CARTA ABIERTA AL PADRE Y LA MADRE DE UNA PRINCESA

Señor y Señora,

Encabezo la carta con este tratamiento, porque he visto en algunos lugares que la forma de dirigirse a un rey y una reina ha de ser ésta. Además, no quiero incurrir en ninguna expresión que pueda ser considerada descortés y mucho menos insultante, injuriosa, ofensiva, o calumniosa. Uno sabe cómo empiezan estas cosas, pero luego algunas leyes, en manos de depende qué jueces, o fiscales, puede dar lugar a disgustos innecesarios.

No me queda más remedio que dirigirles esta carta, como padres que son de una Princesa de Asturias menor de edad, que no merece, por el momento, saber tan siquiera de la existencia de la misma. Tiempo habrá, algún día.

Verán, Señor y Señora, he vivido recientemente la experiencia de la concesión de los Premios Princesa de Asturias de la Concordia. He querido dejar pasar el acto de la concesión y no he querido introducir ningún elemento que empañase la ceremonia, las celebraciones anteriores, ni las satisfacciones posteriores. He querido, incluso, esperar a que pasasen unas semanas, las elecciones en Estados Unidos y hasta la apertura de la legislatura. Entre otras cosas, porque creo que todos y todas los premiados tienen algún merecimiento, por encima de que yo pueda considerar que haya otras, u otros, que en algunos casos lo hubieran merecido más.

No crean que hablo desde la independencia y la falta de intereses en este tema. Muy al contrario. Resulta que a estos premios concurría una humilde fundación dedicada a los Abogados de Atocha. Y resulta que esta fundación fue creada durante un Congreso de CCOO de Madrid, en el año 2004, pocos meses después de los terribles atentados del 11-M. Nos parecía importante reivindicar la vida de una juventud formada y comprometida con la libertad y la justicia en España, aún a riesgo de perder su propia libertad y hasta su vida. Yo era Secretario General de la organización en aquellos momentos.

Intereses colectivos y personales, los tengo todos, para no ser imparcial. No conocí a los fallecidos en el atentado, pero he conocido a los sobrevivientes; a sus familiares; a sus compañeros y compañeras (María Luisa, Cristina, Manuela, Paca); a las personas a las que defendían, trabajadores y trabajadoras, vecinos y vecinas de Madrid. He visitado sus tumbas cada 24 de enero.

He pronunciado sus nombres despaciosamente, Enrique Valdelvira, Luis Javier Benavides Orgaz, Francisco Javier Sauquillo, Serafín Holgado, Angel Rodríguez Leal, porque cuentan que, al decirlos despaciosamente, siembran armonía en el mundo. Me han dolido las muertes posteriores de los que sobrevivieron: Miguel Sarabia, Luis Ramos, Lola González Ruiz. Ya sólo queda de ellos, entre nosotros y nosotras, Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, actual Presidente de la Fundación Abogados de Atocha.

La candidatura de la Fundación al Premio de la Concordia fue impulsada por el hermano de una de las víctimas del atentado contra los Abogados de Atocha, que se produjo el 24 de enero de 1977, hace ya casi cuarenta años. Contaba con el apoyo de diplomáticos, colegios de abogados, personalidades nacionales e internacionales del mundo del derecho, así como adhesiones llegadas desde Guatemala, México, o el Sahara, entre otros.

También hubo artículos de prensa manifestando su apoyo, escritos por personas conocidas como Vicente Alvarez Areces, que fue Presidente de Asturias, o Jorge Martínez Reverte, que proponía un premio ex aequo para la Fundación y para el proceso de Paz en Colombia. Parece que ambas candidaturas quedaron entre los finalistas. Al final, por cierto, fueron los suecos los que concedieron el Nobel a uno de los promotores de la Paz en Colombia.

