ARTEfacto en el vecindario

diciembre 3, 2018

De un tiempo a esta parte se ha desencadenado un intenso debate vecinal, en algunos barrios de Madrid, en torno al desarrollo de unos proyectos que se denominan ARTEfactos. Parece ser que el Ayuntamiento de Madrid ha contratado a una empresa para diseñar una serie de edificios que incorporen viviendas sociales para colectivos desfavorecidos, espacios comunes para quienes vivan allí y usos dotacionales para el barrio. Los barrios elegidos parece que son Carabanchel, San Blas, Valdebebas y, recientemente, se presentó uno de estos proyectos en Retiro.

La verdad es que me ha costado entender el concepto y desvanecer las reticencias que me suscita el riesgo de que la idea acabe por crear guetos. Hay quienes los denominan, despectivamente, comunas. He buceado en internet y he intentado aclararme a qué se refieren los autores del proyecto y qué nos proponen con los ya famosos ARTEfactos.

De entrada, parece que plantean una intervención urbanística que sintetiza arte y habitabilidad, edificios donde vivir que funcionen bien internamente y que se relacionen provechosamente con el entorno. El edificio como mucho más que una colmena de jaulas incomunicadas hacia el interior y aisladas del espacio exterior. La idea, en principio, no parece mala.

En realidad, creo que esta forma de entender el urbanismo debería impregnar cualquier proyecto de desarrollo de la ciudad. Nos evitaría muchos problemas de barrios invivibles, como muchos de los que se están desarrollando en las grandes ciudades. Una suma inmensa de individualidades aisladas, mal comunicadas, con deficientes transportes públicos, en entornos feos, artificiosos, sin los servicios mínimos necesarios y dependientes de un gran centro comercial en las inmediaciones.

Dicho esto, creo que el arte de la política consiste en combinar el egoísmo de cada uno de nosotros, que buscamos lo mejor para nosotros y para los nuestros, con la necesidad de colaborar, cooperar, ser solidarios, si queremos conseguir una convivencia en libertad, con niveles aceptables de seguridad y servicios públicos de atención de nuestras necesidades sociales, educativas, sanitarias, de desplazamiento, en un medio saludable.

No es fácil, porque ambos extremos no siempre están equilibrados, ni los intereses de mi egoísmo coinciden con los del tuyo. Informar, formar, debatir, vencer resistencias a los cambios, negociar, buscar equilibrios entre intereses muy diversos y concepciones muy plurales, es la misión de cualquiera que quiera liderar y gobernar las comunidades.

Pensar nuestros desarrollos urbanísticos en términos de desarrollo de ARTEfactos, creo que merece la pena si queremos conseguir espacios urbanos más habitables, más respetuosos con el medio ambiente, que promuevan la convivencia, la cooperación, la solidaridad.

Ni quienes se oponen a los ARTEfactos son fascistas, como he visto definirlos a alguno en las redes sociales, ni los impulsores y defensores del proyecto son perroflautas podemitas y carmenitas, como veo que afirman quienes se sitúan enfrente. Tal vez hemos comenzado mal. Como improvisando sobre la marcha. Sin información adecuada, ni suficiente. A veces no se han calculado bien ni los usos dotacionales que el Plan General de Ordenación Urbana otorgaba a los suelos sobre los que se querían construir viviendas sociales.

Tal vez hemos comenzado la casa por el tejado, en lugar de poner los cimientos para nuevos modelos de convivencia. Puede que haya que abrir las puertas a una participación real de la vecindad en la definición de los nuevos barrios y en la remodelación de aquellos otros que se han ido degradando, las dotaciones y equipamientos que quiere tener, cómo queremos vivir y convivir. Tal vez merece la pena que abandonemos los tópicos y lo intentemos. Eso sí que es hacer las cosas con arte.

