrimonios más limpios de los que toda la ciudadanía pueda sentirse orgullosa, en la que todas las gentes de bien puedan reconocerse. Porque pocas cosas hay tan limpias en nuestra historia, por triste y turbia que nuestra historia haya sido, como la vida de esos jóvenes abogados de Atocha que amaban la vida y la libertad. La de aquellos que perdieron la vida sin ver amanecer la libertad. Los que abrieron las puertas de un futuro mejor, de par en par, para que entrásemos en un país democrático, a costa de su sangre, al precio de su vida.

A estas cosas creo que hace referencia Alejandro cuando habla del espíritu de Atocha. El que impregnaba a los de Atocha. El que ha marcado de por vida a los sobrevivientes. El que no debemos olvidar nunca quienes hemos escuchado su historia y sabemos que no contarla es tanto como dejar que las pistolas vuelvan a romper su silencio una fría noche de invierno. Porque ese espíritu, el de los de Atocha, es uno de los valores más  firmes que nos permite mirar con ojos jóvenes y limpios el horizonte, por incierto que ese horizonte sea.

Francisco Javier López Martín


Es el momento de pasar a la ofensiva

enero 12, 2017

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El titular no es mío. Es una frase sacada de una intervención de Nicolás Sartorius, durante la reciente presentación del libro Toda España era una cárcel, escrito por Rodolfo Serrano. Reflexionaba Nicolás sobre la situación actual del país cuando afirmaba que “es el momento de pasar a la ofensiva”, aclarando que es tiempo de “apretar las clavijas a patronal y Gobierno”. Y explicaba que “si CCOO no impulsa los cambios no lo van a hacer otros”.

Me parece una reflexión muy apropiada para los momentos que corren. De forma generalizada, del Rey abajo casi todo el mundo, anuncia que la crisis ha terminado. Es cierto que esta visión, interesadamente optimista, del futuro que se avecina topa con planteamientos como el de Varufakis, el ex ministro de Finanzas griego, para el cual “la crisis no ha terminado, sólo ha cambiado sus síntomas”.

Una idea en la que abunda Owen Jones, que opina que los causantes de los desastres  actuales cuentan ya con una ultraderecha pertrechada para acometer y gobernar un escenario en el que “la última crisis económica no ha terminado del todo mientras que una nueva podría estar a punto de surgir”.

Acaba de comenzar el año y nos alcanza la noticia de la muerte de Zygmunt Bauman. Un hombre que nos ayudó a entender una parte de las características del nuevo mundo que se avecinaba. Un mundo instalado en la “modernidad líquida”, que exige la aceptación de la incapacidad de la política para gobernar la economía, los mercados, los poderes económicos.

Según Bauman, este divorcio entre el poder y la política genera un nuevo tipo de parálisis, socava la capacidad de acción política que se necesita para abordar la crisis y mina la confianza de la ciudadanía en el cumplimiento de las promesas de los gobiernos. De ahí que la crisis actual sea, al mismo tiempo, una crisis de la capacidad de acción, una crisis de la democracia representativa y una crisis de la soberanía del Estado.

Cuando asistimos asombrados a fenómenos como el ascenso del populismo en Europa, en Estados Unidos, en otros lugares del planeta. Cuando comprobamos cómo la corrupción institucional e institucionalizada termina por no tener grandes costes electorales, deberíamos tomar en cuenta este divorcio entre poder real y política y el desapego, la desconfianza de las personas en la posibilidad de que alguien tenga la capacidad de solucionar sus problemas, por mucho que ese alguien haya sido elegido democráticamente.

En un mundo líquido, el Estado Social, reconocido por Constituciones como la Alemana o la Española; el Estado del Bienestar, construido tras la II Guerra Mundial y el surgimiento de los bloques del Este y de Occidente, parece que ya no tienen sentido. Son sustituidos por el Estado de Crisis. Porque la crisis, con sus inseguridades, sus incertidumbres y sus miedos, se convierte en la forma de vida.

