FPE (4): El desastre de la Formación Profesional para el Empleo en datos

abril 20, 2017

Alguien podría pensar que la visión que traslado sobre la Formación Profesional para el Empleo (FPE), en España, es demasiado dura. Que seguro que, al ser sindicalista, estoy especulando y exagerando. Sin embargo, por mucho que mejoremos la valoración de las causas, no por ello las consecuencias mejoran. Muy al contrario. Embellecer la situación sólo puede alimentar las tendencias más negativas del modelo impuesto y crear nuevos problemas,

Lo cierto es que las tasas de participación de trabajadores y trabajadoras en la formación van cayendo. Quienes más necesitan formación por sufrir más los efectos de la crisis y sufrir mayor pérdida de empleo (mujeres, jóvenes, personas con bajos niveles de cualificación) no acceden suficientemente a la formación.

Es notorio que, cuanto más necesaria es la formación, menos esfuerzo realizamos en España, mientras la Unión Europea aumenta su inversión y esfuerzo en cualificación.  Antes de la crisis económica el 11% de nuestra población activa participaba en procesos de formación permanente, mientras que ahora bajamos del 10%.

En cuanto a los participantes en formación han pasado, entre 20010 y 2015, en el caso de la formación programada por el Estado y Comunidades Autónomas, ha pasado de cerca de 1,7 millones de participantes a poco más de 600.000 personas. Quienes más necesitan formación, las personas desempleadas, han pasado de algo más de 400.00 a 175.000.

Pero si esto ocurre en la formación de oferta programada  por las Administraciones, no va mejor la formación programada directamente por las empresas que, tras la reforma del Gobierno, ha hecho que el número de horas de formación programadas haya descendido un 20%, tan solo entre 2015 y 2016.

En cuanto a la tasa de formación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) ha pasado del 31,1% en 2012 al 22,7% en 2016. Eso significa que más de 100.000 PYMES de menos de 50 trabajadores y trabajadoras ha abandonado la formación profesional de su personal.

La FPE se comporta como un cazador que dispara a bulto, pero siempre termina hiriendo a los más débiles. No sólo en el caso de quienes trabajan en una pyme. También en el caso de las personas menos cualificadas. Las personas con baja cualificación en nuestro país suponen un 43%, pero sólo pesan el 23% de cuantas personas participan en procesos de formación. Incluso han perdido un punto de participación en los últimos años.

En cuanto a las mujeres, las mujeres asalariadas han pasado de suponer un 42% en 2007 a un 46% del total de personas trabajadoras en 2015. Sin embargo, el porcentaje de mujeres asalariadas que participan en formación han pasado de suponer un 46% en 2008 a un 44% en 2015 pasando por momentos externos, como 2011 en los que la participación de la mujer bajó al 42%.

Las personas menos cualificadas se benefician menos de la formación. Quienes trabajan en pymes, la inmensa mayoría, se forman menos y los jóvenes… Los jóvenes que suponían la mitad de las personas que participaba en formación en 2008, no llegan ahora  a un tercio, cuando el empleo juvenil ha sido una de las mayores víctimas de la crisis y todo ello pese a que el gobierno disponga de abundantes recursos para la cualificación de los jóvenes desempleados, con bajos niveles educativos.

El número de horas financiadas para formación en las empresas ha disminuido en un 20% en tan solo un año, aunque el número de personas formadas crece levemente, al pasar la media de horas de duración de cada curso, de 26 horas a 17. Con casi 10 horas menos de media por curso, con menos horas totales se termina se terminan formando más personas. La calidad se deteriora a favor de la cantidad.

Uno de los datos más alarmantes del destrozo producido en FPE es que la participación de empresas en la formación ha caído del 31.1% en 2012 al 22.7% en 2016. Más de 100.000 pequeñas y medianas empresas han dejado de participar en la formación en los últimos cuatro años. Las empresas con menos de 50 trabajadores y trabajadoras están desertando de la formación continua de sus trabajadores.

Los datos son muy preocupantes. La Formación profesional para el Empleo, sometida a las tensiones de una reforma impuesta, está produciendo una agudización de los problemas y un deterioro del sistema de FPE, cuyos efectos son demoledores para quienes más necesitan la formación y cualificación en el trabajo.

 

Francisco Javier López Martín


El indicador de la política de la miseria (IPREM)

febrero 27, 2017
foto; Fran Lorente

foto; Fran Lorente

En julio de 2004 el primer gobierno Zapatero creó el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) como un mecanismo para sustituir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) como referente para la concesión de ayudas, becas, subvenciones, subsidios.

Hasta ese momento el SMI era la renta que se tomaba en cuenta a la hora de fijar acceso a becas, tasas, justicia gratuita, viviendas de protección oficial, mínimos exentos en materia fiscal, etc.

Dicho de otra manera, el SMI era un salario miserable para evitar efectos presupuestarios, liberado de los cuales podría situarse en niveles más altos. Sin embargo, años después, el Salario Mínimo en España incumple los criterios de la Carta Social Europea suscrita por nuestro país. Es uno de los más bajos de la eurozona y se encuentra por debajo de la referencia del 60% del salario medio.

En cuanto al IPREM, creció anualmente siguiendo los objetivos de inflación del Banco Central Europeo y fue manteniendo su poder adquisitivo hasta 2009. A partir de ahí, con la justificación de la crisis económica, el IPREM ha acumulado pérdidas de hasta 6,4 puntos en 2016. Congelar el IPREM ha supuesto devaluar la protección social y especialmente la protección por desempleo.

