Tarifazos

Llevamos un mesecito en el que día sí, día también, alguien anuncia que vamos a pagar máximos históricos por el precio de la luz. Me llaman desde TeleSur en Ecuador, para pedirme opinión sobre estas noticias que siembran alarma y confusión también más allá del océano. Les dirijo hacia quien puede darles una opinión más cualificada que la mía. Doctores tiene la iglesia que puedan explicar qué está pasando en esta España con los precios de la luz.

Unas veces nos explican que la justificación se encuentra en los costes que tiene para las eléctricas la emisión de CO2 en las centrales térmicas. Otras veces la culpa la tiene la subida de los precios  del gas, el petróleo, o el carbón. Hasta alguien acusa al agua de contribuir a la subida de los precios de la electricidad, en función de una cosa que llaman “coste de oportunidad”. Y eso que, este año, no ha sido particularmente seco.

En este país las eléctricas se apañan para justificar subidas de los precios de la energía, hasta recurriendo a la mala gestión de las energías renovables, que termina por encarecer los costes finales. He leído a  quien pretende demostrar que, cuanta menos inversión en renovables, menos coste final de la electricidad.

Para terminar de arreglarlo, hay que sumar el impuesto del 7 por ciento sobre la producción de energía, que acabamos pagando los consumidores, o los sobrecostes artificiales que introduce el sistema de fijación de precios, según el cual pagamos toda la electricidad al importe más alto que se haya pagado ese día. Las eléctricas nunca pierden. El Estado tampoco.

No es extraño que España, sin tener el mayor PIB de Europa, ni los salarios más altos, encabece los precios de la electricidad en la UE. Si tomamos en cuenta los impuestos, nuestro país se sitúa tan sólo por detrás de Dinamarca, Alemania, Bélgica, o Irlanda. Sin embargo, antes de impuestos, nuestro país se encarama a la primera posición.

Si no se quieren tocar los ingresos del Estado vía impuestos, ni se quiere racionalizar el sistema de fijación de precios, perjudicando los ingresos de las grandes y todopoderosas eléctricas, sólo cabe incrementar la publicidad y la propaganda. A ello se han lanzado con una campaña de difusión del bono social eléctrico. Un bono que podría haber beneficiado a 5´5 millones de familias, pero que sólo ha sido solicitado por algo más de 600.000 y que han terminado disfrutando poco más de 300.000. Incluso muchas personas que venían disfrutando del anterior formato de bono social, se han perdido por el camino, al exigirles un engorroso mecanismo de renovación.

He visto que en muchos debates se acusa a la falta de información de la escasa incidencia de esta medida. Dudo que el problema resida ahí. Me temo que muchas de esas familias que podrían acogerse a las categorías de consumidor vulnerable, vulnerable severo, o en riesgo de exclusión social, desisten ante la necesidad de tener que demostrar, mediante cuantioso papeleo y no pocas esperas, que pertenecen a una de esas castas sociales marginales en las que pretenden encasillarlos. Me indigna ver a tantas personas mayores en esta carrera de obstáculos.

El Estado dispone de toda la información necesaria para renovar un bono social para adaptarlo a los nuevos requisitos, o para detectar a posibles nuevos beneficiarios. Todos los datos sobre las unidades familiares, empadronamientos, rentas, pagos de impuestos, pensiones y hasta estados de salud, niveles educativos y prestaciones sociales, están en su poder y es bien sabido que la Administración no tiene que pedir al administrado nada que ya obre en su poder. Eso, además de que terminan siendo las eléctricas las que gestionan datos privados de sus clientes, que nada tienen que ver con el servicio.

Hay, seguro, otras maneras de hacerlo, de informar, asesorar, facilitar, ayudar. Lo que es seguro es que tanta humillación no es necesaria, De verdad.

Almas rebeldes, alzadas del suelo

La Comisión de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal ha organizado un curso sobre el presente de la juventud en nuestro país y me invitan a participar en una mesa redonda para debatir si otra política económica es posible para los jóvenes. No sé si ser optimista, o pesimista, a la vista de la inoperancia manifiesta y las malas prácticas económicas de nuestra clases política y empresarial, cada vez menos diferenciadas y más intercambiables.

En una larga marcha de casi cuarenta años, el neoliberalismo y la crisis han conseguido que el miedo impere en el planeta, adueñándose de los pueblos, conduciéndonos a la desesperanza y la aceptación de un pensamiento único que impone la consumación de la historia y el final de cualquier posibilidad de cambio, o alternativa. Ya no hay, según estos personajes, otros mundos posibles. El único mundo que podemos concebir y permitirnos es el del mercado y sus libres mercaderes. Esa es la realidad y hay que ser realistas, parecen decirnos.

Georges Bernanos ya nos alertaba hace décadas, en ese hermoso libro titulado Los grandes cementerios bajo la luna, en el que da buena cuenta de la represión brutal del franquismo desde los primeros momentos de la Guerra Civil española, Me ha parecido siempre que el optimismo es la coartada astuta de los egoístas, preocupados por disimular su crónica satisfacción sobre ellos mismos. Son optimistas para librarse de tener miedo de los hombres, de sus desgracias.

No seamos, así pues, optimistas autocomplacientes. Lo cual no nos impide ser rebeldes, a la manera que nos enseñó Albert Camus, De los resistentes es la última palabra. Cumplimos cincuenta años de aquel Mayo del 68, que se vivió no sólo en París, sino en muchos otros lugares de Europa y del planeta (no olvidemos Estados Unidos, o la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco). La frase de Herbert Marcuse, Seamos realistas, pidamos lo imposible, marcó el camino de la necesaria rebeldía frente a la imposición, cuando no desatada violencia, del poder.

No olvidemos tampoco que los tanques del Pacto de Varsovia aplastaban, hace también medio siglo, la Primavera de Praga. Aquel golpe brutal no acabó con las ansias de libertad, sino que destrozó definitivamente la credibilidad de la Unión Soviética y preparó la caída de los muros y los regímenes del Este. El mismo año 68 en el que Luther King caía abatido en Menphis. Murió el hombre, pero el Movimiento de los Derechos Civiles siguió adelante.

