FRACASO ESCOLAR, EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

 La crisis económica ha agudizado el problema de los jóvenes que abandonan los estudios y encuentran serias dificultades para encontrar un empleo, afrontando un horizonte de paro de larga duración, pobreza y exclusión social.

Las instituciones europeas estiman que el coste económico de mantener esta situación, para la economía europea, supone el 1,25% del Producto Interior Bruto (PIB) de la Unión Europea. Europa no afronta unida este reto.

Los sistemas educativos europeos son muy dispares. La educación obligatoria acaba en distintos momentos en cada país, entre los 15 y 18 años. Tampoco las estadísticas son equiparables, porque la definición de fracaso y abandono escolar son distintos en cada país. Por no distinguir, no distinguimos, a nivel europeo, ni cuantos abandonos educativos proceden de la formación profesional, o de la general.

Ahora bien, sí conocemos perfectamente que el fracaso escolar es clasista y elige a las clases más desfavorecidas, especialmente a los varones de nivel socioeconómico bajo y que pertenecen a grupos vulnerables como los inmigrantes.

Así las cosas, conviene tomar en cuenta los factores que influyen en el abandono de los jóvenes de la Formación Profesional. Un primer factor es la falta de orientación profesional, que determina que algunos jóvenes comprueben que su elección formativa no era la correcta.

Además, un mercado de trabajo con muchos empleos de baja cualificación, incentiva el abandono prematuro, pese al hecho comprobado de que el paro siempre es mayor cuando la cualificación profesional es baja.

Otro elemento desincentivador para la formación, es el bajo nivel salarial. Tener más formación no significa, en muchos casos, tener mejor salario y, en otras ocasiones, emigrar a otro país, aun con un empleo no cualificado, pero mejor pagado, es otra tentación que trabaja en contra de la permanencia en la Formación Profesional.

Hay países, como Holanda, que registran y siguen el alumnado en proceso de formación, pero no es lo general en Europa. Hay países que han creado programas para gestionar la carrera profesional, que incluyen la oportunidad de adquirir, mejorar, o actualizar competencias clave, combinándolas con prácticas en empresas, orientación personal, convalidación de procesos de aprendizaje formal e informal.

Cada día aparece con más fuerza la idea de que apoyar y ayudar a los jóvenes en la FP, mejorando la información, la orientación, e incorporando breves prácticas profesionales, prestando especial atención a los jóvenes procedentes de colectivos más desfavorecidos, es un instrumento útil para la inserción laboral y para mantener a los jóvenes en la formación.

Otro elemento importante es flexibilizar los procesos de aprendizaje en la FP, estableciendo módulos, cualificaciones parciales, procesos de formación, aprendizaje, prácticas, e inserción laboral. Ofreciendo, en algunos casos, incentivos económicos y financieros para la asistencia y rendimiento del alumnado.

El problema del abandono no depende sólo del alumnado y del sistema de Formación Profesional. Depende también de las actuaciones políticas sobre el mercado laboral, el salario inicial, políticas de reconocimiento de las cualificaciones, o servicios de orientación disponibles. Combatir el fracaso y el abandono en la formación profesional, depende del atractivo que tenga para nuestros jóvenes, con un horizonte despejado de empleo.

Sin descartar la existencia de incentivos de carácter económico, un elemento esencial estriba en una vinculación cada vez mayor entre empresas y centros de formación, implicando a los profesionales de la formación y creando redes y alianzas locales y regionales entre la educación, los empresarios y los sindicatos, los servicios de empleo, los estudiantes, los centros de formación, los trabajadores sociales y las empresas. Todo ello, al servicio de la formación y la inserción laboral de nuestros jóvenes.

Es evidente que la consecución de un puesto de trabajo no va a depender exclusivamente de la formación, pero esa formación debe tener cada vez mayor importancia y reconocimiento, en relación con un marco claro de cualificaciones a nivel nacional.

