Podemos tener una casita en el campo

junio 3, 2018

Este artículo es de esos que siempre te traen problemas. Existe la vieja costumbre nacional de justificar lo que el líder de turno hace, o dice, mientras que los mismos actos, salidos de las manos, o de la boca, de otros nos parecerían errores de bulto. Aunque, no es menos cierto que, cuando el líder cambia, todo cambia y donde dije digo, digo Diego. Así, Espe ya no es lo que era, Cifuentes ha dejado de ser lo que era y hasta Casado va camino de no llegar a ser lo que todos pronosticaban que fuera.

No es cuestión de derechas, o de izquierdas, porque esta característica especial de la marca España, funciona indistintamente a base de utilizar fuego amigo, o enemigo y cuando menos se los esperan los protagonistas. La verdad es que la condición humana hace que, quien más, quien menos, en una u otra ocasión, hayamos hecho algo reprobable, aunque sólo sea una infracción de tráfico.

Pero claro, el nivel de corrupción ha sobrepasado todos los límites, hasta el punto de que las exigencias para ocupar, o mantenerse en, una responsabilidad pública, han crecido mucho. Antes éramos laxos inasequibles al desaliento, hasta el punto de considerar natural que hubiera casos de corrupción y hasta corruptos de reconocido prestigio y ahora exigimos dimisiones ante cualquier desliz. Y no quiero decir, en ningún caso que muchos de esos deslices no lo merezcan.

Ahora le toca el turno a la familia Iglesias-Montero (o Montero-Iglesias). Parece que se han comprado un chalet en Galapagar (ellos prefieren decir Casa de Campo) y han desatado las iras de algunos propios y casi todos los ajenos. Es verdad que no es un ático en Marbella, ni un chalet en La Moraleja. También es verdad que tienen perfecto derecho a la intimidad y que pueden hacer lo que quieran con su dinero. Pero, como reconocen en el comunicado que han emitido, toca asumir que hoy la actividad política está sometida al escrutinio público. Y aceptar que les criticarán, hagan lo que hagan.

Probablemente, si esos más de 600.000 euros los hubieran invertido en un adosado en Rivas, en un pisazo en Puente de Vallecas, un ático en Lavapiés, o un chalet en Mejorada del Campo, las críticas parecerían tener menos fundamento. Y, sin embargo, el dinero es el mismo. Además no son los primeros en la izquierda que se van en busca de aires más limpios y espacios más abiertos.

Y, sin embargo, ellos dos son los líderes de un partido que quiere dar la vuelta a la tortilla en España y, en sus declaraciones pasadas, han dado buena cuenta de ese rollo de los políticos que viven en Somosaguas, en chalets, que no saben lo que es coger el transporte público.

En fin, que cada uno y cada una es muy libre de vivir donde quiera y hacer con su dinero lo que le da la gana, siempre que lo haya ganado honestamente. Pero también es cierto que, en la derecha se presupone el egoísmo y en la izquierda la solidaridad y la coherencia. Por eso, difícilmente, las fotos del chalet (o casa de campo), su piscina, su casita de invitados, su parcela, pueden tener, al final, una lectura de suma cero. Tal vez no por cuestión de ética, sino por cuestión de estética. Ya los romanos sabían que la mujer del César no sólo tiene que ser honrada, sino además parecerlo.

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Los pensionistas toman la plaza

enero 31, 2018

Esta semana pasada los pensionistas han salido a la calle. En Madrid se concentraron ante el Parlamento. Eran tantos que la Carrera de San Jerónimo quedó cortada y la Plaza de las Cortes estaba a rebosar. Algunos diputados salieron también a la calle a escuchar la voz de nuestras personas mayores, convocadas por CCOO y UGT.

Esto de salir a la calle es como un termómetro. Para que nuestras personas mayores hayan comenzado a salir por miles a la calle algo debe de estar pasando. España es así. Todo el solar patrio parece una engañosa balsa de aceite y quien gobierna piensa que puede seguir igual sin hacer nada de nada. Todo parece estar tranquilo.