De nuevo se vulnera el Real Decreto Ley 3/2004, que establece la previsión de inflación como el umbral mínimo para fijar el IPREM. De nuevo se deprecia la participación, la capacidad de propuesta, la negociación, con los interlocutores sociales, empresarios y sindicatos. Mera consulta, cuando no mera información.

Si otros años la disculpa era la crisis, este año la congelación del IPREM busca la nueva moda de que no hay presupuesto aprobado, argumento generalizado para justificar la inactividad y la desidia. El Salario Mínimo se sitúa en unos insuficientes 707,7 euros/mes. El IPREM permanece congelado desde 2010 en 532,51 euros/mes. El poder adquisitivo perdido está haciendo que la lucha contra la pobreza, o la protección social por desempleo, no se vean mejoradas en una nueva situación más favorable de salida de la crisis.

Recuperar los 6,4 puntos porcentuales perdidos, añadiendo al menos el 1,4% previsto de crecimiento de los precios en 2017 sería esencial y, junto a ello, no podemos seguir dejando en manos de los Gobiernos de turno las subidas anuales del SMI, o del IPREM, porque la experiencia nos da buenas muestras de la mediocridad y la miseria que estos gobiernos demuestran, aplicando decenas de miles de millones en rescate a la banca, mientras se muestran mezquinos en el rescate a quienes más lo necesitan, precisamente en los momentos más duros.

Es absolutamente necesario, por lo tanto, establecer un mecanismo de actualización del IPREM que permita, en todo caso, corregir las desviaciones entre IPC real y el incremento que se haya producido en el IPREM.

La calidad de una sociedad se mide por su capacidad de atender a quienes requieren de la protección frente a la pobreza, la injusticia, la miseria. El IPREM es uno de esos indicadores de calidad que en España sigue dejando mucho que desear. Somos una sociedad injusta y desigual, que cada día agudiza sus problemas.

Francisco Javier López Martín


Decidnos cómo es Atocha

enero 19, 2017

abogados de atocha

He cerrado los ojos para no ver nada.
He cerrado los ojos para llorar por no verte.

Paul Éluard 

El dictador había muerto, pero la dictadura no había sido derrotada. Lo viejo no había muerto. Y lo nuevo no había aún nacido. Un momento histórico apasionante se abría paso entre grandes ilusiones y no pocas penalidades. La clase obrera empujaba para conseguir libertad, derechos laborales y sociales equiparables a los que tenían los trabajadores y trabajadoras europeos. Los despachos laboralistas eran una cuña en el sistema judicial español para conseguir que el ejercicio de esos derechos fuera erosionando los estrechos márgenes de las leyes franquistas.

Había dos despachos de abogados laboralistas en la calle de Atocha. Uno de ellos, en las inmediaciones de la Plaza de Antón Martín, el de Atocha 55, lo dirigía Manuela Carmena. Ese fue el despacho elegido por las huestes del franquismo sin Franco para dar una lección que nunca olvidara una clase obrera que protagonizaba, en esos momentos, una huelga del transporte que se antojaba intolerable para el sindicalismo vertical de la dictadura. El 24 de enero de 1977, hace ya 40 años, se produjo la tragedia, el cruel atentado contra el despacho laboralista de Atocha 55.

No eligieron su suerte. Fueron ellos como podrían haber sido los abogados, abogadas o sindicalistas de cualquier otro despacho laboralista. O como lo fueron los estudiantes que participaban en manifestaciones pacíficas reclamando democracia y libertad. Esa misma semana, el 23 de enero, caía abatido por un disparo de un ultraderechista, el estudiante Arturo Ruiz y, al día siguiente, la joven universitaria María Luz Nájera, al ser golpeada por un bote de humo de la policía. Todo ello en un contexto de secuestro de los GRAPO, de Antonio María de Oriol, presidente del Consejo de Estado y del general Emilio Villaescusa.

No estaban solos. El despacho de Atocha 55 era uno de los que se habían ido abriendo, por parte de jóvenes abogados y abogadas recién salidos de la universidad, siguiendo la estela y multiplicando la experiencia de aquel primer despacho laboralista fundado por María Luisa Suárez, Antonio Montesinos, Pepe Jiménez de Parga, o José Esteban, en la calle de la Cruz. Despachos en los que se defendía a los trabajadores y trabajadoras, jurados de empresa, enlaces sindicales de las CCOO, que eran procesados por defender derechos, participar en huelgas y manifestaciones, tener en su poder octavillas, o publicaciones en las que se animaba a la movilización, o en las que se exigían derechos fundamentales como la huelga, la manifestación, la libertad, la democracia, la amnistía.

Despachos en los que se abordaban también procesos penales ante el Tribunal de Orden Público, creado por la dictadura franquista para perseguir a la oposición, especialmente del PCE y a los integrantes de las ilegalizadas Comisiones Obreras. Despachos donde se defendían problemas de barrio, como los desahucios, problemas de infravivienda y equipamientos para la ciudadanía.

Fue mucha la tarea desde que en los años 60 se constituyeron las CCOO y se extendieron, gracias al apoyo del PCE y otras organizaciones de la oposición a la Dictadura, por todos los sectores y por toda España. Y tuvieron que hacer frente a la brutal represión que sufrió el movimiento obrero con su “galena de huelgas” en los años 1975 y 1976 que hizo posible que aunque el dictador muriera en la cama, el régimen fuera derrotado en la calle.