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Inicio de un curso electoral apasionante

septiembre 13, 2018

Todo pasa y todo queda. Retornan las estaciones ordenadamente. No pasan ellas, pasamos nosotros. Llega el turno del otoño, que se anuncia ya con días de nubes, lluvias y cambios de temperaturas. Vuelven los niños y niñas a los colegios. Algunos de ellos en obras, por la imprevisión, o el incumplimiento de los plazos de finalización. Muchos, demasiados, con insuficiencia de profesorado, porque los recortes siguen ahí, aunque la cercanía de las elecciones hará que se levante un poco la mano.

Prueba de esa cercanía, es que el socavón, del que hablaba en mi anterior artículo, merecedor del premio Superbache 2018, concedido por los vecinos de Tetuán, Valdeacederas, Cuatro Caminos, ha sido inmediatamente tapado, lo cual no impide que los baches perdedores del concurso sigan siendo protagonistas del paisaje urbano de esos barrios.

Elecciones, municipales y autonómicas, que van a redefinir el panorama político español y en el que los partidos de la vieja política recauchutada y la nueva política marchita, se juegan mucho. Me gustaría que esa confrontación se jugase no sólo en el campo de las declaraciones propagandísticas rimbombantes, las cabeceras electorales de diseño y las propuestas publicitarias más fashion, sino dejando tiempo y espacio para el debate sobre las ciudades en las que queremos vivir y las Comunidades que necesitamos construir.

En eso consiste, a fin de cuentas, hacer política. Definir qué queremos y explicar cómo lo vamos a conseguir. Al final toda política se resume, no en el debate sobre el estado de la Región, o de la ciudad en su caso, sino en el debate presupuestario. Qué van a hacer nuestros políticos y políticas con los dineros que dejamos en sus manos. Cuáles son sus prioridades inversoras y qué cosas dejarán aparcadas para mejor momento.

Pongamos un ejemplo. Aprovechar el verano para impulsar el desarrollo de operaciones en el Norte de Madrid, como el Paseo de la Dirección, o la Operación Chamartín (ahora rebautizada como Nuevo Norte, o Puerta Norte, o algo así), moviendo miles de millones de euros, indica por dónde van las prioridades presupuestarias.

No es extraño que el malestar cunda en distritos como el de Usera, o Arganzuela, que ven pocos avances en la calidad de los servicios públicos que el ayuntamiento les presta y temen el deterioro de la convivencia y la seguridad en los mismos. Claro que la oposición aprovechará el malestar y que el gobierno defenderá que son cosas de  cuatro “remeros” manipulados, pero cuando el río suena, agua lleva.

Las campañas electorales son cada vez más largas. Lo importante parece ser quién será candidata o candidato, aquí o allá. Sin embargo, me gustaría que la temporada de otoño y primavera, no se perdiera en cruces de acusaciones, sino en confrontación democrática de propuestas y prioridades. Que nos cuenten y nos convenzan de que sus inversiones, en el caso de que lleguen al gobierno, serán mejores y más necesarias que las de los partidos vecinos.

Ya sé que es mucho pedir para el nivel de elaboración que demuestran buena parte de nuestros representantes políticos. Ya sé que la política es cada vez más apasionada y menos apasionante. Pero, de nuevo, por pedir que no quede.


PP, giro a la derecha

agosto 14, 2018

Se veía venir. La política, no sólo la española, se está decantando hacia el patrioterismo fácil. Se buscan líderes con imagen juvenil, con ideas aparentemente claras, aunque tremendamente simplonas, que calen en el imaginario sentimental de las masas.

Líderes que nos hagan identificarnos orgullosamente con unos cuantos mantras exitosos, no tanto por su racionalidad, sino por ser incansablemente repetidos y porque parecen encarnar la solución a todos nuestros problemas. Desde la aparente coherencia, se trata de delimitar claramente nuestro espacio, confrontado con el de los otros.