Fue Nelson Mandela, del que conmemoramos los 100 años de su nacimiento, quien nos animó también a tomar buena nota de que, Siempre parece imposible hasta que se hace. Y él lo demostró en Sudáfrica, pese a arrastrar 27 años de cárcel a sus espaldas.

Con todo, el más duro, frente al falso optimismo y el realismo impuesto, vuelve a ser Georges Bernanos, Le realisme c´est la bonne conscience des salauds. Traducido viene a significar que, El realismo es la buena conciencia de los bastardos. Un término, les salauds, que también he visto traducir a alguien como, los hijos de puta.

Más allá del realismo, del optimismo, o del pesimismo, creo que todas y todos tenemos una obligación en estos momentos. Tomar conciencia, como lo hizo Antonio Gramsci, que falleció tras más de diez años de persecución y cárcel, bajo el régimen fascista de Benito Mussolini, El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en este claroscuro surgen los monstruos. Frente al dominio todopoderoso e implacable de esos monstruos, no nos queda otra posibilidad que mantener la rebeldía, porque, cada alma que se alza, eleva al mundo.

Dejo, a quien lea este artículo, la elección de quién haya pronunciado por primera vez esta frase, que he visto atribuida al ya citado Bernanos, a Gandhi, a Élisabeth Leseur y a François de Rochefoucauld. A fin de cuentas, sea cual sea tu elección, habrá merecido la pena.

Algunas reflexiones sobre los jóvenes

La Comisión de Pastoral Social, dependiente de la Conferencia Episcopal Española, organiza un curso anual sobre Doctrina Social de la Iglesia. Este año el curso tiene un título sugerente, Los jóvenes, presente de la sociedad y de la Iglesia. Me han invitado a participar en una de las mesas redondas para reflexionar sobre una pregunta, ¿Hay otra política económica para los jóvenes?

Lo primero que se me ocurre es que sólo habrá otra política económica para los jóvenes, si es posible otra política económica para el conjunto de la población. Pero este pensamiento choca frontalmente con la concepción generalizada de que éste mundo es inmutable. Salvaje, injusto, desigual, competitivo, cruel, siniestro.

Para quienes defienden esta forma de ver el mundo (y no son pocos), las cosas son así, aunque no lo queramos y sólo es posible pactar algunos espacios de libertad condicional, bajo permanente vigilancia de ese Gran Hermano que comenzó a fraguarse en torno al 1984. Son ya muchas las personas y las instituciones que han aceptado esta lógica.

Y, sin embargo, sigo creyendo que no todo está perdido, siempre que hagamos bandera de la lucha contra la precariedad. Una precariedad que es mucho más que la temporalidad en el empleo, porque ambiciona ocupar cada espacio de nuestras vidas, desde la educación, a la salud, la vivienda, la vejez y hasta las creencias religiosas. La precariedad es un nuevo dios autista, omnipotente, omnipresente y ensimismado, incapaz de reconocernos mínimos espacios de libertad.

Yendo al asunto, un buen comienzo para afrontar una política económica que sirva a nuestros jóvenes consistiría en fortalecer el sistema educativo para acabar con el Abandono Educativo Temprano (AET), que se sitúa en España por encima del 18%, mientras que en Europa la media se encuentra levemente por encima del 10%. En el año 2020, la Unión Europea ha fijado el objetivo de que los países miembros no superen el 10%.

Hasta ahora el Gobierno del PP había venido aireando que, en 2008, justo antes del comienzo de la crisis, nuestras tasas de abandono escolar temprano estaban por encima del 31 por ciento, para justificar, a continuación, que hemos mejorado mucho. Aún así, el anterior Ministro de Educación, avanzaba que llegaríamos al final de la década con un 15% de abandono educativo temprano, lo cual me parece hasta optimista.

Durante los años de bonanza anteriores a la crisis, muchos jóvenes preferían trabajar a seguir estudiando. Cuando la crisis se quedó a vivir entre nosotros, nuestros jóvenes, atenazados por el paro, se han refugiado en mejorar su formación, aunque desde el gobierno, a base de recortes educativos, se haya hecho más bien poco para corregir las tasas de AET. Pero si el empleo se recupera, puede que la tasa de AET se estanque y hasta que vuelva a crecer.

Otra cosa que podemos hacer es promover y prestigiar nuestra Formación Profesional (FP). España mantiene, de forma irresponsable, unos niveles educativos polarizados. De una parte, más del 40% de la población no supera la pura y dura formación obligatoria (la Enseñanza Secundaria Obligatoria). En el otro extremo, casi el 36 por ciento de la población tiene formación universitaria, o de Ciclo Superior. El resto se mueve en el nivel de Bachillerato y Ciclos de FP. El hecho es que tan sólo el 12% del alumnado se matricula en FP.

No es extraño que casi el 70% de los jóvenes que tienen un empleo se sientan sobrecualificados y ocupando puestos de trabajo que se encuentran muy por debajo de su nivel formativo, mientras que los empresarios se quejan de que el 44% de los puestos de trabajo no se cubren porque no encuentran personas con la cualificación necesaria. Algo no cuadra.

La cifra de los empresarios parece exagerada y seguro que lo es. A fin de cuentas vienen demostrando que quieren lo mejor, al menor coste posible y con el máximo de beneficio rápido y seguro. Pero es cierto que una Formación Profesional infrautilizada, cuyo prestigio social no alcanza en las encuestas el aprobado, no puede contribuir a ajustar las necesidades productivas con la cualificación.

Prestigiar la FP es esencial. Pero para ello hay que acabar con la bicefalia que conlleva la doble responsabilidad de los Ministerios de Educación y Empleo sobre la Formación Profesional. Hasta eso que se ha dado en llamar FP Dual, lo es, tan sólo, por la doble manera de entender  qué cosa significa la famosa palabra.

Hay que flexibilizar la FP, estableciendo módulos formativos, itinerarios flexibles y adaptados, mejorando la transición hacia la universidad, facilitando el reconocimiento académico de la experiencia profesional adquirida. Son cosas que otros países ensayan con éxito y que en España no pasan del nivel de la formulación teórica y los buenos deseos.