Un antes y un después de Atocha

Tras el asesinato de los Abogados de Atocha y el velatorio organizado por el Colegio de Abogados en su sede, su despedida se convirtió en una inmensa manifestación organizada por el PCE y las CCOO, silenciosa y pacífica, que terminó con los nuevos intentos de imponer una democracia mutilada. Un interminable despliegue de coronas de duelo, claveles rojos y puños en alto, que firmó en las calles la muerte definitiva del franquismo. Tras la masacre de Atocha nadie pudo negarse a la evidencia. En la Semana Santa de aquel mismo año, el Gobierno emanado de la legalidad franquista, presidido por Adolfo Suárez, legalizó el Partido Comunista y a finales de abril fueron legalizados los sindicatos. España emprendía el camino hacia una nueva legalidad democrática.

Se preguntaba el Jefe del Estado, en el reciente encuentro mantenido con el Patronato de la Fundación Abogados de Atocha, promovida por CCOO de Madrid, cómo era posible que hasta el año 2005 no se hubiera creado una institución para preservar la memoria y defender los valores de los Abogados de Atocha. Unos jóvenes que con  las únicas armas del derecho pusieron en juego su vida para defender la dignidad y la decencia de todas nuestras vidas y pagaron con su sangre nuestra libertad.

Durante décadas, cada 24 de enero, hemos acompañado la soledad de los cementerios y junto a los cuatro sobrevivientes, Luis Ramos, Lola González Ruiz, Alejandro Ruíz- Huerta, hemos escuchado a Miguel Sarabia recitar lentamente los nombres de los jóvenes asesinados, ante la placa conmemorativa instalada junto al portal de Atocha 55: Luis Javier Benavides Orgaz, Serafín Holgado, Ángel Rodríguez Leal, Francisco Javier Sauquillo, Enrique Valdelvira. Así pronunciados, despaciosamente, decía Sarabia, siembran armonía en el  mundo.

Le gusta a Alejandro recordar a Paul Éluard, quien haciendo memoria de los campos de concentración nazis, nos recuerda que “si el eco de su voz se debilita, pereceremos”. Por eso, tal vez, las CCOO de Madrid, en nuestro Congreso de 2004, conmocionados aún por la inmensidad del golpe de los Atentados del 11 de Marzo de ese mismo año, decidimos crear la Fundación Abogados de Atocha, para preservar la memoria y el espíritu de los de Atocha. Para impulsar los valores y los anhelos de libertad, igualdad, justicia, solidaridad, diálogo y paz que alentaba la lucha de aquellos jóvenes y que sigue anidando en los corazones de la ciudadanía. Para premiar y reconocer a cuantas personas siguen luchando aquí y más allá de nuestras fronteras por la libertad y los derechos laborales y sociales.

Volviendo a Éluard, el poeta, el militante de la resistencia francesa, el comunista ortodoxo y heterodoxo, nos parece necesario recordar, en este 40 aniversario del atentado contra los Abogados de Atocha, que “hay otros mundos, pero están en éste”. Un mundo, un espacio de convivencia, en el que saquemos de nosotras y nosotros lo mejor de aquella juventud de Atocha. Pero para ello tendremos que seguir defendiendo su memoria y, parafraseando a Marcos Ana, uno de los merecedores de los premios anuales de la Fundación, formular y contestar (y contestarnos) cada día la pregunta: “Decidnos como es Atocha.”

Jaime Cedrún López
Secretario General de CCOO de Madrid

Francisco Javier López Martín
Secretario de Formación de CCOO

 


Es el momento de pasar a la ofensiva

enero 12, 2017

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El titular no es mío. Es una frase sacada de una intervención de Nicolás Sartorius, durante la reciente presentación del libro Toda España era una cárcel, escrito por Rodolfo Serrano. Reflexionaba Nicolás sobre la situación actual del país cuando afirmaba que “es el momento de pasar a la ofensiva”, aclarando que es tiempo de “apretar las clavijas a patronal y Gobierno”. Y explicaba que “si CCOO no impulsa los cambios no lo van a hacer otros”.

Me parece una reflexión muy apropiada para los momentos que corren. De forma generalizada, del Rey abajo casi todo el mundo, anuncia que la crisis ha terminado. Es cierto que esta visión, interesadamente optimista, del futuro que se avecina topa con planteamientos como el de Varufakis, el ex ministro de Finanzas griego, para el cual “la crisis no ha terminado, sólo ha cambiado sus síntomas”.

Una idea en la que abunda Owen Jones, que opina que los causantes de los desastres  actuales cuentan ya con una ultraderecha pertrechada para acometer y gobernar un escenario en el que “la última crisis económica no ha terminado del todo mientras que una nueva podría estar a punto de surgir”.

Acaba de comenzar el año y nos alcanza la noticia de la muerte de Zygmunt Bauman. Un hombre que nos ayudó a entender una parte de las características del nuevo mundo que se avecinaba. Un mundo instalado en la “modernidad líquida”, que exige la aceptación de la incapacidad de la política para gobernar la economía, los mercados, los poderes económicos.

