Amnistía. Que trata de Sapagna

junio 16, 2017

 

Ay, aquel que le pareciera

que es fácil mi batallar

siquiera por un momento

que se ponga en mi lugar.

(Blas de Otero)

 

Dicen que fue Alberti, quien recordando el poemario de Blas de Otero, Que trata de España, pensó en el mejor título para la exposición que iba a inaugurarse en Milán. Tenía que trasladar la imagen de una España convertida en inmensa prisión, que buscaba en la solidaridad internacional de los sindicatos italianos, el apoyo a una solución democrática para una situación cada vez más insostenible, en la que la falta de libertad condenaba a hombres y mujeres a largas penas de cárcel y hasta a la muerte, por ejercer derechos plenamente reconocidos en cualquier lugar de Europa. Así Rafael Alberti propuso que la muestra llevara el título: Amnistia. Que trata de Spagna.

Cuentan, también, que fueron los sindicatos italianos (la CGIL, UIL, CISL), en colaboración con la organización en el exterior de las CCOO y con la  agrupación de artistas plásticos del PCE, quienes organizaron en marzo de 1972 la Mostra, que incluyó numerosas actividades en Milán y también en Roma. Y cuentan que casi 300 artistas plásticos de España, Francia, Italia, aportaron sus obras. Y que casi 50 poetas y escritores enviaron textos y poemas. Y que muchos cantautores cantaron en Milán o en Roma, a favor de la amnistía para los presos y la libertad en España. Manuel Estaban Marquillas realizó un documental con intervenciones de algunos de ellos a lo largo de la Mostra.

Las obras salieron de España clandestinamente. Pasaron la frontera por Cataluña camufladas en coches o fueron porteadas a través de las montañas de Euskadi y Navarra. Un esfuerzo que merece la pena ser recordado, para entender el despliegue de  voluntad, el riesgo y la capacidad organizativa de la oposición al franquismo en aquellos momentos. Todos sabían que tras la Mostra podían llegar las represalias. Todos asumieron la responsabilidad.

El destino de la venta de las obras de Genovés, de Picasso, del Equipo Crónica, Juan Giralt, o Ricardo Zamorano, entre otros muchos, no era otro que sostener el sindicalismo de las CCOO, que actuaba como punta de lanza de la lucha por la libertad y los derechos. Las CCOO habían ganado las elecciones sindicales, pero no se plegaron a los deseos del Régimen de integrarlas en el sindicalismo vertical. Por lo tanto fueron ilegalizadas y, en aquellos años, casi 10.000 sindicalistas de las CCOO fueron encausados en los Tribunales de Orden Público del franquismo. El mayor número de procesamientos y condenas del franquismo recayó contra militantes de las CCOO. Es difícil entender que alguien sostenga que la democracia se fraguó en unos despachos de personajes notables. Franco murió en la cama, pero el franquismo murió en las calles.

Me comentan que un periodista de esos tan renombrados, prepara una serie documental que conmemora los 40 años de la democracia en España. En ella aparecerán, parece ser, notables políticos, empresarios notables, periodistas notorios y numerosos representantes de los nobles despachos en los que se sentaron quienes pergeñaron la transición española. Pero, al parecer, no habrá trabajadores, ni los de antes, ni los de ahora, ni el mismísimo Marcelino Camacho, al que todos reconocen y al que todos quieren olvidar cuanto antes.

Hace 45 años (hoy lo recordamos en el Museo de la Historia de Madrid, con una exposición, inaugurada por Manuela Carmena y por nuestro secretario general Ignacio Fernández Toxo,  que recupera textos, obras, cuadros, imágenes de la Mostra de Milán), los artistas, la cultura, los poetas, novelistas, periodistas, no eran tan pacatos en reconocer la lucha de las CCOO y su empuje hacia la democracia en este país. Eran otros tiempos. No mejores, desde luego, pero mucho menos mezquinos y miserables con la clase trabajadora de este país, sin la cual la democracia no hubiera nacido.

La exposición Amnistía. Que trata de Spagna se inauguró, por fin, en marzo de 1972. En aquellos días en los que la represión franquista acababa con la vida de dos trabajadores en una manifestación en El Ferrol. En aquellos días en los que Marcelino Camacho salía de una de sus numerosas estancias en la cárcel. Tres meses después, la cúpula de las CCOO sería detenida en el convento de los oblatos de Pozuelo de Alarcón. Permanecerían detenidos para ser luego juzgados en el proceso 1001, cuya celebración coincidió, a finales de diciembre de 1973, con el asesinato del almirante Carrero Blanco y la venganza del franquismo vino de la mano de las desproporcionadas condenas contra los 10 de Carabanchel.

Cuando la Ejecutiva salida del 10 Congreso de las CCOO me encargó asumir la responsabilidad de la Formación Sindical, me pareció que una de las tareas pendientes de nuestra organización era recuperar la memoria de nuestros orígenes, de nuestra actividad incansable por la libertad, la democracia y la dignidad de los trabajadores y trabajadoras de este país. Nicolás Sartorius suele decir que hemos sido los costaleros de la democracia. Los costaleros no salen en la foto de la procesión, como si la Virgen o el Cristo, se desplazaran solos, cuando sabemos que sin costaleros y costaleras no habría procesión.

Me pareció necesario poner en marcha un programa, en colaboración con la Fundación Abogados de Atocha, para que nuestras afiliadas y afiliados pudieran hablar, debatir, escuchar, preguntar, a quienes vivieron aquellos momentos. Hace cuatro años ya no teníamos a Marcelino, recientemente fallecido, ni al asturiano Juan Muñiz Zapico, fallecido en un accidente de coche allá por 1977, el cual da nombre a la Escuela Sindical de CCOO. También había fallecido el vallisoletano Luis Fernández Costilla. Pero seguían junto a nosotros muchos de los 10 de Carabanchel. Eduardo Saborido, Paco Acosta, Fernando Soto, Nicolás Sartorius, Pedro Santiesteban, Miguel Angel Zamora, Francisco García Salve ( el cura Paco).