Pero ya desde el nivel de la Formación, hay que combatir la precariedad y en eso aportamos pocas buenas prácticas. Los contratos de formación se han convertido en fraude generalizado con mal empleo y nula formación. Los becario padecen la inseguridad y las bajas remuneraciones y forman parte del paisaje cotidiano del tipo de profesionales que utilizan grandes empresas, instituciones y administraciones. Abundan los anuncios en los que se ofrece trabajar gratis, con tal de engordar un poquito el currículum.

Sin embargo, nadie se ha tomado en serio poner en marcha un Estatuto del Aprendizaje que regule las condiciones de trabajo y formación que deben de aplicarse en las empresas, por más que nos lo reclame la Unión Europea, como al resto de países miembros.

Claro que hay mucho que se puede hacer para impulsar otra política económica y de empleo para nuestra juventud, pero todo comienza con la formación. El proceso formativo no debería ser un reproductor de las miserias del mercado laboral, sino un momento de desarrollo personal que facilita un nuevo modelo empresarial y de empleo. Más estable, más seguro, con más derechos.

Formación de capital humano en la Formación Profesional

Cuando los políticos quieren diluir los siempre complejos y complicados asuntos humanos, tras una vaga cortina de sucedáneos nominalistas, hablan por ejemplo de la formación de capital humano. Evitan así tener que mirar a los ojos a nadie. Las personas, convertidas en capital son siempre más manejables. Dónde va a parar.

El problema es que son seres humanos los que intervienen en la mayoría de las actividades económicas, por más que los famosos algoritmos vayan permitiendo que sean las máquinas las que copien el pensamiento humano y tomen decisiones sobre cada vez más asuntos personales.

En materia de formación de los formadores y de manera especial de los formadores en la Formación Profesional, esto no es tan fácil. Necesitamos docentes, formadores, mujeres y hombres, se entiende, comprometidos y muy competentes, si queremos que la calidad, el prestigio y la adecuación de la formación a las personas y a la actividad productiva, sean cada vez mejores y la capacidad de respuesta a los cambios, cada vez mayor, más flexible y más rápida.

Por lo menos parece que es lo que pretende conseguir Europa en un periodo corto de tiempo, partiendo de una realidad dispersa, en la que hay países que lo ensayan casi todo para mejorar y otros que ni están ni se les espera. En general, cuando hablamos de Formación del Profesorado, tenemos que partir del hecho de que, en Formación Profesional, las funciones y hasta los lugares donde se forma son diversos.

Existen profesores de asignaturas de carácter general, otros que imparten asignaturas más teóricas pero específicas de la Formación Profesional, los que enseñan en talleres materias prácticas y, por último, aquellos formadores que orientan, o tutorizan y acompañan a los aprendices, o estudiantes, en sus procesos formativos en las empresas. No siempre existe regulación clara de la formación inicial que necesitan, los sistemas de acceso, titulación necesaria, periodos de aprendizaje y prácticas, adquisición de competencias pedagógicas para el ejercicio de la docencia, funciones, o formación permanente de cada uno de estos colectivos.

En nuestro caso ya sabemos que, pese a las reiteradas declaraciones de buenas intenciones sobre la necesidad de prestigiar la Formación Profesional para que cumpla el papel de dotar de profesionales a nuestras empresas y de fomentar una formación profesional “Dual”, es muy poco lo que hemos avanzado, por más que cada Comunidad Autónoma se haya apresurado a aprobar su propia normativa en materia de Formación Dual.

El descontrol es aún mayor cuando comprobamos que, en nuestro país, conviven dos subsistemas de formación profesional, dependientes de dos ministerios distintos (Educación y Empleo), en los que la regulación de la docencia son absolutamente distintas, hasta el punto de que un profesor en Formación Profesional para el Empleo, bien puede ocurrir que no pudiera ejercer en el ámbito de la Formación Profesional del Ministerio de Educación y viceversa. Baste comprobar las dificultades de los centros de formación profesional públicos (incluidas las Universidades) para realizar programas formativos en el ámbito dependiente del Ministerio de Empleo.

Imaginemos un panorama en el que conviven normativas sobre Formación Profesional Dual de cada Estado, más las de cada Comunidad Autónoma, cada una de su padre y de su madre, añadiendo los lugares donde no hay normativa específica, para hacernos una idea de las dificultades no sólo nacionales, sino internacionales, de poder equiparar procesos de formación y hacer viable el reconocimiento de la cualificación de cada trabajador y trabajadora en todo el territorio y facilitando su movilidad por toda Europa.

Parece claro, a estas alturas, que la FP merece una oportunidad en nuestro país. Me suena bien, aún sin conocer el proyecto, que el Gobierno haya presentado a las organizaciones empresariales y sindicales un borrador de Plan Estratégico de Formación Profesional. A la espera de que se haga público, deseo que este Plan parta de la necesidad de implicar a los empresarios y a los sindicatos, promoviendo la cooperación de las empresas, los trabajadores, las universidades, los centros de formación profesional, públicos y privados, los ayuntamientos, a las Comunidades Autónomas. Y, sobre todo, que sea capaz de implicar, ilusionar y prestigiar la docencia en la Formación Profesional.

En un mundo altamente competitivo, a veces no está bien visto cooperar, trabajar de buena fe, sumar esfuerzos, transferir e intercambiar conocimientos y buenas prácticas, salvo que se haga para derribar a un tercero. Y, sin embargo, es lo que hay, es lo que toca, es lo único que nos puede sacar del atolladero y el retraso que España mantiene en este campo. Somos un país cuya formación parece un valle en V, en el que una disminuida y desprestigiada Formación Profesional discurre al fondo del mismo, entre dos impresionantes moles de infracualificación y sobrecualificación que lo avasallan todo.

Estamos a tiempo de darle una oportunidad a la sensatez. Luego, si quieren, que lo llamen formación de capital humano.