Hasta que, de pronto, sin previo aviso, el malestar acumulado estalla. Nadie sabe muy bien por qué. Las calles se llenan. Los gobernantes se asombran. Ven conspiraciones por doquier. Echan la culpa a la oposición que calienta la calle porque huelen elecciones. Hacen de todo, menos ponerse a pensar en los motivos del estallido.

Lo cierto es que a cualquier persona decente le daría por pensar que, tal vez, la crisis está siendo demasiado larga y tremendamente dura para las personas. Tomaría en consideración que la falta de revueltas callejeras sólo se explica porque las familias actúan en España como paraguas protector para los jóvenes que no encuentran empleo, o para los hijos que pierden su trabajo y no encuentran nada durante meses y hasta años. Para los nietos, que tienen que seguir estudiando y comiendo, gastando ropa y rompiendo zapatillas de deportes.

Ahora llegan los economistas de postín y anuncian que nuestros pensionistas no son los más damnificados de la crisis. No deberían quejarse tanto porque han mantenido el “poder adquisitivo” mejor que sus hijos o sus nietos. No toman en cuenta, esos sesudos economistas, que adulan al gobierno y a los poderosos, que son esos pensionistas los que han corrido a tapar los agujeros familiares que ha ido dejando abiertos el gobierno.

Esos pensionistas que cobran, como media, menos de 920 euros al mes. Para los que la pensión más frecuente es de poco más de 650 euros. Los que ven que la revalorización de su pensión nunca supera el 0´25 por ciento, cuando la riqueza del país crece un 3. Que la mitad de los pensionistas no llega al miserable Salario Mínimo Interprofesional. Que casi uno de cada cuatro pensionistas vive bajo el umbral de la pobreza y que casi la mitad de los 9 millones de pensionistas ayudan a sus familias durante la crisis.

Los economistas que no vieron venir la crisis, se aplican ahora a espolear al gobierno para que tome decisiones sobre unas pensiones “insostenibles”. Y ese gobierno, servicial con los poderosos, se apresta a participar en el juego. La última propuesta-sonda, preparatoria del camino, consiste en plantear que la persona que se va a jubilar elija el periodo de cálculo pudiendo contabilizar toda la vida laboral. Eso beneficiaría hoy a algunos, pero perjudicará a casi todos en el futuro.

Es la hora de preguntar a nuestro gobierno si empezamos a negociar medidas que harían posible sostener las pensiones, en el marco del Pacto de Toledo. Medidas como incrementar las cotizaciones sociales, mientras la crisis persista; incrementar las bases máximas de cotización; equiparar las bases medias de cotización de asalariados y autónomos; financiar con impuestos determinadas prestaciones que ahora paga la Seguridad Social, como las de supervivencia; que el Estado pague los gastos de Administración de la Seguridad Social, como hace con cualquier ministerio; o combatir la economía sumergida, el fraude en las contrataciones y cotizaciones a la Seguridad Social.

Medidas como éstas, contribuirían a elevar los ingresos anuales de la Seguridad Social en más de 70.000 millones de euros, lo cual mejoraría la financiación de nuestro gasto en pensiones, teniendo en cuenta que no llegamos al 12 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), cuando la mayoría de países europeos de nuestro entorno está ya dedicando en torno al 15 por ciento a pagar pensiones.

El gobierno elige. Dejar que las cosas se pudran para justificar el desmantelamiento de las políticas públicas, o defender a más de nueve millones de personas que comienzan a estar hartas y que no están dispuestas a apechugar con la carga del abandono de las políticas de protección social. Si de verdad la crisis se está superando, nuestros pensionistas lo tienen también que notar. Las pensiones de hoy y las de mañana son sostenibles, si nos lo tomamos en serio.


Marcelino Camacho, mucho más que un mito fundacional

enero 22, 2018

Hace no mucho tiempo, ante la proliferación de estudios, publicaciones, documentales, sobre la historia del movimiento obrero y de las CCOO en particular, escuché de un compañero que había que escribir una historia “oficial” del sindicato, para evitar interpretaciones erróneas y confrontaciones inútiles de distintas versiones y opiniones.