La formación debe velar por la calidad y la evaluación permanente, con participación de empresarios y trabajadores. Debe permitir el reconocimiento y la convalidación de las cualificaciones adquiridas formal o informalmente, prevenir el abandono y el fracaso de nuestros jóvenes. La formación profesional tiene solución, pero esa solución debe ser compartida y exige un reforzamiento de la negociación colectiva y el diálogo social, por más que las crispaciones que produce la crisis, amenacen las posibilidades de compartir el esfuerzo y afrontar unidos el trabajo que este país necesita.

Francisco Javier López Martín

Secretario Confederal de Formación de CCOO.

GAMONAL, DE QUÉ ME SUENA GAMONAL

El conflicto vivido por el barrio de Gamonal en Burgos ha reabierto un debate interesado sobre la violencia que pretende, una vez más, desviar la atención sobre la preocupante situación social que ha generado la crisis económica en nuestro país, para poner el acento en la violencia con la que se enfrenta un poder ejecutivo legitimado por lar urnas para gobernar el país durante cuatro años.

Deberían causar estupor esas reflexiones de los tertulianos de turno que insisten, da igual de lo que estemos hablando, en reclamar la completa legitimidad del partido elegido para gobernar España, una Comunidad Autónoma, un Ayuntamiento, para hacer cuanto quiera, durante ese periodo de tiempo, sin obligación alguna de escuchar la opinión de los gobernados, culpando a la violencia cuando esos gobernantes se ven obligados a cambiar una decisión legal y legítima.

Sin embargo, llama profundamente la atención que una visión tan inconstitucional y antidemocrática, tenga su audiencia y adquiera apariencia de veracidad y credibilidad para una parte importante del electorado de la derecha española.

Para abordar este debate convendría tomar en cuenta unas consideraciones. La primera de ellas tiene que ver con aquellos actos que consideramos violencia. Tirar una piedra contra la luna de un banco es un acto violento, ciertamente, que produce un daño material y que explicita una amenaza contra quienes se supone que detentan el poder económico en este país, causa y origen de una burbuja inmobiliaria y financiera que ha devorado España en los últimos cinco años.

Utilizar una entidad financiera como las cajas de ahorro para el lucro y enriquecimiento personal, detentando abusivamente un poder absoluto sobre los ahorros de las gentes, despreciando los fines sociales que dieron origen a esas entidades, permitiendo desahucios, alentando inversiones de alto riesgo, negando el crédito a quien lo necesita, aunque tenga la solvencia económica necesaria para devolverlo, mientras se conceden créditos de alto riesgo a personajes como Gerardo Díaz Ferrán, entregando lo que era de toda la ciudadanía a intereses privados, como ha ocurrido en el caso de Miguel Blesa al frente de Cajamadrid, es también un acto de violencia que comporta daños materiales ingentes, acompañados por daños humanos y sociales incalculables, que destruyen la credibilidad social en las instituciones.

Sin embargo, por pitos o por flautas, Blesa acabará eludiendo los peores efectos de la justicia, mientras el castigo para el que apedrea una sucursal bancaria puede consistir en una sentencia de años de cárcel. Incluso el juez que se atrevió a investigar sus actos acabará sentado en un banquillo antes que él. El mismo caso de la Infanta enamorada y la viejecita desahuciada. La justicia lenta y manipulable ante los casos más sangrantes deja de ser justicia. Lo más grave es que esta situación es lo normal y habitual en este país de todos los demonios, donde la pobreza y el mal gobierno son mucho más que pobreza y mal gobierno, hasta convertirse en un estado  místico del alma patria.

No justifico en nada la violencia de nadie. Quien empuña un arma, por arcaica y de la Edad de Piedra que sea, para combatir a otros, aunque estos otros tengan apariencia de monstruos, termina por convertirse en un monstruo como ellos. No quiero que apedreando bancos alguien acabe impregnado del espíritu de Blesa. Es lo peor que podría pasarle a nuestro país y a nuestros jóvenes.

Nelson Mandela constituye un buen ejemplo de ese intento titánico de algunos seres humanos para alcanzar fines y objetivos justos, utilizando medios democráticos y no violentos. Algo mucho más meritorio si pensamos que, Mandela, no renunció a la utilización de la violencia y la elección de otros medios fue, en cada ocasión, fruto de una decisión personal, meditada, sopesada y en no pocas ocasiones, a contracorriente.