Nos hicimos ilusiones, que se demostraron infundadas. Finalmente el premio fue a parar a una entidad que trabaja con la infancia. No seré yo quien niegue sus méritos, en tiempos tan duros como los que vivimos, en los que la infancia es víctima de los peores horrores. Habrá organizaciones que lo merezcan más y otras que lo merezcan menos, pero seguro que lo merecen. A mí no me gustan sus rastrillos, sus cocidos madrileños, sus carreras populares, ni las personalidades de alta alcurnia que los rodean. Pero, reitero, seguro que lo merecen con creces.

No es, por lo tanto, el premio en sí, ni los premiados, lo que me movió a bucear en internet. Hoy todo está en internet, o casi todo. Fue, más bien, esa curiosidad insaciable que me conduce siempre a buscar respuestas, causas, porqués. Y lo primero que busqué es la composición del jurado que concede los premios. Encontré personas vinculadas a todo tipo de grandes empresas y organizaciones de ideología conservadora, junto a algún presidente, o expresidente, de Asturias, algún alcalde asturiano, algún Rector universitario asturiano.

Por cierto, entre cerca de 30 personas, sólo tres mujeres. Una de ellas, Sol Daurella, Presidenta de Coca-Cola European Partners, conocida deudora de Hacienda y responsable de conflictos sociales y laborales que ha desencadenado con el cierre de embotelladoras, como la de Fuenlabrada en España. Otra, la marquesa de Bellavista, Alicia Koplowitz y la tercera la conocida militante del PP asturiano y hoy presidenta de UNOSA, Teresa Mallada de Castro.

Señor, Señora, con todo respeto, les ruego ahora que consideren si ese jurado representa, en lo más mínimo, la composición de la sociedad española, su diversidad y pluralidad. Quienes trabajamos en las más diferentes profesiones constituimos la inmensa mayoría de este país. Ni un solo trabajador en el jurado. Ni una sola trabajadora. Hay magníficos profesionales en todos los sectores,pero los miembros del jurado proceden,casi exclusivamente, del mundo de las finanzas, los seguros, los negocios, las constructoras, organizaciones empresariales, o de organizaciones políticamente conservadoras.

Reiterando que, con toda probabilidad, la entidad que este año ha obtenido el premio lo merece con creces, ha resultado que cuando tecleo el nombre de dicha entidad, emparejado al de casi todas y cada una de las empresas con las que tienen, o han tenido, vinculación los miembros del jurado, son esas mismas empresas las que aparecen, con frecuencia, como donantes y financiadoras de actividades de la entidad en cuestión y se publicitan en los photocall de los diferentes eventos que organiza.

Probablemente a eso se le llama hoy responsabilidad social corporativa, pero no deja de parecerme un gasto publicitario, un apunte contable y, en mi opinión, una manera de alentar la beneficencia y la caridad, en lugar de la justicia y la igualdad. A fin de cuentas, los costes de estas donaciones son, probablemente, desgravables ante Hacienda, o se repercuten sobre los precios de productos y servicios que termina pagando el consumidor.

Sólo falta tomar en consideración que la entidad premiada cuenta como Presidente de Honor con el Rey de España. Por más que las presidencias honoríficas no sean ejecutivas, creo sinceramente que el nombre de altas autoridades del Estado, no debería verse involucrado en este tipo de situaciones, porque puede terminar ocurriendo que, en ocasiones como ésta, utilizando el nombre de una hija, un jurado como el descrito, termine premiando a una entidad presidida honoríficamente por su padre.

Lo primero que se me viene a la cabeza, tras estas consideraciones, es la poca oportunidad que tenía la Fundación Abogados de Atocha, de alcanzar el Premio Princesa de Asturias de la Concordia. Lo segundo que se me ocurre es trasladarles el ruego, Señor y Señora, de que valoren si su hija, la princesa de Asturias, puede prestar su nombre a las decisiones de un jurado con la composición descrita. No porque los premiados no sean merecedores de un premio, sino porque los premios aparecerán marcados por el signo de la interrogación, cuando no de la duda.