Máster en Villaverde

Me llega a través de una red social, Hola Javier. No te acordarás de mí, pero mis padres se sacaron el graduado contigo hace un montón de años. Un abrazo. No, claro que no me acuerdo de él. En la foto de su perfil no parece que llegue a los cuarenta años y, a decir verdad, si sus padres se sacaron el graduado conmigo, eso debió de ocurrir hace más de 35 años. Tampoco el perfil incorpora apellidos, ni otra ubicación que un genérico, Madrid.

No puedo dejar ahí la cosa. Como no me sigue, me apresuro a seguirle yo y le envío un mensaje, también público, Pues un orgullo seguir a su hijo después de casi 40 años. Cómo se llamaban? Siguen bien? A lo cual el joven contesta, Jajajaa, sí. Son Rafa y Magdalena, de la librería Cumi. Doy nombres, aunque no es mi costumbre, porque la conversación es publicada y pública y no a través de mensaje privado. Espero que no se molesten por ello.

Ha saltado esa chispa eléctrica de conexiones neuronales que permite el recuerdo. Localizados. Villaverde Alto, finales de los años 70. Colegio San Roque de la Unidad Vecinal de Absorción. Renace la alegría de volver a un tiempo perdido en un paisaje conocido, que aún no ha desaparecido. Me apresuro a contestarle, Claro, alguna vez los he visto por el barrio. Pero no airees mucho lo de la obtención del graduado. No sea que alguien piense que era un máster de la Rey Juan Carlos y comience a investigarlo. Qué tiempos aquellos de estudios nocturnos gratuitos. Dales un abrazo muy fuerte!

A grandes trazos, la situación educativa durante la Transición dejaba mucho que desear. Eran muchas las mujeres y los hombres del barrio que trabajaban en las industrias y servicios, en la construcción, sin haber terminado la enseñanza “elemental”. Muchas madres y padres del colegio no habían conseguido el “graduado escolar” y lo necesitaban para encontrar un trabajo, mantener su empleo, o mejorar en el mismo. Había, además, pocos centros de educación de personas adultas.

En ese momento el Ministerio de Educación puso en marcha un programa extraordinario para cursar el graduado escolar, por las tardes, impartidos por profesorado de EGB, en horario extraescolar, para personas que carecieran del título. Los sindicatos pusimos el grito en el cielo, porque significaba aceptar realizar horas extraordinarias mal pagadas, sin crear nuevos puestos de trabajo.

La queja era lógica y el programa duró poco. Los Centros de Educación de Personas Adultas fueron creciendo y asumiendo el tremendo reto que tenía el país en la cualificación de su ciudadanía. Pero, en ese tiempo, en aquel Colegio San Roque de Villaverde, un buen número de madres y padres del Centro se sacaron el Graduado Escolar.

Venían cada tarde, aunque sus trabajos y sus obligaciones, a veces lo impedían. No existía el online, ni tan siquiera era un programa a distancia. Fuimos duros en la formación y flexibles con los exámenes. No regalamos nada. Les entregamos lo que era suyo. Lo que les reconocía una Constitución recién aprobada.

Rafa y Magdalena, entre ellos. Como buenos soñadores montaron una librería y mal que bien la han mantenido hasta este momento en el que se acercan a la jubilación, según me cuenta su hijo. Y cuando se jubilen, su hijo quisiera seguir con el proyecto de una de las librerías que aparece con cinco estrellas en los buscadores. El problema es que tanto esfuerzo da malamente para un salario.

Como bien me cuenta al final de nuestra conversación en las redes, que también es posible mantenerlas, Nos cuesta pagar la cultura, pero para otras cosas no nos duele tanto derrochar. Ahora, cuarenta años después de aquellos hechos, cuando han llovido títulos de máster por los sembrados de la representación política, empiezo a añorar aquellos tiempos en los que la democracia incipiente nos acuciaba y provocaba para mejorar nuestra formación, nuestros trabajos, nuestras vidas y las vidas de los nuestros.

La poesía de la ciudad

Me envía Eduardo Mangada la foto de un grafiti en el que alguien ha escrito, Sin poesía no hay ciudad. Viene acompañada de una reflexión que atribuye a José Ángel Valente, Una mano anónima se apodera de la poesía y la imprime sobre una pared de cualquier calle.

A continuación me traslada la reflexión que, a modo de respuesta, le envía otro arquitecto, el catalán Oriol Bohigas, tremendamente crítica con la forma de entender y construir ciudad que se ha ido abriendo camino en nuestros días, ¡Tan cierto como la propia ciudad! El problema es que los nuevos crecimientos de muchas ciudades contemporáneas están faltos de poesía, de orden, de calidad urbana. En fin, ¡de todo!

Es buen conversador mi amigo Eduardo. Ante la queja provocadora de Bohigas, se lanza a la propuesta modesta, sencilla, pero contundente, para cambiar esta turbia realidad, Si los miramos, los oímos, los dibujamos con precisión, si llegamos a entenderlos, quizás encontremos poesía en algún rincón, que nos ayudará a rescatarlos de la fealdad. Esto es urbanismo. El Plan es la versión burocrática, poco o nada poética.

Le pido autorización para publicar estas reflexiones, porque al instante me han hecho volver a un tiempo pasado, en el que las personas y las organizaciones a las que se asociaban, vecinales, sindicales, ecologistas, intentaban decidir la ciudad en la que querían vivir. Eran tiempos de retorno de la democracia y los debates sobre urbanismo eran frecuentes, encabezados por personajes como Oriol Bohigas en Barcelona, Eduardo Mangada en Madrid, o Jesús Gago, al sur de la capital. Lo mismo ocurría en cada rincón de España.

Las asociaciones vecinales participaban en la utilización dotacional del suelo, o en los nuevos desarrollos urbanos. Los sindicatos intervenían en la redefinición de zonas industriales, espacios productivos, comerciales, de oficinas y en las propias necesidades de hospitales, vivienda social, o con algún tipo de protección, centros educativos, sociales, culturales. Las organizaciones ecologistas intervenían en el establecimiento de criterios y límites para el crecimiento urbanístico y la preservación de espacios naturales.