La otra consideración que no deberíamos obviar procede de la propia Constitución. Nuestra Constitución define España como un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Esta definición precede a la unidad de España , a la Monarquía parlamentaria y, desde luego, a la bandera.

Ese Estado social y democrático de derecho, en el artículo 6 del texto constitucional, nos dice que los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. En ningún caso puede desprenderse que los partidos, por muy mayoritarios que resulten en unas elecciones, ostentan el monopolio de la política.

Muy al contrario, el artículo 9 de la Constitución, establece claramente que esos poderes públicos, emanados de las elecciones libres, tienen la obligación de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos  que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Dicho de otra manera, no elegimos dictadores a plazo fijo de cuatro años, para luego cambiarlos por otros. Los elegimos para gobernar en diálogo permanente con la sociedad.

Lo ocurrido en Gamonal puede llevar a algunos a una reflexión sobre la violencia, sobre la legitimidad de los gobernantes para hacer esto o aquello, a su libre albedrío, sobre los destrozos de la crisis en el tejido social español, sobre el derecho a manifestarse libremente. Reflexiones que volverán a repetir ante el suceso que la semana que viene sustituya en las tertulias al barrio de Gamonal.

Sin embargo, las cosas no harán más que empeorar mientras la política siga acumulando motivos para el descontento de la ciudadanía. Mientras existan personajes elegidos para ocupar cargos públicos sin entender su papel de servidores públicos, que gobiernan escuchando a las personas y a las organizaciones en las que esas personas se integran. Mientras esos personajes indignos de estar en política, sigan empeñados en conseguir poder y riqueza, en lugar de preocuparse por defender el mandato constitucional de defender la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Frente a cuantos consideran que la política es sucia y los políticos todos iguales, creo que es tarea de toda la sociedad reivindicar más política y mejores políticos. Mas participación en todo aquello que nos afecta.

Francisco Javier López Martín

Secretario de Formación de CCOO

la tierra de los nadie 75 «probablemente….

foto: Fran Lorente

Probablemente, aunque no queramos creerlo,
nadie es tan malo como nosotros deseamos,
para justificar nuestro cómplice silencio,
o merecer el perdón de quien fue torturado.

Francisco Javier López Martín
Del poemario “La tierra de los nadie” ganador del Angel Urrutia Iturbe VII Poesia Lehiaketaren Irabazleari, Lekumberriko Udaletxeak

LA FORMACION PARA EL EMPLEO TIENE ARREGLO

Conocer los problemas que aquejan a la Formación Profesional para el Empleo es tan sólo el primer, aunque necesario, paso para abordar las transformaciones, los cambios y las soluciones. Porque no basta conocer la realidad, es preciso mancharse las manos y transformarla.

Abundan los análisis. Hasta yo, recientemente, presenté una aproximación a los problemas de eso que hemos dado en denominar subsistema de formación para el empleo. Sin embargo, cuando hablamos de soluciones, nos adentramos en el complejo campo de los intereses creados.

Las denominadas «entidades organizadoras», eufemismo que sirve para definir las empresas de formación creadas al calor de la ejecución de los programas de formación para el empleo, plantean que quieren estar en los organismos donde se decide el reparto de los recursos. Otros sectores empresariales plantean que el dinero de la cuota de formación lo ponen las empresas y debe volver a las empresas para ser gestionado directamente por ellas.  Algunos proponen que sean los grandes sectores empresariales y los sindicatos presentes en cada sector, los que gestionen la parte de la cuota que les corresponde, teniendo en cuenta que hay experiencias que vienen funcionando así en determinados sectores.

Hay quien plantea que la cuota la pagan empresas y trabajadores y no debe dedicarse a formar a personas desempleadas. Otros quieren expulsar a las Comunidades Autónomas del subsistema. Y no falta quien quiera expulsar a los empresarios y los sindicatos de la formación, para hincarle el diente a los 1860 millones de euros recaudados en concepto de cuota.