No es la primera vez que había escuchado hablar de esta “apremiante” necesidad, utilizando argumentos parecidos. Creo que es legítimo y hasta necesario que cualquier organización, país, grupo social, escriba una versión propia de su historia, su cosmogonía, su cosmología y fije sus mitos fundacionales, aunque sólo sea, para inmediatamente después colocarla en un apartado del “quiénes somos” de su página web, algo así como una biografía “autorizada”, que sirva de contrapeso a la versión de Wikipedia.

Sin embargo, me parece que ese relato, cuyo destino es ser compartido, debería ser abierto. Tanto como para permitir que, en el mismo, convivan contradicciones que no pueden ser solventadas con decisiones salomónicas de un órgano de dirección.

Por ejemplo, es frecuente afirmar que las CCOO nacieron en la mina de La Camocha, en Asturias, allá por 1957. Es una afirmación muy generalizada y a mí me interesa darla por buena, porque es el mismo año en el que yo nací y, además, el año en el que también nació la Unión Europea, con la firma de los Tratados de Roma. Pero hay quien lo pone en cuestión y prefiere acercar el ascua de la fundación de las CCOO a su sardina territorial o sectorial.

No seré yo quien participe en polémicas de tan alta enjundia y tan escaso recorrido. Que historiadores titulados, no titulados, o aficionados, lo echen a cara o cruz. Lo cierto, lo que merece la pena retener, es que hubo un momento en toda España, allá por los años 50, en el que los trabajadores y trabajadoras de algunas empresas eligieron representantes eventuales y esporádicos para plantear sus reivindicaciones ante la empresa. Así se constituyeron las primeras comisiones de obreros.

Este año se cumplen 100 años del nacimiento de Marcelino Camacho. Cada vez que hablo con un compañero o compañera, sobre los orígenes de aquellas comisiones de obreros, o de obreras (que también hubo), suelo comprobar que, quien más, quien menos, se considera fundador de las CCOO. En una gran fábrica, en una modesta oficina, en taller textil, en un hospital, en un colegio, en los talleres del metro, o entre las vías del tren.

Por eso no cometeré el error de reivindicar a Marcelino como fundador de las CCOO. De la misma manera que no afirmaré que Mandela creó el Congreso Nacional Africano, ni que Lech Walesa fuera fundador único del sindicato Solidaridad. Pero, permítaseme al menos, constatar que, sin ellos, los orígenes no hubieran sido los mismos.

Porque nadie podrá negar el papel y el lugar de Marcelino, entre los Diez de Carabanchel, encarcelados en junio de 1972 y juzgados en diciembre de 1973, por pertenecer a la dirección de las ilegales y clandestinas CCOO. Aquel juicio que comenzó el día en el que asesinaron a Carrero Blanco, lo cual contribuyó a agravar las sentencias.

Para llegar ahí, Marcelino había acumulado muchas detenciones y mucha cárcel, por defender un sindicalismo en libertad y por no aceptar convertir a las CCOO en el sindicato vertical y renovado de un franquismo de los tiempos modernos  del desarrollismo, capitaneados por los tecnócratas del Opus Dei. Tampoco nadie podrá obviar su papel en la Asamblea de Barcelona, o como Secretario General elegido y vuelto a elegir y reelegido, por mayorías muy amplias, desde el primer Congreso del sindicato en la legalidad, celebrado en 1978.

La dirección de las CCOO era muy plural y las decisiones se adoptaban de forma muy colectiva, pero nadie podrá sortear el hecho de que el primus inter pares era Marcelino y no sólo por razones de edad. De forma que Marcelino forma parte del mito fundacional de las CCOO, por derecho propio y porque así es reconocido en la memoria de muchas personas en la sociedad española.

Basta echar la vista ocho años atrás y recordar el Auditorio, que llevaba su nombre, lleno de compañeros y compañeras que querían acompañarle y consolar a la familia,  mientras presentaban sus respetos y condolencias cientos de personas de la política, de las más diversas disciplinas artísticas, del empresariado. Desde Felipe de Borbón al más humilde poeta, o cantautor; desde el Presidente del Gobierno, a rectores de universidades, o conocidos actores y actrices, subían al escenario donde habíamos instalado el féretro, para rendir homenaje a Marcelino.