Hasta Alberto Ruiz-Gallardón se sintió en la obligación de propiciar un debate sobre un Plan Regional de Estrategia Territorial que nunca llegó a buen puerto, tal vez porque coincidió con la aprobación de la Ley del Suelo del pujante aznarismo rampante, que marcó el inicio del camino de desarrollos urbanísticos en los que debía primar el pelotazo, el beneficio brutal y rápido de unos pocos y la escasa o nula participación ciudadana, más allá de los obligatorios periodos descafeinados de alegaciones, generalizadamente desatendidas.

Una de las características del modelo económico y social que se va imponiendo en todo el planeta, si damos crédito a las reflexiones de pensadores como Noam Chomsky, radica en ir introduciendo pocos y leves cambios de forma constante, hasta que, poco a poco, se produce un vuelco completo. La aceleración de los flujos de información disponible conduce, por añadidura, a la desmemoria y hace que, un buen día, la reflexión de unos amigos, te haga caer en la cuenta de cómo han cambiado las cosas, en diez o veinte años.

La capacidad de maniobra de la ciudadanía organizada es poca y se reduce aún más cuando el individualismo imperante nos aísla y aleja de la comunicación, la amistad y la compasión. Nuestra posibilidad de decidir se reduce al formulario de queja camino de la papelera, al costoso trámite de las demandas judiciales, o al voto para decidir si preferimos que se tape un bache, se pinte un muro, o se poden unos setos.

Mientras tanto, las grandes decisiones sobre los nuevos desarrollos urbanísticos, los nuevos centros de negocios y grandes operaciones, como la de Chamartín, se toman en despachos de consorcios financieros, inmobiliarios y de nuestras Administraciones. Luego se publicitan a bombo y platillo, utilizando viejos y nuevos medios de comunicación y redes sociales. Si es necesario se contrata unos cuantos influencer que hablen bien del asunto.

Dice mi amigo Mangada, sabedor de mis incursiones poéticas y narrativas en la Tierra de los Nadie que si escribo algo sobre la ciudad y la poesía no olvide que fueron ellos, los Nadie, la simiente más fecunda, oculta y profunda de la que ha nacido este Madrid que vivimos. Ellos conquistaron el derecho a la ciudad, que siempre han querido negárselo, arrebatárselo, los que son algo. Quienes por ser ricos y poderosos se han creído, se creen, dueños de la ciudad. (…) Y en estos tiempos, perdida la memoria, la “izquierda” autoriza cada día un nuevo hotel multiestrellas, embellece el centro (Plaza España, Gran Vía y promueve Chamartín…) olvidando Villaverde…

Pese a todo lo dicho, junto a estos viejos amigos urbanistas, apuntan nuevas generaciones de arquitectos y arquitectas, dispuestos a seguir su camino y repensar la ciudad, escuchando las necesidades de las personas y sus organizaciones. Para que puedan hacerlo, tendremos que hacer el esfuerzo de abrir puertas y ventanas, para que la brisa limpia arrastre el aire contaminado de intereses económicos y políticos, que impide un urbanismo de rostro humano. Una ciudad donde tenga lugar la poesía.

Inicio de un curso electoral apasionante

Todo pasa y todo queda. Retornan las estaciones ordenadamente. No pasan ellas, pasamos nosotros. Llega el turno del otoño, que se anuncia ya con días de nubes, lluvias y cambios de temperaturas. Vuelven los niños y niñas a los colegios. Algunos de ellos en obras, por la imprevisión, o el incumplimiento de los plazos de finalización. Muchos, demasiados, con insuficiencia de profesorado, porque los recortes siguen ahí, aunque la cercanía de las elecciones hará que se levante un poco la mano.

Prueba de esa cercanía, es que el socavón, del que hablaba en mi anterior artículo, merecedor del premio Superbache 2018, concedido por los vecinos de Tetuán, Valdeacederas, Cuatro Caminos, ha sido inmediatamente tapado, lo cual no impide que los baches perdedores del concurso sigan siendo protagonistas del paisaje urbano de esos barrios.

Elecciones, municipales y autonómicas, que van a redefinir el panorama político español y en el que los partidos de la vieja política recauchutada y la nueva política marchita, se juegan mucho. Me gustaría que esa confrontación se jugase no sólo en el campo de las declaraciones propagandísticas rimbombantes, las cabeceras electorales de diseño y las propuestas publicitarias más fashion, sino dejando tiempo y espacio para el debate sobre las ciudades en las que queremos vivir y las Comunidades que necesitamos construir.

En eso consiste, a fin de cuentas, hacer política. Definir qué queremos y explicar cómo lo vamos a conseguir. Al final toda política se resume, no en el debate sobre el estado de la Región, o de la ciudad en su caso, sino en el debate presupuestario. Qué van a hacer nuestros políticos y políticas con los dineros que dejamos en sus manos. Cuáles son sus prioridades inversoras y qué cosas dejarán aparcadas para mejor momento.

Pongamos un ejemplo. Aprovechar el verano para impulsar el desarrollo de operaciones en el Norte de Madrid, como el Paseo de la Dirección, o la Operación Chamartín (ahora rebautizada como Nuevo Norte, o Puerta Norte, o algo así), moviendo miles de millones de euros, indica por dónde van las prioridades presupuestarias.

No es extraño que el malestar cunda en distritos como el de Usera, o Arganzuela, que ven pocos avances en la calidad de los servicios públicos que el ayuntamiento les presta y temen el deterioro de la convivencia y la seguridad en los mismos. Claro que la oposición aprovechará el malestar y que el gobierno defenderá que son cosas de  cuatro “remeros” manipulados, pero cuando el río suena, agua lleva.

Las campañas electorales son cada vez más largas. Lo importante parece ser quién será candidata o candidato, aquí o allá. Sin embargo, me gustaría que la temporada de otoño y primavera, no se perdiera en cruces de acusaciones, sino en confrontación democrática de propuestas y prioridades. Que nos cuenten y nos convenzan de que sus inversiones, en el caso de que lleguen al gobierno, serán mejores y más necesarias que las de los partidos vecinos.

