Reforma de la formación: solucionar problemas

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La formación a lo largo de toda la vida es un derecho individual de cada persona y una necesidad de cada empresa. Combinar y equilibrar el libre ejercicio de este derecho y las necesidades del sistema productivo es esencial para abordar una reforma del sistema de formación para el empleo.

Uno de los primeros problemas de nuestro sistema de formación para el empleo es que las pequeñas empresas ejercen muy poco el derecho a la formación. No es para menos, cuando existen casi 7000 empresas, centros de formación, consultoras, gestorías (denominadas “entidades organizadoras”), compitiendo sin control, para organizar la formación en este tipo de empresa, lo cual da lugar a, cuando menos, numerosas irregularidades.

Merecería la pena una revisión en profundidad de esta formación que se bonifican las empresas, con la participación de miles de entidades organizadoras de la formación y sin participación real de los centros públicos de formación.

La solución podría venir del nuevo papel que deberían asumir las organizaciones sindicales y empresariales en la organización de formación en la pequeña empresa. Y no me refiero a la impartición de cursos, sino más bien a la detección de necesidades, planificación de las prioridades formativas, evaluación de la formación y el impacto de la misma, vertebración de la actividad formativa realizada a través de los centros acreditados, públicos y privados.

El segundo gran problema es el de la formación para las personas desempleadas. Cientos de millones de euros, procedentes muy mayoritariamente de la cuota de formación que pagamos empresas y trabajadores, fluyen hacia las Comunidades Autónomas y merecería la pena que la formación en todas las Comunidades Autónomas se desarrollara con garantías plenas de participación democrática de los agentes sociales y con una coordinación e información mayor entre las Comunidades Autónomas y el Gobierno Central.

No se trata de invadir competencias autonómicas de ejecución de los fondos de formación. Se trata de establecer compromisos de información, participación y coordinación para evitar, entre otras cosas, la duplicidad de ofertas formativas.

Un tercer tema importante es el de la formación dirigida a los diferentes sectores de la producción y los servicios Es importante tomar en cuenta que aunque, en teoría, la formación que se bonifican directamente las empresas es la más cercana y pegada a las necesidades de  las empresas, es la formación sectorial la que termina adaptándose más a las necesidades de cada sector empresarial. Y ello ocurre porque en la formación bonificada las empresas terminan haciendo la formación que ofrecen las denominadas “entidades organizadoras”.

Así termina ocurriendo que la formación sectorial, organizada por empresarios y sindicatos, responde mejor a las necesidades de las empresas, de forma que una cosa es separar organización de impartición, en lo que podemos coincidir, haciendo que quienes impartan la formación sean los centros mejor preparados para hacerlo y otra cosa muy distinta, expulsar del gobierno de la formación a quienes aportan los recursos de la cuota de formación y conocen las necesidades formativas de las empresas y de los trabajadores y trabajadoras.

Empresarios y sindicatos, deberían ser quienes determinasen las necesidades estratégicas en cada sector y participasen en la planificación, programación, desarrollo y evaluación de los planes. La ejecución, en todos los casos, debe ser realizada por los centros públicos y privados de formación que reúnan las mejores condiciones.

Y aquí hay que poner el acento en que los centros de formación públicos son los auténticos damnificados del sistema antiguo y del nuevo sistema. Todo el potencial formativo de las Universidades y de los centros de Formación Profesional, o de Adultos, se tira por la borda, año tras año.

Una reforma de la formación que no dé respuesta a estos problemas, será una reforma de pan para hoy y hambre para mañana. No se trata de de vestir la formación de lagarterana, para hacer una reforma de titulares sin contenidos. O aun peor, que enquiste los males sin solucionarlos.

Se trata de definir un escenario en el que empresarios, sindicatos, Gobierno central, Gobiernos autonómicos, asuman, cada uno, su papel en el gobierno de la formación, al tiempo que los centros públicos y privados deben impartir la mejor formación posible, en función de las necesidades reales de las empresas y el libre ejercicio del derecho a la formación de cada trabajador y trabajadora.

El Gobierno no debería dilapidar esta oportunidad de afrontar una reforma para solucionar problemas, en lugar de aprobar un decretazo que mañana mismo agudice problemas, en lugar de solucionarlos. Necesitamos una reforma que perviva más allá de esta legislatura que se agota a marchas forzadas.

Necesitamos políticos que miren unos años más allá de los problemas cotidianos y construyan modelos de gestión de las políticas que contribuyan a integrar esfuerzos para garantizar derechos. El derecho, en este caso, de cada persona, a formarse a lo largo de toda la vida. Y a que esa formación forme parte de su promoción personal y profesional.

Francisco Javier López Martín

 

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