De quienes sobrevivieron al asesinato de los Abogados de Atocha sólo quedaban entre nosotros Lola González Ruiz y Alejandro Ruiz-Huerta. A lo largo de estos años hemos perdido a Lola y a Fernando Soto. Pero somos una organización joven en la que los protagonistas de la historia, aunque no fueran los protagonistas directos de estos dos hechos, pueden seguir contando las luchas de los trabajadores y trabajadoras en cada Comisión Obrera que se constituía y el trabajo de los numerosos despachos de abogados laboralistas vinculados a las CCOO y al PCE.

Por estos encuentros han pasado, además de los ya mencionados, personas como Manuela Carmena, Cristina Almeida, Francisca Sauquillo, Juan Moreno, Antonio Montesinos, Raul Cordero, Paco Naranjo, Nati Camacho, Hector Maravall, o Pepe Alcázar, junto a compañeras y compañeros de toda España, dispuestos a contar su experiencia en la construcción de las CCOO.

Se han realizado más de medio centenar de encuentros en casi todas las Comunidades Autónomas, en los que cerca de 2000 personas de todas las edades, mayores y jóvenes, hemos podido escuchar las voces de nuestra memoria viva. No un recuerdo del pasado, literal, frío y sin complicaciones. No un pasado que nos esclaviza, sino una memoria que nos interpela y que, como nos recuerda Todorov, tiene un uso ejemplar que “permite utilizar el pasado con vistas al presente, aprovechando las lecciones de las injusticias sufridas para luchar contra las que se producen hoy día y separarse del yo para ir hacia el otro”.

Los actos conmemorativos de la legalización de las CCOO, del 40 aniversario de la Asamblea de Barcelona, de la legalización de los sindicatos, del asesinato de los Abogados de Atocha, de los sucesos de El Ferrol, del Proceso 1001 y ahora de la Exposición Amnistía. Que trata de Spagna, son hitos en ese esfuerzo para reivindicar nuestro protagonismo en el presente. No queremos ser presos de nuestro pasado, sino actores de nuestro futuro. Pero somos conscientes de la vigencia de las palabras de George Orwell: “Quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado”. En esa batalla, la alianza de las fuerzas del trabajo y de la cultura, hoy como ayer, seguirá siendo el elemento esencial de nuestra construcción del presente y nuestra proyección hacia el futuro.

 

Si me muero, que no me mueran antes

de abriros el balcón de par en par.

Un niño, acaso un niño está mirándome

el pecho de cristal.

(Blas de Otero)

 

Francisco Javier López Martín

Secretario de Formación CCOO

 


Cultura de la Integridad, no hay excusas

mayo 3, 2017

No hay excusas, rezaba el lema sindical del 1º de Mayo de 2017. Es una verdad a gritos. No hay excusas para quienes nos trajeron la crisis por acción, avaricia, u omisión. Ni para los políticos que toleraron el enorme pelotazo del ladrillo y las finanzas, ni para quienes, cual cigarras depredadoras, hicieron todo el dinero del mundo, sin crear riqueza y alimentaron la burbuja de unos precios de las viviendas que nada tenían que ver con el valor real de las mismas.

No hay excusas para cuantos crearon los consorcios político-empresariales que manejaban cada cotarro a base de comisiones, sobres y maletines, pasando de las musas al teatro, sin solución de continuidad. Hoy Consejero de Sanidad y mañana Consejero Delegado de una importante empresa sanitaria. Hoy Directivo de empresas de armamentos, o del transporte, o energética y mañana responsable político de esos mismos asuntos.

No hay excusas para esa década y media de aguirrismo, en la que la crisis económica y de paro y recortes para la mayoría, se convirtió en oportunidad de negocio para unos pocos cortesanos. Cuentan que la lideresa reprochaba, a quienes la venían con el cuento del enriquecimiento acelerado de algunos de sus acólitos, que tuvieran envidia de que sus compañeros de partido se enriquecieran.

No hay excusas para la soledad que algunas personas y organizaciones vivimos cuando le afeamos públicamente su asalto a la dignidad de los profesionales del Hospital Severo Ochoa. O cuando combatimos sus operaciones privatizadoras en los hospitales y centros de salud. Cuando nos vestimos de verde para parar sus políticas educativas y convocamos huelgas educativas contra las concesiones arbitrarias de suelos y recursos para construir centros concertados y contra los recortes en la educación pública. Cuando luchamos contra la privatización del Canal de Isabel II y contra el destrozo de Telemadrid, con cerca de mil profesionales despedidos.

Dijimos no a las radiales y seguimos pagando radiales, a Eurovegas y aún padecemos el furor de construir prostíbulos y casinos por doquier en cualquier solar cercano a un aeropuerto. Siempre con la mentira de que lloverá dinero y puestos de trabajo. Hasta le afeamos la mediocridad de un miniparque Nacional de Guadarrama, que terminó contando con un tercio de la superficie del inicialmente proyectado. Se empeñó en poner a sus lugartenientes al frente de Cajamadrid y le cortamos el paso.