Ya sé que es mucho pedir para el nivel de elaboración que demuestran buena parte de nuestros representantes políticos. Ya sé que la política es cada vez más apasionada y menos apasionante. Pero, de nuevo, por pedir que no quede.

Palabras poderosas

Siempre he sostenido que la palabra es poderosa. Siempre he creído que decir las cosas, definirlas en voz alta, por escrito, o a través de cualquier otro medio creativo, es el primer paso para comenzar un cambio. La palabra constituye parte de la acción humana, tal vez la más importante. Dar nombre a las cosas, a los problemas, no es pérdida de tiempo, siempre que no te empantanes en debates nominalistas sobre cómo debería llamarse esto o aquello.

El poder de la palabra es hoy más fuerte que nunca, porque existen mil y una maneras de difundirla que antes no existían, aunque también es cierto que esas mil y una maneras contribuyen a que perdamos capacidad de atención, ante el exceso de información generada.

Algunos estudios afirman que la humanidad habría generado hasta el año 2003 una cantidad de información almacenada equivalente a 5 exabytes (EB). En el año 2011 esa cantidad había crecido hasta los 600 EB y el 99´9 por ciento de la misma se encuentra en formato digital. El papel supondría un exiguo 0´007 por ciento de la información global.

Las cifras se nos escapan de las manos y del entendimiento, cuando leemos que cada minuto hay 200 millones de correos electrónicos más,  en Twitter se han generado 100.000 mensajes más, en instagram han subido otras 6000 nuevas fotos, en Youtube se han cargado 48 horas más de video. En un solo minuto. En todo el planeta. En estas condiciones, ¿quién prestará atención a lo que yo escribo?

Y, sin embargo, la palabra sigue funcionando. A veces tarda más de la cuenta en ser efectivo su uso, pero termina calando como la gota china, a la que algunos confundimos con la bota malaya, métodos ambos de tortura, a saber cual más horrible.

Hace un año escribí en un diario madrileño, a propósito de los ruidos nocturnos que ocasionan las reparaciones ferroviarias, a altas horas de la noche, cuando se realizan frente a las viviendas. En invierno, con las ventanas cerradas, la molestia se limita a un murmullo, pero en verano, a pleno calor y con las ventanas abiertas, no hay quien duerma.

El silencio a mis quejas parecía eterno, pese a que me dirigí, en paralelo, a todo tipo de responsables, ya fueran de ADIF (la empresa pública de infraestructuras ferroviarias), Ministerio de Fomento, Ayuntamiento de Madrid, partidos políticos de gobierno y oposición, Asociaciones Vecinales, utilizando las vías convencionales, informáticas y redes sociales.

Un silencio casi absoluto, salvo una tímida respuesta de una Asamblea Política del Gobierno municipal, vía Twitter en la que se me informa que se reúnen mucho y seguro que lo solucionan. A veces también alguien se ha dignado contestar amablemente que no es cosa suya y que lo trasladan a otro sitio del que nunca más supe. Pero no he cejado. Cada cierto tiempo un zasca y de nuevo artículo va y artículo viene por las redes sociales, correos de ida sin vuelta, quejas en las páginas municipales, del ministerio, de ADIF.

Al final, bien pasado el verano, la Alcaldía de Madrid me comunica que no hay constancia de autorización alguna para obras que produzcan ruidos nocturnos  y que lo pasa a ADIF para que me contesten. Amablemente me indican que existe una Ordenanza sobre el ruido que deja muy claro que, salvo por razones de urgencia, seguridad o peligro, este tipo de obras no pueden realizarse entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana, o las 9 en el caso de sábados o domingos.

En todo caso, me indican que puedo dirigirme a la Policía Municipal. Lo hice en una ocasión, pero parece que las mediciones, cuando traen los aparatos, hay que realizarlas con ventanas cerradas (condena a aire acondicionado, o ventilador) y, además, como no pueden entrar en las vías ferroviarias, no pueden comprobar si existen permisos, o no.

Veinte días después era ADIF quien me respondía que no hay más remedio que realizar estas obras en verano y por la noche, que lo sienten, que se esfuerzan por producir el menor ruido posible y que lamentan las molestias que puedan producir en “el proceso de mejora”. Ajo y agua.

Termina el otoño, pasa el invierno, atravesamos la primavera, vuelve el verano, vuelven las noches calurosas, las ventanas abiertas, los ruidos nocturnos, nada ha cambiado, porque en España no cambia nada esencial, gobierne quien gobierne y los ruidos deben de formar parte de esa esencialidad de la patria.

Vuelvo a las propuestas, a los zascas, a las redes sociales. Esta vez no esperan a que acabe el verano y ADIF me contesta que ya me respondieron el año pasado. Me informan que todos los fines de semana del resto del verano van a seguir cono obras, las cuales me detallan someramente. Al parecer tiene que suceder así, sin más remedio, de esta forma y en esas fechas.

La respuesta, en algunos momentos, es literalmente calcada de la anterior. Hay alguna novedad. Al parecer han creado una Comisión con la Junta Municipal y con alguna Asociación de Vecinos, para hacer seguimiento de estos temas de ruido en las vías. Me aconsejan que me dirija a la Junta Municipal y ya me informarán.

Es sólo un ejemplo, entre muchos, que cualquier lector o lectora, podría apuntillar con otros tantos.Decía al principio que la palabra es poderosa. A la vista de lo relatado pudiera no parecerlo, pero no se equivoquen, también dije que es como la gota china, o malaya, o lo que sea.

Ellos podrán seguir sometiéndonos a las torturas de sus ruidos nocturnos y su desidia indolente. Ellos pasarán y bien puede ser que quienes les sucedan sigan con sus ruidos (tal vez algunos decibelios menos). Pero nosotros seguiremos aquí, con otros nombres, pero con las mismas penas, lamentos, quejidos, calvarios y nuestra palabra, aún perdida en un marasmo de exabytes, circulará libremente, ratificando, repitiendo, machacando, la queja insistente, la protesta constante, la condena perpetua. Revisable, siempre revisable, si algo, un buen día, cambiara.