Hay que ser atrevidos, osados. Hay que ofrecer un proyecto que rechace el enquistamiento, la solemnidad y el poder que se le supone a los aparatos. Ofrecer una cierta imagen antisistema, unas veces por la izquierda y en otros casos por la derecha. Aunque ese carácter antisistema consista en recuperar lo tradicional y hasta lo rancio. Quien aparece vinculado más directamente a la estructura de poder en el partido lleva todas las de perder.

El triunfo de Trump en Estados Unidos ha sido uno de los más claros episodios de esta nueva forma de entender la política, pero no ha sido el único, en la política internacional, ni en la nacional. Digamos que las formas de entender la política han cambiado y comenzamos a notar los efectos.

El último ejemplo, el de las primarias aderezadas en el PP para elegir al nuevo Presidente del partido, tras la dimisión de Rajoy. Con el triunfo de Pablo Casado, todos los líderes con posibilidades de gobernar España son chicos, aunque eso sí, han rejuvenecido notablemente el panel político español.

Casado representa, a la perfección, todos los vicios privados y las públicas virtudes de la nueva política. Es joven, ciertamente, pero muy viejo ya en el aparato del PP, donde ha rellenado todo su currículum público y privado. Ha hecho carrera con Aguirre, Aznar y Rajoy. No se le conoce contrato de trabajo en la empresa privada, ni en el sector público. Toda su carreta tiene que ver con el aparato del partido. Si algo hizo en el sector privado es, como mucho, representar a su padrino Aznar en sus labores de comisionista de Abengoa ante el régimen libio del dictador Gadafi.

Ha comenzado su andadura, tras ganar el Congreso, desgranado unas cuantas ideas que no no sé si darán votos, pero que levantan pasiones en el interno del partido. Una de ellas, la defensa de la unidad nacional, conectando, para ello, con la España de los balcones y las banderas.

La idea es simple, pero eficaz, aunque prefiero la España de la ropa tendida, aireada, bien lavada, que la de la corrupción envuelta en banderías, sean pujolistas, o de los nacionales. Pero no, mejor ilegalizar a los partidos independentistas y punto. Simplista, probablemente inconstitucional, pero no importa, si levanta aplausos.

Otra de sus grandes ideas consiste en defender la vida sin complejos. Combatir la ley del aborto, e impedir la ley de la eutanasia. Es decir, la defensa de la vida de los no nacidos y de los que se enfrentan al momento de la muerte afligidos por una enfermedad irreparable. Lo que queda en mitad de estos dos momentos, lo que constituye el núcleo duro de la vida en sí, ya importa menos y hay pocas, casi nulas, referencias a la igualdad educativa, al trabajo decente, a la sanidad universal y pública, a servicios sociales dinámicos y eficaces, a las pensiones de nuestros mayores, o la atención a la dependencia.

Uno de los valores más aireados por la derecha conservadora es el de la libertad. Pero, de nuevo, ésta parece consistir en la libre elección de colegio privado y pagado con fondos públicos, para sus hijos. De nuevo, el olvido de quienes carecen de los recursos necesarios para elegir, o de quienes, siendo de derechas o izquierdas, eligen un centro público.

Porque son los centros públicos los que han padecido el brutal recorte de medios humanos y materiales durante la crisis, aún siendo los garantes de la igualdad de oportunidades. En las pasadas pruebas de EVAU, para acceder a la universidad, estos centros públicos han barrido, obteniendo los mejores resultados.

Si a esta limitada, pacata y restringida defensa de la vida y de la libertad, le añadimos la firme crítica a la “ideología de género”, en un intento de desprestigiar el feminismo, podemos hacernos una idea de la dimensión del retroceso del centrismo en el PP y su decantación hacia el tradicionalismo más conservador, más propio de los años cincuenta del siglo pasado que de una derecha que mire hacia un futuro que permita construir sociedades para mujeres y hombres libres e iguales.

Escuché a Casado las mismas ideas hace ya diez años, cuando intervenía como responsable madrileño de las Nuevas Generaciones en un Congreso Regional del PP. Zapatero les había arrebatado el poder hacía cuatro años y sus cantos guerreros de juventud sonaban aún más impetuosos. Era los años en los que cursaba el grado de Administración y Dirección de Empresas y el mismo máster de Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos.