Y en tercer lugar, para terminar y no aburrir, ni seguir liando la madeja hasta incurrir en algún tipo de descortesía, desearía que considerasen que una Fundación que utiliza el nombre de la Princesa de Asturias para otorgar reconocimientos y premios internacionales, no puede seguir teniendo en la composición de su patronato y de jurados como el del Premio de la Concordiaque nos ocupa, unas carencias de pluralidad, diversidad, e igualdad de género, tan marcadas y evidentes, porque no responden al país que somos, ni al que deberemos ser.

Se me ocurren y me vienen a las memoria muchos nombres de personas jóvenes y mayores, mujeres y hombres, gentes del trabajo, de la cultura, de las ciencias, o las artes, del deporte, o de organizaciones de todo tipo, que pudieran formar parte de dichos órganos, pero no es mi responsabilidad designarlos, ni tan siquiera proponerlos.

Señor, Señora, como ciudadano, como trabajador y como padre (tampoco en eso soy imparcial), tan sólo espero que estas consideraciones, puedan tener alguna utilidad, pues creo, con sinceridad, que la única forma de convivir con dignidad y decencia en este país es que, quienes lo habitamos, comencemos a decir con claridad cómo nos vemos, qué creemos que necesitamos y cómo consideramos que hay que solucionar nuestros problemas y nuestros males. Eso, por sí solo, no basta, pero sin ese primer paso nada es posible.

Francisco Javier López Martín

Trump, la última vuelta de tuerca

Los años 80 vinieron marcados por una ofensiva generalizada contra el modelo del Estado del Bienestar. La ofensiva fue preparada concienzudamente en la década anterior, utilizando el escenario del que los Estados Unidos consideran su patio trasero, América Latina. Las dictaduras militares, acompañadas de las recetas económicas de la Escuela de Chicago, sirvieron de probeta y prepararon el camino a las nuevas tendencias políticas que se desarrollaron tras el advenimiento de Reagan a la presidencia estadounidense, mientras en Europa la señora Tatcher se aupaba al puesto de primera ministra en Gran Bretaña.

En España no pudimos percibir con claridad la que se avecinaba, porque vivíamos tiempos de salida de una larga y agria dictadura y nos adentrábamos en la Transición Democrática, los Pactos de la Moncloa, la aprobación de una Constitución y nuestro ingreso en Europa, a mediados de los 80. El derroche de fondos estructurales europeos puso las bases y la llegada al gobierno del PP en 1996 aportó la voluntad firme de convertir el suelo y el ladrillo en boom inmobiliario. Era tanto el retraso acumulado con respecto a Europa que todo nos parecían avances sin posible retroceso. Hasta la brutal desindustrialización, la venta de empresas públicas al frente de las cuales situaron a compañeros de pupitre y amigos de los jefes del partido de turno, o los destrozos del trazado ferroviario, en aras de construir autovías y autopistas de peaje, quedaron desdibujados.

Duró la fiesta hasta que Lehman Brothers, allá por 2007 y 2008, demostró la desnudez del modelo de crecimiento especulativo, basado en un crecimiento artificial y ficticio de la riqueza, sobre la base exclusiva del consumo de bienes inmobiliarios comprados con créditos muchas veces impagables. Una economía de casino que no podía perdurar indefinidamente.

Se inició así una crisis que dura ya más de 8 años, que nos condujo a tasas de paro del 26 por ciento. Aún hoy, cuando el gobierno exhibe nuestro gran crecimiento económico y nuestra creación de empleo, casi el 60 por ciento de las personas paradas lleva más de un año en paro y uno de cada cuatro lleva más de cuatro años en situación de desempleo. Un 8 por ciento de los hogares tiene a todos sus miembros en paro y un 4 por ciento de las familias no cuenta con ningún ingreso laboral.

Entonces comenzamos a enterarnos de lo vulnerables que eran los derechos alcanzados hasta ese momento, a lo largo del periodo democrático, en forma de colegios, universidades, centros sanitarios, hospitales, incipientes servicios sociales, el anuncio de una ley de dependencia, un trabajo con derechos, unas pensiones aseguradas.