Nuestra voz clamaba en el desierto del silencio decretado, a base de anuncios y publicidad bien regada sobre algunos medios de comunicación. Hoy muchos y muchas dicen, en las tertulias y en los artículos, que sabían. Habría que preguntar por qué callaban, mientras unos pocos dábamos la cara y recibíamos los palos. Basta repasar los artículos de mi blog en esos años, para comprobar que fuimos Juan el Bautista, predicando en el desierto, mientras Herodías y sus Herodes hacían y deshacían a su antojo, entre risas, gracias y no pocos aplausos.

Nuestras cabezas fueron puestas a precio. Nos convirtieron en salteadores de caminos que robaban bancos de dineros de la formación. Comedores de mariscadas. Bebedores de cañas tras las manifestaciones. Militantes de un ejército de liberados a sueldo de Moscú.

Hubo un tiempo en el que algún fotógrafo me perseguía. Un día me sacaba fotos cuando salía del sindicato. Me acerqué y le pregunté de dónde era. Me respondió, con gracejo, que de Puertollano. Cuando le pregunté para quien trabajaba, me espetó que no podía decírmelo, que le habían encargado este trabajo de hacerme fotos y él lo hacía. No era cosa de rechazar un trabajo. Lo mismo harían los funcionarios nazis. Lo mismo justificaron ante el tribunal de Nuremberg. Obediencia debida.

Madrid es muy pequeño. Pronto pude ver al fotógrafo haciendo otras fotos para el periódico de Marhuenda. Eran los tiempos en los que ese periódico aclaraba, en las fotos de las pancartas sindicales, donde colocaban en portada a los Secretarios Generales de los sindicatos, que el de la derecha es el “sindibanquero”, el siguiente es el de los “rolex”, el tercero el de los “cruceros” y por último Javier López que no se ha atrevido a convocar una Huelga General. De esta guisa eran las cosas en los tiempos no  tan lejanos. En tiempos tan presentes y de actualidad.

Hoy ya sabemos que (presuntamente, siempre, con presunción de inocencia) Aneri era el pepero cordobés que vino a Madrid a montar negocios de formación en los que recibía dinero para formar trabajadoras y trabajadores, sin que hubiera cursos, con la complicidad y la pasta de organizaciones empresariales, procedentes de subvenciones.

Y sabemos que Lamela o Güemes, primero fueron Consejeros de Sanidad y ahora siguen en el negocio sanitario, después de haber esquilmado la sanidad pública. Algunos como Güemes presume de que nuestra oposición le hizo famoso y deseado por los grandes consorcios sanitarios privados, como asesor de todo tipo de privatizaciones. Y que Granados, al que alguien debió de encargarle de ese negociado, cobraba (presuntamente, siempre presuntamente) a tanto alzado, por cada colegio concertado concedido al sector privado.

Y ahora sabemos que el Presidente convertía el agua en presuntos chorros de oro. Y su señora, y la familia, y los amigos Arturo, o Cerezo, o Javier López (ese otro que se pasea con mi nombre y que no soy yo, aunque algunos periodistas se empeñen en seguirle confundiendo con el sindicalista) formaban un consorcio en el que los negocios y la política, el dinero y el poder, son todo uno y hunden sus raíces en las esencias mismas de una “capital” que es ejemplo, en lo bueno y lo malo, en vicios y virtudes, para toda España.

Han salido los trabajadores y trabajadoras, el 1º de mayo, a las calles de toda España para exigir lo de siempre: Empleos estables, salarios justos, pensiones dignas, protección para las personas. Estuve en la manifestación de Madrid hasta el final. Toxo, que pronunció su último discurso del 1º de mayo, como Secretario General de CCOO, estuvo corto y comedido, pero no quiso irse de la tribuna sin dejar clavadas sus palabras en el centro de la Puerta del Sol, “Con las actuales tasas de paro, desigualdad, pobreza y corrupción, la nuestra es una sociedad gravemente enferma”.

De eso se trata, por encima de cualquier otro problema, en estos momentos. La corrupción contamina la vida económica, envenena la política, ensucia la verdad porque siembra la sombra de la duda y la sospecha, aumenta la fractura social, convierte a cada persona en sospechosa,  a unos vecinos en enemigos de otros. No importa la corrupción si los corruptos son votados hasta que los jueces los saquen de sus poltronas.

No importa la corrupción si la economía comienza a despegar y se atisban nuevos pelotazos en el horizonte y todos podremos vivir a la sombra de los saqueadores, pendientes de las migajas que caigan de sus mesas. Será verdad para siempre la España de Chirbes y el presentimiento de Manuel Vicent, Si salimos de ésta, repetiremos la fiesta. La España eterna que ya nos describía Quevedo y que aún podemos escuchar  encarnado en Juan Echanove, representando los Sueños.

No se me ocurre excusa alguna. No se me ocurre otra manera. No creo que haya nada más patriótico en nuestros días, que combatir la corrupción. A quienes corrompen y a quienes aceptan ser corrompidos. Alguien dijo que tenemos una justicia diseñada para robagallinas. Que persigue el pequeño fraude, el pequeño robo y deja impune al gran delincuente. Empecemos por ahí. Y reforcemos, a continuación, la necesidad de hablar y actuar para crear desde todos los lugares y responsabilidades  una cultura de la integridad. Parece poca cosa, pero empecemos por ahí, día tras día, año tras año y seguro que algo cambia en este país.

Francisco Javier López Martín

Secretario de Formación de CCOO


El indicador de la política de la miseria (IPREM)

febrero 27, 2017
foto; Fran Lorente

foto; Fran Lorente

En julio de 2004 el primer gobierno Zapatero creó el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) como un mecanismo para sustituir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) como referente para la concesión de ayudas, becas, subvenciones, subsidios.

Hasta ese momento el SMI era la renta que se tomaba en cuenta a la hora de fijar acceso a becas, tasas, justicia gratuita, viviendas de protección oficial, mínimos exentos en materia fiscal, etc.