Es John Berger, otro de nuestros imprescindibles, fallecido poco antes que Bauman, estas mismas Navidades, quien refleja esta sensación generalizada de inseguridad, hartazgo, desapego, no exentos de cierta solidaridad mutua, de la siguiente manera: “En un día  cualquiera, cuando nada sucede, cuando la crisis que se anuncia hora tras hora ya es una vieja conocida, cuando los políticos se presentan a sí mismos como la única alternativa a la catástrofe, las personas intercambian miradas al cruzarse unas con otras para cotejar si los demás entienden lo mismo cuando murmuran: así es la vida”.

La crisis no ha terminado. La crisis se ha instalado entre nosotras y nosotros. Pero, lejos del fatalismo al que quieren conducirnos, a la aceptación sin resistencia del Estado de Crisis, seremos nosotras y nosotros quienes decidamos rendirnos ante sus evidencias, o imponer nuestras propias realidades en el centro de la política, la economía, la cultura y la convivencia social. Es nuestra decisión. Y me parece que está tomada, porque nadie se resigna, para sí y para los suyos, a vivir en el miedo, en la incertidumbre constante, en un mundo entendido como cárcel, en un empleo concebido como esclavitud.

Es cierto que los datos económicos ponen de relieve que la recesión, las pérdidas económicas, han pasado. Seguimos en crisis, continúa la amenaza, pero el movimiento de la economía, por insano que sea, produce una cierta sensación de recuperación económica, al menos. Cuando el dinero se mueve, los de bajo respiramos y los de arriba estudian los nuevos pelotazos que pueden acometer.

Han sido muchos años de crisis, desde 2008 y estamos en 2017. Años de cierres empresariales, de ajustes de plantillas, de pérdidas salariales, de recortes de derechos laborales y de deterioro de los derechos sociales. De pérdidas de recursos en educación, sanidad, o servicios sociales, de retrocesos en pensiones y atención a la dependencia, de aumento de la pobreza y abandono de quienes han perdido todas las fuentes de ingresos.

Parece evidente que frente a la inactividad privada, debiera haber sido la inversión pública la que moviera la economía, aunque fuera transitoriamente. Y sin embargo, la Unión Europea, al dictado de Merkel, hizo todo lo contrario. Los ajustes, los rescates, los recortes han endurecido la crisis y la han prolongado.

Admitamos, no obstante, que existe un respiro, cuando menos transitorio, en la economía. Eso debe traducirse y tener efectos sobre las personas. Especialmente sobre quienes han padecido de forma brutal los efectos de la crisis en forma de paro y pérdidas de protección social. Por eso el 15 de diciembre, el sindicalismo de clase, nos movilizamos en toda España y el 18 de diciembre en una gran Manifestación en Madrid bajo un lema: Por las personas y sus derechos. Por las personas reales, por los derechos garantizados.

Avisamos que era sólo el principio. El primer paso. Vamos a la ofensiva por el empleo estable, por el salario digno, por la salud y seguridad en el trabajo, por la formación de los trabajadores y trabajadoras en las empresas, por la igualdad sin discriminaciones inaceptables. Vamos a la derogación de las reformas laborales impuestas y del artículo 315.3 del Código Penal, que castiga a un huelguista con más años de cárcel que a un violador, o a un ladrón de los dineros públicos.

Vamos a las batallas por la sanidad pública, gratuita, universal. A la defensa de la enseñanza pública de calidad. A asegurar las pensiones y la atención a la dependencia de nuestros mayores. La protección a las personas desempleadas. Una Renta Mínima Garantizada para cuantos carecen de rentas.

Vamos a disputar el reparto de las rentas, también en la fiscalidad. Porque no puede seguir ocurriendo que la fuente fundamental de los ingresos del Estado sean las rentas del trabajo, mientras que las rentas del capital cuentan con todos los mecanismos para terminar eludiendo sus responsabilidades en la aportación de los recursos necesarios para el sostenimiento de la actuación protectora del Estado. Vamos a defender la decencia del empleo, la libertad, la dignidad de nuestras vidas.

Y, para no ocultar nada, conviene dejar claro que vamos a esta ofensiva, desde la unidad sindical y desde la alianza con las fuerzas políticas y sociales dispuestas a dar el paso de la indignación a la propuesta y la movilización organizada y abierta. Su Estado de Crisis no es una patria para nosotras y nosotros. Merecemos algo más y vamos a conquistarlo. Es momento de pasar a la ofensiva.