La Formación Profesional para el Empleo sufre, como podemos comprobar, los mismos males que la sociedad española. A perro flaco todo son pulgas y cuando los recursos escasean, quien más quien menos, quiere  decidir el destino de esos recursos menguantes. Al final, podemos satisfacer a unos y defraudar a otros, alcanzar componendas que tan sólo retrasen el encontronazo final, o negociar soluciones que permitan resolver los problemas y cumplir el objetivo para el que fue creado el subsistema de formación profesional para el empleo, buscando el punto de encuentro que permita que cada uno encuentre su espacio, el más adecuado para aportar aquello que mejor sabe hacer.

Y no basta un nuevo acuerdo de formación para el empleo como los cuatro anteriores que se firmaron y que dieron sus frutos en un país en crecimiento. No volverán aquellos tiempos. No habrá pelotazos, ni oportunidades flotando en nuevas burbujas. Sólo habrá esfuerzo, trabajo, construcción colectiva de una nueva realidad. De nosotros y nosotras dependerá que esa realidad se encuentre al servicio del desarrollo humano, o de intereses privados, alejados de la igualdad y la justicia social.

Creo, para empezar, que sería razonable que el nuevo modelo de Formación Profesional para el Empleo contase con un organismo estatal participado por la Administración Central, las Comunidades Autónomas, los empresarios y los sindicatos. Lo de menos es el nombre (Fundación, Agencia, Instituto…). El modelo podría ser el de la actual Fundación Tripartita, con presencia de las Comunidades Autónomas y con competencias sobre el conjunto de la cuota de formación, a los que habría que sumar los recursos procedentes de Presupuestos Generales del Estado para formación vinculada a políticas activas de empleo.

Creo que el objetivo de este instrumento debe ser asegurar el ejercicio del derecho individual a la formación profesional para el empleo, ya sea para encontrar un puesto de trabajo, para cambiar de empleo, o para promocionar en su carrera profesional. Para ello, debería contar con competencias para detectar necesidades formativas, planificar la formación, gestionar los recursos, controlar y evaluar los procesos formativos, partiendo de la negociación colectiva, de la libre elección de los trabajadores y trabajadoras de sus itinerarios formativos y de la correcta articulación y necesaria cooperación entre las administraciones para asegurar el derecho a la formación.

La eficacia y la eficiencia, la transparencia, la libre concurrencia, la evaluación permanente y la adaptación a las necesidades personales y de los sectores productivos, deberían formar parte de los principios rectores del nuevo modelo.

Para poder hacer realidad este nuevo modelo habría que acordar una serie de medidas que actuasen en la corrección de los actuales  problemas. En primer lugar, asegurar la cooperación entre Educación y Empleo, que permita poner al servicio de este objetivo todos los recursos existentes, incluidos los centros públicos de formación profesional, las Universidades y los centros de formación de personas adultas.

En segundo lugar, definir las competencias de las diferentes Administraciones, teniendo en cuenta que más de 1.000 millones de euros de la cuota van a las Comunidades Autónomas. El Tribunal Constitucional ha declarado de forma insistente que el actual sistema se ajusta a la Constitución. Al igual que los organismos estatales y la propia Fundación Tripartita. La capacidad de las Comunidades Autónomas en la ejecución de los recursos, de acuerdo con la normativa estatal, debería asegurar también la existencia de sistemas integrados de información y orientación laboral, para facilitar la mejora de la cualificación, a través de la formación y el reconocimiento de la  experiencia profesional. Dicho de otra manera, no contamos en estos momentos, tan siquiera, con una base de datos fiable sobre la formación ejecutada por las Comunidades Autónomas con fondos de la cuota. No existe un registro de la formación adquirida por cada trabajador o trabajadora a lo largo de su vida laboral.