Aunque con mayor acumulación de títulos, parece que ha evolucionado poco en sus ideas desde entonces. Espero que sus declaraciones de hoy tengan tan sólo un componente de escenificación de cara a la galería interna, porque es bien sabido que todo lo que no evoluciona degenera y la degeneración en política puede tener efectos desastrosos sobre los países que se ven sometidos a ella. Pronto lo podremos comprobar.


Morir a las puertas

julio 18, 2018

Son poco más de las ocho de la mañana. Subo al Instituto. Una ambulancia, un coche de policía municipal y dos de policía nacional, se encuentran estacionados frente a una sucursal bancaria. Un bulto tapado con una manta de un verde desvaído se ve tan sólo a medias.

A la vuelta, pocos minutos después, ya sólo queda una patrulla de policía. En la puerta de un bar unos parroquianos comentan que no abrirá la sucursal hasta que el juez haya levantado el cadáver. Al parecer, la mujer que venía cada mañana a hacer la limpieza encontró al indigente, intentó despertarle, pero su sueño ya era el interminable sueño de la muerte.

Más tarde busco la noticia en algún medio de comunicación. No hay nada. Pregunto en internet sobre las muertes de indigentes y aparece un estudio según el cual cada cinco días muere un indigente en la calle. Otras entradas dan cuenta de que habría 25.000 indigentes viviendo en las calles de España, unos 2.500 en las calles de Madrid.

No llegan al cero coma uno por ciento de cuantos vivimos en Madrid, pero vemos a esas personas cada día en nuestro deambular callejero. Nos piden unos céntimos a la puerta de un bar, de un supermercado, de una boca de metro, a la salida de una panadería.

No importa mucho si la cifra es exacta, es exagerada, o se queda corta. No viene al caso, por el momento, si aquel hombre dormía allí porque había perdido su trabajo, su familia, sus recursos, o si había perdido su cabeza, su salud, su Norte, un camino, un hijo. Importa, hoy, que ha muerto una noche, no demasiado fría, por cierto, acompañado por un cajero automático.

Mucha gente muere cada día. No siempre en las mejores condiciones. La muerte siempre es inexplicable, incomprensible, injusta. Pero morir a las puertas del lugar donde se acumula el dinero de nuestros salarios, de nuestros ahorros, de los beneficios de un negocio, de las mordidas de un corrupto, de las acciones que alguien ha comprado o vendido. Morir así,  a las puertas del dinero, tiene algo que sobrecoge.

Decididamente, algo falla. Ahora es el momento en el que cada cual comenzamos a señalar para otro lado. Los servicios sociales, el Ayuntamiento, el gobierno, la derecha, la izquierda, la sanidad, la educación, los partidos, los sindicatos, los corruptos, los ricos, los banqueros.

Algo de ello habrá, sin duda, pero no dejo de pensar que no conozco nada de ese hombre, al que seguro he visto algunas veces por el barrio. No dejo de preguntarme en qué momento di por buena la protesta de Caín y me conformé con responderme, Yo no soy el guardián de mi hermano. En qué momento dejé de creer que la unidad de los nadies podía vencer el egoísmo del dinero y la soberbia del poder.


Las Universidades y la Formación para el Empleo

junio 3, 2018

Me invitaron recientemente a participar en una mesa redonda organizada en el marco del Congreso de la Red Universitaria de Estudios de Posgrado y Formación Permanente (RUEPEP), celebrado en la Universidad Complutense de Madrid. El tema propuesto era el de La Formación Profesional para el Empleo en las Universidades.