Según Bauman, este divorcio entre el poder y la política genera un nuevo tipo de parálisis, socava la capacidad de acción política que se necesita para abordar la crisis y mina la confianza de la ciudadanía en el cumplimiento de las promesas de los gobiernos. De ahí que la crisis actual sea, al mismo tiempo, una crisis de la capacidad de acción, una crisis de la democracia representativa y una crisis de la soberanía del Estado.

Cuando asistimos asombrados a fenómenos como el ascenso del populismo en Europa, en Estados Unidos, en otros lugares del planeta. Cuando comprobamos cómo la corrupción institucional e institucionalizada termina por no tener grandes costes electorales, deberíamos tomar en cuenta este divorcio entre poder real y política y el desapego, la desconfianza de las personas en la posibilidad de que alguien tenga la capacidad de solucionar sus problemas, por mucho que ese alguien haya sido elegido democráticamente.

En un mundo líquido, el Estado Social, reconocido por Constituciones como la Alemana o la Española; el Estado del Bienestar, construido tras la II Guerra Mundial y el surgimiento de los bloques del Este y de Occidente, parece que ya no tienen sentido. Son sustituidos por el Estado de Crisis. Porque la crisis, con sus inseguridades, sus incertidumbres y sus miedos, se convierte en la forma de vida.

Es John Berger, otro de nuestros imprescindibles, fallecido poco antes que Bauman, estas mismas Navidades, quien refleja esta sensación generalizada de inseguridad, hartazgo, desapego, no exentos de cierta solidaridad mutua, de la siguiente manera: “En un día  cualquiera, cuando nada sucede, cuando la crisis que se anuncia hora tras hora ya es una vieja conocida, cuando los políticos se presentan a sí mismos como la única alternativa a la catástrofe, las personas intercambian miradas al cruzarse unas con otras para cotejar si los demás entienden lo mismo cuando murmuran: así es la vida”.

La crisis no ha terminado. La crisis se ha instalado entre nosotras y nosotros. Pero, lejos del fatalismo al que quieren conducirnos, a la aceptación sin resistencia del Estado de Crisis, seremos nosotras y nosotros quienes decidamos rendirnos ante sus evidencias, o imponer nuestras propias realidades en el centro de la política, la economía, la cultura y la convivencia social. Es nuestra decisión. Y me parece que está tomada, porque nadie se resigna, para sí y para los suyos, a vivir en el miedo, en la incertidumbre constante, en un mundo entendido como cárcel, en un empleo concebido como esclavitud.

Es cierto que los datos económicos ponen de relieve que la recesión, las pérdidas económicas, han pasado. Seguimos en crisis, continúa la amenaza, pero el movimiento de la economía, por insano que sea, produce una cierta sensación de recuperación económica, al menos. Cuando el dinero se mueve, los de bajo respiramos y los de arriba estudian los nuevos pelotazos que pueden acometer.

Han sido muchos años de crisis, desde 2008 y estamos en 2017. Años de cierres empresariales, de ajustes de plantillas, de pérdidas salariales, de recortes de derechos laborales y de deterioro de los derechos sociales. De pérdidas de recursos en educación, sanidad, o servicios sociales, de retrocesos en pensiones y atención a la dependencia, de aumento de la pobreza y abandono de quienes han perdido todas las fuentes de ingresos.

Parece evidente que frente a la inactividad privada, debiera haber sido la inversión pública la que moviera la economía, aunque fuera transitoriamente. Y sin embargo, la Unión Europea, al dictado de Merkel, hizo todo lo contrario. Los ajustes, los rescates, los recortes han endurecido la crisis y la han prolongado.

Admitamos, no obstante, que existe un respiro, cuando menos transitorio, en la economía. Eso debe traducirse y tener efectos sobre las personas. Especialmente sobre quienes han padecido de forma brutal los efectos de la crisis en forma de paro y pérdidas de protección social. Por eso el 15 de diciembre, el sindicalismo de clase, nos movilizamos en toda España y el 18 de diciembre en una gran Manifestación en Madrid bajo un lema: Por las personas y sus derechos. Por las personas reales, por los derechos garantizados.

Avisamos que era sólo el principio. El primer paso. Vamos a la ofensiva por el empleo estable, por el salario digno, por la salud y seguridad en el trabajo, por la formación de los trabajadores y trabajadoras en las empresas, por la igualdad sin discriminaciones inaceptables. Vamos a la derogación de las reformas laborales impuestas y del artículo 315.3 del Código Penal, que castiga a un huelguista con más años de cárcel que a un violador, o a un ladrón de los dineros públicos.

Vamos a las batallas por la sanidad pública, gratuita, universal. A la defensa de la enseñanza pública de calidad. A asegurar las pensiones y la atención a la dependencia de nuestros mayores. La protección a las personas desempleadas. Una Renta Mínima Garantizada para cuantos carecen de rentas.

Vamos a disputar el reparto de las rentas, también en la fiscalidad. Porque no puede seguir ocurriendo que la fuente fundamental de los ingresos del Estado sean las rentas del trabajo, mientras que las rentas del capital cuentan con todos los mecanismos para terminar eludiendo sus responsabilidades en la aportación de los recursos necesarios para el sostenimiento de la actuación protectora del Estado. Vamos a defender la decencia del empleo, la libertad, la dignidad de nuestras vidas.

Y, para no ocultar nada, conviene dejar claro que vamos a esta ofensiva, desde la unidad sindical y desde la alianza con las fuerzas políticas y sociales dispuestas a dar el paso de la indignación a la propuesta y la movilización organizada y abierta. Su Estado de Crisis no es una patria para nosotras y nosotros. Merecemos algo más y vamos a conquistarlo. Es momento de pasar a la ofensiva.