Matar al mensajero

Hay tres prácticas partidarias que contribuyen muy poco a mejorar la vida de las personas para quienes (siempre en principio y muchas veces sólo al principio) se gobierna. Algunas de estas malas prácticas son consecuencia de las otras.

La primera de ellas consiste en intentar evitar todo tipo de críticas, vengan de donde vengan. Quien gobierna siente que su poder se ve socavado cuando alguien, de forma incluso amable, le hace notar las contradicciones en las que incurre con sus actos políticos. Si viene de las propias filas, o de filas aliadas, puede ser interpretada como un ataque que pretende socavar el poderío electoral del partido de gobierno.

Por esta vía se incurre en la segunda práctica deleznable, pero secular, consistente en atacar, perseguir y desacreditar a quien critica, sea quien sea y, cuando es de los nuestros, la saña empleada es aún mayor, porque siguiendo la  tradicional costumbre de la envidia nacional, siempre hay alguien esperando que caiga el vecino para ocupar su puesto. El fuego amigo es norma.

Para evitar estos problemas, hay una tercera práctica que todo gobierno reserva en su recámara. Consiste en intentar que cualquier decisión controvertida se ahogue entre los calores del verano, aprobándola con eso que antes se llamaba nocturnidad y alevosía y hoy se llaman agosticidad, en pleno mes de agosto, para reducir el plazo de consultas y las posibilidades de reacción de los afectados.

Son prácticas generalizadas, políticamente aceptadas y consentidas. Quienes las ejercen pasan por ser hábiles administradores de los tiempos en política. A veces les sale bien, casi siempre, pero en otras ocasiones el tiro sale por la culata y lo único que consiguen es precipitar un otoño caliente en torno ese foco de incendio provocado.

Vienen a cuento estas reflexiones a causa de un buen ejemplo que se ha producido este verano en Madrid. El Ayuntamiento de Manuela Carmena ha pretendido saldar la polémica en torno a la interminable Operación Chamartín, para enterrar las vías y tras rebautizarla como Puerta Norte, o Madrid Nuevo Norte.

El inicio de todo es acuerdo entre ADIF, la empresa que gestiona las infraestructuras ferroviarias, el Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento de Madrid y la empresa Distrito Castellana Norte (DCN), que viene a ser un consorcio de intereses inmobiliarios, inversores financieros y constructores.

Los términos completos del acuerdo no son conocidos, pero el Ayuntamiento se ha apresurado a poner en marcha los motores para preparar el camino. Un arquitecto y urbanista como Eduardo Mangada, que ha tenido responsabilidades en el primer ayuntamiento democrático de Enrique Tierno Galván y en los sucesivos gobiernos de Joaquín Leguina al frente de la Comunidad de Madrid, ha dado su opinión, a mediados de julio, en contra de la Operación Chamartín.

Desde el gobierno municipal, José Manuel Calvo, actual Concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, a finales de julio, responde con un artículo cuyo título, Mangada y la Operación Chamartín, da buena cuenta de las intenciones prioritarias del mismo, que no es tanto defender las actuaciones municipales, sino más bien desacreditar a Eduardo Mangada, al que recuerda que hay que hacer un urbanismo progresista asumiendo los límites y concesiones que exige cualquier acción de gobierno.

Todo podía haber quedado ahí, en una opinión y en una respuesta más o menos acertada, de no ser porque a los pocos días, ya en pleno mes de agosto, un buen número de asociaciones vecinales, sociales, urbanísticas, ecologistas, han publicado un artículo llamado En apoyo de Eduardo Mangada: sobre la Operación Chamartín, instando al Ayuntamiento a debatir y negociar sobre el proyecto, corrigiendo desequilibrios territoriales  y respetando al vecindario, en lugar de intentar desacreditar a las personas que se oponen al mismo.

Por si fuera poco, a finales de mes, encuentro un nuevo artículo de dos viejos conocidos, la socióloga Concha Denche, amiga del Villaverde años 80, que fue concejala en el Ayuntamiento de Madrid y Víctor Renes, también sociólogo con una amplia trayectoria como responsable de Cáritas y del reconocido Informe Foessa. En esta ocasión el título es Madrid será todo norte, con el sur más lejos. El título lo dice todo y no requiere muchas más explicaciones. Esta apuesta permanente por un norte financiero, de oficinas y pisos de alto precio, no puede ser buena, ni aporta nada al equilibrio territorial que toda ciudad necesita.

Como de refilón, por descuido, como quien no quiere la cosa, el 17 de agosto el Ayuntamiento aprobaba un Plan Parcial de Reforma Interior del Area de Planeamiento del Paseo de la Dirección, una operación colindante con Chamartín, también en el norte, con los mismos objetivos declarados y la misma oposición vecinal.

En fin, el otoño se avecina caliente y mejor que la transparencia se imponga sobre las actuaciones opacas y la agosticidad; que los políticos se sienten a negociar, en lugar de empeñarse en desacreditar y matar al mensajero portador de opiniones e ideas discordantes; que hagan realidad la participación social, en lugar de empeñarse en un despotismo ilustrado que ya  nada aporta a las políticas participativas y democráticas que tanto se defienden en los programas electorales de la nueva política y los nuevos políticos.

Referéndum sobre Chamartín

El soterramiento de las vías del tren que parten de la estación de Chamartín, viene siendo polémico desde hace décadas. Creo que está plenamente justificado solucionar la situación de unos los trazados ferroviarios, concebidos a partir de mediados del siglo XIX, que llegaban al centro de las ciudades, o a una periferia que ha terminado por convertirse en centro con el paso de las décadas y el desarrollo urbano de nuestras urbes.

En Madrid ya hemos vivido soterramientos sonados como el del Pasillo Verde Ferroviario, que enterró las vías de la M-30 y permitió, a mediados del siglo XIX, la conexión de Príncipe Pío y la Estación de Atocha, con paradas intermedias en Imperial, Peñuelas, o Delicias. Con ello, crearon un espacio de desarrollo industrial para Madrid, con fábricas como la del Gas, Cervezas El Águila, galletas, transportes, Standard Eléctrica, Osram, o toda la zona fabril de Méndez Álvaro.