Francisco Javier López Martín


Trump, la última vuelta de tuerca

noviembre 16, 2016

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Los años 80 vinieron marcados por una ofensiva generalizada contra el modelo del Estado del Bienestar. La ofensiva fue preparada concienzudamente en la década anterior, utilizando el escenario del que los Estados Unidos consideran su patio trasero, América Latina. Las dictaduras militares, acompañadas de las recetas económicas de la Escuela de Chicago, sirvieron de probeta y prepararon el camino a las nuevas tendencias políticas que se desarrollaron tras el advenimiento de Reagan a la presidencia estadounidense, mientras en Europa la señora Tatcher se aupaba al puesto de primera ministra en Gran Bretaña.

En España no pudimos percibir con claridad la que se avecinaba, porque vivíamos tiempos de salida de una larga y agria dictadura y nos adentrábamos en la Transición Democrática, los Pactos de la Moncloa, la aprobación de una Constitución y nuestro ingreso en Europa, a mediados de los 80. El derroche de fondos estructurales europeos puso las bases y la llegada al gobierno del PP en 1996 aportó la voluntad firme de convertir el suelo y el ladrillo en boom inmobiliario. Era tanto el retraso acumulado con respecto a Europa que todo nos parecían avances sin posible retroceso. Hasta la brutal desindustrialización, la venta de empresas públicas al frente de las cuales situaron a compañeros de pupitre y amigos de los jefes del partido de turno, o los destrozos del trazado ferroviario, en aras de construir autovías y autopistas de peaje, quedaron desdibujados.

Duró la fiesta hasta que Lehman Brothers, allá por 2007 y 2008, demostró la desnudez del modelo de crecimiento especulativo, basado en un crecimiento artificial y ficticio de la riqueza, sobre la base exclusiva del consumo de bienes inmobiliarios comprados con créditos muchas veces impagables. Una economía de casino que no podía perdurar indefinidamente.

Se inició así una crisis que dura ya más de 8 años, que nos condujo a tasas de paro del 26 por ciento. Aún hoy, cuando el gobierno exhibe nuestro gran crecimiento económico y nuestra creación de empleo, casi el 60 por ciento de las personas paradas lleva más de un año en paro y uno de cada cuatro lleva más de cuatro años en situación de desempleo. Un 8 por ciento de los hogares tiene a todos sus miembros en paro y un 4 por ciento de las familias no cuenta con ningún ingreso laboral.

Entonces comenzamos a enterarnos de lo vulnerables que eran los derechos alcanzados hasta ese momento, a lo largo del periodo democrático, en forma de colegios, universidades, centros sanitarios, hospitales, incipientes servicios sociales, el anuncio de una ley de dependencia, un trabajo con derechos, unas pensiones aseguradas.

Las reformas laborales, especialmente la del PP en 2012, los recortes en las prestaciones por desempleo, en las pensiones, los salarios, las políticas públicas y la protección social nos han conducido a la modernidad de un mundo occidental de precariedad laboral e inseguridad social. Esa precariedad e inseguridad que alimentan el huevo de la serpiente que anida en Europa y que acaba de llegar al poder en los Estados Unidos, donde la desacreditada política ha dejado paso al gobierno de los más ricos, directamente y sin intermediarios. El poder en estado puro, sin mediadores inútiles y desprestigiados.

Ya tienen un gran camino avanzado. En la vertiente española ya nos han acostumbrado a un horizonte de desempleo y precariedad laboral. La media de los contratos en España es de 51 días de duración y el 27 por ciento es de menos de una semana. Además han conseguido imponernos una crisis de diseño contra los sectores populares. El 54 por ciento de las personas paradas tienen niveles bajos de estudios. La crisis ha sido la disculpa perfecta para asestar un golpe definitivo a la clase trabajadora, al valor del trabajo, a los derechos laborales y sociales que lo acompañan.

Las políticas contra la crisis desplegadas por el Partido Popular han conseguido transformar el riesgo empresarial en inseguridad laboral. Siguiendo la consigna de que debilitar el empleo permite crear más empleo. Ignorando, eso sí, que el empleo depende de la actividad económica del país, de la tipología de nuestras empresas y no de los manotazos constantes contra el Estatuto de los Trabajadores.