Francisco Javier López Martín


CARTA ABIERTA AL PADRE Y LA MADRE DE UNA PRINCESA

noviembre 22, 2016

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Encabezo la carta con este tratamiento, porque he visto en algunos lugares que la forma de dirigirse a un rey y una reina ha de ser ésta. Además, no quiero incurrir en ninguna expresión que pueda ser considerada descortés y mucho menos insultante, injuriosa, ofensiva, o calumniosa. Uno sabe cómo empiezan estas cosas, pero luego algunas leyes, en manos de depende qué jueces, o fiscales, puede dar lugar a disgustos innecesarios.

No me queda más remedio que dirigirles esta carta, como padres que son de una Princesa de Asturias menor de edad, que no merece, por el momento, saber tan siquiera de la existencia de la misma. Tiempo habrá, algún día.

Verán, Señor y Señora, he vivido recientemente la experiencia de la concesión de los Premios Princesa de Asturias de la Concordia. He querido dejar pasar el acto de la concesión y no he querido introducir ningún elemento que empañase la ceremonia, las celebraciones anteriores, ni las satisfacciones posteriores. He querido, incluso, esperar a que pasasen unas semanas, las elecciones en Estados Unidos y hasta la apertura de la legislatura. Entre otras cosas, porque creo que todos y todas los premiados tienen algún merecimiento, por encima de que yo pueda considerar que haya otras, u otros, que en algunos casos lo hubieran merecido más.

No crean que hablo desde la independencia y la falta de intereses en este tema. Muy al contrario. Resulta que a estos premios concurría una humilde fundación dedicada a los Abogados de Atocha. Y resulta que esta fundación fue creada durante un Congreso de CCOO de Madrid, en el año 2004, pocos meses después de los terribles atentados del 11-M. Nos parecía importante reivindicar la vida de una juventud formada y comprometida con la libertad y la justicia en España, aún a riesgo de perder su propia libertad y hasta su vida. Yo era Secretario General de la organización en aquellos momentos.

Intereses colectivos y personales, los tengo todos, para no ser imparcial. No conocí a los fallecidos en el atentado, pero he conocido a los sobrevivientes; a sus familiares; a sus compañeros y compañeras (María Luisa, Cristina, Manuela, Paca); a las personas a las que defendían, trabajadores y trabajadoras, vecinos y vecinas de Madrid. He visitado sus tumbas cada 24 de enero.

He pronunciado sus nombres despaciosamente, Enrique Valdelvira, Luis Javier Benavides Orgaz, Francisco Javier Sauquillo, Serafín Holgado, Angel Rodríguez Leal, porque cuentan que, al decirlos despaciosamente, siembran armonía en el mundo. Me han dolido las muertes posteriores de los que sobrevivieron: Miguel Sarabia, Luis Ramos, Lola González Ruiz. Ya sólo queda de ellos, entre nosotros y nosotras, Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, actual Presidente de la Fundación Abogados de Atocha.

La candidatura de la Fundación al Premio de la Concordia fue impulsada por el hermano de una de las víctimas del atentado contra los Abogados de Atocha, que se produjo el 24 de enero de 1977, hace ya casi cuarenta años. Contaba con el apoyo de diplomáticos, colegios de abogados, personalidades nacionales e internacionales del mundo del derecho, así como adhesiones llegadas desde Guatemala, México, o el Sahara, entre otros.

También hubo artículos de prensa manifestando su apoyo, escritos por personas conocidas como Vicente Alvarez Areces, que fue Presidente de Asturias, o Jorge Martínez Reverte, que proponía un premio ex aequo para la Fundación y para el proceso de Paz en Colombia. Parece que ambas candidaturas quedaron entre los finalistas. Al final, por cierto, fueron los suecos los que concedieron el Nobel a uno de los promotores de la Paz en Colombia.

Nos hicimos ilusiones, que se demostraron infundadas. Finalmente el premio fue a parar a una entidad que trabaja con la infancia. No seré yo quien niegue sus méritos, en tiempos tan duros como los que vivimos, en los que la infancia es víctima de los peores horrores. Habrá organizaciones que lo merezcan más y otras que lo merezcan menos, pero seguro que lo merecen. A mí no me gustan sus rastrillos, sus cocidos madrileños, sus carreras populares, ni las personalidades de alta alcurnia que los rodean. Pero, reitero, seguro que lo merecen con creces.

No es, por lo tanto, el premio en sí, ni los premiados, lo que me movió a bucear en internet. Hoy todo está en internet, o casi todo. Fue, más bien, esa curiosidad insaciable que me conduce siempre a buscar respuestas, causas, porqués. Y lo primero que busqué es la composición del jurado que concede los premios. Encontré personas vinculadas a todo tipo de grandes empresas y organizaciones de ideología conservadora, junto a algún presidente, o expresidente, de Asturias, algún alcalde asturiano, algún Rector universitario asturiano.

Por cierto, entre cerca de 30 personas, sólo tres mujeres. Una de ellas, Sol Daurella, Presidenta de Coca-Cola European Partners, conocida deudora de Hacienda y responsable de conflictos sociales y laborales que ha desencadenado con el cierre de embotelladoras, como la de Fuenlabrada en España. Otra, la marquesa de Bellavista, Alicia Koplowitz y la tercera la conocida militante del PP asturiano y hoy presidenta de UNOSA, Teresa Mallada de Castro.