Si la grandeza de un hombre se mide no sólo por la grandeza de cuantos le amaron, sino también por la de cuantos tuvieron que medir sus fuerzas con él, sólo podemos sentimos orgullosos de haber compartido un tramo de nuestra vida con Marcelino Camacho. Orgullo de que su forma de ser persona sea parte inseparable de nuestro modo de conocernos e interpretarnos, de nuestras hechuras cotidianas, de la construcción de nuestro futuro y de los mitos fundacionales que nosotros elegimos.


Un bono social que no funciona

diciembre 19, 2017

Van ya tres artículos desde que me pidieron que escribiera alguno de vez en cuando y hablase de temas de actualidad política. Mira que hay temas de alta política, en estos momentos, al galope libre por España.  Sin embargo, en la primera ocasión, se me cruzó por medio el Día de la Infancia y, en la segunda, lo que se me atravesó en el camino es el recibo de la luz y del gas.

Ahora lo que me ha pillado por sorpresa, a través de una noticia radiofónica, es el bono social del Canal que, al parecer, es un descuento que reduce a la mitad el  recibo del agua si eres perceptor de la Renta Mínima de Integración, si tu familia es numerosa, vives en un hogar con mucha gente, si cobras una Pensión No Contributiva, o vives en riesgo de exclusión social, acreditado por la trabajadora social, por ejemplo.

Bueno, pues parece que de los casi 40.600 bonos sociales que se han concedido a lo largo de 2017, poco más de 8.200 son para hogares en exclusión social. Con los datos cerrados de 2016, llama la atención que, de los más de 30.000 hogares que percibieron la Renta Mínima, sólo 1.192 se acogieron al bono social del agua, es decir el 4 por ciento. O que, de las más de 40.000 personas con pensión no contributiva, con derecho al bono, ni una sola lo solicitase.

Dicen desde el Gobierno que ellos han difundido 2500 carteles y 30.000 folletos entre los cerca de 90 centros de servicios sociales de la Región y casi 90 organizaciones sociales. Y que cuentan con un equipo de cuatro trabajadores sociales que se reúnen con esos centros, con esas organizaciones y con el Canal de Isabel II. Dice la oposición que los carteles y folletos en los centros, o las campañas en redes sociales, parece que sirven de poco.

Sea como fuere, algo no ha funcionado, porque cuando se crea un bono social del agua, para atender esencialmente a personas que viven la exclusión social y esas personas no se enteran, ni tan siquiera lo piden, a lo mejor hay que buscar soluciones para que el derecho sea real y efectivo. Saber buscar estas soluciones es política, actualidad política, alta política.


Hay una juventud que aguarda

noviembre 29, 2017

Que el tiempo es relativo, ya quedó científicamente demostrado por un ser humano tan impagable como Einstein. Hace ahora diez años que murió en Barcelona un escritor llamado Francisco Candel. Vivía yo en Villaverde y algunas de mis primeras hambres de lecturas juveniles se saciaban con los libros de Francisco Candel.

Identificaba muchos de sus personajes. Reconocía a muchos de mis amigos y vecinos en los barrios en los que transcurrían sus historias. Me sentía aquel joven que peleaba por publicar su primer libro en Hay una juventud que aguarda. Aquel barrio de aluvión del Sur de Madrid, en el que yo vivía, era el mismo barrio que describe Candel  en su novela Donde la ciudad cambia su nombre.

Había nacido Paco Candel en 1925, en un pueblecito de Valencia llamado Casas Altas. Un enclave valenciano situado entre Teruel y Cuenca. De allí salieron los Candel para buscar oportunidades de vida y trabajo en Barcelona, aunque fuera a costa de tener que vivir en las barracas de Montjuich, poco más que chabolas. Allá por las Casas Baratas, Can Tunis, Plus Ultra, o Port, que tenía iglesia parroquial.

A los catorce años tuvo que abandonar los estudios y comenzar a trabajar, como tantos otros hijos de charnegos en aquella época. Sin embargo, cuanto llevaba dentro, sus experiencias y sentimientos en esos andurriales que yo llamaré la Tierra de los Nadie tenían que encontrar un cauce. Su primo hermano, Juan Genovés, lo encontró en la pintura y Paco Candel lo encontró en la escritura.