Ampliar las causas de despido no crea empleo. Reducir las indemnizaciones por despido, no crea empleo. Eliminar los salarios de tramitación, o suprimir la autorización administrativa de los ERE, no crea un sólo puesto de trabajo. Debilitar la negociación colectiva produce recortes unilaterales de los salarios y los derechos protegidos por el convenio colectivo, pero no crea un sólo puesto de trabajo.

Lo cierto es que seguimos teniendo un país de empresas precarias, en segmentos de actividad de poco valor añadido y eso produce empleo precario sin más remedio. Sin buenas empresas no hay buen empleo. Parece mentira que el Banco de España, durante todos estos años de boom inmobiliario, en mitad del gran pelotazo de bancos y constructoras, supiera tanto sobre el mercado de trabajo y pidiera una reforma laboral tras otra, cuando lo ignoraba todo sobre los riesgos financieros en los que nos estábamos metiendo.

La respuesta a esta situación, no exclusivamente española, no puede venir de la mano de experimentos como Trump, Marie Le Pen, o la complacencia con el Partido Popular, en nuestro caso. La respuesta no puede venir de los instintos y las pasiones que representan los movimientos populistas en auge en Gran Bretaña, Alemania, o Austria.

La respuesta debe venir de la mano de buenos gobiernos que combatan la corrupción instalada en el corazón mismo del sistema, que arrinconen a los corruptos y a los corruptores. Que deshagan es nudo de alianzas férreas entre poderes políticos y corporaciones económicas que ha conducido a que el libre mercado y la libre concurrencia se hayan convertido en un reparto descarado de la riqueza nacional entre unos pocos.

La respuesta debe venir de la construcción de un modelo de desarrollo asentado en la innovación en nuestros productos y servicios. En el trabajo decente. Un modelo que tome en cuenta a las personas y promueva y aproveche su cualificación. Un modelo político y social que considere los derechos de la ciudadanía como algo más que discursos y redacciones leguleyas para un boletín oficial, sino como garantías ineludibles que deben ser cumplidas, promovidas y desarrolladas.

Vivimos en sociedades plurales y diversas que merecen más esfuerzos de integración, respeto, compromiso y menos manotazos sobre la mesa y voces estridentes que apelan a nuestras pasiones, en lugar de a nuestros intereses reales. El sindicalismo y los sectores de progreso y de izquierdas no somos los culpables últimos de esta situación, pero sea cual sea la mínima parte de nuestra responsabilidad en la misma, tenemos la obligación de impedir que las tendencias que se apuntan en el horizonte y que comienzan a hacerse realidad en el presente, puedan conseguir el advenimiento de en un mundo que aplaste a las personas y borre para siempre su sonrisa.

 

Francisco Javier López Martín


La llama de Francisco Giner de los Ríos (Episodio III)

enero 8, 2016

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Quedó dicho que, en 1881, los liberarles llegan al poder y Giner, junto a los catedráticos depuestos por los conservadores, vuelven a sus cátedras.  Quedó reseñado que la Institución Libre de Enseñanza (ILE) obtiene un respaldo gubernamental, que la consolida en España y la proyecta internacionalmente.  Quedó constancia del desarrollo impresionante de la ILE y la amplitud y variedad de los proyectos que se fraguaron en su entorno.  Consignamos el nombre de las muchas y los muchos profesores, colaboradores y alumnos que por allí pasaron. Leer el resto de esta entrada »


La ruta de Francisco Giner de los Ríos (Episodio II)

diciembre 28, 2015

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Tras el “sexenio democrático” para unos, o “sexenio revolucionario” para otros, la Restauración Borbónica trae consigo un nuevo Gobierno conservador y Cánovas del Castillo repone a Orovio en el Ministerio de Fomento. De la misma forma que el carril se acaba y el tonto sigue, Orovio publica un nuevo decreto contra la libertad de cátedra. La novedad es que esta vez no se conforma con suspender a los catedráticos disidentes, sino que los envía a las cárceles militares. La prisión militar de Santa Catalina de Cádiz es el destino de Giner de los Ríos. Leer el resto de esta entrada »