Señor, Señora, con todo respeto, les ruego ahora que consideren si ese jurado representa, en lo más mínimo, la composición de la sociedad española, su diversidad y pluralidad. Quienes trabajamos en las más diferentes profesiones constituimos la inmensa mayoría de este país. Ni un solo trabajador en el jurado. Ni una sola trabajadora. Hay magníficos profesionales en todos los sectores,pero los miembros del jurado proceden,casi exclusivamente, del mundo de las finanzas, los seguros, los negocios, las constructoras, organizaciones empresariales, o de organizaciones políticamente conservadoras.

Reiterando que, con toda probabilidad, la entidad que este año ha obtenido el premio lo merece con creces, ha resultado que cuando tecleo el nombre de dicha entidad, emparejado al de casi todas y cada una de las empresas con las que tienen, o han tenido, vinculación los miembros del jurado, son esas mismas empresas las que aparecen, con frecuencia, como donantes y financiadoras de actividades de la entidad en cuestión y se publicitan en los photocall de los diferentes eventos que organiza.

Probablemente a eso se le llama hoy responsabilidad social corporativa, pero no deja de parecerme un gasto publicitario, un apunte contable y, en mi opinión, una manera de alentar la beneficencia y la caridad, en lugar de la justicia y la igualdad. A fin de cuentas, los costes de estas donaciones son, probablemente, desgravables ante Hacienda, o se repercuten sobre los precios de productos y servicios que termina pagando el consumidor.

Sólo falta tomar en consideración que la entidad premiada cuenta como Presidente de Honor con el Rey de España. Por más que las presidencias honoríficas no sean ejecutivas, creo sinceramente que el nombre de altas autoridades del Estado, no debería verse involucrado en este tipo de situaciones, porque puede terminar ocurriendo que, en ocasiones como ésta, utilizando el nombre de una hija, un jurado como el descrito, termine premiando a una entidad presidida honoríficamente por su padre.

Lo primero que se me viene a la cabeza, tras estas consideraciones, es la poca oportunidad que tenía la Fundación Abogados de Atocha, de alcanzar el Premio Princesa de Asturias de la Concordia. Lo segundo que se me ocurre es trasladarles el ruego, Señor y Señora, de que valoren si su hija, la princesa de Asturias, puede prestar su nombre a las decisiones de un jurado con la composición descrita. No porque los premiados no sean merecedores de un premio, sino porque los premios aparecerán marcados por el signo de la interrogación, cuando no de la duda.

Y en tercer lugar, para terminar y no aburrir, ni seguir liando la madeja hasta incurrir en algún tipo de descortesía, desearía que considerasen que una Fundación que utiliza el nombre de la Princesa de Asturias para otorgar reconocimientos y premios internacionales, no puede seguir teniendo en la composición de su patronato y de jurados como el del Premio de la Concordiaque nos ocupa, unas carencias de pluralidad, diversidad, e igualdad de género, tan marcadas y evidentes, porque no responden al país que somos, ni al que deberemos ser.

Se me ocurren y me vienen a las memoria muchos nombres de personas jóvenes y mayores, mujeres y hombres, gentes del trabajo, de la cultura, de las ciencias, o las artes, del deporte, o de organizaciones de todo tipo, que pudieran formar parte de dichos órganos, pero no es mi responsabilidad designarlos, ni tan siquiera proponerlos.

Señor, Señora, como ciudadano, como trabajador y como padre (tampoco en eso soy imparcial), tan sólo espero que estas consideraciones, puedan tener alguna utilidad, pues creo, con sinceridad, que la única forma de convivir con dignidad y decencia en este país es que, quienes lo habitamos, comencemos a decir con claridad cómo nos vemos, qué creemos que necesitamos y cómo consideramos que hay que solucionar nuestros problemas y nuestros males. Eso, por sí solo, no basta, pero sin ese primer paso nada es posible.

Francisco Javier López Martín


Trump, la última vuelta de tuerca

noviembre 16, 2016

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Los años 80 vinieron marcados por una ofensiva generalizada contra el modelo del Estado del Bienestar. La ofensiva fue preparada concienzudamente en la década anterior, utilizando el escenario del que los Estados Unidos consideran su patio trasero, América Latina. Las dictaduras militares, acompañadas de las recetas económicas de la Escuela de Chicago, sirvieron de probeta y prepararon el camino a las nuevas tendencias políticas que se desarrollaron tras el advenimiento de Reagan a la presidencia estadounidense, mientras en Europa la señora Tatcher se aupaba al puesto de primera ministra en Gran Bretaña.

En España no pudimos percibir con claridad la que se avecinaba, porque vivíamos tiempos de salida de una larga y agria dictadura y nos adentrábamos en la Transición Democrática, los Pactos de la Moncloa, la aprobación de una Constitución y nuestro ingreso en Europa, a mediados de los 80. El derroche de fondos estructurales europeos puso las bases y la llegada al gobierno del PP en 1996 aportó la voluntad firme de convertir el suelo y el ladrillo en boom inmobiliario. Era tanto el retraso acumulado con respecto a Europa que todo nos parecían avances sin posible retroceso. Hasta la brutal desindustrialización, la venta de empresas públicas al frente de las cuales situaron a compañeros de pupitre y amigos de los jefes del partido de turno, o los destrozos del trazado ferroviario, en aras de construir autovías y autopistas de peaje, quedaron desdibujados.

