Universidad y Formación Profesional

La  legislatura pasada permitió alumbrar la Ley Orgánica de ordenación e integración de la Formación Profesional. La ley fue el fruto de estudios y trabajos previos que permitieron llegar al momento de su aprobación con  un aceptable nivel de acuerdo.

La ley pretendía responder al eterno problema español de la existencia de dos subsistemas de Formación Profesional (FP) dependientes de dos estructuras gubernamentales distintas como el Ministerio de Educación y el de Trabajo, como si hubiera una FP con fines exclusivamente laborales y otra FP sólo educativa.

Estamos ante un intento de desarrollar un sistema único e integrado, que permita abordar la FP desde sus etapa iniciales y más básicas hasta la formación de grado medio y superior en un solo trazado, aunque con diferentes itinerarios, que formen parte del mismo camino.

La FP educativa se suponía más completa, pero también más rígida, mientras que la FP laboral se consideraba más flexible y adaptada a los puestos de trabajo y las necesidades empresariales, lo cual la configura  como una formación limitada al adiestramiento laboral.

Para acometer este reto de unificación e integración se exige el concurso de empresarios, sindicatos, universidades, centros de formación, colegios profesionales, bajo el paraguas de unas administraciones (central, autonómica, municipal) que deben dejar de hacerse la guerra y comenzar a cooperar en cada territorio.

Van a necesitar profesionales bien cualificados para ejercer tareas de formación al servicio del sector público y del privado, al servicio de las personas ocupadas y de las desempleadas. Capaces de atender las demandas de los jóvenes y de las mujeres, o de los mayores que no quieren renunciar a su derecho a la formación a lo largo de toda la vida.

Estas transformaciones deben verse arropadas por la regulación del derecho a la formación, convirtiendo en realidad decisiones como el disfrute de 20 horas anuales de formación, que puedan ser acumuladas y que vayan pasando a formar parte del bagaje formativo de cada trabajador a lo largo de toda la vida.

Seguir el camino que nos recomiendan las instituciones europeas, hablando de una cuenta de formación que permita el reconocimiento de los títulos y cursos, pero también la acreditación de la formación adquirida por la experiencia y el ejercicio profesional, o mediante procesos informales.

Las universidades han venido prestando cada vez mayor atención a la formación en las empresas, desarrollando acuerdos de cooperación. Los estudios de posgrado han ido buscando la formación en aspectos y necesidades reales y, de otra parte, la formación permanente universitaria se ha ido regulando y desarrollando.

La oferta de títulos universitarios se ha transformado y han ido buscando una relación cada vez mayor entre enseñanzas regladas y la obtención de créditos y microcréditos derivados de nuevas prácticas educativas vinculadas al trabajo, o a nuevas fórmulas formativas que incorporan el reconocimiento en créditos de la experiencia profesional adquirida, o de procesos formativos no reglados, o realizados en otros ámbitos de la FP.

Me parece cada día más esencial que esa Formación Profesional separada hasta ahora del trabajo, de la Universidad y hasta del Bachillerato, se convierta en una red de puentes y pasarelas que conectan todo el sistema formativo. En Europa este tránsito entre procesos formativos es muy habitual. Austria, Alemania, Finlandia, son ejemplos de buenas prácticas. Sin embargo en España estamos comenzando a explorar ese camino.

La nueva legislación anuncia y promueve la cooperación entre centros educativos y universidades para poner en marcha cursos y módulos que permitan reconocer la formación y obtener créditos para acceder a niveles superiores. Pero una cosa son las leyes y otra la realidad. Estamos en los comienzos.

Lo cierto es que las Universidades han participado, hasta ahora, muy poco en lo que era entendido como Formación Profesional en el Empleo (FPE). Ese era un camino reservado a empresas y entidades de formación que copaban esas actuaciones. Tan sólo algunas universidades, muy pocas, se aventuraron en la impartición de certificados de profesionalidad.

Esperemos que a partir de ahora la reconocida calidad de la enseñanza universitaria vaya encontrando su espacio en la Formación Profesional, entendida como tarea permanente a lo largo de toda la vida. Tanto por sus profesionales, como por sus medios e instalaciones, las universidades deben ver facilitado el camino para abordar el desarrollo de programas de Formación Profesional de mayor cualificación y especialización.