Con respecto a los cerca de 600 millones que van a bonificaciones de la formación realizada directamente por las empresas, hay que recordar que este tipo de sistemas facilita si no el fraude, sí las irregularidades. Pese a la obligación de informar sobre los planes de formación bonificada a la Representación Legal de los Trabajadores, que no siempre se cumple, con un tejido empresarial compuesto por PYMES y la mayoría de las veces MICROPYMES, donde no hay elecciones sindicales, ni representante legal de los trabajadores y trabajadoras, el campo queda abonado para miles de consultoras y empresas formativas, que patean esas micropymes ofertando bonificaciones.

El resultado es una formación generalista, cuyo objetivo es bonificarse lo pagado en cuota de formación y no tanto mejorar la cualificación de unos trabajadores y trabajadoras cada vez más temporales y precarios. En otros casos, es utilizada para formar a los altos ejecutivos, a cargo de empresas, a veces vinculadas a medios de comunicación, que organizan cursos, eventos, saraos en hoteles para altos ejecutivos y preparan los papeles para obtener la bonificación correspondiente.

La existencia de un registro de centros públicos y privados donde poder formarse en las condiciones adecuadas y la vinculación de la formación bonificada con las necesidades sectoriales trazadas por empresarios y sindicatos en la negociación colectiva, podría contribuir a determinar qué formación es bonificable en un sector, pero no lo es en otro y quién puede ejecutar y certificar esa formación.

Hay más elementos a tomar en cuenta, pero creo que bastaría culminar planteando la necesidad de un modelo de formación para el empleo muy vinculado a la negociación colectiva de los sectores y grandes empresas para determinar las necesidades reales. Un modelo en el que participen las Administraciones y los actores sociales del empleo ( empresarios y sindicatos). Un modelo articulado en todos sus niveles y bien conectado con el sistema educativo. Un modelo que asegure el ejercicio del derecho individual a la formación, la movilidad, la libre circulación y la promoción profesional de los trabajadores y trabajadoras. Un modelo eficaz, eficiente, transparente y evaluable de forma permanente, porque los cambios se producen muy rápido y es necesario adaptar la formación a los mismos.

Creo que trenzar una cuerda con estos mimbres no debería ser tarea difícil en un país de gente sensata. El problema es que entre la crisis y los intereses creados, la voluntad política escasea y dejar pasar el tiempo para ver si escampa es una tentación demasiado fuerte. Bastante tenemos con Gallardón y su aborto de ley, con Wert y su chulería educativa, o con el pelotazo sanitario cada día más ilegal. Bastante tenemos con la corrupción. Con una Cataluña que amenaza con irse, un País Vasco que considera bloqueado el proceso de paz y una sociedad fracturada, individualizada y dividida, que empieza a romper las costuras del traje constitucional construido en las últimas décadas.

Por eso, una y otra vez, se anuncian para mañana unos V Acuerdos de Formación, o una reforma del subsistema, o un nuevo modelo de formación para el empleo. Luego pasan semanas y meses y años y nada sigue igual, porque todo va a peor cuando no se solucionan las cosas.

Alguien tiene que dar un paso adelante. Cuando el Secretario General de CCOO manifiesta que no tenemos ningún problema en dejar de ejecutar formación, está planteando que no es un objetivo, del modelo futuro de formación, que seamos empresarios y sindicatos quienes impartimos, o no, cursos de formación. Deberán ser los centros registrados y acreditados, sean públicos o privados, de instituciones o de empresas, de organizaciones empresariales o sindicales, o creados en el ámbito de la negociación colectiva sectorial, los que realizan esos cursos. Ejecutar formación no es la prioridad, ni puede convertirse en el debate principal sobre el futuro del sistema de formación profesional para el empleo.

Pero, de igual manera, conviene dejar claro que los recursos con los que cuenta la Formación Profesional para el Empleo proceden de las empresas y de sus trabajadores.  Por eso, ni los empresarios, ni los sindicatos, vamos a renunciar a participar en el gobierno de la formación que se realiza con esos recursos. El diseño, la planificación, la dirección, la gestión, la evaluación permanente.

Abordar este reto es urgente, entre otras cosas porque la mejor inversión que podemos hacer, mientras dure la crisis, es la formación de eso que unos denominan capital humano de un país y otros preferimos definir como formación de las personas, derecho a la educación durante toda la vida.