Su primera novela, cuya portada fue pintada por su primo, es un collage de sensaciones, ideas, a mitad de camino entre el cuento, el diario, el periodismo. Hay quien ha comparado, acertadamente, el estilo de Candel con el de Hemingway. No fueron grandes los éxitos editoriales de estos primeros libros, le trajeron problemas, fueron censurados y hasta alguno prohibido, pero afianzaron su voluntad de escribir y le permitieron granjearse fama de escritor realista y cercano a su entorno.

Entraron los años sesenta y Candel seguía escribiendo, a lo suyo, de lo suyo, de los suyos. Recuerdo haber devorado en los setenta sus novelas Han matado a un hombre, han roto el paisaje, ¡Dios, la que se armó!, o Historia de una parroquia.

En su afán por escribir, Paco acometía artículos y se aventuró en el, por aquellos días peligroso, mundo del ensayo, dejándonos una herencia de ideas, observaciones y juicios, diría que imprescindibles para cuantos quieran estudiar ese periodo del desarrollismo franquista en su intrahistoria.

Desde la cultura obrera hasta el modelo urbanístico y social de las periferias de las grandes ciudades españolas, siguen guardando algunas de sus claves de interpretación en ensayos como Los otros catalanes, Ser obrero no es ninguna ganga, Los que nunca opinan, o Carta abierta a un empresario.

Es difícil entender las decisiones de los sectores antifranquistas, el importante desarrollo del movimiento obrero en Cataluña bajo la dictadura, la constitución de las CCOO, o la creación de Asamblea de Cataluña en una iglesia del Raval, en 1971, sin acercarse a los escritos de este charnego militante del PSUC.

El clamor de Llibertat, Amnistía, Estatut de Autonomía, adquiere todo su sentido cuando lo ponemos en relación con los artículos, las novelas, los ensayos de Candel. Algunas sus obras sólo pudimos leerlas en su versión íntegra y sin censura tras la muerte del dictador.

Llegó la transición democrática y Candel fue elegido senador por Barcelona. Más tarde, en 1979, fue concejal, en las listas del PSUC, en el Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat, donde se ocupó de la cultura. De ahí nacen Un charnego en el senado, o Candel contra Candel.

Hace ya diez años, murió un hombre de esos que pensaba lo mismo que la madre de Serrat, Soy de donde comen mis hijos. A lo cual añadiría Aquí tengo a mi gente enterrada. Un catalán de adopción y valenciano de nacimiento. Un escritor catalán, que escribía en castellano y que aparece en los listados de grandes escritores valencianos.

Un hombre que, con más de 80 años, seguía sintiéndose parte de una juventud que aguarda un empleo, un horizonte para su vida, o que una editorial publique su novela, mientras desea que el relato que terminemos escribiendo sobre Cataluña y España no se olvide nunca de los otros catalanes.


Carta abierta a Manuela Carmena

noviembre 29, 2017

Manuela,

No había pensado escribir esta carta, en este momento. Claro que había pensado mandarte una carta abierta, pero más adelante, con motivo de algún acontecimiento menos desagradable que el que se ha producido en los últimos días, cuando unos cuantos policías municipales han sacado a pasear, con nocturnidad, alevosía y publicidad, a través de una red social, toda la batería de insultos racistas y xenófobos, bajas pasiones, malos deseos, maldiciones. Vaya, que han desenfundando todo el odio patrio del que han sido capaces y que llevaban dentro.

Algo falla, Manuela, en el sistema de selección para puestos de los que depende la garantía de nuestros derechos, cuando semejantes molleras, como pedruscos, han conseguido atravesar el tamiz que debería suponer la oposición y ocupar un puesto investido de autoridad y dotado con arma reglamentaria, desde el que se permiten ensalzar dictaduras y dictadores genocidas, desear la muerte de su máxima autoridad, políticos, periodistas, “moros”, extranjeros y despreciar a los muertos causados por la dictadura. Hasta alcanzar la desfachatez de afirmar que matar es nuestro lema.