Para responder a esta pregunta, conviene partir de la constatación de que el denominado subsistema de Formación Profesional para el Empleo (FPE), dependiente del Ministerio de Empleo, fue diseñado hace ya más de 25 años, al margen y de espaldas al sistema de Formación Profesional (ya sean centros de FP, de adultos, o universitarios), dependiente de la Administración Educativa. Por eso las Universidades y Centros de FP son hoy absolutamente marginales como proveedores de formación para el empleo.

Y la respuesta a la pregunta pasa por corregir ese problema de partida, de forma que las cualificaciones, las titulaciones, los estudios, los centros de formación de uno y otro ámbito, sean equiparables, actúen conjuntamente y trabajen a favor del objetivo común y único de proteger el derecho a la educación a lo largo de toda la vida y atender las necesidades formativas reales de las empresas.

Se me ocurre, por tanto, que las universidades públicas aglutinadas en RUEPEP, que han abierto esta interesante reflexión, podrían y deberían tener un papel importante en la detección de esas necesidades formativas existentes en el mundo empresarial y laboral.

Creo, también, que podrían ser fundamentales para analizar y estudiar las fortalezas y debilidades del sistema de Formación Profesional para el Empleo, proponiendo las correcciones y soluciones necesarias para su mejora y adaptación a las nuevas realidades económicas y productivas.

Entiendo que podrían jugar un papel importante para contribuir a la mejor gestión y administración del sistema. Deberían participar en el diseño de nuevas cualificaciones. Podrían recibir el encargo de evaluar la calidad de las acciones formativas y del propio sistema.

Las universidades están en condiciones de actuar en materia de reconocimiento de la experiencia laboral, a efectos de adquirir una cualificación profesional, o para el acceso a otro tipo de programas formativos de nivel medio o superior. Considero también que podrían ser colaboradoras muy valiosas de las administraciones para el reconocimiento e inscripción de nuevos centros formativos, con criterios claros y transparentes, de cualificación y calidad.

Las Universidades son Administración Pública y, de acuerdo a la incumplida ley de Formación para el empleo, deberían poder actuar de forma directa en la impartición de especialidades formativas necesarias para la formación de los trabajadores y trabajadoras, en las empresas, en el territorio y en los diferentes sectores de la producción y los servicios.

Sin ánimo de ser exhaustivo, creo que las universidades deberían tener un papel esencial en la formación de las personas que asuman responsabilidades en la formación para el empleo, ya sea en su diseño, gestión y administración, como en la impartición de determinadas especialidades formativas.

Esos profesionales existen, pero no son muchos, ni tienen la conciencia de formar parte de un sistema formativo del que se sientan mancomunadamente responsables. Esa tarea de formación de formadores y  de las administraciones,  empresariales, o sindicales, en Formación para el empleo, debería ser una tarea encomendada a nuestras universidades.

Perdemos demasiado tiempo anunciando nuevas apuestas como la formación dual, sin que nadie sepa explicar de forma coherente qué cosa sea la famosa formación dual. Perdemos demasiado tiempo compitiendo entre administraciones educativas y de empleo y entre éstas y las administraciones autonómicas, para ver quien se lleva los recursos y qué chiringuitos clientelares crean con ellos. Se nos va el día en intentar tener un peso esencial en un sistema cada vez más cuestionado, e incontestablemente cuestionable.

Mientras tanto, desaprovechamos un potencial como el que tienen las universidades, para mejorar el sistema, hacer frente a las debilidades y corregir los problemas. Es muy habitual en este solar patrio. Pero el que sea lo de siempre, lo habitual, no significa que sea lo bueno, lo mejor, ni tan siquiera lo deseablemente posible.


Profesionales

mayo 9, 2018

Entro en los hospitales, las escuelas, los centros de servicios sociales. Me indigna el deterioro que compruebo a mi alrededor. No son sólo las manos necesarias de pintura que faltan en sus paredes. Es, sobre todo, la masificación que amenaza a cada instante con colapsar en funcionamiento de los servicios que allí se prestan. La imposibilidad de trabajar planificando la oferta y atendiendo las nuevas demandas. La sensación de que la urgencia marca el frenético ritmo de la actividad.

