Ayuda a un Cayetano

Los responsables de la Comunidad de Madrid con su presidenta a la cabeza, lo llaman eufemísticamente Programa de Becas para las Rentas Medias. La oposición, escamada y siempre ninguneada, ha decidido llamarlas Becas Cayetanas.

Se trata de que las becas concedidas para estudios en centros privados, en niveles educativos no obligatorios, ya sean para cursar enseñanzas en Escuelas Infantiles, Bachillerato o Formación Profesional, van a ocupar más de 80 millones de euros del presupuesto regional.

Unos dineros que vienen a sumarse a las subvenciones obtenidas para impartir Bachillerato en centros privados, que con frecuencia separan a los niños de las niñas  Todos esos recursos, casi 130 millones de euros, salen de los bolsillos de todos los contribuyentes.

Ellos, tan enemigos de subvenciones, becas y ayudas públicas, resulta que sueltan cada vez más dinero para becar y subvencionar a quienes tienen rentas que no requerirían ese tipo de beneficios. Una cosa es ayudar a quienes obtienen buenos resultados académicos, los méritos y esfuerzo y otra muy distinta dar dinero público a familias que ganan hasta 143.000 euros para pagar enseñanzas no obligatorias. Familias que han decidido llevar a sus hijos a un instituto de pago, precisamente porque tenían dinero suficiente.

Dos mitos alimentan este tipo de comportamiento. Uno es el de que las clases medias pagan más, lo cual no es siempre cierto. Y si es cierto será porque los más pudientes siempre tienen trucos para eludir el pago de impuestos. Si es cierto, lo será porque quienes no tienen nómina, pueden realizar operaciones para deducirse gastos personales que luego imputan a su actividad económica, mientras que quien percibe un salario no tiene escapatoria.

Si es cierto lo será porque nuestras administraciones sólo piensan en tratar a los pobres como pobres y darles la sopa boba. No queremos que salgan de pobres, que se formen, que busquen un empleo, que superen sus problemas de salud, vivienda, formación, o situaciones de violencia, o discriminación. Queremos que cobren, callen, trapicheen mientras nos hacemos los tontos, agradezcan, acepten esa vida en dependencia y… no se lo gasten en vino.

El segundo mito es el de la libertad de elección de centro. Y no, tampoco. Eso no aparece en la Constitución que nos hemos dado. En nuestra Constitución se reconocen cosas como la libertad de crear centros educativos, la libertad de enseñanza, la de que los niveles obligatorios sean un derecho gratuito de todos los españoles, o que el Estado creará centros que puedan atender esta necesidad.

Lo que no dice la Constitución, lo que no forma parte del pacto de convivencia, es que si quieres llevar a tu hijo a un colegio de pago para estudiar en niveles educativos no obligatorios, te lo tengo que pagar yo de mis impuestos. Y menos aún subvencionarte ese gasto cuando entre el papá y la mamá del niño cobráis más de 70.000 euros al año cada uno.

No me extraña que lo llamen Becas Cayetanas. No me extraña que el malestar sea creciente. Construir un colegio público viene a costar unos 2 millones de euros. Con los que Ayuso se va a gastar en becas cayetanas podríamos tener más de 60 nuevos colegios públicos en un solo año en Madrid.

Pero Ayuso prefiere estas políticas que aparentemente benefician a las clases medias, cuando se trata de una transferencia de recursos de todos los contribuyentes hacia familias con recursos muy superiores a la media, que han optado por la educación privada de pago en niveles no obligatorios, precisamente porque se lo pueden pagar.

Hace unos años la condición para acceder a estas ayudas era que la familia tuviera rentas inferiores a los 40.000 euros al año. Aprovechando su poder omnímodo y absoluto en Madrid, Ayuso establece un límite tres veces superior.

Pronto veremos cómo esas concesiones arbitrarias de subvenciones, ayudas y becas cayetanas a centros educativos y universidades privadas, se van extendiendo y normalizando.

Tacita a tacita nos van acostumbrando a que ayudemos a los Cayetanos y paguemos las gracias de los más pudientes, mientras aceptamos como normales los recortes presupuestarios y el deterioro de la calidad de los servicios públicos esenciales.