Cuando me adentré en el sindicalismo de las CCOO conocía tu historia, pero ya eras jueza y no andabas tanto por el sindicato. Allá por 2004, las CCOO de Madrid decidimos crear la Fundación Abogados de Atocha, para mantener viva la memoria de los abogados laboralistas asesinados el 24 de enero de 1977, en un atentado de la ultraderecha franquista, en el despacho laboralista de Atocha, número 55.

Queríamos recordar y preservar la memoria de cuanto significaron aquellos jóvenes en un momento tan complicado como el que vivía España en 1977. Eras la directora de aquel despacho y tan sólo una casualidad hizo que te reunieras aquella tarde con tu equipo en otro lugar situado unos números más abajo, mientras que los abogados vecinales se reunían en el tuyo. Una casualidad que te salvó la vida y te marcó para siempre.

Por eso formabas parte de aquel primer patronato de la Fundación y eso me permitió conocerte un poco más de cerca. Luego he compartido contigo un pequeño puñado de momentos. En 2011 te entregamos, junto a Pilar Bardem y Begoña San José, un reconocimiento de CCOO de Madrid, en las inmediaciones del 8 de Marzo, por vuestra defensa de las mujeres. Aquel día recuerdo que agradeciste el reconocimiento diciendo que el mismo era el de todas aquellas mujeres que os habían llevado a ser como sois. Mujeres como Paquita, mujeres como Cristina, como Paca, o como Josefina.

En 2013 interviniste en un Curso de Verano de la Universidad Complutense en El Escorial, organizado por el sindicato y en que reflexionamos sobre Pasado, presente y futuro democrático en España. Un debate, en plena crisis, sobre el empleo, la pobreza, la solidaridad, el asesinato de los Abogados de Atocha por defender una justicia democrática, la lucha de sindicalistas como los condenados en el Proceso 1001 por defender la libertad. Recuerdo que por la mañana interviniste presentada por Maricruz Elvira y, de nuevo, por  la tarde, en una mesa redonda, junto al profesor de la Universidad de Barcelona, Manuel Aguilar, moderada por Ana González.

Manejaste unas cuantas ideas que siempre me han parecido tan innovadoras, atractivas y sugerentes en ti. Comenzaste afirmando que Decimos grandes palabras que no sirven para nada: las normas tienen que indicar una conducta (…) O vinculamos la justicia y las leyes a la sociedad, o no valen para nada.

Te escuché hablar sin tapujos y sin complejos de la irrupción de la corrupción en la política española. De los problemas de una justicia que, pese a su independencia, no puede, ni cuenta con todos los medios, para enfrentar esta situación. Diagnosticar la corrupción, con datos transparentes en la mano, es imprescindible para ser capaces de gobernarnos a nosotros mismos.

Planteaste con valentía la necesidad de que la sociedad civil se organice para exigir justicia y evitar que la justicia se convierta en lo que denominabas una “tecnojerarquía” que anula la justicia y la aleja del pueblo y sus necesidades. Recientemente hemos colaborado en la edición y presentación de un libro escrito por algunos buenos amigos, titulado Cristina, Manuela y Paca. Tres vidas cruzadas, entre la justicia y el compromiso. Tres abogadas laboralistas unidas por el mismo esfuerzo y trabajo y marcadas por la misma tragedia de Atocha.

Y ahora, Manuela, llegan estos personajes siniestros y armados, investidos de autoridad, a poner en solfa todo esto. A hacer risas con asesinatos. Cantos a la intolerancia, la xenofobia, el racismo. A enarbolar, al mejor estilo de Millán Astay, su particular y renovado ¡Viva la Muerte! No es justo, no es razonable, no es mentalmente saludable, pero es.

Manuela, siempre he tenido miedo al poder de las instituciones. Creo que los mismos miedos que tiene cualquier pobre en este mundo, cualquier condenado de la tierra. Cualquier ciudadano, sin mucho dinero y sin mucho poder. Miedo un poco irracional, como de una memoria ancestral de humillación. Miedo al poder y sus abusos. Creo que las instituciones deben asegurar nuestros derechos, sin entrometerse demasiado en nuestras vidas. El poder que delegamos en ellos no puede ser jamás una herramienta para aplastarnos.