Se deposita en los centros educativos la responsabilidad de formar a futuras generaciones. El cuidado de nuestra salud en los centros sanitarios. Nuestro bienestar personal en los centros de servicios sociales. Y, sin embargo, permitimos que los profesionales sobre los que descansan los bienes más preciados de nuestra existencia, se vean abandonados a su suerte. Consentimos que muchos de esos servicios esenciales para la calidad de nuestras vidas sean gestionados por empresas privadas, cuyo objetivo prioritario no es nuestro bienestar, sino su beneficio económico.

Los formamos durante años y financiamos sus especialidades universitarias en docencia, sanidad, trabajo social. Veo como se esfuerzan por demostrar su profesionalidad cada día. Cómo asisten a cursos de especialización. Cómo tensan sus nervios para no perder  la paciencia y mantener intacta su vocación. Claro que hay quienes han caído en la desidia y en una suerte de muda desesperación. Y claro que hay quienes están ahí porque tiene que haber de todo. Pero eso ocurre en todas las profesiones, sin que por ello nadie convierta la excepción en un estado general de las cosas.

He dedicado muchos años al sindicalismo y he tenido que escuchar, no pocas veces, ese tipo de opiniones que descarga en los sindicatos toda la responsabilidad de los males que sacuden la vida de los trabajadores, muy por encima de  las responsabilidades de los empresarios, o de los gobiernos que legislan sobre los derechos laborales. También he tenido que enfrentarme a esas interpretaciones que convierten al extranjero en el causante de nuestras altas tasas de paro. Las versiones simplonas, pero claras y  entendibles, siempre suelen terminar por imponerse sobre razonamientos coherentes, pero complejos.

Entiendo que, quienes vemos denegado el acceso a un derecho, tenemos enfrente a un empleado público al que le pedimos explicaciones indignadas sobre las causas por las que se nos excluye de unos servicios o prestaciones, a los que considerábamos deberíamos poder acceder. Y, sin embargo, ese empleado público, no es el responsable de lo que consideramos desmanes inadmisibles. No basta con dar cuatro voces en una “ventanilla”, para que nuestros problemas se solucionen.

Compruebo, en muchas ocasiones, cómo esos trabajadores y trabajadoras, conscientes de las lamentables situaciones a las que nos vemos abocados, en no pocas ocasiones, nos animan a presentar reclamaciones, denuncias, quejas. Y compruebo también, en otras muchas ocasiones,  que estas acciones nunca son emprendidas por quienes alzan la voz ante un funcionario pero no dejan constancia escrita, ante ninguna instancia responsable de la buena gestión de los servicios.

Creo que contamos con magníficos profesionales y que merece la pena convertirlos en nuestros aliados en la defensa de derechos tan nuestros y esenciales, como el de la educación,  la sanidad y los servicios sociales. Hemos invertido mucho para formarlos y su trabajo como servidores públicos, es la llave que nos permite vivir como  mujeres y hombres libres e iguales a lo largo de toda nuestra vida.

Su buen trabajo son nuestros derechos.


Derecho a la dependencia

mayo 9, 2018

Corría el año 2006 y el gobierno de Zapatero conseguía aprobar en el Congreso (pese a las reticencias vergonzantes del PP) la que conocemos como Ley de Dependencia que, en realidad, se llamaba de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. No era una ley de tantas. Venía a cubrir una de las grandes carencias de nuestro sistema de servicios sociales con respecto a los países avanzados de la Unión Europea.

El propio nombre de la ley es toda una declaración de intenciones. Nacemos completamente dependientes y, a lo largo de toda nuestra existencia, vamos consiguiendo ganarnos la vida por nosotros mismos y la capacidad de gobernar nuestras propias decisiones. Pero esto no ocurre así siempre, ni en todos los momentos de nuestras andadura personal. Desgraciadamente la suficiencia económica y la autonomía personal, son derechos nominales, que están lejos de ser aplicados con carácter universal.