Dicho de otra manera, el SMI era un salario miserable para evitar efectos presupuestarios, liberado de los cuales podría situarse en niveles más altos. Sin embargo, años después, el Salario Mínimo en España incumple los criterios de la Carta Social Europea suscrita por nuestro país. Es uno de los más bajos de la eurozona y se encuentra por debajo de la referencia del 60% del salario medio.

En cuanto al IPREM, creció anualmente siguiendo los objetivos de inflación del Banco Central Europeo y fue manteniendo su poder adquisitivo hasta 2009. A partir de ahí, con la justificación de la crisis económica, el IPREM ha acumulado pérdidas de hasta 6,4 puntos en 2016. Congelar el IPREM ha supuesto devaluar la protección social y especialmente la protección por desempleo.

De nuevo se vulnera el Real Decreto Ley 3/2004, que establece la previsión de inflación como el umbral mínimo para fijar el IPREM. De nuevo se deprecia la participación, la capacidad de propuesta, la negociación, con los interlocutores sociales, empresarios y sindicatos. Mera consulta, cuando no mera información.

Si otros años la disculpa era la crisis, este año la congelación del IPREM busca la nueva moda de que no hay presupuesto aprobado, argumento generalizado para justificar la inactividad y la desidia. El Salario Mínimo se sitúa en unos insuficientes 707,7 euros/mes. El IPREM permanece congelado desde 2010 en 532,51 euros/mes. El poder adquisitivo perdido está haciendo que la lucha contra la pobreza, o la protección social por desempleo, no se vean mejoradas en una nueva situación más favorable de salida de la crisis.

Recuperar los 6,4 puntos porcentuales perdidos, añadiendo al menos el 1,4% previsto de crecimiento de los precios en 2017 sería esencial y, junto a ello, no podemos seguir dejando en manos de los Gobiernos de turno las subidas anuales del SMI, o del IPREM, porque la experiencia nos da buenas muestras de la mediocridad y la miseria que estos gobiernos demuestran, aplicando decenas de miles de millones en rescate a la banca, mientras se muestran mezquinos en el rescate a quienes más lo necesitan, precisamente en los momentos más duros.

Es absolutamente necesario, por lo tanto, establecer un mecanismo de actualización del IPREM que permita, en todo caso, corregir las desviaciones entre IPC real y el incremento que se haya producido en el IPREM.

La calidad de una sociedad se mide por su capacidad de atender a quienes requieren de la protección frente a la pobreza, la injusticia, la miseria. El IPREM es uno de esos indicadores de calidad que en España sigue dejando mucho que desear. Somos una sociedad injusta y desigual, que cada día agudiza sus problemas.

Francisco Javier López Martín


Es el momento de pasar a la ofensiva

enero 12, 2017

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El titular no es mío. Es una frase sacada de una intervención de Nicolás Sartorius, durante la reciente presentación del libro Toda España era una cárcel, escrito por Rodolfo Serrano. Reflexionaba Nicolás sobre la situación actual del país cuando afirmaba que “es el momento de pasar a la ofensiva”, aclarando que es tiempo de “apretar las clavijas a patronal y Gobierno”. Y explicaba que “si CCOO no impulsa los cambios no lo van a hacer otros”.

Me parece una reflexión muy apropiada para los momentos que corren. De forma generalizada, del Rey abajo casi todo el mundo, anuncia que la crisis ha terminado. Es cierto que esta visión, interesadamente optimista, del futuro que se avecina topa con planteamientos como el de Varufakis, el ex ministro de Finanzas griego, para el cual “la crisis no ha terminado, sólo ha cambiado sus síntomas”.

Una idea en la que abunda Owen Jones, que opina que los causantes de los desastres  actuales cuentan ya con una ultraderecha pertrechada para acometer y gobernar un escenario en el que “la última crisis económica no ha terminado del todo mientras que una nueva podría estar a punto de surgir”.

Acaba de comenzar el año y nos alcanza la noticia de la muerte de Zygmunt Bauman. Un hombre que nos ayudó a entender una parte de las características del nuevo mundo que se avecinaba. Un mundo instalado en la “modernidad líquida”, que exige la aceptación de la incapacidad de la política para gobernar la economía, los mercados, los poderes económicos.

Según Bauman, este divorcio entre el poder y la política genera un nuevo tipo de parálisis, socava la capacidad de acción política que se necesita para abordar la crisis y mina la confianza de la ciudadanía en el cumplimiento de las promesas de los gobiernos. De ahí que la crisis actual sea, al mismo tiempo, una crisis de la capacidad de acción, una crisis de la democracia representativa y una crisis de la soberanía del Estado.

Cuando asistimos asombrados a fenómenos como el ascenso del populismo en Europa, en Estados Unidos, en otros lugares del planeta. Cuando comprobamos cómo la corrupción institucional e institucionalizada termina por no tener grandes costes electorales, deberíamos tomar en cuenta este divorcio entre poder real y política y el desapego, la desconfianza de las personas en la posibilidad de que alguien tenga la capacidad de solucionar sus problemas, por mucho que ese alguien haya sido elegido democráticamente.

En un mundo líquido, el Estado Social, reconocido por Constituciones como la Alemana o la Española; el Estado del Bienestar, construido tras la II Guerra Mundial y el surgimiento de los bloques del Este y de Occidente, parece que ya no tienen sentido. Son sustituidos por el Estado de Crisis. Porque la crisis, con sus inseguridades, sus incertidumbres y sus miedos, se convierte en la forma de vida.