Un miedo que he aprendido a no generalizar, pero que sigue presente, pese al paso de los años.  El miedo reverencial que tenía a los maestros que podían arruinarte aquella incipiente vida infantil. Miedo a los policías, tal vez porque cuando los grises circulaban en sus lecheras por las calles de Madrid, nada bueno podía avecinarse. O porque cuando los guardias civiles lo hacían con su Dyane 6 por Villaverde, algo impreciso y vago, pero tampoco bueno, estaba a punto de ocurrir.

Miedo a estar en manos de un médico, en un hospital, sin control de lo que me pasa y a merced absoluta de su buen oficio. Miedo a verme ante un juez. En un tribunal sabes cómo entras, pero nunca cómo sales. Puede que haber conocido a muchos “robagallinas” en el barrio, me haya hecho creer que la justicia no es ciega y puede castigar y condenar mucho, o muy poco, por los mismos delitos, en función de circunstancias agravantes, o atenuantes, que se encuentran en manos del juez que te toca.

Ya ves que soy maestro y conservo muchos amigos y amigas en una profesión que considero de las más dignas y respetables que alguien puede escoger. Y me he relacionado con magníficos policías nacionales del SUP, municipales de CCOO, con los guardias civiles de la AUGC y con la Asociación Unificada de Militares Españoles. Su lucha es tan sindical como la mía, pero en unas condiciones mucho más duras, marcada por sanciones, arrestos, discriminaciones, persecuciones.

Conozco médicos excelentes, los tengo en la familia, como vecinos, o como compañeras y compañeros del sindicato. Y cómo temer a los jueces, si lo eres tú y lo es Ricardo Bodas y lo era Javier Martínez Lázaro, recientemente fallecido, que comenzasteis vuestra andadura como abogados laboralistas de las CCOO. Y sin embargo, el miedo sigue ahí.

Son muchos los buenos profesionales y pocos los que ensucian la profesión, pero los hay. No podemos, sectariamente, convertirlos en la imagen de una profesión, pero tampoco el corporativismo puede conducirnos a tapar a los malos profesionales y mucho menos a los que utilizan su autoridad contra la dignidad de  las personas y los derechos de la ciudadanía. Ese delegado de CCOO que ha denunciado la situación es un modelo de ciudadanía y merece todo el reconocimiento y la protección ante las amenazas violentas.

Somos libres para discrepar, opinar, disentir y movilizarnos contra lo que no nos gusta, o creemos injusto. Yo mismo no coincido con todo lo que hace el Ayuntamiento que presides, ni comparto las maneras, formas y procedimientos de algunos concejales de tu equipo. Lo puedo decir más alto, más claro, o si lo prefiero, callarme. Puedo plantearlo educadamente, en un artículo, ante un juzgado, o puedo ser grosero, aun sabiendo que, al serlo, perderé buena parte de la razón y las razones que pudiera tener. Pero, por experiencia, he aprendido que en la violencia y en la incitación a la violencia, está el límite de mi libertad.

Creo que lo ocurrido con estos policías municipales, aparte del tratamiento administrativo y judicial, debe hacernos reflexionar sobre el modelo de profesionales que queremos que protejan nuestra seguridad y nuestras libertades. Qué formación inicial necesitan, cómo los seleccionamos, qué carrera profesional tienen por delante, qué sistemas de promoción, qué formación permanente deben realizar obligatoriamente. Cuál es su manual de procedimiento y su libro de estilo. Qué esperamos de ellos y qué no toleraremos que hagan.

Manuela, tienes mi afecto, mi respeto y mi confianza en que sabrás juzgar la situación y adoptar las medidas que permitan que salgamos a las calles convencidos de que hemos delegado autoridad, poder y hasta la posibilidad de desenfundar un arma en otras personas que se encargan de de que nuestros pasos sean libres y seguros, porque son defensores de nuestra convivencia democrática.

Un abrazo,

Javier López.