La protección por desempleo debería cumplir la misión de asegurar recursos a cuantas personas han perdido su puesto de trabajo. Un sistema de rentas mínimas, debería permitir que quienes carecen de recursos, pudieran obtener unos ingresos mínimos garantizados. Un sistema de pensiones públicas debería asegurar la suficiencia económica para quienes han culminado una vida laboral y abren las puertas a una nueva etapa de su vida, eso que se conoce hoy como la tercera edad y, antes, llamábamos la vejez.

Sin embargo, las carencias y recortes en las prestaciones por desempleo, con la justificación de la crisis económica, ha hecho que muchas personas desempleadas se hayan visto privadas de recursos para atender a sus necesidades y las de sus familias. Las rentas mínimas viven en la dispersión, con leyes autonómicas variadas y variopintas, pero sin el paraguas de una reglamentación estatal que armonice y establezca unos mínimos para toda la ciudadanía española.

Las pensiones públicas, aún con su carácter estatal, sufren el acoso de quienes pretenden deteriorarlas de tal manera que se justifique la entrada de la iniciativa privada en el reparto de los cuantiosos recursos que las empresas y los trabajadores depositan en la caja única de la Seguridad Social. Tan sólo las movilizaciones de pensionistas a lo largo y ancho de la geografía española, parece que pueden contribuir a cambiar algo en la lógica aplicada por el PP hasta este momento.

En cuanto a la Atención a las situaciones de dependencia, los análisis y valoraciones realizados con motivo del cumplimiento de sus diez primeros años de su aplicación, dejan bastante claro que fue una ley que nació sin financiación garantizada, lo cual ha permitido que los gobiernos del  PP hayan reducido sustancialmente los recursos anuales para las personas dependientes.

De otra parte se ha obligado al sistema de servicios sociales a centrar el grueso de su esfuerzo en la gestión administrativa de la dependencia, impidiendo un desarrollo integral de sus funciones y obstaculizando la superación del papel asistencial, que les venía asignado desde los negros tiempos del franquismo.

Otra de las carencias esenciales, me parece que tiene que ver con la inexistencia de una real articulación de lo social con lo sanitario. Pongamos un ejemplo, si una persona dependiente tiene que ser ingresada en un hospital, no existen cauces establecidos para intercomunicar la atención hospitalaria y poshospitalarial, con la teleasistencia, la ayuda a domicilio, o los propios servicios sociales. La coordinación de la atención sanitaria con la social, brilla por su ausencia.

La participación social y la evaluación son otras dos carencias a las que los análisis de la  ley hacen referencia. Son dos carencias generalizadas en la políticas públicas españolas, que también aparecen en este caso. El despotismo de los gobiernos de turno, que se sienten legitimados por la exclusiva fuerza de los votos que obtiene cada cuatro años, para hacer y deshacer a su antojo y las prácticas de inaugurar, reinaugurar y volver a colocar ceremiosamente cada piedra, sin pararse a medir nunca la eficacia, la eficiencia, o el grado de satisfacción de las personas, forman parte del panorama de la política española, sin que nadie se pare nunca a evaluar.

Los tiempos están cambiando. La crisis parece que ha cedido el paso a una lenta, desigual e inestable recuperación. Los recortes deben ceder su protagonismo a la inversión. Las personas reclaman su protagonismo y políticas que atiendan sus necesidades. Los males de la dependencia, deben encontrar remedio cuanto antes. Porque si grave es la racanería del gobierno con las pensiones, aún más grave es el abandono mezquino al que se somete a las personas dependientes, que han conseguido un nuevo derecho por ley, pero se ven obligadas a demostrar continuamente que son merecedoras de ese derecho.

Los derechos se reivindican  y un día se conquistan, no son regalos, ni se suplen con beneficencia. La dependencia es un derecho y no una concesión graciable que hay que mendigar. Es la dignidad de las personas lo que está en juego.