Las reformas laborales, especialmente la del PP en 2012, los recortes en las prestaciones por desempleo, en las pensiones, los salarios, las políticas públicas y la protección social nos han conducido a la modernidad de un mundo occidental de precariedad laboral e inseguridad social. Esa precariedad e inseguridad que alimentan el huevo de la serpiente que anida en Europa y que acaba de llegar al poder en los Estados Unidos, donde la desacreditada política ha dejado paso al gobierno de los más ricos, directamente y sin intermediarios. El poder en estado puro, sin mediadores inútiles y desprestigiados.

Ya tienen un gran camino avanzado. En la vertiente española ya nos han acostumbrado a un horizonte de desempleo y precariedad laboral. La media de los contratos en España es de 51 días de duración y el 27 por ciento es de menos de una semana. Además han conseguido imponernos una crisis de diseño contra los sectores populares. El 54 por ciento de las personas paradas tienen niveles bajos de estudios. La crisis ha sido la disculpa perfecta para asestar un golpe definitivo a la clase trabajadora, al valor del trabajo, a los derechos laborales y sociales que lo acompañan.

Las políticas contra la crisis desplegadas por el Partido Popular han conseguido transformar el riesgo empresarial en inseguridad laboral. Siguiendo la consigna de que debilitar el empleo permite crear más empleo. Ignorando, eso sí, que el empleo depende de la actividad económica del país, de la tipología de nuestras empresas y no de los manotazos constantes contra el Estatuto de los Trabajadores.

Ampliar las causas de despido no crea empleo. Reducir las indemnizaciones por despido, no crea empleo. Eliminar los salarios de tramitación, o suprimir la autorización administrativa de los ERE, no crea un sólo puesto de trabajo. Debilitar la negociación colectiva produce recortes unilaterales de los salarios y los derechos protegidos por el convenio colectivo, pero no crea un sólo puesto de trabajo.

Lo cierto es que seguimos teniendo un país de empresas precarias, en segmentos de actividad de poco valor añadido y eso produce empleo precario sin más remedio. Sin buenas empresas no hay buen empleo. Parece mentira que el Banco de España, durante todos estos años de boom inmobiliario, en mitad del gran pelotazo de bancos y constructoras, supiera tanto sobre el mercado de trabajo y pidiera una reforma laboral tras otra, cuando lo ignoraba todo sobre los riesgos financieros en los que nos estábamos metiendo.

La respuesta a esta situación, no exclusivamente española, no puede venir de la mano de experimentos como Trump, Marie Le Pen, o la complacencia con el Partido Popular, en nuestro caso. La respuesta no puede venir de los instintos y las pasiones que representan los movimientos populistas en auge en Gran Bretaña, Alemania, o Austria.

La respuesta debe venir de la mano de buenos gobiernos que combatan la corrupción instalada en el corazón mismo del sistema, que arrinconen a los corruptos y a los corruptores. Que deshagan es nudo de alianzas férreas entre poderes políticos y corporaciones económicas que ha conducido a que el libre mercado y la libre concurrencia se hayan convertido en un reparto descarado de la riqueza nacional entre unos pocos.

La respuesta debe venir de la construcción de un modelo de desarrollo asentado en la innovación en nuestros productos y servicios. En el trabajo decente. Un modelo que tome en cuenta a las personas y promueva y aproveche su cualificación. Un modelo político y social que considere los derechos de la ciudadanía como algo más que discursos y redacciones leguleyas para un boletín oficial, sino como garantías ineludibles que deben ser cumplidas, promovidas y desarrolladas.

Vivimos en sociedades plurales y diversas que merecen más esfuerzos de integración, respeto, compromiso y menos manotazos sobre la mesa y voces estridentes que apelan a nuestras pasiones, en lugar de a nuestros intereses reales. El sindicalismo y los sectores de progreso y de izquierdas no somos los culpables últimos de esta situación, pero sea cual sea la mínima parte de nuestra responsabilidad en la misma, tenemos la obligación de impedir que las tendencias que se apuntan en el horizonte y que comienzan a hacerse realidad en el presente, puedan conseguir el advenimiento de en un mundo que aplaste a las personas y borre para siempre su sonrisa.

 

Francisco Javier López Martín