Es John Berger, otro de nuestros imprescindibles, fallecido poco antes que Bauman, estas mismas Navidades, quien refleja esta sensación generalizada de inseguridad, hartazgo, desapego, no exentos de cierta solidaridad mutua, de la siguiente manera: “En un día  cualquiera, cuando nada sucede, cuando la crisis que se anuncia hora tras hora ya es una vieja conocida, cuando los políticos se presentan a sí mismos como la única alternativa a la catástrofe, las personas intercambian miradas al cruzarse unas con otras para cotejar si los demás entienden lo mismo cuando murmuran: así es la vida”.

La crisis no ha terminado. La crisis se ha instalado entre nosotras y nosotros. Pero, lejos del fatalismo al que quieren conducirnos, a la aceptación sin resistencia del Estado de Crisis, seremos nosotras y nosotros quienes decidamos rendirnos ante sus evidencias, o imponer nuestras propias realidades en el centro de la política, la economía, la cultura y la convivencia social. Es nuestra decisión. Y me parece que está tomada, porque nadie se resigna, para sí y para los suyos, a vivir en el miedo, en la incertidumbre constante, en un mundo entendido como cárcel, en un empleo concebido como esclavitud.

Es cierto que los datos económicos ponen de relieve que la recesión, las pérdidas económicas, han pasado. Seguimos en crisis, continúa la amenaza, pero el movimiento de la economía, por insano que sea, produce una cierta sensación de recuperación económica, al menos. Cuando el dinero se mueve, los de bajo respiramos y los de arriba estudian los nuevos pelotazos que pueden acometer.

Han sido muchos años de crisis, desde 2008 y estamos en 2017. Años de cierres empresariales, de ajustes de plantillas, de pérdidas salariales, de recortes de derechos laborales y de deterioro de los derechos sociales. De pérdidas de recursos en educación, sanidad, o servicios sociales, de retrocesos en pensiones y atención a la dependencia, de aumento de la pobreza y abandono de quienes han perdido todas las fuentes de ingresos.

Parece evidente que frente a la inactividad privada, debiera haber sido la inversión pública la que moviera la economía, aunque fuera transitoriamente. Y sin embargo, la Unión Europea, al dictado de Merkel, hizo todo lo contrario. Los ajustes, los rescates, los recortes han endurecido la crisis y la han prolongado.

Admitamos, no obstante, que existe un respiro, cuando menos transitorio, en la economía. Eso debe traducirse y tener efectos sobre las personas. Especialmente sobre quienes han padecido de forma brutal los efectos de la crisis en forma de paro y pérdidas de protección social. Por eso el 15 de diciembre, el sindicalismo de clase, nos movilizamos en toda España y el 18 de diciembre en una gran Manifestación en Madrid bajo un lema: Por las personas y sus derechos. Por las personas reales, por los derechos garantizados.

Avisamos que era sólo el principio. El primer paso. Vamos a la ofensiva por el empleo estable, por el salario digno, por la salud y seguridad en el trabajo, por la formación de los trabajadores y trabajadoras en las empresas, por la igualdad sin discriminaciones inaceptables. Vamos a la derogación de las reformas laborales impuestas y del artículo 315.3 del Código Penal, que castiga a un huelguista con más años de cárcel que a un violador, o a un ladrón de los dineros públicos.

Vamos a las batallas por la sanidad pública, gratuita, universal. A la defensa de la enseñanza pública de calidad. A asegurar las pensiones y la atención a la dependencia de nuestros mayores. La protección a las personas desempleadas. Una Renta Mínima Garantizada para cuantos carecen de rentas.

Vamos a disputar el reparto de las rentas, también en la fiscalidad. Porque no puede seguir ocurriendo que la fuente fundamental de los ingresos del Estado sean las rentas del trabajo, mientras que las rentas del capital cuentan con todos los mecanismos para terminar eludiendo sus responsabilidades en la aportación de los recursos necesarios para el sostenimiento de la actuación protectora del Estado. Vamos a defender la decencia del empleo, la libertad, la dignidad de nuestras vidas.

Y, para no ocultar nada, conviene dejar claro que vamos a esta ofensiva, desde la unidad sindical y desde la alianza con las fuerzas políticas y sociales dispuestas a dar el paso de la indignación a la propuesta y la movilización organizada y abierta. Su Estado de Crisis no es una patria para nosotras y nosotros. Merecemos algo más y vamos a conquistarlo. Es momento de pasar a la ofensiva.

Francisco Javier López Martín


El ejército de los escuderos privatizadores

septiembre 10, 2016

trabajador pobre

Hace unos días comenté una noticia en esa red social que permite sólo 140 caracteres, introduciendo una reflexión sobre la utilización de los recursos públicos como fuente de negocio privado, por parte de algunos avispados “emprendedores”. En concreto en el campo de los servicios sociales y, más específicamente, en la atención a nuestros mayores.

La respuesta de uno de los escuderos mayores en el castillo de la mediocracia no se hizo esperar, acusándome poco menos que de estalinismo y blandiendo los beneficios de la gestión privada. No faltaron escuderos menores y aspirantes a escuderos, en el intenso debate que se suscitó a continuación. Y cuando hablo de escuderos, aplico la definición que Owen Jones realiza de estos curiosos personajes en su libro El Establishment: La casta al desnudo.

Tampoco faltaron, en el trasiego, quienes, en defensa de lo público, argumentaron que, lejos de atacar la libertad y acercarnos a la extinta Unión Soviética, defender lo público nos acerca a un modelo europeo, que ha asegurado, durante décadas, la calidad de vida y los derechos sociales de quienes más necesitan de la protección y la solidaridad de la sociedad y el Estado. Desde luego, quienes no aparecieron por ninguna parte son los auténticos protagonistas políticos y empresariales del desaguisado.