Duró la fiesta hasta que Lehman Brothers, allá por 2007 y 2008, demostró la desnudez del modelo de crecimiento especulativo, basado en un crecimiento artificial y ficticio de la riqueza, sobre la base exclusiva del consumo de bienes inmobiliarios comprados con créditos muchas veces impagables. Una economía de casino que no podía perdurar indefinidamente.

Se inició así una crisis que dura ya más de 8 años, que nos condujo a tasas de paro del 26 por ciento. Aún hoy, cuando el gobierno exhibe nuestro gran crecimiento económico y nuestra creación de empleo, casi el 60 por ciento de las personas paradas lleva más de un año en paro y uno de cada cuatro lleva más de cuatro años en situación de desempleo. Un 8 por ciento de los hogares tiene a todos sus miembros en paro y un 4 por ciento de las familias no cuenta con ningún ingreso laboral.

Entonces comenzamos a enterarnos de lo vulnerables que eran los derechos alcanzados hasta ese momento, a lo largo del periodo democrático, en forma de colegios, universidades, centros sanitarios, hospitales, incipientes servicios sociales, el anuncio de una ley de dependencia, un trabajo con derechos, unas pensiones aseguradas.

Las reformas laborales, especialmente la del PP en 2012, los recortes en las prestaciones por desempleo, en las pensiones, los salarios, las políticas públicas y la protección social nos han conducido a la modernidad de un mundo occidental de precariedad laboral e inseguridad social. Esa precariedad e inseguridad que alimentan el huevo de la serpiente que anida en Europa y que acaba de llegar al poder en los Estados Unidos, donde la desacreditada política ha dejado paso al gobierno de los más ricos, directamente y sin intermediarios. El poder en estado puro, sin mediadores inútiles y desprestigiados.

Ya tienen un gran camino avanzado. En la vertiente española ya nos han acostumbrado a un horizonte de desempleo y precariedad laboral. La media de los contratos en España es de 51 días de duración y el 27 por ciento es de menos de una semana. Además han conseguido imponernos una crisis de diseño contra los sectores populares. El 54 por ciento de las personas paradas tienen niveles bajos de estudios. La crisis ha sido la disculpa perfecta para asestar un golpe definitivo a la clase trabajadora, al valor del trabajo, a los derechos laborales y sociales que lo acompañan.

Las políticas contra la crisis desplegadas por el Partido Popular han conseguido transformar el riesgo empresarial en inseguridad laboral. Siguiendo la consigna de que debilitar el empleo permite crear más empleo. Ignorando, eso sí, que el empleo depende de la actividad económica del país, de la tipología de nuestras empresas y no de los manotazos constantes contra el Estatuto de los Trabajadores.

Ampliar las causas de despido no crea empleo. Reducir las indemnizaciones por despido, no crea empleo. Eliminar los salarios de tramitación, o suprimir la autorización administrativa de los ERE, no crea un sólo puesto de trabajo. Debilitar la negociación colectiva produce recortes unilaterales de los salarios y los derechos protegidos por el convenio colectivo, pero no crea un sólo puesto de trabajo.

Lo cierto es que seguimos teniendo un país de empresas precarias, en segmentos de actividad de poco valor añadido y eso produce empleo precario sin más remedio. Sin buenas empresas no hay buen empleo. Parece mentira que el Banco de España, durante todos estos años de boom inmobiliario, en mitad del gran pelotazo de bancos y constructoras, supiera tanto sobre el mercado de trabajo y pidiera una reforma laboral tras otra, cuando lo ignoraba todo sobre los riesgos financieros en los que nos estábamos metiendo.

La respuesta a esta situación, no exclusivamente española, no puede venir de la mano de experimentos como Trump, Marie Le Pen, o la complacencia con el Partido Popular, en nuestro caso. La respuesta no puede venir de los instintos y las pasiones que representan los movimientos populistas en auge en Gran Bretaña, Alemania, o Austria.

La respuesta debe venir de la mano de buenos gobiernos que combatan la corrupción instalada en el corazón mismo del sistema, que arrinconen a los corruptos y a los corruptores. Que deshagan es nudo de alianzas férreas entre poderes políticos y corporaciones económicas que ha conducido a que el libre mercado y la libre concurrencia se hayan convertido en un reparto descarado de la riqueza nacional entre unos pocos.

La respuesta debe venir de la construcción de un modelo de desarrollo asentado en la innovación en nuestros productos y servicios. En el trabajo decente. Un modelo que tome en cuenta a las personas y promueva y aproveche su cualificación. Un modelo político y social que considere los derechos de la ciudadanía como algo más que discursos y redacciones leguleyas para un boletín oficial, sino como garantías ineludibles que deben ser cumplidas, promovidas y desarrolladas.

Vivimos en sociedades plurales y diversas que merecen más esfuerzos de integración, respeto, compromiso y menos manotazos sobre la mesa y voces estridentes que apelan a nuestras pasiones, en lugar de a nuestros intereses reales. El sindicalismo y los sectores de progreso y de izquierdas no somos los culpables últimos de esta situación, pero sea cual sea la mínima parte de nuestra responsabilidad en la misma, tenemos la obligación de impedir que las tendencias que se apuntan en el horizonte y que comienzan a hacerse realidad en el presente, puedan conseguir el advenimiento de en un mundo que aplaste a las personas y borre para siempre su sonrisa.