Construir una sociedad democrática exige personas cualificadas profesionalmente, pero también con una cultura de la participación y del diálogo a prueba de bombas. Necesitamos excelentes profesionales, pero también empresarios, sindicalistas, políticos, ciudadanos y ciudadanas sensatos, honestos, trabajadores. Mujeres y hombres capaces de hacernos sentir que la defensa de los intereses individuales, o los de un colectivo, son y deben ser siempre compatibles con los intereses generales. Que hagan posible que nos sintamos parte de un proyecto compartido de convivencia entre libres e iguales.

Esas gentes que el país necesita no se fraguan en un día, sino en procesos de formación largos, que no se agotan en un cursillo, ni en una carrera universitaria, ni en un puesto de trabajo en una empresa. Son procesos de formación profesional y en valores del trabajo, en los que toda la sociedad, desde la familia hasta los partidos políticos, desde el colegio hasta la empresa, desde el sindicato hasta los gobiernos, debemos estar firmemente comprometidos. No va a ser fácil, pero tiene que ser.

Francisco Javier López Martín

Secretario de Formación de CCOO

2013 EL AÑO DEL OPROBIO

Es difícil decir algo sobre 2013 que no haya sido dicho ya. Pocos años habrán sido percibidos tan nefastos como el que acaba de terminar, pese a que no han faltado malos años en nuestra historia. Sin embargo, en muy pocas ocasiones hemos podido sentir que los cambios que se estaban produciendo, acelerados, vertiginosos, nos conducían a otro país. Un país que no sabemos cómo será, pero que intuimos que alguien está diseñando a nuestras espaldas.

Para mí también ha sido un año de profundos cambios. La Secretaría General de CCOO de Madrid, que ocupé hasta Enero, me parece, tras el año transcurrido, un lugar seguro, en el que la perspectiva tenía puntos de fuga reales a los que dirigir la vista en cada momento, a los que acudir para poner barreras, taponar grietas, frenar agresiones. Un lugar donde perder o ganar. Un lugar inmenso, pero acotado. Un territorio de frontera, pero de dimensiones aún humanas. Complicado, pero conocido.

Durante este año me he adentrado en un territorio nuevo. El de la formación profesional para el empleo. Soy maestro y el funcionamiento de la estructura educativa no me es ajeno. Sin embargo, la formación para el empleo es un subsistema que funciona como un submundo, con reglas propias y una arquitectura diseñada a lo largo de décadas, que hoy se ve sometida a los avatares de la crisis, no sólo económica, sino de empleo, social, política, cultural.

El modelo de formación para el empleo tiene muchas virtudes y no pocos problemas. Revisar el modelo, crear un nuevo marco para la formación de los trabajadores y trabajadoras a lo largo de toda la vida, sería una tarea urgente, pero lo urgente no siempre es prioritario en política y la política no goza de buena salud en nuestro país.

Ha sido duro. Y , sin embargo, lo peor con diferencia no ha consistido en aceptar un nuevo reto en tiempos difíciles, sino percibir que la crisis que atravesamos es mucho más que una crisis económica al uso, más dura y más larga que otras anteriores. Percibir que el mundo que hemos vivido y conocido, afronta uno de esos procesos de transformación histórica que lo convierte en irreconocible y que abre un escenario nuevo de imprevisibles consecuencias. Un mundo globalizado frente al que los Gobiernos, los Estados, los pueblos, tienen poco margen de maniobra y los instrumentos de gobierno internacionales se muestran impotentes.

Por lo pronto, el destrozo económico que ha producido la crisis, ha fracturado el mercado de trabajo hasta límites intolerables. El paro frente al empleo, el temporal frente al fijo, el becario frente a todos. El empleado púbico frente al privado. El autónomo frente al asalariado. En todos los casos los salarios se reducen, las condiciones de trabajo empeoran, las posibilidades de encontrar un empleo para los que carecen del mismo son cada día menores, las posibilidades de perderlo para cuantos lo han conservado han crecido de forma desproporcionada. La temporalidad, la precariedad, la inseguridad en los derechos laborales, parecen convertirse en el paradigma de la modernidad que se avecina.