Es obvio que un debate a base de 140 caracteres se deja mucho por el camino y produce pocas conclusiones y un imposible consenso. Pero creo que este debate merece algunas reflexiones a vuelapluma, al menos. La primera de ellas, sin ánimo de exhaustividad, es comprobar la cantidad de personas, no pocos de ellos jóvenes que dirigirán en breve nuestra sociedad, que han caído en las garras de quienes confunden interesadamente libertad con ultraliberalismo. Dicho de otra manera, para ellos la libertad consiste en poder montar empresas y negocios, mientras que privar de libertad a nuestros mayores no es más que una circunstancia de los tiempos modernos. Algo así como un mal colateral sobrevenido e inevitable.

La segunda reflexión que me viene a la cabeza es hasta qué punto los señores que manejan el cotarro y sus fieles escuderos, han conseguido, introducir la falsa idea de que lo privado gestiona mucho mejor que lo público cualquier cosa que se le ponga por delante. Han sido largos años, ya décadas, de atacar la gestión pública de la sanidad, la educación, los servicios sociales, que han terminado calando. Como bien dice mi amigo Manuel, han creado tendencia y, a partir de ahí, todo es fácil, porque ya es el río el que nos lleva.

Han sido años atacando cada uno de los baluartes que podían actuar como defensa de las familias trabajadoras. Entre ellos los sindicatos y los partidos de la izquierda. La clase trabajadora ha sido, efectivamente, demonizada y sus organizaciones acosadas hasta conseguir su claudicación, situarlas a la defensiva. La aspiración máxima del consorcio político-empresarial consistiría en reconducirlas hacia el colaboracionismo, hacia la aceptación, sin rechistar, de un sistema y un modelo que deja a demasiada gente en las cunetas del camino.

Hoy, una persona trabajadora es poco más que un factor necesario, pero molesto, a tomar en cuenta como coste minimizable a la hora de establecer los beneficios empresariales. La clase trabajadora no necesita estabilidad, salario decente, ni formación, o protección contra la siniestralidad laboral. No hay por qué asegurar a estas gentes trabajadoras un horizonte de empleo y vida digna. Hoy hay que ser “emprendedor”, lo cual consiste en aceptar la extra y autoexplotación por parte de los grandes, sin salario seguro, sin condiciones dignas de trabajo, sin futuro en las pensiones, sin protección por desempleo, sin derechos laborales, ni sociales.

Los escuderos y sus señores han conseguido hincar el diente mucho más allá de la gestión de la iniciativa privada. Han conseguido adentrarse profundamente en la gestión de los recursos públicos, lo que es de todos, los dineros que la ciudadanía deposita en manos del Estado (ya sea Estado Central, Autonómico, o Local), a través de los impuestos y cotizaciones sociales, fundamentalmente.

Atacaron la Sanidad Pública, cuando ya controlaban el importante gasto farmacéutico y abrieron las puertas a las más diversas fórmulas de participación privada en la gestión sanitaria hospitalaria (Fundaciones, empresas mixtas, conciertos, contratos, convenios…). Grupos financieros, sanitarios y empresariales corrieron a aprovecharse en comandita del botín.

No pocos políticos acabaron utilizando las puertas giratorias para encontrar asiento bien remunerado en dichos proyectos, en justo y presunto agradecimiento por los favores prestados. En premio por su incansable labor en el fomento de la “colaboración público-privada”. Algunos exconsejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid son claro ejemplo de este tipo de patrióticos personajes y gozan de buena salud y grandes ingresos.

Atacaron la enseñanza pública y abrieron las puertas a la concesión de conciertos educativos, entregando terrenos y facilitando fórmulas de financiación. Los casos Gürtel, o Púnica, ponen bien de relieve las comisiones pagadas por algunas de estas concesiones y los maletines y dineros que han viajado al extranjero. Algunos de los responsables políticos de estos tejemanejes están en la cárcel, pero quienes los financiaron permanecen impunes en la mayoría de los casos. Parece difícil combatir a los corruptos cuando no se persigue con la misma saña a los que financian la corrupción.

El caso de los Servicios Sociales y la Atención a la Dependencia es no menos llamativo. Con el agravante de que la base pública, de entrada, era muy escasa. Desde la beneficencia, generalmente en manos de la Iglesia, tuvimos que pasar a los derechos reconocidos de las personas mayores, las personas con alguna discapacidad, o quienes carecen de recursos. Pasar del Auxilio Social de la dictadura a una red pública de servicios sociales en democracia, hubiera exigido una apuesta, política y económica, que en pocos casos se produjo.

Tras la construcción de algunas residencias públicas, se pasó a construirlas con presupuesto público y entregarlas a gestión privada y poco después a concertar directamente con la iniciativa privada, tras facilitar la cesión de suelos, el acceso a financiación. Negocio redondo.

En cuanto a nuevos derechos como la ayuda a domicilio, o la teleasistencia, prácticamente se desarrollaron desde su nacimiento bajo fórmulas de gestión privada. No pocos de los gestores de esas empresas provienen, de nuevo, de la utilización de las puertas giratorias que permiten, sin solución de continuidad, pasar del despacho donde se conceden las ayudas a la gestión privada de esas ayudas.

No seré yo quien diga que toda iniciativa privada es puro negocio. Hay iniciativa social que merece ser apoyada con recursos públicos. De otra parte, prescindir del sector privado en la prestación de todos los servicios públicos tampoco parece una opción viable sin crear un bloqueo en muchos de esos servicios.