La Operación Chamartín, que pretende básicamente la misma finalidad de liberar el espacio hoy ocupado por las vías para desarrollos urbanísticos, comenzó a fraguarse por la misma época, pero se ha venido demorando durante cerca de 25 años y no sólo por la complejidad del proyecto, sino por el choque de intereses económicos en juego y por la oposición de algunos sectores vecinales, que perciben los sucesivos planes presentados, como amenaza.

Por más que, con retoques, la Operación Chamartín haya recibido ahora el nombre de Puerta Norte, o Madrid Nuevo Norte, Eduardo Mangada, quien fuera Concejal de Urbanismo en el primer gobierno democrático del Ayuntamiento de Madrid tras la dictadura y más tarde Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Medio Ambiente, Urbanismo, Obras Públicas, o Transportes en los sucesivos gobiernos de Joaquín Leguina, ha planteado su oposición al proyecto, a mediados de julio.

En un artículo, Mangada, hace un llamamiento a recordar lo acaecido hasta el momento y borrar los planteamientos equivocados, que nos han conducido al proyecto Puerta Norte. Un proyecto que se desarrollará, según el autor, en perjuicio de los viejos barrios olvidados, que viven entre el abandono, la escasez y la precariedad dotacional y habitacional. Tampoco aporta nada a los nuevos barrios, escasos de servicios esenciales para el vecindario.

Los desequilibrios existentes entre el Norte y el Sur de la capital no se solucionan detrayendo recursos necesarios para la “recuperación de Madrid” para su ciudadanía, ni entregando un espacio importante de la ciudad a un grupo inversor, por mucho que el Ayuntamiento de Madrid haya hecho esfuerzos para racionalizar desmanes y escalonar el ritmo de desarrollo.

Alude a las quejas formuladas por asociaciones vecinales, ecologistas y profesionales del urbanismo, que ponen de relieve la incongruencia de mercantilizar el urbanismo y convertirlo en beneficio inmobiliario. Concluye afirmando que estamos a tiempo de abordar un urbanismo concebido en función de las necesidades y esperanzas de la ciudadanía.

Diez días después, Eduardo Mangada ha recibido contestación, de la mano de José Manuel Calvo, Concejal de Desarrollo Urbano Sostenible en el gobierno de Carmena, a través de un nuevo artículo en otro medio de comunicación. Comienza Calvo recordando el amplio historial de responsabilidades urbanísticas del arquitecto Eduardo Mangada, para reconocer que el acceso del PP al poder en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, a partir de 1995, supuso instaurar el concepto de suelo y territorio como producto de consumo.

Se entretiene en los posicionamientos y silencios de Mangada ante diferentes desarrollos urbanísticos, para terminar destacando su posición en contra de la Operación Chamartín, especialmente desde que el Ayuntamiento alcanzó un acuerdo con el Ministerio de Fomento-ADIF y la empresa Distrito Castellana Norte (DCN).

Defiende, lógicamente, los cambios operados en el proyecto inicial, recalcando la disminución de la edificabilidad, así como el incremento de usos dotacionales introducidos. Recrimina a Mangada que no tome en cuenta, por su propia experiencia, los límites, contradicciones y concesiones que exige cualquier acción de gobierno, cuando intervienen numerosos intereses públicos y privados y espera que podamos en futuros artículos reconocer al Mangada “de aquellos tiempos”. Hasta aquí el debate entre nuestros dos personajes.

Sin embargo, no pasan dos semanas y aparece publicado, a mediados de agosto, un nuevo artículo, esta vez firmado por un buen número de asociaciones vecinales, encabezadas por su Federación Regional, organizaciones como  Ecologistas en Acción, el Club de Debates Urbanos, Asambleas del 15M y del 25M, la Plataforma de la Zona Norte y algunos otros inversores.

Agradecen a Eduardo Mangada la defensa de un urbanismo sostenible que apueste por el reequilibrio territorial y la igualdad, que no merece un ataque personal por parte de ningún responsable municipal y llaman al Ayuntamiento a no confundirse de enemigos. Ahondan en la no renovación de la concesión a DCN por parte del Ministerio de Fomento, en que se hagan públicos todos los documentos y compromisos contraídos y, ya sin las presiones del negocio especulativo, el Ayuntamiento negocie y atienda las propuestas que han venido formulando numerosas asociaciones y colectivos a lo largo de los últimos años.

Para que nadie me confunda con un enemigo a batir, creo que no es malo insistir en yo no digo, sólo muestro. Pero, así las cosas, me parece que algo de razón deben llevar las organizaciones sociales y vecinales, cuando hablan de un parque-losa de hormigón sobre las vías de Chamartín y un inviable mini-Manhatan entre la estación y la M-30.

Algún fundamento debe de existir cuando denuncian el abandono del diálogo, que ha sido sustituido por opacos acuerdos entre Ayuntamiento de Madrid, Adif y BBVA, entre otros inversores, que instauran duros condicionamientos inmobiliarios y financieros, en un proyecto cargado de vivienda libre y suelo para oficinas, a alto precio.

Creo, sinceramente, que la participación ciudadana no pasa sólo por reunir periódicamente Foros de Participación, a los que acuden unos cuantos vecinos y vecinas, donde se habla de todo un poco, ni por unos presupuestos participativos que afectan al destino de los restos y migajas del pastel, ni por decidir qué grupos queremos que amenicen las fiestas del barrio.

Creo que pasa por reconocer como interlocutores a las organizaciones vecinales, empresariales, ecologistas, sindicales, profesionales. Escucharlas, negociar con ellas, escuchar su voz y atender sus demandas. Se me ocurre que asuntos como éste sí merecen un proceso de debate público, en el que podamos oír la voz de personas como Mangada, Calvo y los actores sociales y económicos, que podría culminar con un referéndum final entre toda la ciudadanía. A fin de cuentas, es esa ciudadanía la que debe decidir qué Madrid quiere.  Y acertar, o equivocarse.