 

Francisco Javier López Martín


DARIO FO: MUERTE NATURAL DE UN TRABAJADOR DE LA LIBERTAD

octubre 14, 2016

fo

Eran aquellos tiempos en los que el franquismo no había muerto y la democracia no acababa de nacer. Eran tiempos en los que los jóvenes nos reuníamos en asociaciones de vecinos, que aún eran llamadas de cabezas de familia; en los sótanos y salones parroquiales de las iglesias; en locales dependientes de algún colegio, o de alguna universidad; en algunas salas alternativas de cineclub, o de teatro.

En uno de aquellos lugares se representaba la obra teatral de un desconocido para la gran mayoría, un tal Darío Fo y allí acudíamos decenas de chavales de todos los barrios de Madrid, convocados por la red social del boca en boca, que funcionaba magníficamente, si formabas parte de algún grupo juvenil legal, ilegal, clandestino, o simplemente parroquial. La información circulaba y convocaba con bastante más éxito que dos o tres redes sociales actuales juntas.

La verdad es que el título se las traía y era todo un anuncio publicitario condenado al éxito, en aquellos momentos: Muerte accidental de un anarquista. Se contaba que la obra se inspiraba en la caída de un anarquista, desde una ventana en una comisaría de Roma, tras ser interrogado y acusado de poner una bomba en Plaza Fontana. Estábamos acostumbrados a esos episodios en las comisarías españolas y debimos pensar, como los espectadores italianos, que la referencia al inicio de la función a una comisaría de Nueva York, era un mero subterfugio para encubrir las verdaderas intenciones y localización de la obra.

Sea como fuere, en aquel ambiente de calor, ilusión y humo, tuve mi primera cita con Darío Fo. Volví, años más tarde, a ver Muerte Accidental de un Anarquista y, por el camino, creo recordar que, incluso en formato televisivo, pude reír con (que no de) aquellas mujeres de Aquí no paga Nadie, que robaban en los supermercados, escondiendo los productos en sus barrigas de “embarazadas”, para hacer frente a las subidas de los precios y los efectos de la crisis económica permanente, el paro, la precariedad de los empleos que azotan sin clemencia y sin descanso a la gente trabajadora,  .

Más tarde, el lujo de asistir a la entrega del Premio Scaena, concedido por el Festival de Mérida, en 2004,  a Darío y a su esposa Franca Rame. Durante dos horas el escenario romano se convirtió en el extraño lugar donde un hombre que hablaba en italiano provocaba la risa y era entendido en nuestra propia lengua. Habló allí de los misterios de cuantos han contado y cuentan historias por el mundo y nos regaló unas cuantas, que, hasta una vez olvidadas, alimentan las futuras historias que nosotros deberemos contar en su nombre. Como si nuevos miembros de la Comedia del Arte fuéramos.

Y, últimamente, he aprendido a descubrir al Darío Fo que cuenta su infancia, en El país de los cuentacuentos, donde vuelve a recorrer los paisajes de Sangiano, allí donde el hijo del ferroviario se empapó de las historias de la gente trabajadora y sencilla. Allí donde aprendió a contarlas, mientras los viajes, los juegos, el Lago Maggiore, llenaban sus sentidos.

Lo último que he leído de él es ese cuento irreverente, Hay un rey loco en Dinamarca, en el que da cuenta de la historia de locura, amor y desamor, del rey Cristián VII, su desgraciada esposa, Carolina Matilde y su hijo y heredero Federico. Un hermoso cuento construido con ingenio y muchas voces diversas que nos van alumbrando el camino entre la genialidad y la locura, en un momento pre-revolucionario en toda Europa.

Una parte de mis primeros pasos anarquistas tiene que ver con Darío Fo, aunque también con con Salvador Seguí, mucho más que con Durruti. Mucho de mi forma de formar parte de organizaciones como el PCE, Izquierda Unida y las propias CCOO (la única en la que sigo militando), hunde sus raíces en la libertad por encima de la disciplina impuesta, la convicción de que es mejor equivocarse junto a tu gente y tal vez perder, que tener la razón junto a los poderosos. Porque, a la larga, la razón del poder nunca es una razón justa, que traiga de la mano la igualdad.

Gran parte de mi forma de entender la vida proviene de esa convicción de Darío Fo que le lleva a enseñarnos que la sátira es el arma más eficaz contra el poder: el poder no soporta el humor, ni siquiera cuando el poder es democrático, porque la risa libera al hombre de sus miedos. He incluido muchas veces en mis intervenciones esta idea: Que no te borren la risa, porque tu risa es lo que más les duele, lo que menos soportan, lo que más libre te hace.

Ha muerto un Premio Nobel, es cierto, pero ese título es sólo una circunstancia que fue, como pudo no ser. Ha muerto el hijo de un ferroviario. Ha muerto un trabajador que nunca olvidó sus orígenes y que siempre luchó por nuestra libertad, por la igualdad  y por nuestro derecho a la risa. Ha muerto de muerte natural, tras una larga vida de dedicación a la gente aplastada por el poder, por el dinero, por la mafia, que aquí se llama corrupción. Ha muerto uno de los nuestros. Uno de los imprescindibles. Uno de cuantos seguirán viviendo en nuestras historias. Las que seguiremos contando cualquier noche, sobre todo las del duro invierno.

Francisco Javier López Martín