Ahora bien, reconocer esto no significa que debamos aceptar como animal de compañía el consorcio de intereses empresariales, políticos y personales que se ha instaurado en la gestión de los servicios públicos esenciales. Esta situación, unida a los recortes injustificables en la prestación directa de servicios públicos, ha producido una caída de la calidad de los servicios y un deterioro de las condiciones de trabajo, aún más evidente en el caso de los servicios públicos entregados a gestión privada (contratos precarios, salarios bajos, condiciones de trabajo de pura y dura explotación laboral).

Por eso hay que establecer criterios claros. El titular de un servicio público, es siempre la Administración responsable de asegurar el ejercicio del derecho. Significa que el sector privado debe actuar siempre como colaborador subsidiario. En segundo lugar, las Administraciones deben promover la gestión directa de servicios esenciales y, entre ellos, especialmente, la Sanidad, la Educación, los Servicios Sociales.

Deben crearse instrumentos de evaluación de la calidad de los servicios públicos y hay que establecer fórmulas de participación social en el control, seguimiento y evaluación de dicha calidad de los servicios públicos. Una de las características de la operación de deterioro y privatización ha consistido, precisamente en devaluar o suprimir los instrumentos de participación social para terminar concediendo las ayudas sin testigos.

Hay que acabar con las irregularidades, las corruptelas, el pasilleo, la información privilegiada, los pagos de comisiones, la prevaricación, el trato de favor, el tráfico de influencias y las puertas giratorias. Y eso sólo se consigue con control social de los pliegos de condiciones, con participación social en la gestión y evaluación de la calidad de los servicios.

Sólo se consigue si el empleo y las condiciones de trabajo en el sector privado son equiparables con las del sector público. Y, sobre todo, se consigue, si desde la sociedad organizada y vertebrada, desde la izquierda, desde los sectores sensatos de la política, desde las organizaciones democráticas, desde los sindicatos, nos aplicamos, sin prisa, pero sin pausa, en esa labor educativa y ética imprescindible de desmontar la confluencia de intereses políticos y empresariales que han convertido la gestión de los público en fuente de negocio, jugando con las necesidades y los derechos esenciales de la ciudadanía.

Esa es la nueva tendencia que tenemos la obligación de construir, si queremos que la libertad, la igualdad, la justicia y los derechos laborales y sociales, sigan siendo valores y principios rectores de nuestra convivencia. O eso, o el triunfo de la jungla de los Señores del Dinero y sus escuderos mediáticos y políticos.

Francisco Javier López Martín


LA INTRANSITABLE CARTOGRAFIA DE LOS RECORTES

junio 14, 2016

javier lopez recortesUn reciente informe de CCOO pone de relieve que uno de los peores efectos de la crisis ha sido que los ingresos públicos han disminuido brutalmente. Así, las cuentas del Estado, que se saldaban en 2007 con un superávit de 21.620 millones de euros, arrojaban en 2009 un déficit de 118.237 millones de euros. La caída de los ingresos fue de casi 70.000 millones de euros, pero las rebajas fiscales descontroladas puestas en marcha desde 1994, también tienen mucho que ver.

La solución de los recortes es la más fácil, pero la que más pone en riesgo la estabilidad y cohesión de cualquier país. En las cuentas formales, el gasto de las Administraciones Públicas disminuyó en 30.824 millones de euros entre 2009 y 2014. Pero este dato oculta un desequilibrio más complejo. Así, mientras los intereses de la deuda, el gasto energético, o las pensiones crecieron en 47.000 millones de euros, el resto del gasto público bajó en 78.000 millones de euros (casi 8 puntos del Producto Interior Bruto). Si tomamos en cuenta la inflación acumulada, el gasto público ha caído entre un 21% y un 30%.

Y el golpe no lo han sufrido exclusivamente los empleados públicos en forma de rebajas salariales y pérdida de empleo. Tan sólo en el capítulo de inversiones en transportes hemos perdido 13.000 millones de euros, 4.400 millones en vivienda, 4.000 en inversiones sanitarias y educativas, o 4.600 millones en políticas sectoriales. Las políticas de Investigación y Desarrollo (I+D+i) han perdido en su conjunto más de 1.700 millones.

Esto sólo en las inversiones, porque si miramos el retroceso de la dotación de servicios como la salud y la educación se han gastado, en 2014, 18.400 millones menos que en 2009. Pero se trata de recortes desequilibrados- Mientras la educación pública ve retroceder sus inversiones en un 70%, los conciertos con centros privados caen un 1,2%.

Los gastos con mayor componente social han sido el principal objetivo del PP a lo largo de los últimos años. Ya sea la incapacidad laboral, el apoyo a las familias y la infancia, las políticas sociales de vivienda, la protección del medio ambiente, las políticas sectoriales de impulso a la economía.

En definitiva, una orientación de la política de gasto presupuestario, que nos está colocando en los últimos puestos de la Unión Europea en nuestra capacidad de proteger a las personas y las familias frente a los efectos de la crisis.

Corregir esta deriva de empobrecimiento que fractura cada vez más a la sociedad, sería el trabajo urgente de cualquier Gobierno. Ese Gobierno que lleva ya seis meses sin constituirse y que veremos cuanto tarda en llegar después del 26j. Un lujo, que no deberíamos permitirnos como país, pero que nos estamos permitiendo. Y es que la lógica política no parece tener mucho en común con la lógica de las necesidades de la sociedad. Con el agravante de que en este caso, como en muchos otros, el tiempo solo puede empeorar las cosas.
Francisco Javier López Martín


20 puntos, 20 son… Y si no Chirrín, Chirrán

junio 8, 2016

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Vamos directos a unas nuevas elecciones generales. No tengo ni idea de qué va a pasar en ellas. Puede que se repitan los mismos resultados, con leves variaciones y los partidos se vean en la misma tesitura que hace seis meses, o puede que no. Vaya usted a saber. No conviene hacerse demasiadas ilusiones en uno u otro sentido, porque el voto es caprichoso y se decide en función de tendencias inescrutables que se van generando, diseñando, calando, o no calando, en cientos de miles de personas. Hay quienes dicen que no van a votar, pero luego votan y quienes dicen y hacen lo contrario.