FPE (4): El desastre de la Formación Profesional para el Empleo en datos

abril 20, 2017

Alguien podría pensar que la visión que traslado sobre la Formación Profesional para el Empleo (FPE), en España, es demasiado dura. Que seguro que, al ser sindicalista, estoy especulando y exagerando. Sin embargo, por mucho que mejoremos la valoración de las causas, no por ello las consecuencias mejoran. Muy al contrario. Embellecer la situación sólo puede alimentar las tendencias más negativas del modelo impuesto y crear nuevos problemas,

Lo cierto es que las tasas de participación de trabajadores y trabajadoras en la formación van cayendo. Quienes más necesitan formación por sufrir más los efectos de la crisis y sufrir mayor pérdida de empleo (mujeres, jóvenes, personas con bajos niveles de cualificación) no acceden suficientemente a la formación.

Es notorio que, cuanto más necesaria es la formación, menos esfuerzo realizamos en España, mientras la Unión Europea aumenta su inversión y esfuerzo en cualificación.  Antes de la crisis económica el 11% de nuestra población activa participaba en procesos de formación permanente, mientras que ahora bajamos del 10%.

En cuanto a los participantes en formación han pasado, entre 20010 y 2015, en el caso de la formación programada por el Estado y Comunidades Autónomas, ha pasado de cerca de 1,7 millones de participantes a poco más de 600.000 personas. Quienes más necesitan formación, las personas desempleadas, han pasado de algo más de 400.00 a 175.000.

Pero si esto ocurre en la formación de oferta programada  por las Administraciones, no va mejor la formación programada directamente por las empresas que, tras la reforma del Gobierno, ha hecho que el número de horas de formación programadas haya descendido un 20%, tan solo entre 2015 y 2016.

En cuanto a la tasa de formación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) ha pasado del 31,1% en 2012 al 22,7% en 2016. Eso significa que más de 100.000 PYMES de menos de 50 trabajadores y trabajadoras ha abandonado la formación profesional de su personal.

La FPE se comporta como un cazador que dispara a bulto, pero siempre termina hiriendo a los más débiles. No sólo en el caso de quienes trabajan en una pyme. También en el caso de las personas menos cualificadas. Las personas con baja cualificación en nuestro país suponen un 43%, pero sólo pesan el 23% de cuantas personas participan en procesos de formación. Incluso han perdido un punto de participación en los últimos años.

En cuanto a las mujeres, las mujeres asalariadas han pasado de suponer un 42% en 2007 a un 46% del total de personas trabajadoras en 2015. Sin embargo, el porcentaje de mujeres asalariadas que participan en formación han pasado de suponer un 46% en 2008 a un 44% en 2015 pasando por momentos externos, como 2011 en los que la participación de la mujer bajó al 42%.

Las personas menos cualificadas se benefician menos de la formación. Quienes trabajan en pymes, la inmensa mayoría, se forman menos y los jóvenes… Los jóvenes que suponían la mitad de las personas que participaba en formación en 2008, no llegan ahora  a un tercio, cuando el empleo juvenil ha sido una de las mayores víctimas de la crisis y todo ello pese a que el gobierno disponga de abundantes recursos para la cualificación de los jóvenes desempleados, con bajos niveles educativos.

El número de horas financiadas para formación en las empresas ha disminuido en un 20% en tan solo un año, aunque el número de personas formadas crece levemente, al pasar la media de horas de duración de cada curso, de 26 horas a 17. Con casi 10 horas menos de media por curso, con menos horas totales se termina se terminan formando más personas. La calidad se deteriora a favor de la cantidad.

Uno de los datos más alarmantes del destrozo producido en FPE es que la participación de empresas en la formación ha caído del 31.1% en 2012 al 22.7% en 2016. Más de 100.000 pequeñas y medianas empresas han dejado de participar en la formación en los últimos cuatro años. Las empresas con menos de 50 trabajadores y trabajadoras están desertando de la formación continua de sus trabajadores.

Los datos son muy preocupantes. La Formación profesional para el Empleo, sometida a las tensiones de una reforma impuesta, está produciendo una agudización de los problemas y un deterioro del sistema de FPE, cuyos efectos son demoledores para quienes más necesitan la formación y cualificación en el trabajo.

 

Francisco Javier López Martín