Mientras tanto, los recortes sociales han conseguido que servicios esenciales para el bienestar de la ciudadanía se hayan visto no sólo recortados, sino sometidos a los flujos de los intereses privados. La sanidad, la educación, los servicios sociales, la atención a nuestros mayores, el acceso a la cultura, que considerábamos como logros conseguidos durante largos procesos de movilización y negociación, de construcción democrática, se ven sometidos a la reglas inexorables de los mercados.

Las libertades públicas, los derechos individuales, para reunirse, concentrarse, manifestarse. El derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Hasta el derecho a fumarse un canuto de marihuana, se ven limitados y sometidos a ancestrales principios del nacionalcatolicismo. Retrocedemos a pasos de gigante hacia los últimos puestos de la Unión Europea en los derechos laborales, sociales, de ciudadanía.

La especulación, la corrupción, la puerta giratoria que pone en comunicación constante la política y los intereses empresariales, la falta de transparencia, el tráfico de influencias y de información, en aras de conseguir más riqueza, más poder. Los largos años dedicados a construir un espejismo de riqueza basado en el alto consumo interno, el endeudamiento infinito, el crecimiento especulativo del sector inmobiliario y de los precios de la vivienda, hicieron el resto y hoy pasan factura.

Algo muy grave tiene que haber pasado en el corazón de este país para que las ansias de riqueza, el todo vale para conseguir el poder del dinero, el amor al poder, se hayan convertido en valores admirables y admirados. Algo muy grave tiene que haber ocurrido para que el beneficio fácil y especulativo prevalezca sobre el estudio, el esfuerzo, el trabajo de cada día. Algo debe haber nublado este rincón de Europa que lamamos España, para que tanta gente de alta estirpe y de baja estopa, de alta cuna y de baja cama, hayan creído que la impunidad podía presidir sus comportamientos especulativos, sus tráficos de influencias, sus fraudes a la Hacienda, sus correos dando cuenta y presumiendo de sus actuaciones mafiosas.

Así llegaron estos largos años de crisis. Así nos ha golpeado sin clemencia y con brutalidad inusitada. Así ha terminado este año 2013, este año del oprobio, mientras hay quien anuncia que 2014 será el año de la recuperación de la economía. Parece ser que hemos tocado suelo, e iniciamos una larga y lenta recuperación, en la que lo último que volveremos a tener será empleo y, para cuando éste retorne, será temporal, precario, inseguro, mal pagado y sin derechos. Así de simple, así de terrible.

Paradójicamente, quienes más dicen amar a España, están alentando todo el individualismo necesario, produciendo todas las fracturas precisas, dibujando todos los puntos de fuga posibles y  levantando todas las murallas infranqueables, para impedir cualquier intento de reconstrucción, o para que esa reconstrucción se produzca bajo los designios de una nueva burbuja especulativa, en un nuevo modelo económico y social, en el que los pueblos hayan perdido todas las bazas para gobernar y tan siquiera limitar, las fuerzas de una economía de consumo globalizado.

El destino no está escrito, pero si queremos elegir y decidir nuestro destino, deberemos sumar mucha sensatez, mucha voluntad, mucho trabajo, mucha flexibilidad en las ideas y una cultura de la honestidad, a prueba de bombas, de la que no andamos sobrados. No lo tenemos fácil. En primer lugar porque muchos de nuestros males son estructurales, forman parte de cuanto hemos acuñado como país. Y en segundo lugar porque nos encaminamos hacia un mundo desconocido, donde muchas de las experiencias pasadas nos servirán de poco.

Pero de nuestra decisión de hoy, dependerá el futuro de nuestras hijas y nuestros hijos. De nosotros y nosotras depende que ese futuro desconocido vaya naciendo bajo el signo de los derechos de ciudadanía, o sometidos a la marca del oprobio. Un futuro de las personas, o un futuro de opresión de las libertades. Es la hora de tomar las riendas y la palabra.

Francisco Javier López Martín.