Lo único cierto y verdadero es que quienes tengan que gobernar este país, a partir del 26 de junio, se van a encontrar un país electoralmente exprimido, pero social y políticamente muy activo. Un país dispuesto a perseguir hasta las madrigueras los rastros de la corrupción. Un país y unos paisanos que comienzan a entender que la salida de la crisis sólo es realidad para unos pocos, porque estos mismos pocos han diseñado un futuro de precariedad, temporalidad, bajos salarios, escasos derechos y ningún horizonte de futuro hacia el que dirigir nuestros esfuerzos de supervivencia.

Y no estamos dispuestos a acostumbrarnos a esa realidad, por mucho que la alabe el Presidente de la CEOE, el Gobernador del Banco de España, o cualquiera de aquellos que blindan férreamente sus salarios, sus beneficios y sus pensiones, ante cualquier eventualidad futura. Personajes de éxito que burlan la ley hasta que el escándalo es insoportable, e insostenible. Y aun así es casi seguro que no irán a la cárcel, porque en un país con una justicia diseñada para robagallinas, sólo va a la cárcel ese joven que se gastó 79 euros con una tarjeta falsa.

Hay cosas que queremos que cambien y vamos a empujar para que cambien, sea cual sea el signo (izquierda-derecha, arriba-abajo, acá-allá, colorao-descolorío) del partido, o partidos, que se encuentre (o encuentren) en condiciones de formar gobierno a partir del 26 de junio.

Hay 20 puntos que los sindicatos hemos presentado a los partidos políticos, ante esta nueva campaña electoral. Parafraseando a Carlos Puebla, en su famosa canción… 20 puntos, 20 son/ ni uno menos ni uno más/ Si quieren me los aceptan/ y si no chirrín, chirrán. Ese chirrín-chirrán, por cierto,no se lo tomen a guasa. Allá en Cuba viene a significar que hasta aquí hemos llegado. Que lo nuestro se acabó. Tomen ustedes nota, así pues, de las 20 actuaciones que no admiten demora, dilación, ni escamoteo, a partir del día en que votemos de nuevo.

Esos 20 puntos empiezan por el empleo. Este país necesita un Plan de Choque para crear empleo. A continuación la derogación de las reformas laborales impuestas y no negociadas, porque nos dejan a los pies de los caballos del empresariado. En tercer lugar, basta ya de austeridad para los más y derroche y corrupción para unos pocos. Queremos un Salario Mínimo decente que evite que cada vez haya más trabajadores con empleo y en la pobreza. Y una política fiscal justa, porque aquí sólo pagamos nosotros, los que trabajamos, mientras quienes más tienen dejan limosnas en la Hacienda Pública, a base de deducciones, desgravaciones, bonificaciones y maquinaciones fiscales a las que llaman ingeniería o viaje al paraíso.

En séptimo lugar queremos que haya unos mínimos, un suelo, de gasto social reconocido en la Constitución. Queremos recuperar, consolidar y fortalecer el gasto social, porque ese gasto en servicios sociales, en sanidad, en educación, en pensiones, en rentas mínimas, es lo que construye ciudadanía unida, en torno a un proyecto común. No se puede, decimos en noveno lugar, jugar con las pensiones, hay que recuperar el Pacto de Toledo, que el gobierno del PP ha inutilizado.

Y tras el desastre de la ley Wert, hay que derogar la LOMCE y abrir un diálogo sereno y no partidista sobre la educación. Queremos igualdad entre mujeres y hombres. Y no jugarnos la vida y la salud en el puesto de trabajo. Que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales deje de ser papel mojado en muchos lugares.

Para quienes no tienen nada, queremos una Renta Mínima. Y queremos políticas reales de lucha contra la pobreza, la vieja pobreza y las nuevas formas de pobreza. Para ello es necesario reforzar los servicios sociales y que actúen de manera integral. Un buen ejemplo es la necesidad de acabar con el abandono, retraso, infradotación, al que se ha sometido a la ley de Dependencia. Las personas mayores y con alguna discapacidad lo necesitan ya.

Este país necesita invertir en su sistema productivo, en su industria, en la calidad de sus servicios. Y este país necesita defender la calidad de su democracia, acabando con leyes mordaza y artículos como el 315.3 del código penal que conducen a la cárcel a los huelguistas.

Necesitamos un gobierno que diga basta a la indecencia de las políticas de una Europa que no respeta los derechos humanos y los derechos sociales. Dramas como el de los refugiados no pueden formar parte de la memoria de Europa que dejemos a nuestros hijos e hijas. Como necesitamos un gobierno que nos defienda de los excesos que anuncian los tratados de libre comercio, que se negocian de espaldas a la gente y que sitúan las vidas y los derechos por debajo de los intereses de las grandes corporaciones. Y con esto acaban los 20 puntos a los que no vamos a renunciar, sea cual sea el gobierno. Vuelvo a parafrasear a Carlos Puebla…No somos intransigentes/ni nos negamos a hablar/pero aceptan nuestros puntos/ o no hay nada que tratar. Ya saben, que sea cual sea el nombre del partido, o partidos, agraciados con la lotería electoral… 20 puntos, 20 son, ni uno menos, ni uno más. Si quieren me los aceptan. Y si no chirrín, chirrán.

 

Francisco Javier López Martín